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“De nuestro trabajo (como funcionarios judiciales) depende la convivencia pacífica en Colombia”, explica Isamary Marrugo al recordar la importancia de la justicia en el país. Desde su cargo como magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, la abogada está convencida de que el buen trabajo del sistema judicial es clave para que Colombia, con todos sus actores, engranajes y problemas, pueda funcionar bien.
“Nosotros, jueces y magistrados, tenemos un poder que nadie más tiene: el de decidir sobre la libertad, bienes y derechos de los demás; incluso sobre los bienes del Estado”, explica.
Así como Marrugo, son miles de protagonistas en Colombia que tienen como consigna que la justicia, un sistema criticado y juzgado con un lente de desconfianza, es vital para que muchos de los retos que hoy atraviesa el país puedan empezar a enmendarse y la paz sea más asequible.
Durante la última década, el Estado, los colectivos sociales y la cooperación internacional le han apostado a consolidar un acceso a la justicia que sea confiable, eficaz y ante todo, inclusivo en un país que además de mujeres y niños violentados, ve a diario como otros grupos vulnerables, como el LGBTIQ+, los indígenas, campesinos o afros, sobreviven en un ecosistema de derechos inconclusos.
La arquitectura de ese gran edificio de justicia, a pesar de que tiene unos cimientos, los planos ya en desarrollo y miles de personas trabajando en él, aún le faltan varios ladrillos para lograr ser un lugar donde los colombianos puedan ver que la justicia, más que un servicio o un bien, es un derecho al que todos deberían tener acceso.
El recobrar la confianza
Diferentes estudios han demostrado que a la justicia en Colombia le ocurren dos problemas principales: aún tiene varios pendientes y dos, los avances que se han hecho hasta el momento o no los conoce la ciudadanía o no se aplican en su totalidad. Las encuestas de Invamer, por ejemplo, aseguran que la falta de justicia en el país sea por impunidad, por demoras en el servicio, o por brechas en las regiones más alejadas, son una de las principales preocupaciones de los colombianos desde hace más de dos décadas.
Esto se suma a la poca confianza que han cultivado las instituciones. Una muestra clara de ello es que la Corte Suprema de Justicia, solo por mencionar un caso, tiene una aureola de desfavorabilidad al menos desde 2013, según esos sondeos.
Por otro lado, el estudio “Derribando estereotipos para un mejor acceso a la justicia”, realizado por la Universidad del Valle, en Cali, encontró que los principales recelos que tienen los colombianos frente a la justicia se fundamentan en que “creen que es lenta, costosa y que para acceder a ella se requieren de conocimientos especializados”.
Estas mismas respuestas se pueden encontrar hablando con comunidades en municipios rurales como San Pelayo (Córdoba), Montes de María o Putumayo, en donde los ciudadanos deben gastar días enteros de desplazamiento, dinero, esfuerzo y desilusiones para resolver alguna de sus necesidades jurídicas, por pequeña que sea.
En el resto del país, la situación también presenta un déficit. El Consejo Superior de la Judicatura reconoció en su Plan Sectorial de Desarrollo que, mientras que la oferta de justicia únicamente ha aumentado en un 41,5 % en lo que va del siglo, la demanda es de 145,5 %; lo que en otras palabras indica que solo hay un engranaje en el sistema capaz de atender a uno de cada tres colombianos que buscan justicia.
Tal es la situación que, en promedio, hay 374 procesos en cada despacho judicial donde, en la mayoría de las ocasiones, solo hay tres o cuatro funcionarios.
¿Cuáles son las consecuencias de esto?, que las personas pueden terminar tomando la justicia en sus manos, como se dice coloquialmente, o en palabras de Hiil (Instituto de La Haya para la Innovación en Derecho) “aumentar las retaliaciones por mano propia y minar la capacidad judicial para controlar los demás poderes públicos”.
Reforzar la estructura
¿Las cifras en rojo implican que el sistema judicial no tiene remedio? No. Tanto las entidades de justicia, los análisis de organizaciones internacionales como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y varios informes académicos, indican que sí hay maneras de devolver la confianza en la justicia y hacer que, más que un servicio, esta se vuelva un derecho y sea accesible para todos.
Una recomendación aceptada por el Ministerio de Justicia y el Departamento de Planeación Nacional fue la que se hizo a comienzos de 2024: si se quiere conocer sobre la justicia, se debe estudiar sobre sus usuarios, que son a fin de cuentas quienes mantienen el sistema funcionando, tanto por los impuestos que pagan, como por las necesidades jurídicas que tienen.
Simón Díaz, investigador de Hiil, asegura que “usualmente se hacen encuestas que estudian la cantidad de casos resueltos o por resolver; eso ofrece una visión muy administrativa, pero “cuando se evalúa las necesidades que una persona, o comunidad, tiene al acceder al servicio, se pueden sacar más conclusiones”.
Ante estos ires y venires de los servicios judiciales, han aparecido otras formas de buscar el acceso a la justicia en las comunidades y grupos vulnerables: los pedidos de justicia hechos por colectivos, los procesos comunitarios y los métodos alternativos de resolución de problemas, a los que otros actores también le han puesto el ojo. Esto sumado a la justicia administrativa, étnica e indígena que, año tras año, ha fortalecido el trabajo mancomunado.
El apoyo a estas iniciativas que buscan justicia se ha convertido en un patrón que se extiende a lo largo del país y deja como beneficiarios a comunidades LGBTIQ+ violentadas por su identidad sexual; mujeres víctimas de violencia de género; comunidades afros e indígenas que durante décadas reclamaron reparación frente a los daños en el conflicto; y otras más. Tanto así, que de acuerdo con los registros de Usaid, al menos 22.000 personas han logrado beneficios con diversas iniciativas de justicia.
Los retos aún persisten, y a la construcción de justicia aún le faltan retoques para estar 100% terminada. Sin embargo, son varias las historias que reflejan cómo las comunidades, personas que alguna vez fueron víctimas de la violencia, las desigualdades y la impunidad, y un país entero, le están apostando a solucionar lo que históricamente ha estado en mora, y cambiar en su imaginario que, la justicia, más que un servicio o un privilegio, es un derecho al que todos deben acceder.
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