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Acceder a la justicia en Bogotá, por más que sea el centro administrativo de Colombia, también es un reto, pero no todas las necesidades jurídicas necesitan de un juez o un abogado para resolverse.
La Alcaldía de Bogotá anunció este lunes que el Palacio de Liévano estará abierto durante las próximas semanas para escuchar a todas aquellas personas que con su trabajo como mediadores, conciliadores o árbitros, han logrado cerrar la brecha de justicia que existe en el país y, por supuesto, también en la capital.
Aunque la mayoría de los problemas jurídicos en Colombia se resuelven a través de demandas, abogados y el fallo de un juez, esa no es la única forma para que alguien pueda acceder a la justicia. Desde hace más de tres décadas existe en la sala de máquinas del Estado los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (MRC), que son en otras palabras, herramientas que permiten solucionar líos legales comunes, como disputas entre vecinos o de familia de manera gratuita y un 50 % más rápido de lo que tardarían en un despacho judicial.
Los conciliadores en equidad, mediadores o árbitros hacen parte de esos MRC que según el Ministerio de Justicia, solucionan los conflictos de forma más rápida y le apuntan a que el tejido social se restaure, sin necesidad de que esos conflictos se escalen y produzcan violencia.
Por esa razón, la Alcaldía anunció que quiere escuchar a conciliadores, jueces de paz, mediadores y árbitros para que le ayuden a formular una política pública en la que acceder a justicia en Bogotá pueda hacerse a través del diálogo y, como lo describe esa entidad, “mediante la justicia no formal y comunitaria”.
“Es clave la participación de las personas que a diario están involucradas en estos procesos, por lo que se convoca a que hagan sus aportes en fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos y hacer de la ciudadanía un participante activo de la justicia comunitaria”, explica la Alcaldía.
Cambio de chip
En junio de 2023, el Concejo de Bogotá aprobó el Acuerdo 900: una política pública que busca que la justicia en la capital sea administrada, además de jueces y abogados, por aquellas personas (mediadores, conciliadores y árbitros) que le apuestan al diálogo y la resolución de conflictos alternativos.
El Acuerdo fue aplaudido en su momento por tratarse de una política que podría tener como resultados un mejor acceso a la justicia para los más de 8.000.000 de habitantes que hay en la capital y agilizar un servicio que es congestionado y tarda años en ofrecer respuestas, según ha concluido el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).
Esta política busca que se reconozca el trabajo que conciliadores y mediadores han hecho durante tres décadas para hacer que los conflictos se resuelvan pacíficamente y a través del diálogo en Bogotá. Por ejemplo, hay casos de estudiantes de colegio que se convirtieron en mediadores y gracias a su trabajo en las instituciones educativas, los problemas entre adolescentes se solucionan con una pequeña reunión y acuerdos escritos en lugar de golpizas, bullying o asesinatos, como sucedió en 2022 cuando un joven de 16 años fue asesinado por la razón de que “lo miraron mal”.
Andrés Peña, director de la división de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia, aseguró a este diario que “acceder a la justicia es complejo y es un problema histórico. Cuando por fin se tiene acceso, pueden pasar dos, tres o cuatro años hasta que un juez solucione el caso. Mientras que con la mediación o conciliación algunos de esos mismos problemas se resuelven en meses”.
“La justicia comunitaria es fundamental para fortalecer el acceso a la justicia con la ciudadanía de una manera más eficaz y oportuna”, cuenta la Alcaldía.
¿Cómo postularse?
Si usted es o tiene experiencia como mediador, conciliador, juez de paz o árbitro, es apto para postularse a la convocatoria de la Alcaldía. Primero, debe diligenciar este formulario y luego de su postulación será contactado por funcionarios de ese organismo para hablar sobre cómo, a través de los Métodos de Resolución de Conflictos, le ha apostado a la justicia no formal y comunitaria.
Tenga en cuenta que aunque la construcción de paz y el acercamiento de la justicia es una tarea que históricamente han empleado miles de colombianos, los mediadores, conciliadores y árbitros sí tienen un aval del Ministerio de Justicia para hacer su tarea, por lo que una persona no certificada por esta cartera, aunque tenga como vocación la justicia comunitaria, no tiene aval para hacer esta tarea.
“La construcción de esta política pública tiene como propósito fortalecer los abordajes de manera pacífica frente a los conflictos de convivencia de la ciudad, evitando que escalen y se conviertan en problemas mayores o que se genere una saturación al sistema judicial, acercando la comunidad a la justicia en desarrollo de una justicia que resuelve como estrategia”, concluye la Alcaldía.
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