La “conversa”: dialogar para destrabar la restitución de tierras de pueblos étnicos

Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) define el territorio como un “espacio vivo que habla” y que ordena la vida de los pueblos indígenas. Entretanto, quienes han tenido que resolver las 578 solicitudes de restitución de tierras que han iniciado distintos pueblos indígenas afectados por el conflicto armado, son jueces y funcionarios que entienden esos lugares como predios, ordenados por el derecho civil. Ese profundo tajo, que separa a dos cosmovisiones, podría hacerse más pequeño.

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La CNTI, que coordina Niño, ha documentado cómo en 12 años de la Ley de Víctimas, apenas 21 de los procesos comenzados por los pueblos indígenas han terminado en fallos de restitución. Además, han diagnosticado las trabas, las causas de las demoras y un factor que él considera fundamental, según le dijo a El Espectador: “no se ha fortalecido en los jueces y magistrados el conocimiento de la diversidad étnica”. Eso, a su juicio, genera un desconocimiento sobre lo que significa el territorio para ellos.

Niño les explicó estas falencias, de su propia voz, a jueces, funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), y otros líderes étnicos, en un evento en Medellín. “Entender la relación intrínseca, cercana, entre el ser humano y el entorno, es fundamental para poder garantizar derechos a los pueblos indígenas”, explicó el coordinador de la CNTI sobre este espacio, que pretende agilizar el trámite de los procesos de restitución que involucran a pueblos indígenas, negros y rom.

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Giovani Yule, director de la URT, le aseguró a El Espectador que cuando llegó a la entidad, en agosto pasado, se topó con que el procesamiento de solicitudes de pueblos étnicos “estaba totalmente rezagado”. La entidad apenas había avanzado en el 3% de los procesos que involucraban a comunidades indígenas, negros y rom; y, además, había programas a los que podían acceder los campesinos, pero no los pueblos étnicos. Yule, indígena nasa comprometido con la liberación de la tierra, decidió transformar todo esto.

“Teníamos que hacer un ejercicio de armonizar y armonizar que tanto indígenas, afros y campesinos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades”, explicó el director de la URT. Sin embargo, en la entidad también son conscientes de que no están solos en el proceso de restitución: la Unidad documenta el caso y, si encuentra evidencias de que hubo despojo, le presenta el caso a un juzgado o tribunal de restitución. El juez estudia el expediente y emite un fallo con órdenes a la Unidad, a la Agencia de Tierras o las demás entidades que considere. Pero esas partes no conversan entre sí.

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Eso fue lo que se propusieron hacer: una “conversa”, como dice Yule. Uno de los invitados, precisamente, fue Niño, quien expuso las fallas que ha identificado la CNTI en cada uno de los pasos de la restitución para los pueblos étnicos. En el primero, Niño dice que la Unidad “como tal, tiene que transformarse en cómo garantiza nuestros derechos”. En segundo lugar, de los 21 fallos de los que tienen registro, han identificado que muchas de las órdenes que dan los jueces tienen un escaso cumplimiento. Y, finalmente, considera que hay un escaso seguimiento posfallo.

Por ejemplo, explicó Niño, “muchas órdenes judiciales recaían en la Agencia Nacional de Tierra: 18 sentencias en total y no se tenía el trato diferencial en la entidad de que ya se había surtido un proceso de reconocimiento de la víctima, la caracterización, la etapa judicial y el posfallo”. Esas órdenes llegan a la entidad como una solicitud más de acceso a la tierra, en lugar de reconocer todo el proceso y el desgaste judicial que han tenido que atravesar los pueblos étnicos demandantes para acceder a su derecho al territorio.

“Los jueces tomarán la decisión en su autonomía”, explicó Yule, “pero la idea es que sea una decisión afianzada en la posibilidad que sea en derecho y en justicia social”. De allí que, junto al Consejo Superior de la Judicatura y al Programa Justicia Inclusiva de USAID, comenzaron a fomentar espacios de encuentro entre los jueces, los pueblos indígenas y funcionarios de la URT; como en el que participó Camilo Niño.

“Esta conversa con la rama judicial es muy importante porque yo vengo del pueblo indígena nasa, vengo del territorio y confío en que si hacemos una conversa de los jueces en el territorio con las comunidades podemos tener más elementos que nos puedan dar unas decisiones más armonizantes y que puedan solucionar muchos de los problemas en los territorios”, añadió Yule sobre estos espacios. Niño, por su parte, dijo al finalizar el diálogo con este diario que a pesar del diagnóstico preocupante, ve “una luz” en cómo se comienza a abordar la restitución para los pueblos étnicos.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador

Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) define el territorio como un “espacio vivo que habla” y que ordena la vida de los pueblos indígenas. Entretanto, quienes han tenido que resolver las 578 solicitudes de restitución de tierras que han iniciado distintos pueblos indígenas afectados por el conflicto armado, son jueces y funcionarios que entienden esos lugares como predios, ordenados por el derecho civil. Ese profundo tajo, que separa a dos cosmovisiones, podría hacerse más pequeño.

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La CNTI, que coordina Niño, ha documentado cómo en 12 años de la Ley de Víctimas, apenas 21 de los procesos comenzados por los pueblos indígenas han terminado en fallos de restitución. Además, han diagnosticado las trabas, las causas de las demoras y un factor que él considera fundamental, según le dijo a El Espectador: “no se ha fortalecido en los jueces y magistrados el conocimiento de la diversidad étnica”. Eso, a su juicio, genera un desconocimiento sobre lo que significa el territorio para ellos.

Niño les explicó estas falencias, de su propia voz, a jueces, funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), y otros líderes étnicos, en un evento en Medellín. “Entender la relación intrínseca, cercana, entre el ser humano y el entorno, es fundamental para poder garantizar derechos a los pueblos indígenas”, explicó el coordinador de la CNTI sobre este espacio, que pretende agilizar el trámite de los procesos de restitución que involucran a pueblos indígenas, negros y rom.

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Giovani Yule, director de la URT, le aseguró a El Espectador que cuando llegó a la entidad, en agosto pasado, se topó con que el procesamiento de solicitudes de pueblos étnicos “estaba totalmente rezagado”. La entidad apenas había avanzado en el 3% de los procesos que involucraban a comunidades indígenas, negros y rom; y, además, había programas a los que podían acceder los campesinos, pero no los pueblos étnicos. Yule, indígena nasa comprometido con la liberación de la tierra, decidió transformar todo esto.

“Teníamos que hacer un ejercicio de armonizar y armonizar que tanto indígenas, afros y campesinos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades”, explicó el director de la URT. Sin embargo, en la entidad también son conscientes de que no están solos en el proceso de restitución: la Unidad documenta el caso y, si encuentra evidencias de que hubo despojo, le presenta el caso a un juzgado o tribunal de restitución. El juez estudia el expediente y emite un fallo con órdenes a la Unidad, a la Agencia de Tierras o las demás entidades que considere. Pero esas partes no conversan entre sí.

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Eso fue lo que se propusieron hacer: una “conversa”, como dice Yule. Uno de los invitados, precisamente, fue Niño, quien expuso las fallas que ha identificado la CNTI en cada uno de los pasos de la restitución para los pueblos étnicos. En el primero, Niño dice que la Unidad “como tal, tiene que transformarse en cómo garantiza nuestros derechos”. En segundo lugar, de los 21 fallos de los que tienen registro, han identificado que muchas de las órdenes que dan los jueces tienen un escaso cumplimiento. Y, finalmente, considera que hay un escaso seguimiento posfallo.

Por ejemplo, explicó Niño, “muchas órdenes judiciales recaían en la Agencia Nacional de Tierra: 18 sentencias en total y no se tenía el trato diferencial en la entidad de que ya se había surtido un proceso de reconocimiento de la víctima, la caracterización, la etapa judicial y el posfallo”. Esas órdenes llegan a la entidad como una solicitud más de acceso a la tierra, en lugar de reconocer todo el proceso y el desgaste judicial que han tenido que atravesar los pueblos étnicos demandantes para acceder a su derecho al territorio.

“Los jueces tomarán la decisión en su autonomía”, explicó Yule, “pero la idea es que sea una decisión afianzada en la posibilidad que sea en derecho y en justicia social”. De allí que, junto al Consejo Superior de la Judicatura y al Programa Justicia Inclusiva de USAID, comenzaron a fomentar espacios de encuentro entre los jueces, los pueblos indígenas y funcionarios de la URT; como en el que participó Camilo Niño.

“Esta conversa con la rama judicial es muy importante porque yo vengo del pueblo indígena nasa, vengo del territorio y confío en que si hacemos una conversa de los jueces en el territorio con las comunidades podemos tener más elementos que nos puedan dar unas decisiones más armonizantes y que puedan solucionar muchos de los problemas en los territorios”, añadió Yule sobre estos espacios. Niño, por su parte, dijo al finalizar el diálogo con este diario que a pesar del diagnóstico preocupante, ve “una luz” en cómo se comienza a abordar la restitución para los pueblos étnicos.

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