La justicia también puede exigirse a través de los datos y la estadística. Esa es la consigna que un grupo de abogados y expertos afro llevan defendiendo durante el último año para demostrar, a través de tablas, cifras y gráficos, que la población negra en Colombia continúa cargando la cruz de la desigualdad y la exclusión.
Desde 2023, Ilex Acción Jurídica, un colectivo de abogados afro que luchan por la igualdad racial de las personas negras, puso sobre la mesa de debate que las cifras estatales en Colombia, en su mayoría recogidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), deben ser analizadas con un enfoque racial para así exigir justicia a las casi cinco millones de personas afro que viven en el país. Su teoría reposa en que sin cifras, no es posible una política pública que mejore las condiciones de desigualdad y exclusión. Y sin política pública, el ciclo de derechos violentados y vulneraciones a sus vidas continuarán.
Tras un año de trabajo, diseños estadísticos y estudios con enfoque étnico-racial, Ilex publicó su herramienta que, según explican, está orientada a “visibilizar contextos de pobreza y violencia que a menudo son ignorados y que frecuentemente no se reflejan en las estadísticas oficiales y su difusión”.
La herramienta reúne información de algunas de las entidades más importantes y utilizadas del Estado, como lo es el DANE, Medicina Legal, la Agencia Nacional de Tierras e incluso utilizaron datos de organizaciones internacionales, como la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL).
En Ilex juntaron la información, pusieron la lupa sobre aquellos que cuentan la historia de las personas afro en Colombia y, tras meses de diseño, publicaron una herramienta que muestra de forma didáctica las vulneraciones y problemas que aún enfrentan los afro en Colombia, como datos de pobreza, violencia, solicitudes de titulación colectiva de tierras o lesiones no fatales.
“Tenemos la firme creencia de que para alcanzar la justicia racial es indispensable contar con datos desagregados, confiables y veraces en términos étnico-raciales. No abordar esta situación no sólo invisibiliza a la población afrodescendiente, sino que podría impedir acciones focalizadas por parte del Estado para la garantía de derechos fundamentales”, le contó Ilex a El Espectador.
Historia de una invisibilización
Los ecosistemas laboral y educativo en Colombia no han sido los únicos espacios en donde se sigue escuchando el eco de la discriminación racial. Según los expertos de Ilex, la estadística también ha sido una herramienta para invisibilizar a la población negra.
En 2020, un grupo de colectivos afro, Ilex entre ellos, interpuso una acción de tutela ante la Corte Constitucional para que restituyera unos derechos que según ellos, estaban siendo violentados desde hace años. El reclamo aseguraba que el DANE, encargado de censar a Colombia y decir cuántas personas hay en el país en alguna condición específica, había incurrido en varias fallas metodológicas que terminaron por reducir la población afro casi a la mitad en el Censo de 2018.
Su reclamo, ante los ojos de la Corte Constitucional, tenían todos los argumentos para ser avalados, pues se encontró que en cuestión de una década, más de un millón de personas negras (el 30 % del total de afros) habían dejado de existir, virtualmente, ante los ojos del Estado y del Censo Poblacional de 2018 del DANE.
La Corte Constitucional dio razón a las organizaciones afro y ordenó al DANE que, como máxima entidad estadística de Colombia, enmendara sus errores e hiciera del censo un instrumento que cumpla su propósito: tomar decisiones y formular políticas públicas. “Cuando se invisibiliza a más de un millón de personas, se está impidiendo el goce de sus derechos, garantía de sus derechos fundamentales, asignación de recursos (por parte del Estado) y medidas enfocadas estrictamente a la población afrodescendiente”, se lee en la sentencia T-276 de la Corte Constitucional.
Pero ordenar que se reparara ese daño no fue suficiente para exigir la justicia racial de los afro en Colombia, por lo menos en los pasillos y oficinas de Ilex. Dayana Blanco, directora del colectivo afro, aseguró a este diario que contar con una herramienta de este tipo podría dar un vuelco significativo a la realidad de derechos y realidad que viven los afro actualmente en el país.
“La falta de un enfoque étnico-racial en las cifras ha impedido una comprensión integral de las disparidades de diferentes grupos poblacionales. Al contar con esta herramienta y este enfoque se pueden identificar las áreas de vulnerabilidad, lo que en otras palabras, otorga un poder crucial para diseñar políticas públicas: investigar, visibilizar, enmendar”, asegura Blanco.
La herramienta de Ilex está compuesta de cuatro portales en los que se puede ver, por ejemplo, que la pobreza es una endemia que se ha acentuado específicamente en territorios afro. De acuerdo con la herramienta, los afro son el segundo grupo poblacional en donde más concentrada está la pobreza extrema y la multidimensional (carencia de salud, educación, trabajo o mínimos de vida), únicamente por debajo de los indígenas. Pero allí también se encontraron otros hallazgos: las mujeres afro son quienes más están expuestas y sufren el fenómeno de la pobreza aumenta en los litorales Caribe y Pacífico, donde más del 80 % de sus habitantes son personas negras.
“Al desagregar la información, no solo por departamento, municipio o sexo, sino también por pertenencia étnico-racial y otras variables nos permite tener una vista más profunda y diferencial de la población afro. En Chocó, por ejemplo, cuando se habla de casos de homicidio, se encuentra que está relacionado más con circunstancias del conflicto armado y no con riñas, como sucede en Antioquia. Al ver esas diferencias se nos ilustra la desigualdad territorial y la forma en que la población afro se enfrenta a riesgos más complejos”, comenta Abraham Caraballo, coordinador del Centro de Estudios para la Justicia Racial.
Justicia estadística
¿Por qué es importante esta herramienta? Tanto en Ilex como en las instituciones del Estado se ha utilizado la información pública como el principal aliciente para tomar decisiones respecto a una decisión, política o formular una ley.
El Ministerio de Justicia, por ejemplo, acogió un informe realizado por la Universidad Javeriana sobre la situación carcelaria de las mujeres en Colombia. En ese informe se estableció que la mayoría de las mujeres que están privadas de la libertad llegaron a los pabellones de la cárcel debido a situaciones de vulnerabilidad y también dejaban en casa a niños o ancianos que dependían económicamente de ellas. Con esa información, la cartera de justicia formuló un proyecto de ley y lo envió al Congreso para cambiar la situación. Hoy, la Ley de Utilidad Pública, como se le conoció a la política, es considerada una de las propuestas significativas del Gobierno en materia de asuntos carcelarios y justicia restaurativa al beneficiar a más de 1.000 mujeres cabeza de hogar.
Pero son abundantes los casos en que los datos y la población afro han estado bajo la lupa del Estado. En los asuntos de la guerra, la Unidad de Víctimas encontró en sus registros que las personas afro fueron el segundo grupo que más sufrió los estruendos de los fusiles, con más de 1.200.000 víctimas acreditadas. Por esa información se ha intentado priorizar la reparación, tanto individual como colectiva de consejos comunitarios, líderes negros y mujeres afectadas por la violencia sexual.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) también respalda que una decisión estatal, sin importar su objetivo, debe estar basado en números y cifras, tanto por el alcance que puede tener como por el gasto que puede tener en el erario público. “Contar con información veraz, oportuna y de calidad es fundamental para diseñar políticas públicas basadas en evidencia: permite reducir la incertidumbre (en el diseño, despliegue, monitoreo y evaluación). Más datos conllevan a mejores políticas públicas”, asegura el DPN.
La llegada de esta herramienta de datos con un enfoque étnico-racial podría sacar del escondite la información que demuestra, según muestra en sus tablas y gráficos, las situaciones de riesgo y vulnerabilidad que las personas afro viven en Colombia. Blanco asegura que lo nuevo no es la información, pues históricamente ha sido recogida por el Estado y sus instituciones. “Pero no necesariamente visibiliza las disparidades y evidencia de esta población que se ha mantenido en el anonimato”, comenta.
¿Mejor futuro?
Para Blanco y Caraballo, hay un reto más que se debe sortear para que las cifras afro logren tener el impacto esperado. Aunque la herramienta ya está al aire y es de consulta pública, ahora la tarea es que sea apropiada en la sala de máquinas del Estado para que desde el Ejecutivo y el Legislativo se busque enmendar esas situaciones de vulnerabilidad.
Con esta información, cuenta la directora de Ilex, es posible generar acciones que transformen un ecosistema de violencias a una situación en el que los derechos de las personas afro sean respetados. “Se debe generar una agenda común que busque superar las barreras de hacia la visibilidad estadística de la población afro. Pero también el Gobierno tiene la oportunidad de buscar esa senda de acciones y mejorar, ampliar y profundizar los puntos de su agenda”.
El camino apenas comienza, pero con una sentencia de la Corte Constitucional a favor y una herramienta que muestre lo que durante décadas se ocultó, el terreno está arado para que en el futuro se logren derribar las barreras que edificó el racismo y la exclusión y que al día de hoy siguen generando un impacto negativo en las comunidades.
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