El diálogo y la mediación comunitaria fueron esenciales para avanzar en los pequeños conflictos relacionados con la tierra en Tumaco (Nariño). En medio del plan de ordenamiento de la propiedad rural, el cual busca legalizar las tierras de la comunidad, se ha dado una iniciativa sin precedentes. Gracias a la colaboración entre los programas Nuestra Tierra Próspera y Justicia Inclusiva, programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), se ha implementado una iniciativa de diálogo para resolver conflictos agrarios mientras se titulan tierras.
Aunque cada programa tiene una misión particular, juntarse les ha permitido apoyar a los campesinos de uno de los municipios más extensos del país, pero, ¿en qué consiste esta iniciativa? Justicia Inclusiva tiene el fin de facilitar el acceso a los servicios de justicia para ciudadanos que viven en zonas rurales afectadas por la violencia, reduciendo la impunidad y ampliando el acceso al sistema judicial. Mientras que, Nuestra Tierra Próspera (LFP por sus siglas en inglés) busca abordar los retos derivados de los derechos informales sobre la tierra mediante programas de titulación, el fortalecimiento de las capacidades del gobierno para gestionar la tierra y la creación de oportunidades económicas legales para las comunidades rurales.
Cuando el programa relacionado con la tierra —el cual busca consolidar la información de aproximadamente 22.000 predios rurales a nivel nacional para luego ser remitida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT)— llegó a Tumaco, identificó la existencia de ciertos conflictos, como linderos, herencias, tenencias ilegales de fincas, entre otros, que imposibilitan que muchos de los campesinos tuvieran el título de su propiedad y por ende, se les dificulte acceder a programas del Gobierno para cultivar lícitamente el campo, entre otros derechos como la vivienda digna. Ante esto, junto a Justicia Inclusiva, decidieron incidir con jornadas de capacitación, mediación y conciliación, con las cuales se pudieran resolver las disputas agrarias, y también iniciar los procesos para la titulación de tierras.
El proceso comienza entonces con los esfuerzos de profesionales, una profesional social y una profesional jurídica que se encargan de atender los casos de conflicto en las veredas, son ellas quienes recopilan información y acompañan a las personas en el proceso de obtener los títulos de sus predios. Luego, realizan una identificación y registro de conflictos, seguido de un análisis de los mismos y entrevistas individuales para que cuenten sus historias. Después, con toda esta información y la presencia de líderes de las comunidades que han sido capacitados para mediar en conflictos agrarios, se realizan unos encuentros de conciliación entre las personas que están en conflicto. Con ese diálogo, las mediadoras generan unos documentos conocidos como actas de mediación que, si así lo desean, se incorporan en los expedientes correspondientes para la titulación de la tierra.
Hasta ahora, los logros de esta unión, única en el país, abrió la posibilidad de que la gente sepa a quién puede acudir para resolver situaciones de su territorio cuando enfrenta problemas para tener los papeles que dicen que son dueños de sus predios. Pues, en Tumaco, la presencia de conciliadoras y mediadoras ha sido fundamental para generar confianza en la comunidad, son ellos quienes facilitan un ambiente en el que las personas pueden comunicar libremente sus conflictos, aumentando así la probabilidad de resolverlos exitosamente. De esta manera, 2024 ha sido un año para que los conflictos relacionados con la tierra en el municipio sean resueltos de manera pacífica, en lugar de recurrir a soluciones violentas que han marcado la historia reciente del conflicto armado en la región.
Cuando las mujeres se unen: el caso de Villa Jardín
El conflicto venía de hace más de 15 años cuando llegaron informalmente a la vereda Buchely en Tumaco. En su mayoría, eran población afrodescendiente. Hace 22 años llegó Liliana Valdés, una madre cabeza de familia de cinco hijos quien, además, es fundadora del barrio. De manera informal, se instalaron en una finca. Armaron sus casas con lo que pudieron: teja, plástico, luego de ladrillo, cemento y zinc. A punta de rifas y colectas, recogieron el dinero suficiente para comprar el terreno, entonces nació Villa Jardín, un caserío cercano a la zona urbana del pueblo. Pero llegaron los problemas, pues esa tierra tenía dos dueños.
“Cuando pasaron casi cinco años, a cada ratico venía el Esmad a sacarnos con gases lacrimógenos. Entonces esos dueños de las tierras tuvieron compasión con nosotros, porque a pesar de que teníamos invadidas sus fincas, nos dejaron comprarles la tierra”, cuenta Liliana. De esta manera, ella y los otros pobladores compraron juntos el predio a nombre de un líder de la comunidad en ese momento, pues todavía no tenían una formalización y por ello tampoco podían agruparse como una Junta de Acción Comunal (JAC).
Cuando de forma colectiva compraron la tierra, se enteraron de que el terreno era mucho más extenso de lo que pensaban. Por ello, decidieron que aquellas personas que ya habían pagado su parte para la compra, tendrían un pedazo adicional. Sin embargo, varios lotes quedaron sin dueños por falta de pagos o porque ya habían vendido su casa de forma informal. De tal forma que esos predios sin papeles quedaron como propiedad de la comunidad. Eso fue hace 18 años, desde que comenzó ese pleito, que apenas comienza a ver solución.
“Lo más importante fue que nunca, por la gracia de Dios, nos hemos rendido. Hemos estado constantes ahí en la lucha, unidos como comunidad”, cuenta Ninfa Valencia, una madre de tres niños quien llegó desde que comenzó ese conflicto con el barrio y también se considera fundadora. Esa unión comunitaria permaneció todos estos años. Hasta que, en 2024, llegó el programa de Nuestra Tierra Próspera y se encontró con esas dificultades.
Fue en ese momento que los dueños de cada predio, líderes y gestores comunitarios les dijeron a las profesionales del programa que faltaban unos pagos por esos predios que vendieron a otros habitantes de la misma comunidad. Muchos ni papeles tenían, eran negocios de palabra. Entonces la Junta de Acción Comunal, integrada por solo mujeres, se puso en la tarea documentar el incumplimiento de algunos pagos. En complemento, las profesionales del proyecto, identificaron de cada terreno, contando cada detalle, si había plantas, construcciones, cultivos y demás. Con ese análisis, concluyeron que 16 personas tenían inconvenientes con sus hogares y procedieron a apoyar con una de las jornadas de conciliación.
En este caso, Ligia Mirella Ospina, una reconocida conciliadora en equidad del pueblo, quien apoyó el caso, cuenta que con esas jornadas la gente comprendió la importancia de legalizar sus predios. “Me gustó que las personas con tierras pudieron tener conocimiento y concienciarse de la necesidad de legalizar sus propiedades. Llegaban con una disposición espectacular a la hora indicada. Especialmente, hubo un caso de una señora que vendía chontaduro y dijo: ‘Gracias, doña Mirella, porque yo esperaba esto. Uno después se muere y queda todo en el aire, y los hijos no deben venir a reclamar; alguien más llega y se aprovecha’”.
Junto con las demás mujeres de la JAC, como Liliana y Ninfa, la comunidad se integró más en el cuidado y la protección de la urbanización. Mientras realizan el proceso para titular sus tierras y que se les reconozca como propietarios ante la Agencia Nacional, siguen trabajando para que se cumplan unas reglas de convivencia y se sigan fortaleciendo las relaciones vecinales. “Creo que lo mejor que pasó entre ellos, es que a partir de ese ejercicio hayan podido fortalecer relaciones”, concluye sobre este caso Fernanda Preciado, quien hace parte de la dupla que acompañó a los pobladores como trabajadora social.
El arraigo por la tierra
Así como la comunidad de Villa Jardín, de forma individual, Óscar Landazuri, un residente de la región, cuenta desde el arraigo y el amor por su tierra cómo una ocupación ilegal le trajo un conflicto que ha avanzado en su solución gracias a la unión de estos dos programas. Su finca Las Delicias, la cual adquirió su abuelo en 1952, pasó por varios desafíos. El primero, cuando por acciones ilegales de un administrador toda su familia perdió el dominio del terreno, y tras un proceso legal que duró 11 años logró recuperar. El segundo y el que vive actualmente, fue cuando personas desplazadas ocuparon una parte de la finca y, aunque él no desea expulsarlos, sí busca recuperar una parte de los impuestos que ha pagado sobre esa extensión.
A pesar de los obstáculos, Landazuri sigue esperanzado en resolver este problema y en continuar con el desarrollo de su finca, sembrando palma y cacao. Su historia y la de Villa Jardín reflejan las dificultades y los avances en la lucha por la legalización de tierras en Colombia. Para ellos, tener la tierra más que poder subsistir y tener un hogar es ser parte de algo, habitar y cuidar el campo. Por ahora, Tumaco no solo avanza en la formalización de tierras, sino también en la construcción de una comunidad más unida, sentando un precedente para futuros esfuerzos para resolver conflictos agrarios en otras regiones del país.
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