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Al pensar en justicia social, la fiscalidad, los impuestos y el recaudo pueden no ser las primeras palabras que se asocien. Sin embargo, cada vez son más las voces que repiten que para alcanzarla es necesaria una tributación más justa o lo que denominan justicia fiscal.
Desde 2017, un grupo de expertos de talla mundial, como Joseph Stiglitz, Magdalena Sepúlveda, Thomas Piketty y José Antonio Ocampo, han hecho resonar ese mensaje. Se trata de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (o ICRICT por sus siglas en inglés) que promueve la conversación sobre la necesidad de una reforma significativa del sistema internacional de tributación. Dicen que el pago de impuestos tendría que ser equitativo frente a los activos, es decir, que el que gana más ponga más y así podría mejorar la calidad de vida de todos, principalmente, de las poblaciones vulnerables.
El Espectador habló con Susana Ruiz, coordinadora global de Justicia Fiscal en Oxfam Internacional y coordinadora del grupo sociedad civil de la ICRICT, para conocer cómo se ha desarrollado esta propuesta y qué avances podría haber este año. Teniendo en cuenta que un acuerdo internacional frente a un pago mínimo para los ultrarricos que está sobre la mesa, podría, finalmente, ver la luz este año.
Este segundo semestre del año va a ser clave en la propuesta de una reforma al sistema tributario internacional, ¿qué va a pasar en la agenda que tienen prevista, por ejemplo, con el G-20?
Uno de los aspectos claves es conseguir que haya voluntad. Para impulsar las reformas, lo vemos en todos los países, es muy difícil asumir las reformas tributarias porque hay muchos intereses que generan visiones de oposición, pero lo que hemos conseguido o lo que el G-20 de Brasil ha conseguido es colocar en el debate entre los países del G-20, una discusión por primera vez sobre cómo construir una agenda compartida para que los ultrarricos de todos los países estén pagando una parte justa de lo que corresponde con base en un estándar mínimo que esté coordinado internacionalmente. Esto para que no haya una fuga a otros países, porque no tiene sentido que un rico esté pagando aquí y al cruzar la frontera esté pagando nada. Entonces es un paso histórico, es la primera vez que tenemos esa conversación en el G-20.
Para no partir solamente de una imagen discursiva, se está trabajando alrededor de una propuesta que el economista Gabriel Zucman va a presentar el 25 de junio a los ministros del G-20 de cómo se podría implementar en el conjunto de países esta idea de un estándar internacional de tributación. Lo que espera la presidencia de Brasil es que en la cumbre de ministros de finanzas en julio, que será el 25 y 26 de julio en Río de Janeiro, se abra una declaración a la firma del resto de países, para mostrar qué países están respaldando esta iniciativa.
¿Cuándo se podría empezar a ver una aplicación en países emergentes?
Una vez que esto se acuerde, la declaración, creo que la región América Latina y el Caribe tiene el reto de pensar cómo puede convertirse esto en un estándar internacional, en un estándar regional, sin esperar a que haya un acuerdo internacional. Siempre es más fácil, pero podría empezar dando pasos para pensar desde Colombia o desde la región cómo se podría buscar estos mecanismos para ponernos en marcha.
Hay un espacio regional que es La Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe (PTLAC) que ha sido impulsada por Colombia, y por primera vez ministros de Finanzas de la región se reúnen para acordar estándares, ese podría ser un paso importante.
Entonces estamos en esa ruta internacional, pero vamos a tener una ruta también que puede ser regional y tenemos que ver también, qué parte de todo eso se puede convertir en un espíritu de implementación nacional.
¿En qué consiste el estándar mínimo a los ultrarricos que se está planteando?
Es decir, sería un consenso en el conjunto de países liderado por el G20, para acordar que en todos los países los ultrarricos tienen que estar pagando al menos el equivalente al 2% de su riqueza. Pero habría mucha flexibilidad en los países para hacerlo a su manera. Por ejemplo, si en Colombia no se quiere hacer subiendo los impuestos a las rentas, un impuesto al patrimonio puede ser una solución, pero si otro país lo quiere hacer subiendo las tasas marginales, también está bien. Cada país puede pensar la tipología y cómo ponerlo en marcha de acuerdo a su contexto nacional.
Ustedes han hecho algunas estimaciones de si esto llega a prosperar, cuánto se podría recaudar, ¿cuáles son esas cifras?
Los estudios que ha hecho Gabriel hasta ahora calculan que si se pusiera en marcha se podría recaudar hasta $250.000 millones de dólares en todo el mundo. Lo que esperamos es que ahora nos pueda dar datos adicionales para ver, por ejemplo, cuál es el panorama en el marco regional.
Desde la ICRICT y desde Oxfam han mostrado que la plata sí está, pero hace falta esa redistribución, ¿por qué es tan difícil pasar del dicho al hecho?
El primer reto es que los sistemas tributarios no están diseñados todavía en todos los países de la región para grabar o estar dirigidos hacia los que más tienen. Muchos países, por ejemplo, aquí en Colombia se ha elevado el impuesto a las ganancias, a los dividendos, pero en muchos países hay un agujero legislativo. Y segundo, es que todavía la mayor parte de los países han hecho muy foco, han hecho un esfuerzo insuficiente para abordar la lucha contra los paraísos fiscales.
América Latina pierde como 6% del PIB de la región por culpa de los paraísos fiscales y probablemente sea una cifra que está completamente infravalorada.
Los paraísos fiscales, la falta de legislación son parte de ese mal funcionamiento en los diseños tributarios. Y creo que también se ha creado una cultura del escape al impuesto al que hay que darle la vuelta. Tendríamos que construir una cultura de reconocimiento, del impacto, de consenso, de compromiso.
El verdadero patrocinio no debería ser presumir los pocos impuestos que pagan, sino decir “yo tengo más, por lo tanto, estoy dispuesta a contribuir más en función de mi capacidad real”. Esa debería ser la visión de compromiso con el país. Falta esa cultura fiscal de no reconocer la contribución como parte de un compromiso más amplio.
¿Qué es la justicia fiscal y por qué se ha convertido en una causa?
Es el hecho de que puedas pensar en un modelo de sociedad que garantiza unos derechos, pero también que está pensando en quién tiene más capacidad para contribuir. Es la posibilidad de estar pidiendo a aquellos que más tienen que contribuyan a sostener e impulsar un modelo de la sociedad que sea bueno. Además, poder garantizar que no haya privilegios para unos pocos, la justicia fiscal es que todo el mundo pueda aportar en función a su capacidad económica real.
¿Cómo se consigue esto?
Este es un sistema que también cierra fugas hacia la evasión fiscal o hacia otras prácticas, y está muy vinculado a la idea del pacto fiscal de que tú construyes el vínculo del ciudadano con el Estado. Ya no es un “yo no pago mis impuestos para recibir solo mi atención sanitaria o la de mi familia”, sino que pago mis impuestos en función de mi capacidad económica real para construir una sociedad en la que nadie se quede atrás, que genere más igualdad y podamos atender los diferentes retos. Es un modelo de justicia social perfecto.
¿Cómo reducir esa individualidad que mueve al sistema fiscal actualmente?
Ellos (los ricos) piensan que si necesitan educación para sus hijos pueden pagarla, que si necesitan seguridad pueden pagarla, que si necesitan atención médica pueden pagarla, pero eso en realidad es un círculo muy cerrado, es verse dentro de una burbuja, ajeno al conjunto del país. No están entendiendo que son parte de un engranaje y de un espacio conjunto.
El bien común es mucho más importante que solamente la protección o la salvaguarda individual, porque hay algunas cuestiones que necesitan de sostenimiento de Estado, como lo hemos visto en la pandemia. Por ejemplo, si tú quieres hacer frente a una crisis extrema como la que vivimos en la pandemia, necesitas un Estado que tenga capacidad para reaccionar, para garantizar que haya condiciones para todos, que no deja a nadie atrás, que pone los recursos realmente o si pensamos en la lucha climática, eso no se puede hacer desde lo individual, necesitamos hacerlo desde el modelo de Estado.
Entonces, cuando ellos no se ven vinculados al impuesto, porque piensan que lo que necesiten lo pueden pagar, es porque no se están viendo dentro de un Estado colectivo, ni entienden que su contribución debería ser utilizada para hacer frente a las necesidades comunes.
Un dato impactante es que los ricos pagan menos impuestos que muchas personas de a pie y clase media, ¿por qué?
Lo que vemos es que la mayor parte de los sistemas tributarios no son progresivos, lo que significa que quienes tienen más no están pagando más, pero se ve sobre todo en la parte más alta de la distribución de los ultrarricos, los mil millonarios, que tienen patrimonios muy importantes, usan todos estos mecanismos para pagar prácticamente nada con respecto a su riqueza frente a lo que está pagando el resto de la sociedad.
En la justicia fiscal, lo que debería es contribuir a evitar este crecimiento de ultra concentración de riqueza, pero también evitar que tengamos situaciones como la que vimos ahora en pandemia, en la cual fue la primera vez que hemos visto que la riqueza extrema y la pobreza extrema crecían al mismo tiempo.
No hay un mecanismo de redistribución porque quienes concentran la riqueza, no están pagando los impuestos. El principio es que cuando mejor esta distribución, el Estado va a tener más recursos y podrá invertirlos mejor en todas las poblaciones vulnerables.
¿Cómo romper esa barrera de pensar que los impuestos son plata que se está regalando?
No debemos verlo como un regalo, sino como un derecho, tenemos que tener derecho a la educación, a la sanidad, a tener una vivienda digna, alimentación y deberíamos tener derecho a tener un trabajo digno. Entonces las transferencias no son un regalo, no son un subsidio para mantener a gente vaga, las transferencias son una un mecanismo para evitar que haya gente que caiga de situación todavía de mayor vulnerabilidad y un estado más desigual.
Se necesita todavía invertir más dinero para poder reducir esas brechas de desigualdad, entonces necesitamos que haya garantías de derechos para todos, pero no lo veamos como un regalo, tenemos que verlo como un derecho.
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