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En el enorme edificio del Ministerio de Justicia, del centro de Bogotá, hay una planta exclusivamente dedicada a mejorar el acceso a la justicia de todos los colombianos: el viceministerio de Promoción a la Justicia. Su trabajo consiste no solo en superar décadas de obstáculos que han tenido los ciudadanos en encontrar resueltos sus reclamos jurídicos, sino lograr que poblaciones históricamente alejadas, puedan resolver los conflictos que en el pasado eran disputados con violencia.
Helen Ortiz, viceministra de esa cartera, habló con El Espectador sobre cuáles son las tareas que se están haciendo en ese despacho para hacer de la justicia, en lugar de un privilegio o una cuestión de suerte, en un derecho para todos los colombianos. La abogada recién asumió el cargo en agosto de 2024 y se enfrenta a obstáculos, tanto en el papel, como en la realidad. Por ejemplo, la investigación de Justicia Cómo Vamos, publicada el año pasado, concluyó que el 83,6 % de los colombianos, sea por desconfianza, lejanía o desconocimiento, no acuden al sistema de justicia y acuden a la violencia o a los grupos armados en los territorios.
Su llegada al viceministerio llega a dos años de terminar el Gobierno. ¿Qué radiografía se puede hacer desde la promoción a la justicia sobre el acceso a la justicia en el país?
No son pocos los desafíos que enfrentamos en materia de acceso a la justicia; lo cierto es que hemos visto avances significativos en nuestro principal objetivo: acercarla a las personas, las comunidades y los territorios. Sobretodo en aquellas zonas que históricamente han estado desatendidas, como las regiones rurales y las afectadas por el conflicto armado.
Nuestra gestión ha estado encaminada a fomentar una justicia inclusiva que elimine las barreras sociales, culturales y económicas que a lo largo de los años han acentuado las diferencias en nuestro país; atienda las necesidades de poblaciones vulnerables, incluyendo comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres víctimas de violencia y jóvenes; y permita que cada persona, sin importar su ubicación o condición, pueda acceder a la protección de sus derechos.
¿Cuáles son los mayores retos? ¿Cómo enfrentarlos desde el Ministerio de Justicia?
Es posible advertir una marcada desigualdad territorial derivada de las afectaciones del conflicto armado, las disposiciones geográficas y las limitaciones presupuestarias que han impedido el desarrollo de una infraestructura judicial, y esto limita el acceso a la justicia.
Otro de los retos más complejos en materia de acceso a la justicia en nuestro país es la cobertura territorial, especialmente en áreas rurales y regiones afectadas por el conflicto. En estos territorios, la limitada presencia estatal y la falta de infraestructura judicial dificultan el acceso a mecanismos de protección y de resolución de conflictos, lo que deja en una situación de indefensión a las poblaciones más vulnerables.
Para enfrentar este desafío, desde el Ministerio de Justicia y del Derecho nos encontramos impulsando estrategias integrales que priorizan la implementación y el fortalecimiento de los métodos alternativos de solución de conflictos, los cuales, indudablemente, generan respuestas conjuntas con los instrumentos de justicia formal como casas de justicia, jornadas móviles de justicia y generan lazos de coordinación y articulación entre las diferentes autoridades.
¿Y el panorama para comunidades étnicas como indígenas y afrodescendientes?
Para las poblaciones que enfrentan mayores barreras de acceso, como lo son las comunidades indígenas y afrodescendientes, estamos trabajando en la adecuación de los servicios de justicia a sus particularidades culturales y territoriales, respetando sus prácticas de justicia propia y promoviendo la inclusión de sus saberes en los sistemas de justicia local. Esto permite que los servicios sean culturalmente pertinentes y efectivos, garantizando un acceso que respete y valore la diversidad del país.
Aún así hay otros grupos tanto vulnerables como históricamente rezagados, como los niños, las mujeres o la comunidad LGBTIQ+. ¿Qué panorama dibujar sobre su acceso a la justicia?
Hay que reconocer que esos grupos suelen estar expuestos a mayores riesgos de violencia, discriminación y violación de derechos.
La violencia de género, por ejemplo, sigue siendo una problemática crítica que requiere atención urgente y coordinada, ya que afecta principalmente a mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Además, muchas veces estas poblaciones enfrentan barreras para acceder a la justicia, lo cual agrava su situación de vulnerabilidad.
Esta semana se celebrará en Bogotá una de esas estrategias en la que se reunirán todos y todas los comisarios de familia del país para discutir el acceso a la justicia. ¿Qué esperar de ese encuentro?
Esperamos que la experiencia del encuentro nos ayude a forjar lazos más fuertes con y entre nuestros comisarios de familia de todo el país. Este tipo de iniciativas pueden generar sinergias que nos permitirán cumplir con nuestras funciones de una manera más eficiente.
En este sentido, esperamos que el encuentro nos permita tener información de primera mano sobre las necesidades de los comisarios y comisarias sobre aspectos propios para el ejercicio de sus funciones y sobre conflictividades que puedan informarnos desde sus territorios.
Desde el viceministerio, ¿qué apuestas se tienen, tanto pasadas como a futuro, para cerrar la brecha de acceso a la justicia, como el déficit de funcionarios judiciales para reducir la carga en el sistema y agilizar los procesos?
El Ministerio de Justicia no tiene funciones directas sobre el funcionamiento de la rama judicial, sino que se encarga de formular política pública en materia de justicia.
Como ejemplo de las apuestas principales del Gobierno nacional en materia de justicia, debemos resaltar la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, como una forma de responder a las necesidades de la población campesina, con funcionarios especializados en materia agraria y rural que permitan cerrar la brecha de acceso a la justicia de nuestro campesinado. Esta iniciativa requirió un acto legislativo el cual ya fue aprobado y sancionado, modificando la Constitución para la creación de esta y también se aprobó la ley estatutaria que modificó la estructura de la Rama Judicial para su funcionamiento.
Igualmente, desde el Ministerio nos encontramos ejecutando el Programa de Transformación Digital de la Justicia, a través del cual se pretende mejorar la eficiencia en el acceso a los servicios de justicia para todos los ciudadanos.
Con este propósito, nos encontramos trabajando con las entidades con funciones jurisdiccionales de la Rama Ejecutiva para poder mejorar sus capacidades digitales y también para que estos sistemas sean interoperables. Lo anterior, para que un ciudadano pueda encontrar en una única ventana todas sus necesidades de justicia que tenga con cada una de las entidades en un mismo lugar, de manera simple y amigable con el usuario.
Una apuesta fundamental ha sido el impulso a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (MASC), como la conciliación y mediación en equidad. Estos métodos no solo reducen el número de casos que llegan a instancias judiciales, sino que también ofrecen soluciones a conflictos comunitarios de manera participativa y en tiempos más cortos. Esta estrategia está en constante crecimiento y nuestro objetivo es formar a más conciliadores en las comunidades y capacitar a los operadores de justicia en la implementación de estos métodos.
Una de nuestras apuestas más importantes es acercar la justicia a las personas y hacerla verdaderamente inclusiva, en especial para poblaciones históricamente desatendidas, como las comunidades rurales, étnicas y personas en situación de vulnerabilidad.
Quedan menos de dos años para acabar el mandato. ¿Cuál es el legado que el Viceministerio de Promoción puede dejarle a Colombia hacia el futuro?
El legado que queremos dejar desde el Viceministerio de Promoción de la Justicia a Colombia es un sistema de justicia más accesible, inclusivo y cercano a las realidades de las personas, las comunidades y los territorios. Estamos trabajando para que cada ciudadano, independientemente de su lugar de residencia o condición social, pueda acceder a mecanismos de justicia efectivos y respetuosos de sus derechos.
Además, el impulso de iniciativas como las casas de justicia, los centros de convivencia ciudadana y los sistemas locales de justicia, en especial en zonas rurales y vulnerables, sienten las bases para una justicia que esté presente en cada rincón del país. La idea es poder diseñar políticas públicas inclusivas, construidas en diálogo con las comunidades y con un enfoque diferencial que reconozca y respete las particularidades culturales de todos los grupos poblacionales vulnerables.
Nuestro objetivo es dejar las bases de una infraestructura institucional sólida y una cultura de resolución pacífica de conflictos que trascienda el tiempo, promoviendo la construcción de paz. Este es el legado que aspiramos dejar: un sistema de justicia transformador, que siga avanzando para construir una Colombia más justa, equitativa y en paz.
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