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La fórmula que busca cambiar el castigo por el perdón debe ser modificada. Esa fue la conclusión a la que el Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) llegaron tras hacer un examen al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Este martes, ambas organizaciones se reunieron para evaluar qué posibilidades hay para que en Colombia, los menores de edad que delinquen se les pueda ofrecer una nueva oportunidad de justicia restaurativa en lugar de condenarlos de por vida a futuros de inestabilidad y encarcelamientos indefinidos.
El evento, nombrado “Imaginar el Sistema de Responsabilidad Penal de los Adolescentes desde la Resiliencia Juvenil” fue apoyado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y tuvo la participación también de Anupama Rajamaran, directora de esa entidad que tiene programas para mejorar el acceso a la justicia en Colombia y brindar mejores oportunidades a las juventudes del país. “El castigo no es la única solución para los jóvenes en conflicto con la ley. Estamos convencidos de que al invertir en su bienestar y ofrecer oportunidades reales, podremos construir caminos que contribuyan a una Colombia más segura, justa e inclusiva”, aseguró Rajamaran.
Reconocer las fallas
El SRPA es, según Fernando Tamayo, abogado penalista de la Universidad de Los Andes, uno de los únicos sistemas de resocialización que existen y funcionan en Colombia, y por ello, hay que protegerlo y mejorarlo. Este sistema fue creado en 2006 con la Ley de Infancia y Adolescencia y, gracias a sus principios de justicia restaurativa, ha logrado evitar que menores de 18 años entren a las cárceles a vivir días de derechos vulnerados y pocas oportunidades de reinserción.
En el “manual” de la ley que le dio vida al SRPA se explica, entre otras cosas, que el propósito final de procesar y condenar a un menor de edad está enfocado en la restauración de los daños, reconstruir el tejido social que desgarró con su delito y, a fin de cuentas, regresar a la sociedad a edificar un futuro lejos del delito.
Si un joven de 16 años, por ejemplo, hurta y es capturado, su destino debería ser un hogar donde se le enseñe las consecuencias de su error, repare a la víctima que agredió y cumpla su privación de la libertad en un escenario de derechos garantizados. Pero ese no es el ecosistema que están viviendo los jóvenes en la actualidad.
¿Por qué ese sistema? Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, reconoció que una gran mayoría de los jóvenes que son ingresados al SRPA esconden detrás historias de derechos violentados y vulnerabilidad. Si un niño crece en un mundo de crimen, dice Buitrago y los demás expertos, lo más probable es que replique esos comportamientos apenas tenga la edad para hacerlo.
Además, someter a un menor de edad a cárceles, que han sido reconocidas por la Corte Constitucional y la Cruz Roja Colombiana como “insostenibles” y escenarios de vulneraciones masivas y sistemáticas de derechos, significaría condenar a un menor dos veces: primero a estar privado de la libertad y luego, a crecer con los recuerdos de haber estado en un universo hostil donde la resocialización falla.
“¿Qué ha pasado? Vemos muchos niños donde el hogar está desintegrado desde el primer día de nacidos y donde les han quitado sus derechos de niños, niñas y adolescentes. Hablar de esto es importante para Colombia, que necesita saber devolverles esa infancia que no tuvieron”, asegura Buitrago.
Como todo sistema, el SRPA ha presentado fallas, especialmente en la última década, para poder cumplir su propósito. Astrid Cáceres, directora del ICBF, explicó que “la situación que más duele es la consecuencia de inequidades que han albergado muchos niños en Colombia (...). En los últimos tres años han ingresado más de 25.000 jóvenes a este sistema. De ellos, cerca al 41 % han enfrentado la privación de la libertad”.
Nueva fórmula de justicia
Tanto Buitrago como Cáceres concuerdan en que el sistema debe recibir algunas adecuaciones para lograr varios objetivos. El primero de ellos es ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes, pues está comprobado que cuando se aplica justicia restaurativa con los menores de 18 años que delinquen, se puede reparar el daño y lograr una “condena” sin necesidad de ser enviado a una correccional de menores. El otro objetivo, explicaron ambas funcionarias, versa sobre el punitivismo que se vive en Colombia: si se aplica un lente de restauración con los jóvenes, se puede demostrar que el castigo o las condenas a décadas de prisión no son las únicas opciones para administrar justicia.
Un ejemplo de ello es un “emprendimiento judicial” que Doris Gutiérrez, una jueza con 20 años de experiencia en Cali, ha empleado con jóvenes que delinquen. La togada le contó a este diario que sí es posible apelar a la justicia restaurativa y la reparación de los daños cuando se habla de crímenes y menores de edad. Incluso, asegura que más del 90 % de los adolescentes que han pasado por su despacho y se han allanado a los cargos imputados, luego de pasar por un proceso psicosocial y luego un lente restaurativo de justicia, han salido exitosos.
“Si yo soy una víctima, ¿cómo voy a cicatrizar un dolor si no puedo decirle al que lo ha provocado cuál es mi sentimiento frente a sus actos? La justicia retributiva usualmente emite una sentencia fría que solo dice que alguien está condenado a tantos (sic) años o tiene que pagar una sanción económica. Pero nadie verdaderamente ha empatizado con el dolor”, explica Gutiérrez sobre su “emprendimiento”.
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