Jennifer, la madre cabeza de hogar que quedó en libertad con justicia restaurativa
Por primera vez en la capital una madre cabeza de hogar recibió los efectos de la Ley de Utilidad Pública: un decreto con enfoque de género que reconoce que algunas mujeres que delinquieron lo hicieron en condiciones de marginalidad y, al ser encarceladas, se pone en riesgo la supervivencia de sus hijos.
Tomás Tarazona Ramírez
A partir de este lunes, Jennifer tendrá la posibilidad de aprovechar una segunda oportunidad que le dio la vida y la Ley de Utilidad Pública. Encarcelada en el Buen Pastor, un centro penitenciario para mujeres en Bogotá, esta madre cabeza de familia pulsó en los juzgados para que su condena fuese revisada con enfoque de género, pues cuando fue encarcelada, afuera de la prisión quedaron unos hijos sin el apoyo y el cuidado maternal que necesitan. Y ganó.
En marzo de 2023 Gustavo Petro sancionó la Ley de Utilidad Pública. Este decreto es, en otras palabras, una forma de justicia restaurativa dirigida a las madres cabeza de hogar que tras delinquir fueron encarceladas, pero paralelamente, al ser recluidas, dejan a sus hijos sin una madre que pueda criarlos y guiarlos.
La ley asegura que, siempre y cuando una mujer condenada demuestre que cometió el crimen en condiciones marginales (pobreza, exposición a la violencia, hambre), podrá retornar a la libertad y resarcir el daño a través de trabajos comunitarios.
¿Por qué el trato diferencial entre hombres y mujeres en las cárceles? Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica y la Cruz Roja demostraron que el 75 % de las mujeres privadas de la libertad son cabezas de familia; mientras que los hombres son responsables de hijos o abuelos tan solo en el 4 % de los casos.
“Quiero salir a trabajar, a ser una mejor persona y seguir adelante con mi familia. Me siento muy anonadada y feliz. Quiero dar un mensaje a los jueces que por favor nos colaboren y nos den una segunda oportunidad a nosotras las mujeres que somos cabeza de hogar. Vamos a salir a trabajar y a estar con quienes más necesitamos y lucharemos por tener un mañana mejor”, dijo Jennifer al quedar en libertad condicional.
Pero la libertad de Jennifer, como explica la ley, no es algo obligatorio o asegurado. Para poder quedar en libertad condicional, se deben cumplir algunos requisitos. El primero es que se demuestren las “condiciones marginales”; el segundo, obliga a que en los procesos judiciales quede claro que ellas son “madres cabeza de familia”, es decir, mujeres que tienen a su cargo niños menores de 18 años o personas mayores que dependen de ella; y tercero, la exigencia más importante: que su delito y posterior condena no sean “graves” y no superen una pena de ocho años de prisión.
La ley es definida por la Universidad Javeriana como una iniciativa para “vaciar las cárceles de mujeres pobres (...) para que puedan reemplazar su pena privativa de la libertad por trabajo de utilidad pública gratuito”.
Un nuevo enfoque de justicia
La Universidad Javeriana, que ofreció los insumos para la creación y aprobación de esta ley, explica que “la condena contra una mujer cabeza de familia, no solo la sufre ella (...) para otorgar los beneficios de esta se debe probar que la mujer delinquió en razón de su marginalidad. Es decir, que requería recursos para sostener a su familia y, al no contar con otras oportunidades, cometió el delito”.
La apuesta de justicia restaurativa, también conocida como “Ley 2292 de 2023″, es un cambio en la política criminal de Colombia que hasta el momento ha funcionado como un modelo de vigilar y castigar.
La semana pasada, Camilo Umaña, viceministro de política criminal del Ministerio de Justicia, hizo énfasis en la necesidad de estos programas para darle un vuelco al tema carcelario en Colombia. Desde hace al menos 30 años, las condiciones en las cárceles han sido calificadas de insostenibles y, según Umaña, este tipo de beneficio que recibió Jennifer, podrían tener mayores beneficios que encarcelar durante años a una persona.
Jennifer, aunque ya no esté privada de la libertad, deberá reparar el daño de su delito. En su caso, la condena intramural que tenía se transforma en 336 semanas de labores de utilidad pública, que pueden ser servicios sociales, mejoramiento del espacio público o incluso, como ya ha funcionado en el pasado, asistencia a comunidades vulnerables.
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A partir de este lunes, Jennifer tendrá la posibilidad de aprovechar una segunda oportunidad que le dio la vida y la Ley de Utilidad Pública. Encarcelada en el Buen Pastor, un centro penitenciario para mujeres en Bogotá, esta madre cabeza de familia pulsó en los juzgados para que su condena fuese revisada con enfoque de género, pues cuando fue encarcelada, afuera de la prisión quedaron unos hijos sin el apoyo y el cuidado maternal que necesitan. Y ganó.
En marzo de 2023 Gustavo Petro sancionó la Ley de Utilidad Pública. Este decreto es, en otras palabras, una forma de justicia restaurativa dirigida a las madres cabeza de hogar que tras delinquir fueron encarceladas, pero paralelamente, al ser recluidas, dejan a sus hijos sin una madre que pueda criarlos y guiarlos.
La ley asegura que, siempre y cuando una mujer condenada demuestre que cometió el crimen en condiciones marginales (pobreza, exposición a la violencia, hambre), podrá retornar a la libertad y resarcir el daño a través de trabajos comunitarios.
¿Por qué el trato diferencial entre hombres y mujeres en las cárceles? Un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económica y la Cruz Roja demostraron que el 75 % de las mujeres privadas de la libertad son cabezas de familia; mientras que los hombres son responsables de hijos o abuelos tan solo en el 4 % de los casos.
“Quiero salir a trabajar, a ser una mejor persona y seguir adelante con mi familia. Me siento muy anonadada y feliz. Quiero dar un mensaje a los jueces que por favor nos colaboren y nos den una segunda oportunidad a nosotras las mujeres que somos cabeza de hogar. Vamos a salir a trabajar y a estar con quienes más necesitamos y lucharemos por tener un mañana mejor”, dijo Jennifer al quedar en libertad condicional.
Pero la libertad de Jennifer, como explica la ley, no es algo obligatorio o asegurado. Para poder quedar en libertad condicional, se deben cumplir algunos requisitos. El primero es que se demuestren las “condiciones marginales”; el segundo, obliga a que en los procesos judiciales quede claro que ellas son “madres cabeza de familia”, es decir, mujeres que tienen a su cargo niños menores de 18 años o personas mayores que dependen de ella; y tercero, la exigencia más importante: que su delito y posterior condena no sean “graves” y no superen una pena de ocho años de prisión.
La ley es definida por la Universidad Javeriana como una iniciativa para “vaciar las cárceles de mujeres pobres (...) para que puedan reemplazar su pena privativa de la libertad por trabajo de utilidad pública gratuito”.
Un nuevo enfoque de justicia
La Universidad Javeriana, que ofreció los insumos para la creación y aprobación de esta ley, explica que “la condena contra una mujer cabeza de familia, no solo la sufre ella (...) para otorgar los beneficios de esta se debe probar que la mujer delinquió en razón de su marginalidad. Es decir, que requería recursos para sostener a su familia y, al no contar con otras oportunidades, cometió el delito”.
La apuesta de justicia restaurativa, también conocida como “Ley 2292 de 2023″, es un cambio en la política criminal de Colombia que hasta el momento ha funcionado como un modelo de vigilar y castigar.
La semana pasada, Camilo Umaña, viceministro de política criminal del Ministerio de Justicia, hizo énfasis en la necesidad de estos programas para darle un vuelco al tema carcelario en Colombia. Desde hace al menos 30 años, las condiciones en las cárceles han sido calificadas de insostenibles y, según Umaña, este tipo de beneficio que recibió Jennifer, podrían tener mayores beneficios que encarcelar durante años a una persona.
Jennifer, aunque ya no esté privada de la libertad, deberá reparar el daño de su delito. En su caso, la condena intramural que tenía se transforma en 336 semanas de labores de utilidad pública, que pueden ser servicios sociales, mejoramiento del espacio público o incluso, como ya ha funcionado en el pasado, asistencia a comunidades vulnerables.
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