Jurisdicción Agraria y Rural: aprobado el primer paso para la justicia en el campo

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó la ley estatutaria, la cual busca establecer la Jurisdicción Agraria y Rural, una nueva entidad dentro de la Rama Judicial diseñada para resolver los conflictos agrarios y mejorar el acceso a la justicia en las zonas rurales del país. El proyecto todavía debe enfrentar un último debate en la plenaria de la Cámara antes de ser presentado al presidente Gustavo Petro para su sanción.

“Con esta ley seguimos avanzando hacia la consolidación de la Jurisdicción Agraria, que será clave para resolver de manera pacífica y justa las disputas en el campo”, afirmó el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna. El funcionario también destacó la importancia que tendrá para garantizar la paz en regiones donde los conflictos agrarios han sido un motivo de violencia.

La iniciativa legislativa aprobada hoy se fundamenta en un proyecto de acto legislativo presentado previamente por la anterior ministra de Agricultura, Cecilia López; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; y del Interior, Alfonso Prada. Este proyecto, según explican los funcionarios, parte de una serie de medidas más amplias, no pretende reformar integralmente el campo, sino optimizar las herramientas legales actuales para hacer del sector agrario un ámbito más productivo y justo.

Al respecto, Heraclito Landinez Suárez, representante por el Pacto Histórico, dijo que la Jurisdicción es un gran instrumento jurídico que permitirá dirimir los conflictos agrarios, formalizar la propiedad de la tierra y le brindará herramientas al Estado para acceder a la tierra. “Hemos avanzado y se avanzará en formalizar tierras, en darle tierra a los campesinos y ser un país más justo y equitativo entre lo urbano y lo rural”, añadió el congresista.

Asimismo, la viceministra de promoción de la justicia, Jhoana Delgado, puntualizó que, para el Ministerio de Justicia y del Derecho, es también importante resaltar que este es un trabajo de todos los poderes públicos: “Este proyecto de ley ha sido consensuado con el Poder Legislativo y es una iniciativa del Ejecutivo. Podemos trabajar en la construcción de una Colombia en paz. Para esto necesitamos las normas y hoy la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha dado un paso muy importante para que avancemos en este idea”.

Este proyecto legislativo no solamente busca crear la Jurisdicción, busca cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz y mejorar el acceso a la justicia para las comunidades rurales. Su fin es formalizar un total de siete millones de hectáreas. Además, pretende establecer tribunales, definir distritos y circuitos agrarios y rurales; y promover la creación de la figura de los facilitadores agrarios y rurales, quienes guiarán a los ciudadanos en el funcionamiento de la nueva jurisdicción.

Según el Minjusticia, la ejecución de la Jurisdicción Agraria representará un costo anual aproximado de $136.000 millones. Esta cifra podría variar dependiendo de posibles aumentos en el número de juzgados. Por ahora, se espera que el proyecto continúe su trámite en el Congreso, puesto que ha recibido varios ajustes desde su radicación a medida que ha avanzado en los debates.

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La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó la ley estatutaria, la cual busca establecer la Jurisdicción Agraria y Rural, una nueva entidad dentro de la Rama Judicial diseñada para resolver los conflictos agrarios y mejorar el acceso a la justicia en las zonas rurales del país. El proyecto todavía debe enfrentar un último debate en la plenaria de la Cámara antes de ser presentado al presidente Gustavo Petro para su sanción.

“Con esta ley seguimos avanzando hacia la consolidación de la Jurisdicción Agraria, que será clave para resolver de manera pacífica y justa las disputas en el campo”, afirmó el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna. El funcionario también destacó la importancia que tendrá para garantizar la paz en regiones donde los conflictos agrarios han sido un motivo de violencia.

La iniciativa legislativa aprobada hoy se fundamenta en un proyecto de acto legislativo presentado previamente por la anterior ministra de Agricultura, Cecilia López; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; y del Interior, Alfonso Prada. Este proyecto, según explican los funcionarios, parte de una serie de medidas más amplias, no pretende reformar integralmente el campo, sino optimizar las herramientas legales actuales para hacer del sector agrario un ámbito más productivo y justo.

Al respecto, Heraclito Landinez Suárez, representante por el Pacto Histórico, dijo que la Jurisdicción es un gran instrumento jurídico que permitirá dirimir los conflictos agrarios, formalizar la propiedad de la tierra y le brindará herramientas al Estado para acceder a la tierra. “Hemos avanzado y se avanzará en formalizar tierras, en darle tierra a los campesinos y ser un país más justo y equitativo entre lo urbano y lo rural”, añadió el congresista.

Asimismo, la viceministra de promoción de la justicia, Jhoana Delgado, puntualizó que, para el Ministerio de Justicia y del Derecho, es también importante resaltar que este es un trabajo de todos los poderes públicos: “Este proyecto de ley ha sido consensuado con el Poder Legislativo y es una iniciativa del Ejecutivo. Podemos trabajar en la construcción de una Colombia en paz. Para esto necesitamos las normas y hoy la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha dado un paso muy importante para que avancemos en este idea”.

Este proyecto legislativo no solamente busca crear la Jurisdicción, busca cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz y mejorar el acceso a la justicia para las comunidades rurales. Su fin es formalizar un total de siete millones de hectáreas. Además, pretende establecer tribunales, definir distritos y circuitos agrarios y rurales; y promover la creación de la figura de los facilitadores agrarios y rurales, quienes guiarán a los ciudadanos en el funcionamiento de la nueva jurisdicción.

Según el Minjusticia, la ejecución de la Jurisdicción Agraria representará un costo anual aproximado de $136.000 millones. Esta cifra podría variar dependiendo de posibles aumentos en el número de juzgados. Por ahora, se espera que el proyecto continúe su trámite en el Congreso, puesto que ha recibido varios ajustes desde su radicación a medida que ha avanzado en los debates.

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