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En Medellín, el conflicto armado también dejó afectaciones en la ciudad. Informes y estudios han contado cómo la guerra también habitó los espacios urbanos, donde desplazados de municipios llegaron huyendo de la violencia en sus tierras a una ciudad con otras dificultades como la guerra entre bandas o el narcotráfico. De ahí que posterior a la firma del Acuerdo de Paz, aprovechando la implementación de una justicia especial con relación a las víctimas del conflicto, la Alcaldía de Medellín aperturó una subsecretaría única en el país dedicada a asistir a la comunidad en general para la superación y la reconciliación.
Su nombre es la subsecretaría de Justicia Restaurativa, la cual se establece dentro de la secretaría de la No-Violencia. “Para mí fue increíble descubrir que la Alcaldía de Medellín tenía estas dependencias”, dice Virginia Domingo, experta en justicia restaurativa de la organización Justice Rapid Response (JRR). Ella es la profesional que estuvo asesorando a esta institución para la aplicación de la justicia restaurativa en un contexto urbano diferenciado, principalmente en cada una de las tres comunas que han sido priorizadas e impactadas con su trabajo.
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Se trata de la comuna 3, la comuna 13 y el corregimiento de Altavista. Allí, tanto la experta como los funcionarios de la subsecretaría han asistido a preparar, por ejemplo, tanto a víctimas como a comparecientes reconocidos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para asistir con un enfoque restaurativo a escuchar sus necesidades y hacer un acompañamiento que ellos definen como “más humano”. “Algo muy peculiar de Medellín es que víctimas, comparecientes y victimarios conviven en la misma comunidad”, dice la experta.
Al respecto, Amaury Núñez, subsecretario de Justicia Restaurativa, explica que en Medellín hay un desafío tan grande, porque son los territorios urbanos los que más tienen asentadas a víctimas del conflicto. “Muchas de ellas no serán retornadas a sus lugares de origen, sino que deben ser tratadas como población nueva de la ciudad. Además, son las ciudades los sitios en donde hay mayor concentración de población firmante de paz y comparecientes de la fuerza pública”, explica el funcionario. Por ello, considera necesario dejar una capacidad instalada que permita el desarrollo de esos procesos restaurativos, porque un proceso como este no se ha hecho antes.
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Pero, ¿en qué consiste ese proceso de justicia restaurativa al que se refieren desde estas organizaciones? Primero, parten de entender a la justicia restaurativa como un enfoque que permita la superación de conflicto, a través de la cual se puede reparar el daño ocasionado a la población urbana. Núñez explica que en la ciudad, a través de los efectos diferenciales del conflicto que ellos analizaron, han concluido que una forma de justicia restaurativa es el reclamo generalizado de algunos habitantes por la mejora integral de barrios. Es decir, la falta de legalización de sus barrios y de estructura pública, como el caso de los servicios públicos. Esto los pone en el reto de generar espacios que no solo construyan iniciativas para presentar ante la JEP, sino ante las instancias locales para restaurar sus territorios desde todos los ámbitos.
Para llevar a cabo el enfoque restaurativo, la subsecretaría con la asesoría de JRR busca facilitar la interacción entre actores, víctimas, victimarios y sociedad; porque su labor no corresponde a juzgar o sancionar, pero sí tienen la capacidad de establecer el diálogo. De esta manera, han ejecutado una especie de entrenamiento. “Lo que hacemos es ofrecerles otras herramientas restaurativas que ellos y ellas pueden aplicar en su trabajo diario y además enseñarles a cómo preparar sus versiones tanto a víctimas como a comparecientes”, cuenta la profesional Domingo. El reto en la ciudad de una justicia restaurativa, menciona ella, es que en las comunas conviven víctimas, comparecientes y el resto de la comunidad.
Virginia Domingo, añade también que la justicia restaurativa ha logrado que algunas víctimas de la comuna 13 comprendan que no están obligadas a querer a todo el mundo, pero sí a convivir con todo el mundo. Por ello, entre las recomendaciones que ha dejado con su acompañamiento a la ciudad, está generar programas para que la comunidad indirectamente afectada, sea capacitada y llevada al potencial de empoderarse y preguntarse qué pueden hacer para evitar que los actos de violencia se repitan. De tal manera que el diálogo se dé más que entre solo víctimas y victimarios.
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A través del intercambio de conocimiento con esa organización, Cristian Aguirre, el secretario de la No-Violencia indica que han “logrado adoptar de ciertos instrumentos o herramientas a quienes estuvieron involucrados en el conflicto”. Víctimas, comunidad y responsables interactúan en varios escenarios. Desde las mesas técnicas o las audiencias que desarrolla la JEP, hasta el apoyo técnico para que estos actores formulen y presenten proyectos productivos alternativos, lo que consideran esa salida a los diferentes conflictos sociales.
Además de lo que concierne al trabajo con la justicia especial y una salida que repare a las víctimas de la violencia, la justicia restaurativa en esta institución considera otros ámbitos donde hubo delitos. Este es el caso de la Casa R, un espacio inaugurado hace cinco meses en el barrio Prado de Medellín. Allí, jóvenes que por alguna razón fueron penalizados por alguna conducta encuentran ahora un espacio para la alternatividad penal. “En ese lugar, lo que se pretende es realizar una agenda de formación en habilidades para la vida y de que ellos puedan adquirir ciertas herramientas laborales, como técnicas de artes o de oficio, los cuales les permitan encontrar allí una forma de autonomía económica”, dice Núñez.
“Es la primera casa que demuestra que la justicia restaurativa es la justicia de la comunidad, que era para adolescentes en conflicto con la ley. Pero, poco a poco, se ha configurado para compartir talleres e historias más allá de la juventud”, añade Domingo. Para ella, este espacio es novedoso como una actividad educativa y de reinserción que puede ayudar a que la justicia restaurativa sea transformadora. Pues allí, los actores judiciales como la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intervienen en la postulación de esos jóvenes para que puedan acceder al programa. Actualmente, hay en proceso de evaluación 26 participantes, 13 lo hacen de manera directa en el proyecto y asisten de forma periódica al espacio. Allí, hay una agenda permanente con sus familias, especialmente aquellos que están relacionados con delitos de violencia intrafamiliar.
Otra de las iniciativas que ha contemplado el enfoque restaurativo en Medellín es la estrategia Hecho en Paz, una plataforma con la que 373 emprendedores firmantes de paz, víctimas, población pospenada, adolescentes y jóvenes generan ingresos con sus apuestas artísticas y creaciones para la paz. Es así que la justicia restaurativa desde un enfoque institucional sigue buscando impactar a Medellín. Para los secretarios y la experta, es una iniciativa que debería replicarse, de a poco, en otros espacios. Como dice Domingo: “A la justicia restaurativa es de tiempo, y hay que tenerle respeto para no revictimizar”.
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