Firmantes de paz y ex militares educarán sobre los riesgos de las minas en Urabá
Son 18 personas las que tendrán la oportunidad de capacitarse respecto a los riesgos que tiene el uso de minas, elementos de guerra que han dejado a varios afectados en zonas como la subregión del Urabá. Le contamos en qué consiste el proyecto.
Uno de los proyectos de justicia transicional de la JEP ya está en marcha. Se trata de Horizontes Seguros, una iniciativa que el tribunal de paz diseñó para que integrantes de la Fuerza Pública y firmantes de paz de las antiguas Farc trabajen juntos en la prevención del uso de minas como armas de guerra y la atención y reparación de víctimas.
Las minas antipersonal, utilizadas frecuentemente en varios episodios de la guerra, dejaron docenas de municipios inhabitables a causa del peligro que acarrean. Urabá, en Antioquia, al ser un epicentro del conflicto en donde hubo presencia de Fuerza Pública, paramilitares, Farc y ELN, no estuvo exento de este problema y la presencia de minas dejó personas mutiladas, asesinadas e incluso algunos corregimientos abandonados a causa de estos elementos de guerra.
La apuesta de justicia restaurativa consiste entonces en juntar a antiguos integrantes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz, junto con militares que reconocieron haber participado en crímenes de lesa humanidad en ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Así las cosas, son al menos 18 antiguos actores de la guerra, 11 firmantes de paz y siete exintegrantes de la Fuerza Pública, que han aportado verdad y cumplen con sus obligaciones en la JEP, quienes que tendrán la tarea de apoyar en la educación para el riesgo de minas y asistencia integral a las víctimas.
Para la JEP no es posible adelantar operaciones de desminado humanitario, puesto que este solo lo pueden realizar organizaciones acreditadas por la Autoridad Nacional (OACP), y estas organizaciones deben contar con personas acreditadas para realizar las diferentes operaciones que se requieren para adelantarlo. Según sus registros, casi 3.000 personas fueron víctimas directas o indirectas de minas sembradas en los territorios.
Por ello, desde este tribunal eligieron a Urabá un caso de ejemplo de restauración. Además, el proyecto tiene varios aliados para su ejecución, los cuales son el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el acompañamiento técnico por parte de la Campaña Colombiana Contra Minas, y la asesoría de otras entidades del Estado como la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
De esta manera, desde la JEP trabajan en la prevención en el riesgo de minas y en el fortalecimiento de iniciativas productivas de las víctimas.
Paso a paso
Hubo varios esfuerzos para que se concretara esta iniciativa. La JEP tuvo la tarea de llamar a los estrados a militares y antiguos integrantes de las Farc a que reconocieran su responsabilidad en algunos crímenes. Luego, fueron capacitados para que su trabajo estuviera orientado a restaurar a las comunidades afectadas. Los 18 participantes tuvieron que hacer 66 talleres de educación en el riesgo las minas en algunos de los municipios que más han sido afectados por estos artefactos, como Mutatá, Murindó, Frontino y Dabeiba, todos ubicados en Antioquia.
El proyecto también tiene un impacto social. Los participantes tienen la tarea de apoyar emprendimientos y proyectos productivos de 30 sobrevivientes del conflicto en la región que tuvieron que pasar por desplazamiento, asesinato de algunos de sus familiares o la afectación a causa de las minas antipersonal.
La tarea de restaurar
A inicios de 2024, la JEP puso en marcha otro de sus proyectos de justicia restaurativa en el sur de Bogotá. Esta apuesta, llamada Siembras de Vida, tuvo un enfoque similar, en la que los comparecientes sembraron árboles en la localidad de Usme, en Bogotá.
La participación de los comparecientes en los proyectos restaurativos no reemplazan su responsabilidad penal en los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos, ni tampoco les exime su responsabilidad de restaurar a las víctimas. Son actividades que hacen parte de los TOAR, es decir, son un trabajo voluntario de los comparecientes previo a la imposición de las sanciones que establece la JEP.
¿Cuál es el propósito de estos proyectos? La Jurisdicción Especial de Paz explica que se busca que “los responsables de graves crímenes lleven a cabo acciones que contribuyan a restaurar y sanar el daño (...). A través de diferentes líneas, los comparecientes, víctimas y la sociedad unirán su conjunto para pasar la página de violencia”.
El proyecto apenas comienza y son muchos los retos. Sin embargo, para la JEP es un gran paso en la construcción de paz, pues “los comparecientes han tenido la oportunidad de encontrarse con el otro, ese al que consideraron su enemigo, para poder construir confianza y articular los esfuerzos que contribuyan a aliviar el dolor causado”.
Nota de la editora: El título fue cambiado para precisar el proyecto.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
Uno de los proyectos de justicia transicional de la JEP ya está en marcha. Se trata de Horizontes Seguros, una iniciativa que el tribunal de paz diseñó para que integrantes de la Fuerza Pública y firmantes de paz de las antiguas Farc trabajen juntos en la prevención del uso de minas como armas de guerra y la atención y reparación de víctimas.
Las minas antipersonal, utilizadas frecuentemente en varios episodios de la guerra, dejaron docenas de municipios inhabitables a causa del peligro que acarrean. Urabá, en Antioquia, al ser un epicentro del conflicto en donde hubo presencia de Fuerza Pública, paramilitares, Farc y ELN, no estuvo exento de este problema y la presencia de minas dejó personas mutiladas, asesinadas e incluso algunos corregimientos abandonados a causa de estos elementos de guerra.
La apuesta de justicia restaurativa consiste entonces en juntar a antiguos integrantes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz, junto con militares que reconocieron haber participado en crímenes de lesa humanidad en ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”. Así las cosas, son al menos 18 antiguos actores de la guerra, 11 firmantes de paz y siete exintegrantes de la Fuerza Pública, que han aportado verdad y cumplen con sus obligaciones en la JEP, quienes que tendrán la tarea de apoyar en la educación para el riesgo de minas y asistencia integral a las víctimas.
Para la JEP no es posible adelantar operaciones de desminado humanitario, puesto que este solo lo pueden realizar organizaciones acreditadas por la Autoridad Nacional (OACP), y estas organizaciones deben contar con personas acreditadas para realizar las diferentes operaciones que se requieren para adelantarlo. Según sus registros, casi 3.000 personas fueron víctimas directas o indirectas de minas sembradas en los territorios.
Por ello, desde este tribunal eligieron a Urabá un caso de ejemplo de restauración. Además, el proyecto tiene varios aliados para su ejecución, los cuales son el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el acompañamiento técnico por parte de la Campaña Colombiana Contra Minas, y la asesoría de otras entidades del Estado como la Oficina del Consejero Comisionado de Paz y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).
De esta manera, desde la JEP trabajan en la prevención en el riesgo de minas y en el fortalecimiento de iniciativas productivas de las víctimas.
Paso a paso
Hubo varios esfuerzos para que se concretara esta iniciativa. La JEP tuvo la tarea de llamar a los estrados a militares y antiguos integrantes de las Farc a que reconocieran su responsabilidad en algunos crímenes. Luego, fueron capacitados para que su trabajo estuviera orientado a restaurar a las comunidades afectadas. Los 18 participantes tuvieron que hacer 66 talleres de educación en el riesgo las minas en algunos de los municipios que más han sido afectados por estos artefactos, como Mutatá, Murindó, Frontino y Dabeiba, todos ubicados en Antioquia.
El proyecto también tiene un impacto social. Los participantes tienen la tarea de apoyar emprendimientos y proyectos productivos de 30 sobrevivientes del conflicto en la región que tuvieron que pasar por desplazamiento, asesinato de algunos de sus familiares o la afectación a causa de las minas antipersonal.
La tarea de restaurar
A inicios de 2024, la JEP puso en marcha otro de sus proyectos de justicia restaurativa en el sur de Bogotá. Esta apuesta, llamada Siembras de Vida, tuvo un enfoque similar, en la que los comparecientes sembraron árboles en la localidad de Usme, en Bogotá.
La participación de los comparecientes en los proyectos restaurativos no reemplazan su responsabilidad penal en los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos, ni tampoco les exime su responsabilidad de restaurar a las víctimas. Son actividades que hacen parte de los TOAR, es decir, son un trabajo voluntario de los comparecientes previo a la imposición de las sanciones que establece la JEP.
¿Cuál es el propósito de estos proyectos? La Jurisdicción Especial de Paz explica que se busca que “los responsables de graves crímenes lleven a cabo acciones que contribuyan a restaurar y sanar el daño (...). A través de diferentes líneas, los comparecientes, víctimas y la sociedad unirán su conjunto para pasar la página de violencia”.
El proyecto apenas comienza y son muchos los retos. Sin embargo, para la JEP es un gran paso en la construcción de paz, pues “los comparecientes han tenido la oportunidad de encontrarse con el otro, ese al que consideraron su enemigo, para poder construir confianza y articular los esfuerzos que contribuyan a aliviar el dolor causado”.
Nota de la editora: El título fue cambiado para precisar el proyecto.
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