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El 29 de diciembre, el Consejo Superior de la Judicatura aprobó la creación de los primeros cinco juzgados agrarios, que se establecerán en Cartagena, Quibdó, Popayán, Pasto y Tunja y su apertura será el próximo 2 de mayo. Esta iniciativa responde a la Jurisdicción Agraria aprobada por ley en junio de 2023, en la cual se detalla que la función principal de estos juzgados será resolver los conflictos relacionados con la propiedad y la producción de la tierra en las zonas rurales del país.
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El Consejo Superior también informó que la sala nacional de magistrados tendrá sede principal en Tunja y va a estar conformada por tres magistrados que darán inicio a la implementación de la Reforma Agraria y Rural impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
“Estos cambios y el fortalecimiento judicial dotarán al Estado y a la Rama Judicial de una arquitectura novedosa al servicio de campesinos y comunidades indígenas, permitiendo dirimir y resolver de manera justa las controversias existentes en materia de tenencia y uso de la tierra en Colombia”, afirmó el magistrado Rodríguez Guzmán mediante un comunicado de prensa.
Por su parte, el Consejo Superior señaló que los jueces y magistrados de estos despachos deberán incorporar medidas con enfoque diferencial para las mujeres que han enfrentado barreras para acceder a sus derechos en las zonas rurales del país. Asimismo, resolver los problemas de tierras debe estar enfocado “a conseguir la paz y avanzar en la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental de la producción de agropecuaria”, manifestó en el mismo documento la Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.
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Para la apertura de estos juzgados agrarios se tuvieron en cuenta los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, que cobijan a 170 municipios que han sido afectados por el conflicto armado, la falta de institucionalidad y la pobreza. El Gobierno también resalto que con esta iniciativa se pretende que los servicios de justicia lleguen a las zonas más recónditas del país.
El Consejo también informó a través de su página que está a la espera de que el Gobierno Nacional aporte $40.000 millones para garantizar la creación de 65 juzgados agrarios y tribunales restantes para garantizar el acceso a la justicia del campesinado en zonas vulnerables.
Con la creación de estos juzgados, el Gobierno Nacional le apuesta a cumplir lo pactado en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC, que busca que los conflictos relacionados con la tierra se puedan reducir para consolidar la paz.
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