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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) visitó el Chocó en los últimos 15 días del mes de mayo para reunirse con comunidades étnicas que han sido víctimas del conflicto armado. Esta visita se dio en medio de un contexto de recrudecimiento de la guerra, donde a la fecha se han realizado más de 14 alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo que afectan especialmente a pueblos indígenas y afro.
Este recorrido se realizó en más de cinco regiones del Chocó y contó con la presencia de la magistrada afro Nadiezhda Henríquez Chacín, correlatora de la investigación, con el objetivo de avanzar en la recolección de información del Caso 09, que investiga los crímenes contra Pueblos y Territorios Étnicos durante el conflicto armado por parte de integrantes de las extintas Farc y de la Fuerza Pública, así como otros agentes del Estado y terceros civiles.
Ante este panorama, las comunidades se han visto obligadas a no moverse de sus viviendas y estar confinadas por largos periodos de tiempo, por amenazas atribuidas a la guerra de los grupos armados del Clan del Golfo y el ELN. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el periodo en el que más fueron confinados fue el segundo trimestre de 2022, con 415.187 víctimas. Por lo tanto, este encuentro se da con el fin de escuchar las voces de los pueblos étnicos, que a la fecha aún están inmersos en un conflicto armado, que, tal parece, no cesa.
En el primer recorrido subregional, con epicentro en Quibdó, participaron autoridades indígenas de las etnias Emberá-Katío y Emberá-Chami, quienes han estado históricamente entre los pueblos indígenas más victimizados. En este encuentro narraron a la magistratura los impactos y afectaciones sistemáticas que el conflicto armado dejó en sus pueblos.
En un comunicado, la JEP explicó que las comunidades tuvieron la oportunidad de socializar y ubicar los espacios donde han ocurrido homicidios, desapariciones forzadas, masacres y ataques contra bienes culturales y sagrados, como los cultivos, con los que ellos se identificaban.
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El segundo encuentro subregional se desarrolló en Pizarro, en el Bajo Baudó. Según los relatos de las víctimas, al ser esta una región rica en biodiversidad, atravesada por el río El Baudó, los pescadores permanecieron la mayor parte del conflicto confinados en sus casas sin poder realizar sus prácticas ancestrales. Así mismo, las mujeres y niñas de la región narraron a la magistratura las secuelas que aún padecen, tras haber sido víctimas de violencia sexual en el territorio y cómo la invisibilización de la región los ha hecho más vulnerables a los distintos actores armados durante el tiempo.
La JEP también se trasladó a Bojayá y en esta diligencia los representantes de los Consejos Comunitarios evidenciaron la crisis humanitaria que vivían hace 21 años, tras la masacre que perpetró la otrora guerrilla de las Farc en la iglesia de ese municipio. En el espacio de diálogo, las víctimas denunciaron que siguen en espera de que haya justicia y se reconozcan otras violaciones a los derechos humanos que han sido perpetradas, como el desplazamiento forzado, que sufrieron a causa de la guerra.
En declaraciones sobre la jornada, la magistrada Henríquez Chacín explicó: “Lo más grave cometido se relaciona con la forma de vida de las personas, su cultura, su idiosincrasia, sus tradiciones y queremos hacer eso presente en estos escenarios de macrocriminalidad que afectan derechos culturales, territoriales y a su autodeterminación social, política y económica, asociados al racismo estructural y a la discriminación que los coloca en riesgo de exterminio”.
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El Caso 09 se abrió el 12 de septiembre de 2022, respondiendo a las demandas de verdad de las víctimas y sus organizaciones, quienes desde las negociaciones que llevaron al Acuerdo de Paz entre la extinta Farc y el Gobierno Nacional, resaltaron que las múltiples violencias a las que han sido sometidos sus pueblos y territorios. Violencias, además, acrecentadas por el racismo y la discriminación, y que les han puesto en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual.
Según la JEP, en este espacio se fortalecieron los ejercicios de pedagogía sobre el Sistema Integral de Paz y se promovió un mecanismo de participación y diálogo entre las víctimas y autoridades. Por lo tanto, la información que se logró recolectar en las diligencias investigativas de la JEP relacionadas con este caso, son determinantes para crear, próximamente, una ruta étnica que permita coordinar la justicia ordinaria con las autoridades de pueblos afros e indígenas, donde se respeten las autonomías propias de los pueblos y se logre entender el impacto del conflicto armado en pueblos con tradiciones ancestrales.
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