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Con la meta de integrar a las políticas públicas locales y departamentales, las iniciativas de restauración del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción de la Paz (JEP) firmó un convenio junto con la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Las tres entidades se articularon para desarrollar los proyectos en el marco de las contribuciones que hagan los comparecientes, como parte de la restauración del daño causado durante el conflicto armado.
En Antioquia se desarrollan siete de los macrocasos que investiga la JEP. La evidencia judicial indica que, por ejemplo, en el caso 03, de las 6.402 víctimas identificadas entre 2002 y 2008, 1.613 ocurrieron en este departamento. Por ello, la importancia de este acuerdo contiene una iniciativa en Dabeiba y otros tres municipios, “en los cuales realizarán un proyecto de educación en el riesgo de minas antipersonales y desminado con la participación de comparecientes ante la JEP, Fuerza Pública y víctimas y comunidades”, explicó el presidente de la jurisdicción, Roberto Carlos Vidal.
Según informó la jurisdicción, esta articulación también aplica para la ruta no sancionatoria de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, la cual resuelve la situación legal de aquellos comparecientes que no sean seleccionados como máximos responsables por los crímenes que investiga la JEP. Al respecto, la magistrada Nadiezhda Henríquez celebró la firma del convenio, el cual se da en el marco de los acompañamientos que viene brindando la Secretaría Ejecutiva de la JEP para que los mandatarios incluyan en sus Planes de Desarrollo programas que contribuyan a enfrentar los factores estructurales que propician y perpetúan la violencia.
Tales proyectos se estructuran en siete líneas de trabajo que incluyen: acción integral contra las minas (AICMA); medio ambiente, naturaleza y territorio; infraestructura rural y urbana; memorialización y reparación simbólica; educación, alfabetización y capacitación, así como búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y daños diferenciales y macrovictimización. Cada uno de estos ejes está dirigido a restituir los derechos vulnerados de las víctimas, explica la JEP.
“Felicitamos y festejamos este acuerdo suscrito, una unión importante de la Alcaldía, la Gobernación y la Jurisdicción, porque es una garantía para dar respuesta a las víctimas de muchos dolores”, dijo la magistrada Henríquez, encargada del caso macrocaso 04 que ha agrupado los hechos en el marco del conflicto armado en el Urabá antioqueño. Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, valoró que la justicia especial tenga en la cuenta los planes de desarrollo: “Aquí tenemos que tener un respeto absoluto por las víctimas”, además insistió en que el centro de la justicia deben ser las víctimas en aras de verdad y reparación.
Durante el anuncio del acuerdo, los reclamos de las víctimas se hicieron presentes a través de las preguntas de los periodistas. Pues, desde hace meses las organizaciones de sobrevivientes de la comuna 13 de Medellín reclaman el inicio de la búsqueda de los presuntos cuerpos de desaparecidos que se podrían encontrar en La Escombrera, y que ha sido retrasado por un estudio técnico del terreno que tuvo origen en la anterior alcaldía de Daniel Quintero, quien fue sometido a una audiencia por los retrasos en esta búsqueda.
Al respecto, el alcalde Gutiérrez dijo que invertirán $2.175 millones, por medio de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Con esta inversión, esperan hacer las adecuaciones de La Escombrera que garanticen la seguridad del personal que se encargará buscar a los desaparecidos. Además, porque la evidencia judicial indica que Antioquia es uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado. Solo en el caso 03 la JEP ha identificado que de las 6.402 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate entre 2002 y 2008, 1.613 ocurrieron en Antioquia. Esto significa que 25.19% de este fenómeno se concentró en este departamento.
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