La apuesta de la Fiscalía para que la justicia llegue a las comunidades indígenas
Desde hace ocho meses el ente acusador viene haciendo protocolos y acuerdos de entendimiento para que los fiscales e investigadores de la entidad sepan cómo ofrecer justicia a las comunidades indígenas y haya trabajo coperativo.
La justicia indígena puede ser vista como un proceso colaborativo. Cada generación de caciques, taitas y líderes, contribuyó con su experiencia a que, de acuerdo con su cosmovisión y costumbres ancestrales, se juzguen las faltas que se dan en sus comunidades. Cada “delito”, como se conocen las violaciones al Código Penal, se resuelve a través del diálogo y se intenta que el tejido social, desgarrado tras esos actos, se repare. Pero desde la Constitución de 1991, aplicar este tipo de justicia ha tenido un problema para los indígenas: la falta de entendimiento que hay, en todos los aspectos, entre la jurisdicción ordinaria (utilizada por todos los demás colombianos) y la propia.
El Espectador conoció dos protocolos que firmó la Fiscalía General de la Nación con al menos 20 grupos indígenas de Cauca y Putumayo para que la justicia ordinaria y la étnica puedan trabajar de la mano. Esta iniciativa, además, intenta cerrar esa brecha que ha existido desde que la Constitución reconoció la identidad étnica tanto a indígenas como a grupos afro. La firma de este documento compromete a todo el Estado a estar más cerca a las necesidades de estos grupos que tras un asesinato, violencia sexual u otro delito, prácticamente han tenido que resolver los conflictos por su cuenta.
Estos “protocolos de entendimiento”, como se les llamó, son documentos oficiales que, por primera vez en la historia judicial de Colombia, comprometen al Estado a que fiscales, jueces y abogados comprendan cómo funciona la justicia en los resguardos indígenas y cómo actuar cuando alguno de sus habitantes tenga una necesidad jurídica.
Luego de la firma y por medio de capacitaciones, talleres y acuerdos de entendimiento, el ente investigador se ha enfocado a que en Putumayo y Cauca, dos de los departamentos con más indígenas en su territorio, ambas jurisdicciones puedan trabajar de la mano y auxiliarse para resolver cualquier necesidad que los indígenas tengan. El acercamiento entre la Fiscalía y los grupos indígenas fue apoyado por el programa de Justicia Inclusiva de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Para José Evaristo Garcés, autoridad indígena que participó en la firma de los acuerdos de entendimiento en Putumayo, “es importante el protocolo y que sea una herramienta fundamental, así como una directriz para sacar adelante todos los conocimientos entre ambas jurisdicciones. Se busca lograr que lo indígena y lo ordinario llegue a un encuentro de voluntades y que la justicia sea posible”.
Un paso más cerca de las mujeres
Uno de los avances más significativos en la firma de los protocolos es acercar la justicia a las mujeres. Es común que, en las comunidades indígenas, las decisiones estén dominadas por hombres, ignorando la capacidad de las mujeres para desempeñar roles a la hora de ofrecer respuestas. El acuerdo de entendimiento busca que la justicia involucre y escuche a esta población que es blanco de violencia sexual, embarazo adolescente o en algunos escenarios, tiene la responsabilidad de mantener económicamente el hogar mientras debe cuidar de los hijos y sus parejas.
Para ello, la Fiscalía organizó talleres y capacitaciones sobre cómo las mujeres pueden denunciar, documentar e interponer denuncias por haber sido víctimas de este tipo de agresiones. En Putumayo, por ejemplo, el ente investigador impartió cursos a 120 mujeres para que conocieran las rutas de atención y cómo abrir procesos penales cuando sufren violencia de género.
La falta de inclusión de las mujeres en las comunidades indígenas conlleva, según explica el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), “uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas (...) puesto que se desarrollan dentro de realidades desiguales, con una coyuntura adversa para quienes defienden la vida y los territorios”. Solo en 2022, el Cric documentó, al menos, 700 casos de agresiones, golpizas o violencias sexuales contra las mujeres de su resguardo.
Antes, cuando un acusado de acceso carnal violento que pertenecía a un resguardo indígena era procesado, usualmente se daban conflictos de competencias entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria. Esto demoraba meses en solucionarse y dejaba a las víctimas esperando un pedido de justicia que no llegaba.
Con los protocolos de entendimiento, las comunidades se han comprometido a garantizar justicia a todos los involucrados. Las mujeres, por su parte, son escuchadas y pueden avanzar en una denuncia penal, mientras que los agresores se les garantiza que, en caso de no hablar español, un traductor pueda hacer presencia en las audiencias de imputación y los juicios para que sus derechos sean respetados. Además, se han modificado los reglamentos internos de justicia indígena para que en lugar de continuar siendo violentadas, puedan denunciar y ser reparadas por lo que han sufrido.
Entre más justicia, mejor
Aunque los protocolos se firmaron hace meses, es hasta ahora que las comunidades indígenas están viendo los efectos positivos que trae el hecho del acercamiento del Estado y la Rama Judicial a ellos. En su contenido se establece que el propósito está dirigido a que los casos sean resueltos y que las autoridades étnicas puedan apoyarse en la Rama Judicial para poder llevar a buen puerto los problemas. Se habla explícitamente que el documento intenta respetar la autonomía que la Constitución le otorgó a los indígenas, no sin comprometer al Estado a que coordine, sea ágil y proteja a quienes son víctimas de algún delito por parte de personas indígenas.
“La presencia de esta gran diversidad (de personas indígenas en los territorios) requiere atención especial en términos de justicia para fortalecer la pervivencia y armonía de esas comunidades (...) Esta es una línea base para la construcción de guías específicas para la coordinación, cooperación y actuación respetuosa frente a los principios de administración de justicia indígena”, explica el documento.
Antes, las autoridades indígenas podían recurrir a “juicios” internos en los que se dictaba una pena a quien violara las normas en los territorios. Ahora, con el protocolo, los caciques pueden solicitar asesoría e intervención de todo el aparato estatal para asesorarse y beneficiarse de sus servicios. Por ejemplo, una menor de edad indígena que sea violentada sexualmente, desde la firma del protocolo, puede recibir atención psicosocial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y su caso, como sucede a diario con los demás expedientes judiciales del país, puede tener veeduría de la Defensoría, Procuraduría y Contraloría.
Además, desde la firma de esos documentos el Estado y los líderes indígenas se comprometieron a crear una ruta de casos urgentes que, en algunas ocasiones, llevan meses o años sin resolución. Este es el escenario de homicidios, violencia sexual o delitos relacionados con estupefacientes en los que hay una persona indígena involucrada y que, por conflicto de competencias y demora en los procesos, no ha visto justicia.
Finalmente, el protocolo promete crear una base de datos, construida por los indígenas, para que el Estado sepa a ciencia cierta cuántos delitos se dan en cada uno de los resguardos, quiénes fueron los responsables y si, a fin de cuentas, estos hechos se resolvieron o permanecieron impunes. Este punto de los acuerdos, considerado como el más complicado por quienes firmaron el protocolo, ya ha sido puesto en marcha y se actualizará anualmente.
Entender y cooperar
La forma de impartir justicia entre indígenas y jueces es muy distinta. Un funcionario judicial, que durante toda su carrera profesional ha estudiado leyes, códigos y decretos, suele ser ajeno a las lógicas indígenas para abordar el delito. Cuando un expediente que corresponde a la jurisdicción indígena llega a su despacho, aunque sea similar a los otros que recibe, debe tratarlo con un enfoque diferencial.
Pero ese es el principal problema: no hay diálogo ni comprensión entre ambas jurisdicciones. Por ejemplo, Isamary Marrugo, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, aseguró que durante sus tres décadas de experiencia en el sistema judicial no había tenido la oportunidad de sentarse frente a frente con líderes de consejos comunitarios negros para hablar sobre cómo articular la justicia. Y ese mismo escenario se replica por todo el territorio con fiscales, magistrados y abogados.
El protocolo, explica la Fiscalía, busca disminuir ese desconocimiento. Desde el idioma en que se tramita un caso hasta la óptica para entender qué es un delito y cómo resolverlo, son varios los retos que hay para que la justicia ordinaria pueda entender y trabajar de la mano con la jurisdicción indígena.
“Se espera construir diferentes rutas de articulación con la jurisdicción ordinaria con el fin de prevenir, regular, armonizar y restablecer los comportamientos negativos que afectan la armonía y equilibrio de la comunidad (...) Se busca que todos encuentren herramientas para mejorar los mecanismos de intervención de las problemáticas delictivas que ocurren”, explica el documento.
Hasta el momento, la Fiscalía ha firmado acuerdos para entenderse con 37 de los 115 pueblos indígenas que habitan en el país, al menos 20 de esos con ayuda de instituciones internacionales. Si bien su objetivo principal es el de acercar la justicia a las comunidades étnicas, también busca que algunos de los líos legales que se dan en los resguardos que usualmente quedan impunes o insatisfechos para quienes lo sufren, se superen.
Aún queda mucho camino por recorrer para que estos protocolos tengan el efecto esperado. Por un lado, la desconfianza que las comunidades tienen frente a deudas históricas que el Estado ha tenido con ellas, no se evaporará de un momento a otro. Los integrantes de los resguardos, acostumbrados durante décadas a usar la justicia indígena u optar por el silencio, tampoco denunciarán con facilidad lo que tradicionalmente han resuelto a través del diálogo o lo que ellos llaman “cultura oral”. Pero según manifestó la Fiscalía Seccional de Putumayo, es un primer paso necesario para que la Rama Judicial y el Estado, que han permanecido alejados de las comunidades étnicas, lleguen y hagan presencian donde históricamente los han necesitado.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
La justicia indígena puede ser vista como un proceso colaborativo. Cada generación de caciques, taitas y líderes, contribuyó con su experiencia a que, de acuerdo con su cosmovisión y costumbres ancestrales, se juzguen las faltas que se dan en sus comunidades. Cada “delito”, como se conocen las violaciones al Código Penal, se resuelve a través del diálogo y se intenta que el tejido social, desgarrado tras esos actos, se repare. Pero desde la Constitución de 1991, aplicar este tipo de justicia ha tenido un problema para los indígenas: la falta de entendimiento que hay, en todos los aspectos, entre la jurisdicción ordinaria (utilizada por todos los demás colombianos) y la propia.
El Espectador conoció dos protocolos que firmó la Fiscalía General de la Nación con al menos 20 grupos indígenas de Cauca y Putumayo para que la justicia ordinaria y la étnica puedan trabajar de la mano. Esta iniciativa, además, intenta cerrar esa brecha que ha existido desde que la Constitución reconoció la identidad étnica tanto a indígenas como a grupos afro. La firma de este documento compromete a todo el Estado a estar más cerca a las necesidades de estos grupos que tras un asesinato, violencia sexual u otro delito, prácticamente han tenido que resolver los conflictos por su cuenta.
Estos “protocolos de entendimiento”, como se les llamó, son documentos oficiales que, por primera vez en la historia judicial de Colombia, comprometen al Estado a que fiscales, jueces y abogados comprendan cómo funciona la justicia en los resguardos indígenas y cómo actuar cuando alguno de sus habitantes tenga una necesidad jurídica.
Luego de la firma y por medio de capacitaciones, talleres y acuerdos de entendimiento, el ente investigador se ha enfocado a que en Putumayo y Cauca, dos de los departamentos con más indígenas en su territorio, ambas jurisdicciones puedan trabajar de la mano y auxiliarse para resolver cualquier necesidad que los indígenas tengan. El acercamiento entre la Fiscalía y los grupos indígenas fue apoyado por el programa de Justicia Inclusiva de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Para José Evaristo Garcés, autoridad indígena que participó en la firma de los acuerdos de entendimiento en Putumayo, “es importante el protocolo y que sea una herramienta fundamental, así como una directriz para sacar adelante todos los conocimientos entre ambas jurisdicciones. Se busca lograr que lo indígena y lo ordinario llegue a un encuentro de voluntades y que la justicia sea posible”.
Un paso más cerca de las mujeres
Uno de los avances más significativos en la firma de los protocolos es acercar la justicia a las mujeres. Es común que, en las comunidades indígenas, las decisiones estén dominadas por hombres, ignorando la capacidad de las mujeres para desempeñar roles a la hora de ofrecer respuestas. El acuerdo de entendimiento busca que la justicia involucre y escuche a esta población que es blanco de violencia sexual, embarazo adolescente o en algunos escenarios, tiene la responsabilidad de mantener económicamente el hogar mientras debe cuidar de los hijos y sus parejas.
Para ello, la Fiscalía organizó talleres y capacitaciones sobre cómo las mujeres pueden denunciar, documentar e interponer denuncias por haber sido víctimas de este tipo de agresiones. En Putumayo, por ejemplo, el ente investigador impartió cursos a 120 mujeres para que conocieran las rutas de atención y cómo abrir procesos penales cuando sufren violencia de género.
La falta de inclusión de las mujeres en las comunidades indígenas conlleva, según explica el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), “uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas (...) puesto que se desarrollan dentro de realidades desiguales, con una coyuntura adversa para quienes defienden la vida y los territorios”. Solo en 2022, el Cric documentó, al menos, 700 casos de agresiones, golpizas o violencias sexuales contra las mujeres de su resguardo.
Antes, cuando un acusado de acceso carnal violento que pertenecía a un resguardo indígena era procesado, usualmente se daban conflictos de competencias entre la jurisdicción especial indígena y la ordinaria. Esto demoraba meses en solucionarse y dejaba a las víctimas esperando un pedido de justicia que no llegaba.
Con los protocolos de entendimiento, las comunidades se han comprometido a garantizar justicia a todos los involucrados. Las mujeres, por su parte, son escuchadas y pueden avanzar en una denuncia penal, mientras que los agresores se les garantiza que, en caso de no hablar español, un traductor pueda hacer presencia en las audiencias de imputación y los juicios para que sus derechos sean respetados. Además, se han modificado los reglamentos internos de justicia indígena para que en lugar de continuar siendo violentadas, puedan denunciar y ser reparadas por lo que han sufrido.
Entre más justicia, mejor
Aunque los protocolos se firmaron hace meses, es hasta ahora que las comunidades indígenas están viendo los efectos positivos que trae el hecho del acercamiento del Estado y la Rama Judicial a ellos. En su contenido se establece que el propósito está dirigido a que los casos sean resueltos y que las autoridades étnicas puedan apoyarse en la Rama Judicial para poder llevar a buen puerto los problemas. Se habla explícitamente que el documento intenta respetar la autonomía que la Constitución le otorgó a los indígenas, no sin comprometer al Estado a que coordine, sea ágil y proteja a quienes son víctimas de algún delito por parte de personas indígenas.
“La presencia de esta gran diversidad (de personas indígenas en los territorios) requiere atención especial en términos de justicia para fortalecer la pervivencia y armonía de esas comunidades (...) Esta es una línea base para la construcción de guías específicas para la coordinación, cooperación y actuación respetuosa frente a los principios de administración de justicia indígena”, explica el documento.
Antes, las autoridades indígenas podían recurrir a “juicios” internos en los que se dictaba una pena a quien violara las normas en los territorios. Ahora, con el protocolo, los caciques pueden solicitar asesoría e intervención de todo el aparato estatal para asesorarse y beneficiarse de sus servicios. Por ejemplo, una menor de edad indígena que sea violentada sexualmente, desde la firma del protocolo, puede recibir atención psicosocial del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y su caso, como sucede a diario con los demás expedientes judiciales del país, puede tener veeduría de la Defensoría, Procuraduría y Contraloría.
Además, desde la firma de esos documentos el Estado y los líderes indígenas se comprometieron a crear una ruta de casos urgentes que, en algunas ocasiones, llevan meses o años sin resolución. Este es el escenario de homicidios, violencia sexual o delitos relacionados con estupefacientes en los que hay una persona indígena involucrada y que, por conflicto de competencias y demora en los procesos, no ha visto justicia.
Finalmente, el protocolo promete crear una base de datos, construida por los indígenas, para que el Estado sepa a ciencia cierta cuántos delitos se dan en cada uno de los resguardos, quiénes fueron los responsables y si, a fin de cuentas, estos hechos se resolvieron o permanecieron impunes. Este punto de los acuerdos, considerado como el más complicado por quienes firmaron el protocolo, ya ha sido puesto en marcha y se actualizará anualmente.
Entender y cooperar
La forma de impartir justicia entre indígenas y jueces es muy distinta. Un funcionario judicial, que durante toda su carrera profesional ha estudiado leyes, códigos y decretos, suele ser ajeno a las lógicas indígenas para abordar el delito. Cuando un expediente que corresponde a la jurisdicción indígena llega a su despacho, aunque sea similar a los otros que recibe, debe tratarlo con un enfoque diferencial.
Pero ese es el principal problema: no hay diálogo ni comprensión entre ambas jurisdicciones. Por ejemplo, Isamary Marrugo, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, aseguró que durante sus tres décadas de experiencia en el sistema judicial no había tenido la oportunidad de sentarse frente a frente con líderes de consejos comunitarios negros para hablar sobre cómo articular la justicia. Y ese mismo escenario se replica por todo el territorio con fiscales, magistrados y abogados.
El protocolo, explica la Fiscalía, busca disminuir ese desconocimiento. Desde el idioma en que se tramita un caso hasta la óptica para entender qué es un delito y cómo resolverlo, son varios los retos que hay para que la justicia ordinaria pueda entender y trabajar de la mano con la jurisdicción indígena.
“Se espera construir diferentes rutas de articulación con la jurisdicción ordinaria con el fin de prevenir, regular, armonizar y restablecer los comportamientos negativos que afectan la armonía y equilibrio de la comunidad (...) Se busca que todos encuentren herramientas para mejorar los mecanismos de intervención de las problemáticas delictivas que ocurren”, explica el documento.
Hasta el momento, la Fiscalía ha firmado acuerdos para entenderse con 37 de los 115 pueblos indígenas que habitan en el país, al menos 20 de esos con ayuda de instituciones internacionales. Si bien su objetivo principal es el de acercar la justicia a las comunidades étnicas, también busca que algunos de los líos legales que se dan en los resguardos que usualmente quedan impunes o insatisfechos para quienes lo sufren, se superen.
Aún queda mucho camino por recorrer para que estos protocolos tengan el efecto esperado. Por un lado, la desconfianza que las comunidades tienen frente a deudas históricas que el Estado ha tenido con ellas, no se evaporará de un momento a otro. Los integrantes de los resguardos, acostumbrados durante décadas a usar la justicia indígena u optar por el silencio, tampoco denunciarán con facilidad lo que tradicionalmente han resuelto a través del diálogo o lo que ellos llaman “cultura oral”. Pero según manifestó la Fiscalía Seccional de Putumayo, es un primer paso necesario para que la Rama Judicial y el Estado, que han permanecido alejados de las comunidades étnicas, lleguen y hagan presencian donde históricamente los han necesitado.
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