Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La justicia con la periodista Jineth Bedoya, víctima y sobreviviente de violencia sexual, todavía tiene muchos pendientes. Su caso, a pesar de haber llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y sentar un precedente sobre la obligación que tiene el Estado de proteger la labor de las comunicadoras, aún tiene grandes vacíos investigativos y de impunidad. Después de 24 años, las medidas de reparación han comenzado a ver la luz. Por un lado, la creación del ‘Fondo No Es Hora De Callar’, que busca proteger a las comunicadoras de la violencia de género, fue aprobado en el Congreso. Y, de otra mano, algunas medidas de reparación como el centro de memoria contra la violencia sexual y una serie multimedia comenzaron a materializarse a inicios de marzo.
El 25 de mayo del 2000, Bedoya fue secuestrada a la entrada de la cárcel La Modelo, en Bogotá, y luego fue víctima de violencia sexual, tortura física y psicológica. Después de más de dos décadas de lucha, la periodista aseguró que no va a descansar hasta ver el cierre de ese centro carcelario, por lo que busca ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la prisión cierre sus puertas como un acto de justicia colectivo hacía las víctimas. En entrevista con El Espectador, Bedoya cuenta su extensa pugna contra la impunidad y cómo las decisiones de la Corte IDH en su caso son una puerta abierta para que las nuevas generaciones de periodistas puedan ejercer sus labores sin situaciones de riesgo. También, habla de lo que esperan las víctimas del macrocaso 11 que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La búsqueda de justicia que ha tenido se ha visto materializada en una reparación colectiva, ¿en qué consistirá el Fondo de Prevención, Protección y Asistencia de Mujeres Periodistas Víctimas de Violencia de Género? Teniendo en cuenta que hace falta la sanción presidencial.
Esta es una de las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana, pero también es importante decir que fue una de las acciones que yo pedí que se convirtieran en reparación colectiva. Creo que más allá del daño que yo tuve que afrontar, existen una cantidad de situaciones que tienen que enfrentar otras periodistas, aquellas que no tienen la facilidad de levantar la voz y de llegar a un tribunal internacional. Por ello, lo que pretende el fondo es, precisamente, darles herramientas que sean tangibles y que les puedan ayudar a visibilizar las violencias que ellas están enfrentando en el marco de su ejercicio periodístico.
No fue fácil sacar el proyecto adelante. Aunque ha andado rápido en comparación con otras medidas de reparación, la Corte tuvo que presionar al Estado para que pudiera avanzar. Actualmente, estamos en las conciliaciones del proyecto y esperamos que el presidente Gustavo Petro sancione la ley pronto. Una vez se sancione, entraremos a la reglamentación y, si todo marcha bien, creo que en el 2025 ya tendremos la posibilidad de poner el fondo en funcionamiento.
¿De dónde saldrán los recursos para la manutención del fondo y cómo comenzará a funcionar?
La Corte Interamericana le dice al Estado colombiano que durante cinco años tiene que disponer de US$500.000 anuales para sostener el fondo. Este recurso va a ser administrado por el Viceministerio de las Mujeres del Ministerio de la Igualdad y las acciones que se tomen allí van a ir respaldadas por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), quienes han sido mis representantes legales. Por mi parte, soy quien va a dar la línea de investigación en el Fondo.
Creemos que los recursos se deben invertir primeramente en unos buenos proyectos de investigación que permitan tener una radiografía cercana sobre la situación de las mujeres periodistas en Colombia. Luego, trazaremos unas líneas de acción para capacitar y prevenir ese tipo de violencias a las que mujeres periodistas se enfrentan hoy en día.
De acuerdo con la FLIP, en 2023 cada dos días fue amenazado un periodista en Colombia. En su mayoría, los departamentos más afectados son Arauca, Norte de Santander, Tolima, Atlántico, Nariño y Cauca; lugares donde la presencia del ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo y bandas criminales es constante. ¿Este fondo cómo va a funcionar en estos lugares? ¿Cómo una periodista del Cauca, por ejemplo, que en estos momentos está siendo víctima de agresiones va a poder acudir a que la protejan en el Fondo No es Hora de Callar?
Considero que la representación judicial es clave en estos procesos de denuncia, porque es lo que más necesitan los periodistas. Cuando a uno lo amenazan o lo demandan por una publicación, lo primero que se necesita es un abogado y eso es lo que actualmente no tenemos las comunicadoras. Para eso es el Fondo, para tener una asistencia legal que pueda acompañar a las mujeres periodistas cuando lo necesiten y, sobre todo, tener un canal seguro de comunicación para la denuncia.
Lo primero que me faltó a mí después del hecho violento fue sentirme acompañada. Por eso, uno de los mayores objetivos de mi sentencia, más allá de la prevención, es que existan unas herramientas legales que le permitan a las mujeres periodistas sentirse acompañadas. Durante nueve años, yo misma era mi representante judicial frente a la Fiscalía. Por eso, vulneraron mis derechos y me revictimizaron de todas las formas. Eso es lo que queremos evitar que ocurra con otras mujeres.
Han sido más de 24 años en la búsqueda de justicia y usted ve la luz en la Corte IDH, ¿cuáles son los avances en términos de justicia que ha podido evidenciar desde que la Corte falló a su favor?
Creo que logré algo inédito y fue una sentencia de la Corte Interamericana que sienta un precedente para las mujeres periodistas, no solamente de Colombia, sino de todo el hemisferio. Es el único caso de violencia sexual fallado en un tribunal internacional para Colombia y eso blinda mucho de justicia a las mujeres. Sin embargo, en Colombia mi caso continúa en la completa impunidad. La Fiscalía ha sido lo más inoperante posible para poder sacar el caso adelante y eso se te convierte en una carga, porque mientras logras una sentencia histórica y unas medidas de reparación colectivas, aquí sigo amenazada y ejerzo el periodismo en un carro blindado con escoltas, mientras que mis victimarios continúan en espacios sociales donde son empresarios, militares y policías retirados.
La inoperancia de la Fiscalía, como menciona, ha sido una de las grandes barreras en su caso. La Corte Suprema eligió a una nueva fiscal general, en una terna histórica, que fue compuesta por mujeres. El alto tribunal votó, eligiendo a Luz Adriana Camargo, quien ha manifestado su compromiso con las víctimas y ha manifestado que priorizará diversas rutas de atención. ¿Cómo ve este nuevo panorama de cara a que usted también representa esas víctimas?
Esa es una luz de esperanza en el tema de justicia, no solamente para mí, sino para miles de víctimas. Creo que el hecho de que se haya impulsado que sea una mujer quien esté frente al órgano más importante del país, tiene una connotación especial. Quiero creer en la doctora Camargo y se lo manifesté, públicamente, a través de una de mis redes sociales. Confío en que pueda darle un giro de 180 grados a la nefasta Fiscalía del doctor Francisco Barbosa. Espero que ella llegue en mi caso a ese punto donde me diga que sí puede ser posible obtener justicia.
¿Desde “No es Hora de Callar” han conocido casos recientes sobre violencia sexual a comunicadoras?
Lamentablemente sí. Obviamente por reserva y por respeto a las víctimas, porque son varias, no puedo dar sus nombres, ni su ubicación geográfica, pero tenemos casos bien complejos. Finalizando el 2023, sucedió uno y no podemos reubicar a nuestra colega en este momento en otro espacio geográfico diferente a donde está, porque quienes le hicieron daño siguen allí. Así que este es un llamado al Viceministerio de las Mujeres, en cabeza de la doctora Diana Gómez, a que tome medidas para garantizar que las mujeres que hoy comunican realmente puedan ejercer su trabajo y puedan ejercer la libertad de expresión sin pensar que, cuando salgan de la emisora o de su casa o de donde estén laborando, las violen.
Como embajadora de la ONU por la lucha contra la violencia sexual, y a propósito de la reciente apertura del macrocaso 11 en la JEP, donde hay más de 35.000 mujeres acreditadas como víctimas por este tipo de violencia. ¿Cómo ve las investigaciones? ¿Cuáles serían las recomendaciones para que se avance en la investigación de estos crimines?
Sobre la JEP, creo que es importante decir que No es Hora de Callar fue una de las organizaciones que lideró documentar los casos con la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y junto a la organización Arrópame, le entregamos los primeros 2.000 casos para que iniciara esto hace seis años. Por ello, esperamos que la respuesta también sea oportuna y que no nos demoren seis años más en decirle algo a las víctimas, porque ellas se merecen una respuesta digna frente a la verdad. Aunque desconfío mucho de que encontremos 35.000 victimarios. Me atrevería a decir que las víctimas ya no quieran ver a ese victimario tras las rejas, porque ni siquiera sabemos si están vivos, pero sí queremos la verdad. Queremos que estas mujeres escuchen el porqué decidieron ensañarse con sus cuerpos. Creo que esa es la justicia que mejor puede reivindicar a un crimen que es de lesa humanidad, pero que además es de los peores crímenes contra la humanidad.
Usted ha manifestado con anterioridad que la memoria también es un acto de justicia. Específicamente, en el caso de la JEP, ¿cómo explica la importancia sobre la construcción de memoria para las víctimas de este tipo de violencia?
Lo más doloroso para las víctimas es sentir que, con el paso de los años, sus casos pierden importancia y se olvidan de lo dramático, lo cruel y lo barbárico que fue ese hecho violento y eso lleva a acabar de sepultar a la víctima. En el tema específico de la violencia sexual, actualmente, el Clan del Golfo está traficando con niñas en Medellín, Cali y Cartagena, y por eso es importante denunciar, porque vamos generando esa conciencia en la sociedad de señalar a los criminales. También es importante recordar quiénes han sido esas mujeres valientes en las regiones que han tomado la difícil decisión de levantar la voz. Por eso, en la sentencia de la Corte Interamericana, para mí, el logro más importante fue que se ordenara crear un Centro de Memoria sobre violencia sexual en Colombia. Eso es inédito América Latina y en el mundo y tiene que hacer parte del proceso que en este momento está haciendo la JEP.
¿Cuándo se tiene previsto que comience la construcción del Centro de Memoria, van a ir enmarcados otros casos de mujeres que también han atravesado la violencia sexual u otro tipo de violencia de género?
La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó un edificio en el centro de la ciudad para que se construyera allí, pero el gobierno no quiso recibirlo, así que tocó empezar el trámite nuevamente. Ya hay un espacio que está visto y estamos en todo el trámite de cómo va a funcionar. Por temas personales, que explicaré más adelante, este centro no dependerá del Centro Nacional de Memoria Histórica, así que este museo dependerá de la Consejería de Reconciliación. Creería que en este 2024 va a empezar a tener su planta de funcionamiento.
¿Cuál sería ese llamado para que las instituciones puedan mejorar las condiciones de seguridad para las mujeres que siguen siendo víctimas de diferentes tipos de violencia?
Otra de las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana es el plan de capacitación único nacional para funcionarios públicos. En este se busca darles herramientas de cómo se tiene que proteger la libertad de expresión de las mujeres en Colombia. La primera etapa de este proyecto ya tiene fondos por parte del Ministerio de Justicia y ya tenemos un plan de acción que se trabajó con la Universidad de los Andes. En el mes de abril se va a instalar el software único de capacitación, en la Escuela Superior de Administración Pública, así que cualquier funcionario público va a tener que capacitarse en este tema obligatoriamente, porque va a quedar como política publica del Gobierno Nacional.
¿Qué se viene para No es Hora de Callar con mujeres que están sufriendo cualquier tipo de violencia de género y que se viene también en medidas de reparación para usted misma?
Lo que se viene es inmensamente grande, el pasado 8 de marzo nació un personaje nacional, que se llama Violeta, es una mariposa que le va a hablar al país sobre la prevención de violencias de género y eso es de la mano del programa transmedia, otra de las medidas de reparación que ordenó la Corte IDH. El Estado tiene la obligación de emitir durante cinco años el programa por todos los canales públicos.
Por otro lado, está la preparación del 25 de mayo que viene con algo inédito a nivel mundial y va a ser en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde me secuestraron hace 24 años. Yo no voy a descansar hasta ver esa cárcel cerrada, no lo logré en mi demanda ante la Corte Interamericana, pero tengo la posibilidad de volver a hacer una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque debajo de esa cárcel hay centenares de personas descuartizadas que fueron arrojadas por las cañerías y que las desaparecieron, tema que yo denuncié cuando trabajaba en El Espectador. Así que todo ese proceso se verá a lo largo de este año.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
