Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
José Gregorio García es conciliador en la Casa de Justicia de Aguablanca, en Cali, un distrito de barrios populares donde el conflicto es constante y amenaza con debilitar la armonía entre vecinos y familias. El aval para llevar ese título lo recibió en marzo de 2024, con ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Universidad del Cauca, con el visto bueno del alto tribunal judicial de Cali.
La conciliación es apenas una de las herramientas que ha permitido llevar la justicia a los municipios de Colombia, la cual surge con el objetivo de solucionar conflictos de manera rápida y efectiva. Entre los puntos que la favorece es que es participativa e involucra a todas las partes para llegar a un acuerdo mutuo, sin tener que entrar en largos procesos judiciales que congestionan el sistema.
Entre los conflictos que José Gregorio García ayuda a resolver, los más frecuentes son los relacionados con cánones de arrendamiento y deudas, pero hace la aclaración de que “el conflicto más fuerte que tenemos acá es el tema de la asistencia de alimentos por parte de los padres a sus hijos”.
La labor de José Gregorio es valorada por las personas de su comunidad, pues, cuenta, permite que las personas recuperen la tranquilidad y no alarguen o compliquen problemáticas que, como repite día tras día, se pueden solucionar con una buena charla y acuerdos justos. Esta buena acogida de los MRC y en especial de la conciliación se ve en todo el país. Por ejemplo, cifras del Ministerio de Justicia y del Derecho muestran que en lo corrido de 2024, se han atendido más de 130.000 casos en todo el país y de ese total más de 30.000 se han realizado solo en Bogotá.
Una estrategia que han encontrado, tanto programas como Justicia Inclusiva de USAID, como el mismo Ministerio de Justicia, para promover el acceso y el uso al mecanismo de la conciliación son las ‘conciliatones’. Se trata de jornadas en las que autoridades locales, prestadores de los servicios de conciliación, fomentan la resolución de conflictos y los acuerdos entre personas por medio del diálogo. Para ello, se realiza pedagogía, expresiones culturales y atención inmediata a las personas que requieran resolver algún pleito al interior de su familia o comunidad.
Cifras del Programa Justicia Inclusiva de USAID reportan que desde 2022, con corte a junio de 2024, se han resuelto más de 22.000 conflictos por medio de los mecanismos de resolución de conflictos (MRC) y solo en 2024, con corte a junio de 2024 la cifra de beneficiados supera las 12.438 personas.
Si bien la cifra es notoria, lo cierto es que motivar a las personas a que opten por esta forma de resolución de conflictos no siempre es sencillo, primero, por la desconfianza y segundo por el desconocimiento, no todo el mundo conoce que existen los conciliadores, los mecanismos de resolución de conflictos y otras instancias como las Casas de Justicia. Que, además, trabajan constantemente de manera articulada con Personerías o Inspecciones de Policía.
Para cambiar el panorama, se han desarrollado otras estrategias, que complementan las ‘conciliatones’, como las Jornadas de Justicia Móvil, en las que el objetivo es que los servicios y apoyos lleguen a las personas y no deban ser ellas las que acudan a las entidades en busca de ayuda. Por esta línea se ha movido el programa Justicia Inclusiva de USAID, que gracias a estas jornadas, desde 2022, se ha logrado beneficiar a más de 45.000 personas en diferentes regiones del país, llegando a lugares donde solo se llega a lomo de mula o en lanchas.
La acción ha llegado a comunidades afectadas por la violencia, a mujeres y zonas rurales, lo que no solo genera un impacto en cuanto al acceso a la justicia, sino que también aporta a la recuperación y fortalecimiento de la confianza en el sistema judicial colombiano.
“Buscamos descentralizar a estos sectores alejados del casco urbano. Traemos muchos servicios que brindamos desde la administración para que las familias puedan acceder, como inspecciones, comisarías de familia, vacunación, enlace de víctimas, de adulto mayor y programas propios del municipio”, comentó José Alejandro Payares, secretario de gobierno de Caucasia.
Estas jornadas, que han venido fortaleciéndose en el último año, llevan servicios como las consultas y asesorías jurídicas, la conciliación y la mediación, que se suman a campañas de pedagogía y educación para las comunidades. Para ello, el programa ha trabajado en conjunto con gobiernos municipales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones del sector justicia como la JEP y la Comisión de la Verdad, líderes y el Ministerio de Justicia, y pretende, como parte de una estrategia integral, poder llevar la justicia a más de 76 municipios entre 2022 y 2027.
Azucena* es una de las beneficiarias de estas jornadas, fue desplazada tres veces a causa de la violencia, lo que la hizo merecedora de algunas ayudas económicas. Durante el espacio que llegó por unas horas a su comunidad, pudo aclarar dudas respecto a su documentación como víctima e incluso sobre su Sisbén y su apoyo a ser adulto mayor. “Como soy una persona que no tengo plata para movilizarme, para los pasajes y eso, a veces ni siquiera puedo hacerme exámenes, entonces si no hubieran venido nunca había podido ir, ni me hubiera enterado de todo eso”, comenta.
Una experiencia similar se llevaron los habitantes del corregimiento de Zungo Embarcadero, barrio Pueblo Nuevo, en el municipio de Carepa. Con ayuda de tres Jornadas de Justicia Móvil lograron atender a más de 2.000 personas que llevaban dudas legales, que pedían ayuda para resolver problemáticas o que buscaban información sobre programas y procesos judiciales.
“USAID siempre acompaña de manera decidida y comprometida estas jornadas en las que se puede acceder a todos los servicios de la institucionalidad del municipio de Carepa. Las realizamos en el marco de las acciones que se coordinan del Comité Local de Justicia y queremos seguir beneficiando a toda la población, víctimas, migrantes, población vulnerable”, comentó Eison Lizcano, secretario de Gobierno de Carepa.
Entre 2022 y 2024, se han implementado un total de 400 Jornadas de Justicia Móvil en los municipios objetivo, distribuidas de la siguiente manera: 123 en 2022, 177 en 2023 y 100 en 2024. Estas jornadas han proporcionado servicios a un total de 45.859 personas. En 2022, 19.208 personas recibieron estos servicios, seguido de 16.575 en 2023 y 10.076 en 2024.
Este tipo de jornadas, recalcan sus participantes, no solo permiten acercar la justicia a las comunidades y que sientan que sí pueden recibir respuestas a sus inquietudes sin tener que invertir tiempo de más o dinero que no tienen, sino que también ayuda a reducir la impunidad en casos de alto impacto, como la violencia basada en género, la restitución de tierras, los homicidios y las amenazas a líderes sociales. Y se consolidan como un punto de encuentro para que tanto actores del lado judicial, como las comunidades hagan más tangible el acceso a la justicia.
*Nombre cambiado a petición de la protagonista
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador