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En abril de 2024, se escucharon los aplausos de casi medio millón de mujeres buscadoras. Los ecos de la celebración fueron gracias a la aprobación de una ley que pretende hacer justicia por las violencias a las que las mujeres han sido sometidas en la búsqueda de sus familiares. Han pasado ocho meses desde ese momento histórico, pues la ley busca enmendar los errores que permitieron que mientras ellas hacían sus rastreos, sean encarceladas, agredidas sexualmente, desplazadas, exiliadas y además, obligadas a convivir con la frustración de no haber hallado a su familiar. Pero para ellas, la ilusión ha mutado en desesperanza y desconcierto.
El Espectador escuchó a las voceras de las organizaciones de mujeres buscadoras para conocer en qué va la implementación de esta ley y cuáles son sus preocupaciones para que cuatro décadas de impunidad frente a la desaparición forzada puedan, o no, resolverse.
Su desasosiego persiste porque el tiempo avanza, pero los procesos para encontrar a sus familiares no lo hacen de la misma manera. Añadido a que la guerra continúa y los actores armados aún utilizan la desaparición forzada como estrategia de guerra, pues cada 36 horas, en promedio, se da un nuevo caso, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.
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“Me envejecí buscando, me empobrecí buscando, me enfermé buscando y puse en riesgo a mis hijos, también buscando. Lo único que quiero es que a mis 64 años, encuentre a mis dos hermanos”, cuenta Luz Dary Santiesteban, mujer buscadora que ha recorrido esteros, manglares e islas del pacífico para intentar encontrar a sus familiares.
Del dicho al hecho
La aprobación de la Ley de Mujeres Buscadoras a inicios de 2024 supuso romper un paradigma de revictimización que al menos 400.000 mujeres han sufrido por buscar a sus familiares. El texto, que deambuló casi dos años por los pasillos del Congreso, fue calificado en palabras de Yanette Bautista, hermana buscadora y redactora de la ley, como “un hecho de justicia y reivindicación (...). Siempre pusimos a los desaparecidos en el centro y orbitamos alrededor de ellos, pero nosotras nos fuimos envejeciendo y desgastando con la búsqueda”.
Pero lo cierto es que poco o nada se ha cumplido para estas mujeres que vieron una luz de esperanza en su camino de búsqueda, tanto de justicia como de sus desaparecidos, aseguran. Y es entendible, si se tienen en cuenta otras legislaciones relativas a reestablecer derechos o deudas de décadas: la Ley de Utilidad Pública, que busca hacer justicia restaurativa con madres cabeza de hogar privadas de la libertad, lleva casi dos años en vigencia, pero hasta el momento solo ha sido implementada en un 1,6 %, según cifras de Minjusticia y el centro de investigaciones Dejusticia.
La Ley de Buscadoras, por ejemplo, estableció en 23 artículos medidas de justicia, reparación, protección, atención psicosocial y no repetición para estas mujeres. Ordena, entre otras cosas, que el Estado, que en el pasado ignoró el dolor de las buscadoras, enmiende los daños y ofrezca, aunque tarde, reconocimiento y atención estatal.
Por ejemplo, se les reconoció como sujetos de especial protección constitucional, igual que a los grupos indígenas, afro o los niños. A la Unidad Nacional de Protección se le decretó encargarse de su protección, para que mientras busquen no sean agredidas sexualmente, como ya ha sucedido, o ser testigos de una nueva desaparición forzada en el seno de su familia. También se ordenó que reciban atención médica y psicosocial, pues la búsqueda de años o décadas detonaron en ellas enfermedades terminales o derivadas de somatizar el dolor.
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Fabiola Lalinde, considerada como la “sirirí” de la búsqueda, contrajo lupus a causa de 30 años de estrés por la desaparición de su hijo. Paulina Mahecha, madre buscadora desde hace 20 años en Guaviare, asegura que está viviendo los síntomas iniciales de un cáncer de estómago. “Nisiquiera en los sueños dejo de buscarla. No sé qué más me queda para hacer. ¿Será morirme? Estoy preparada”, cuenta Paulina con frustración por no tener los restos de su hija María Cristina Cobos, desaparecida en 2004.
En una audiencia pública a inicios de diciembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hizo un llamado de atención sobre la implementación de la ley. Para el tribunal de justicia transicional, no todo son saldos en rojo para ofrecer alivio al dolor de estas mujeres, pero hay que apretar el acelerador. Algunas entidades, como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), han implementado la búsqueda inversa, mientras que la mayoría de las instituciones aseguraron ya tener en marcha capacitaciones con enfoque de género para atender a las buscadoras. La Unidad de Víctimas abrió sus despachos para incluir en sus registros a mujeres que por décadas han alegado que son víctimas indirectas, pero no fueron acreditadas como tal.
El Ministerio de Justicia, por su parte, ha recorrido 21 epicentros de desaparición, como Buenaventura, Medellín, Barrancabermeja o Apartadó, para escuchar a las buscadoras y presentar en 2025 una política pública que descongestione las trabas estatales; mientras que la Fiscalía aseguró haber incluido en sus registros criminales la categoría de “mujer buscadora” para agilizar las investigaciones y toma de declaraciones.
La Sección de Ausencia y Reconocimiento de la JEP citó a 14 entidades del Estado, entre ministerios, entes de control y entidades como la UNP, Unidad de Víctimas, Fiscalía y UBPD. A la mayoría de ellas les hizo un “jalón de orejas”, pues ocho meses después de proferida la ley, los funcionarios aún no han incorporado, sea por presupuesto, coordinación entre instituciones o voluntad, las directrices de la Ley.
“El éxito de la Ley depende de una implementación eficaz; que no quede en letra muerta o buenas intenciones”, apuntó el magistrado de la JEP, Raúl Sánchez.
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La telaraña institucional
Hallar a los 111.000 desaparecidos que hay registrados en la UBPD no es el único cuello de botella que tiene el Estado para ofrecer justicia a las mujeres buscadoras. Hay quienes, incluso luego de 20 o 30 años de hacer activismo y búsqueda de sus familiares, aún no son acreditadas como “víctimas” por la Unidad de Víctimas. Yanette Bautista, por ejemplo, recibió su credencial de víctima indirecta de desaparición forzada solo hasta octubre de este año, aún cuando su hermana, Nydia Érika, fue raptada, asesinada y desaparecida en 1987. Sin la acreditación no pueden entrar al Registro único de Víctimas; y sin pertenecer a esa base de datos, quedan aisladas de indemnizaciones, medidas de protección o acciones que intenten reestablecer los derechos que la guerra les quitó.
En la audiencia de la JEP se rescató que las medidas cautelares (órdenes judiciales para proteger cementerios, restos y zonas de interés forense) han sido una medida importante para avanzar en la búsqueda. Un ejemplo de ello fue el hallazgo de las primeras estructuras óseas en La Escombrera, en Medellín. Pero falta más para que las mujeres empiecen a hablar de justicia en sus casos.
Luz Dary Santiesteban, de Buenaventura, comenta: “Busco a mis hermanos en los indigentes de la calle, en todos los rostros que veo. No tenemos pensión, derechos, indemnizaciones ni seguridad social. Para mí la justicia, va a ser ese día ese día que alguien me diga: ´vea, aquí están sus hermanos. Esos que ni su papá, ni su mamá lograron encontrar en vida´. Allí podré hacer mi duelo y mi acogida”.
Pero hay otros enredos institucionales aún más difíciles de superar para que se implemente la Ley. Mariana Ardila, encargada de justicia transicional de la Defensoría, asegura que se tienen que hacer ajustes de forma y fondo para cumplirle a las buscadoras. Para la abogada, aunque hay algunos avances, aún no se han cumplido los pasos mínimos para empezar a garantizar los derechos reconocidos por la ley, como por ejemplo un Registro Único de Mujeres Buscadoras, pues esa calidad permitirá el acceso a aspectos de salud, vivienda, educación o atención psicosocial.
“Las mujeres buscadoras son, también, defensoras de derechos. Pero, ¿cómo se protegen esos liderazgos si desde la Unidad Nacional de Protección no se ha logrado un enfoque de género fuerte para cuidarlas? También hay que pensar cómo las entidades empiezan a funcionar para atender a estas mujeres y no revictimizarlas más”, comenta Ardila.
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En la audiencia de la JEP, Andrea Rojas, que maneja litigios de casos de desaparición forzada, denunció que este año, luego de promulgada la ley, recibió la respuesta de un funcionario estatal que comentó: “¿Mujeres buscadoras? Eso es un cuento de la Fundación Nydia Érika Bautista y la Unidad de Víctimas”.
La Ley, que obliga al Estado a incluir a las buscadoras en los comités de búsqueda y en las tomas de decisiones, también se ha quedado en el papel, dice Cleiner Almanza, que cumplió tres décadas tras los rastros de su hermano. “Casi todas las semanas hacemos encuentros, mesas interinstitucionales y actividades de víctimas. Pero cuando intentamos hacer que el gobernador de Bolívar, o los alcaldes nos atiendan, continúa el mismo juego de ignorarnos. Este año prácticamente terminó, pero lo único que yo quiero es poder buscar sin ser amenazada o perseguida. Ya no se sabe cuál va a ser el día que Dios venga a recogerme, pero está cerca y sigo sin encontrar a mi hermano”, aclara.
Tiempo en contra
La mayor preocupación de las buscadoras es que la muerte llegue antes que la justicia o del hallazgo de su familiar, pues hay madres que iniciaron sus rastreos desde la década de los 80 y en la actualidad superan el umbral de los 70 años. Y casos se han visto. Jaime Peña murió en tiempos de pandemia sin conocer qué sucedió con su hijo, desaparecido en la masacre de Barrancabermeja de 1988 y sin poder darle, como aseguró antes de ser sepultado, “una despedida digna a mi muchacho”. Pero hay casos más recientes, como la muerte de Luz Ángela Velásquez, buscadora de La Escombrera que falleció sin conocer el paradero de su esposo, desaparecido hace 20 años.
Pero el tiempo no solo juega en contra de las buscadoras, sino de la posibilidad de encontrar los cuerpos en cementerios, trochas, fosas o camposantos. La JEP asegura que a raíz de sus medidas cautelares se han logrado recuperar 1.350 cuerpos y realizar 87 entregas dignas. Pero el calendario no solo es un reto, sino un aliciente para apresurar esfuerzos, dice Federico Andreu, consultor experto en desaparición forzada de la Comisión de la Verdad. “No es solo hallar justicia y verdad para cada caso puntual, sino que tras 40 años de interrogantes e impunidad, los responsables de cada una de las desapariciones van muriendo o envejeciendo. Y lugares como ríos u hornos crematorios, dejan menos pistas para hallar restos”, explica Andreu.
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De acuerdo con la JEP, la mejor solución para lograr aires de justicia a las buscadoras es una coordinación entre instituciones que facilite las medidas de protección y atención psicosocial. En el tribunal quedó constatado que si el Ejecutivo cumple con sus tareas y los entes de control, como Procuraduría, instan a que las tareas sí se ejecuten, el futuro de las buscadoras puede cambiar y la historia de revictimización quedar como parte del pasado.
“Esta magistratura entiende que por la fecha de aprobación de la ley no se cuente con los presupuestos (…). Reconocemos los avances, pero creemos que no es suficiente en cada una de las entidades”, aclaró la magistrada de la JEP, Reinere Jaramillo.
Incluso quedó en la discusión la importancia de hacer sesiones a través del Consejo Económico, Político y Social (Conpes) para elaborar una política pública que, en los próximos meses, asigne tareas, funciones y presupuestos a las entidades. Pero para hacerlo se necesita tiempo y voluntad política; algo que las buscadoras, según le contaron a este diario, aunque presentes, no están siendo suficientes.
Yanette Bautista, rescata que la aprobación de la Ley se haya convertido en una realidad que las buscadoras soñaron por 40 años. Para ella, la “real justicia”, al igual que para las demás mujeres, llegará el día que quede escrito en la historia que ellas, aún con el Estado, el tiempo y la suerte en contra, pudieron encontrar a sus desaparecidos, despedirlos con cristiana sepultura, y ver que todos esos años, al fin valieron la pena para lograr justicia. Pero debe ser rápido.
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