La entrega de tierras que pone fin a 30 años de peleas territoriales en Cauca
La titulación de 1.434 hectáreas a campesinos, afros e indígenas del norte de Cauca cambia el paradigma de conflictividad que se vive en esa región en torno de la tierra. Esta es la historia de cómo casi medio siglo de agresiones, envenenamientos e incluso masacres se solucionó a través del diálogo.
Tomás Tarazona Ramírez
En la memoria de los caucanos quedará grabado que un día de octubre de 2024, en un inmenso centro de atletismo en Santander de Quilichao, recibieron las tierras que por décadas reclamaron tras el despojo y la desigualdad. El pasado viernes 11 de octubre, El Espectador asistió a una entrega de 1.434 hectáreas de tierra para campesinos, afros e indígenas del norte de Cauca a cargo del Gobierno.
La titulación no solo es un acto de justicia con el pasado de estos grupos que han pasado por desplazamientos, asesinatos y despojos; es además, un manual para que en el norte de Cauca, donde a pocos kilómetros aún se escuchan los estruendos de la guerra, nunca más un problema territorial vuelva a ser solucionado con violencia. Esta es la historia de cómo se llegó a una tregua para que la lucha de los ciudadanos del norte de Cauca sea por producir la tierra y no por defenderla.
El Acuerdo, mediado por la vicepresidenta Francia Márquez desde 2022 es considerado “histórico”, pues reunió a todos los actores de un conflicto que ha dejado agresiones, invasiones y también a quienes han sufrido el despojo, masacres e incluso envenenamientos por intentar poseer la tierra. “Las organizaciones que durante décadas pelearon esta tierra se llevan un pedazo y ahora logran avanzar en sus pretensiones territoriales”, aseguró Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Cronología de un conflicto
Muchos años se necesitaron para que Alfonso Caracas Carabalí, un líder afro que encabeza la Guardia Cimarrona, pudiera ver materializado su pedido de ver las tierras en manos de su comunidad negra. Desde la década de los 80, Carabalí y los otros habitantes negros fueron absorbidos por un conflicto por la tierra que, según recuerda, “ni pedimos entrar, ni nos hemos beneficiado”.
Hay quienes consideran que las peleas por pequeñas parcelas o haciendas en el norte de Cauca comenzaron desde la década de los 70. Por ese entonces, varias comunidades indígenas Nasa lanzaron un grito al cielo y declararon la “Liberación de la Madre Tierra”, que es en pocas palabras, tomar las vías de hecho para recuperar las fincas que según ellos, les fueron despojadas por terratenientes desde la Colonia española, luego por latifundistas y que hasta hace poco, eran propiedad del gremio de la caña de azúcar. Sus líderes argumentaron que con el despojo fueron obligados a vivir en las laderas de las montañas caucanas, que no eran ni planas, ni productivas, ni garantizaban la seguridad alimentaria del pueblo.
Los afros, que en su mayoría han trabajado en los ingenios azucareros, observaban con prevención cómo esas incursiones indígenas exponían su trabajo y su supervivencia. Por su parte, los campesinos reclamaban una mayor igualdad de la tierra, pues Cauca hace parte de los cinco departamentos con más brechas en torno a la tierra. El informe Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de 2009 lo demuestra: para ese año, tan solo el 7 % de los habitantes de Cauca poseía más del 60 % de la tierra, mientras que las comunidades pequeñas y étnicas, que son más del 50 % de la población, con dificultad lograban reunir el 26 % de los terrenos productivos.
Las tensiones por la tierra tuvieron varios capítulos de escalamiento. En 2015, por ejemplo, hubo un desalojo de esas “invasiones” por parte del antiguo Esmad y el Ejército que dejó más de 130 indígenas lesionados, según denunció el Comité Regional Indígena del Cauca en ese momento. El problema llegó incluso a combinarse con la guerra que vive el departamento.
En 1991, pocos meses después de proferida la Constitución, se produjo la masacre de El Nilo: un asesinato masivo de 21 indígenas Nasa que habían ocupado un predio considerado ancestral para ellos, pero que los paramilitares de Fidel Castaño, junto con la Fuerza Pública de Caloto (Cauca), buscaron recuperar a través de las balas. La Nación reconoció su responsabilidad e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso la lupa al caso y encontró que el Estado sí fue responsable por haber mirado hacia otro lado mientras se producía la masacre.
El escenario de todos contra todos no afectó únicamente los derechos humanos en la región, también llegó a sacudir las finanzas de Colombia. Los bloqueos en la vía Panamericana, las invasiones a los predios azucareros y semanas enteras de trabajos congelados causaron que la industria de la caña de azúcar tambaleara en algunos momentos y pusiera en entredicho los 180.000 empleos que genera y el aporte de cerca del 1 % que hace al PIB nacional, como denunció Procaña a inicios de 2024.
Martha Betancourt, directora de Procaña, que reúne a miles de medianos productores de caña, lanzó un nuevo grito de alarma a inicios de este año. “La situación es muy compleja y arrancó con un predio invadido y ahora llevamos más de 5.000 hectáreas (...). Hemos interpuesto más de 700 denuncias ante la Fiscalía”, aseguró en febrero.
Toda esa línea del tiempo llena de conflictos, daños que parecían irreparables y posturas inamovibles es la que acaba de escribir un nuevo capítulo: el de la paz. “Hay casos en que una familia afro o indígena tiene solo seis o siete hectáreas de tierra para producir su alimento, mientras que había una sola persona que poseía 3.000 predios. Cada vez que quedaba una pequeña parcela disponible, es entendible que todos nos peleáramos por tenerla, pues la inequidad es inmensa”, explica el líder Alfonso Caracas Carabalí.
La unión de los legales
¿Cómo en cuestión de dos años se puso fin a décadas de tensiones? Juan Fernando Cristo, ministro de Interior, explicó que todo se debe a una “unión de los legales” en Cauca, que tiene grupos armados en el 85 % de su territorio.
En 2022, el Gobierno Petro, recién llegó a la Casa de Nariño, instaló una mesa interinstitucional para intentar encontrarle salida al laberinto de conflictos en el norte de Cauca. Liderada por Francia Márquez, se invitó a campesinos, afros, indígenas y por supuesto los propietarios de miles de predios donde se produce caña de azúcar, pues sin ellos, cualquier acuerdo iba a quedar huérfano de uno de los principales protagonistas del conflicto.
Durante dos años, más de 69 actores se sentaron en la mesa para discutir el problema y lo más importante, hallarle una salida. Incluso hubo veeduría internacional de MAPP OEA y ONU Derechos Humanos, que felicitaron la instalación de la mesa y como aseguró Juliette de Rivero, alta comisionada de ese organismo, “se convierte en un ejemplo para el Cauca y el resto de Colombia de que los problemas sí pueden solucionarse con diálogo”.
En varios momentos la mesa estuvo a punto de convertirse en un intento fallido más, pues las comunidades étnicas llegaban a su escaño con los recuerdos de haber sido violentados en el pasado, mientras que el sector cañero se mostraba reacio a negociar con aquellas personas que en el pasado entraban a sus predios a incendiar docenas de hectáreas de caña e incluso a agredir a sus trabajadores. Sin emargo, los obstáculos se superaron y llegó la redención para todos con un sabor a justicia.
Algunos de los predios más polémicos causaron discusiones en el centro de la mesa. Por ejemplo, se habló sobre qué hacer con la Finca La Emperatriz, donde se planeó la masacre de El Nilo. Pero también está la Hacienda Canaima, un inmenso lote de Caloto que hace parte del pasado de esclavización que vivieron los grupos afro, pues en el pasado fue un ingenio azucarero que promovió la explotación, y que los indígenas reclamaban como parte de sus “territorios ancestrales”.
“El acuerdo es histórico no solo porque nos reivindica lo que el pasado y la violencia nos quitó, sino porque hubo un enfoque étnico en el que se escuchó cómo la tierra es indispensable para los proyectos de vida de las comunidades afro, indígenas y la subsistencia de los campesinos”, explicó Rubiel Ararat, un indígena Nasa que recibió tierras colectivas en el evento.
Cauca para todos
El acuerdo suscrito por todas las organizaciones que participaron tiene varios ejes para que la tierra nunca más vuelva a ser disputada a través de la violencia en el norte de Cauca. Uno de los más importantes es que, si en el futuro hay nuevos conflictos territoriales, todos deben acudir a instancias de diálogo y mediación para solucionarlos y descartar la vía de las agresiones o las invasiones.
Además, queda sentada la base de que para resolver este tipo de disputas se debe tener un enfoque étnico que garantice los reclamos y necesidades de afros e indígenas. Las tierras entregadas, por ejemplo, se titularán colectivamente a resguardos y consejos comunitarios, pero en la traescena tiene en cuenta que la mayoría de los municipios de Cauca están compuestos por una mayoría de población afro, indígena y campesina que según quedó establecido en el acuerdo “han sido considerados vulnerables e históricamente víctimas del conflicto armado”.
Pero el pacto no solo entrega tierras para que las comunidades dispongan de ellas. Además de eso, el Estado llegará a través de la Agencia de Desarrollo Rural para invertir $15.000 millones en proyectos productivos, vías o equipos agrícolas. Según explicó la ANT, el acuerdo además de hacer las paces en el territorio, pretende cambiar el panorama de vulnerabilidad para 600 familias en esa región.
Luego del evento, Carabalí alzó su bastón de mando y sostuvo la bandera de la Guardia Cimarrona en alto, para decir al aire que, luego de tantas décadas sin tierra y en conflicto, es hasta ahora que las comunidades afro, indígenas y campesinas tienen la oportunidad de vivir en paz. “Esperamos muchos años este momento y estoy convencido de que con tierras y oportunidades para todos nosotros, podemos decir que el conflicto, por más espinoso que sea, sí pudo ser solucionado y nuestros derechos garantizados”, aseguró.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
En la memoria de los caucanos quedará grabado que un día de octubre de 2024, en un inmenso centro de atletismo en Santander de Quilichao, recibieron las tierras que por décadas reclamaron tras el despojo y la desigualdad. El pasado viernes 11 de octubre, El Espectador asistió a una entrega de 1.434 hectáreas de tierra para campesinos, afros e indígenas del norte de Cauca a cargo del Gobierno.
La titulación no solo es un acto de justicia con el pasado de estos grupos que han pasado por desplazamientos, asesinatos y despojos; es además, un manual para que en el norte de Cauca, donde a pocos kilómetros aún se escuchan los estruendos de la guerra, nunca más un problema territorial vuelva a ser solucionado con violencia. Esta es la historia de cómo se llegó a una tregua para que la lucha de los ciudadanos del norte de Cauca sea por producir la tierra y no por defenderla.
El Acuerdo, mediado por la vicepresidenta Francia Márquez desde 2022 es considerado “histórico”, pues reunió a todos los actores de un conflicto que ha dejado agresiones, invasiones y también a quienes han sufrido el despojo, masacres e incluso envenenamientos por intentar poseer la tierra. “Las organizaciones que durante décadas pelearon esta tierra se llevan un pedazo y ahora logran avanzar en sus pretensiones territoriales”, aseguró Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Cronología de un conflicto
Muchos años se necesitaron para que Alfonso Caracas Carabalí, un líder afro que encabeza la Guardia Cimarrona, pudiera ver materializado su pedido de ver las tierras en manos de su comunidad negra. Desde la década de los 80, Carabalí y los otros habitantes negros fueron absorbidos por un conflicto por la tierra que, según recuerda, “ni pedimos entrar, ni nos hemos beneficiado”.
Hay quienes consideran que las peleas por pequeñas parcelas o haciendas en el norte de Cauca comenzaron desde la década de los 70. Por ese entonces, varias comunidades indígenas Nasa lanzaron un grito al cielo y declararon la “Liberación de la Madre Tierra”, que es en pocas palabras, tomar las vías de hecho para recuperar las fincas que según ellos, les fueron despojadas por terratenientes desde la Colonia española, luego por latifundistas y que hasta hace poco, eran propiedad del gremio de la caña de azúcar. Sus líderes argumentaron que con el despojo fueron obligados a vivir en las laderas de las montañas caucanas, que no eran ni planas, ni productivas, ni garantizaban la seguridad alimentaria del pueblo.
Los afros, que en su mayoría han trabajado en los ingenios azucareros, observaban con prevención cómo esas incursiones indígenas exponían su trabajo y su supervivencia. Por su parte, los campesinos reclamaban una mayor igualdad de la tierra, pues Cauca hace parte de los cinco departamentos con más brechas en torno a la tierra. El informe Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de 2009 lo demuestra: para ese año, tan solo el 7 % de los habitantes de Cauca poseía más del 60 % de la tierra, mientras que las comunidades pequeñas y étnicas, que son más del 50 % de la población, con dificultad lograban reunir el 26 % de los terrenos productivos.
Las tensiones por la tierra tuvieron varios capítulos de escalamiento. En 2015, por ejemplo, hubo un desalojo de esas “invasiones” por parte del antiguo Esmad y el Ejército que dejó más de 130 indígenas lesionados, según denunció el Comité Regional Indígena del Cauca en ese momento. El problema llegó incluso a combinarse con la guerra que vive el departamento.
En 1991, pocos meses después de proferida la Constitución, se produjo la masacre de El Nilo: un asesinato masivo de 21 indígenas Nasa que habían ocupado un predio considerado ancestral para ellos, pero que los paramilitares de Fidel Castaño, junto con la Fuerza Pública de Caloto (Cauca), buscaron recuperar a través de las balas. La Nación reconoció su responsabilidad e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso la lupa al caso y encontró que el Estado sí fue responsable por haber mirado hacia otro lado mientras se producía la masacre.
El escenario de todos contra todos no afectó únicamente los derechos humanos en la región, también llegó a sacudir las finanzas de Colombia. Los bloqueos en la vía Panamericana, las invasiones a los predios azucareros y semanas enteras de trabajos congelados causaron que la industria de la caña de azúcar tambaleara en algunos momentos y pusiera en entredicho los 180.000 empleos que genera y el aporte de cerca del 1 % que hace al PIB nacional, como denunció Procaña a inicios de 2024.
Martha Betancourt, directora de Procaña, que reúne a miles de medianos productores de caña, lanzó un nuevo grito de alarma a inicios de este año. “La situación es muy compleja y arrancó con un predio invadido y ahora llevamos más de 5.000 hectáreas (...). Hemos interpuesto más de 700 denuncias ante la Fiscalía”, aseguró en febrero.
Toda esa línea del tiempo llena de conflictos, daños que parecían irreparables y posturas inamovibles es la que acaba de escribir un nuevo capítulo: el de la paz. “Hay casos en que una familia afro o indígena tiene solo seis o siete hectáreas de tierra para producir su alimento, mientras que había una sola persona que poseía 3.000 predios. Cada vez que quedaba una pequeña parcela disponible, es entendible que todos nos peleáramos por tenerla, pues la inequidad es inmensa”, explica el líder Alfonso Caracas Carabalí.
La unión de los legales
¿Cómo en cuestión de dos años se puso fin a décadas de tensiones? Juan Fernando Cristo, ministro de Interior, explicó que todo se debe a una “unión de los legales” en Cauca, que tiene grupos armados en el 85 % de su territorio.
En 2022, el Gobierno Petro, recién llegó a la Casa de Nariño, instaló una mesa interinstitucional para intentar encontrarle salida al laberinto de conflictos en el norte de Cauca. Liderada por Francia Márquez, se invitó a campesinos, afros, indígenas y por supuesto los propietarios de miles de predios donde se produce caña de azúcar, pues sin ellos, cualquier acuerdo iba a quedar huérfano de uno de los principales protagonistas del conflicto.
Durante dos años, más de 69 actores se sentaron en la mesa para discutir el problema y lo más importante, hallarle una salida. Incluso hubo veeduría internacional de MAPP OEA y ONU Derechos Humanos, que felicitaron la instalación de la mesa y como aseguró Juliette de Rivero, alta comisionada de ese organismo, “se convierte en un ejemplo para el Cauca y el resto de Colombia de que los problemas sí pueden solucionarse con diálogo”.
En varios momentos la mesa estuvo a punto de convertirse en un intento fallido más, pues las comunidades étnicas llegaban a su escaño con los recuerdos de haber sido violentados en el pasado, mientras que el sector cañero se mostraba reacio a negociar con aquellas personas que en el pasado entraban a sus predios a incendiar docenas de hectáreas de caña e incluso a agredir a sus trabajadores. Sin emargo, los obstáculos se superaron y llegó la redención para todos con un sabor a justicia.
Algunos de los predios más polémicos causaron discusiones en el centro de la mesa. Por ejemplo, se habló sobre qué hacer con la Finca La Emperatriz, donde se planeó la masacre de El Nilo. Pero también está la Hacienda Canaima, un inmenso lote de Caloto que hace parte del pasado de esclavización que vivieron los grupos afro, pues en el pasado fue un ingenio azucarero que promovió la explotación, y que los indígenas reclamaban como parte de sus “territorios ancestrales”.
“El acuerdo es histórico no solo porque nos reivindica lo que el pasado y la violencia nos quitó, sino porque hubo un enfoque étnico en el que se escuchó cómo la tierra es indispensable para los proyectos de vida de las comunidades afro, indígenas y la subsistencia de los campesinos”, explicó Rubiel Ararat, un indígena Nasa que recibió tierras colectivas en el evento.
Cauca para todos
El acuerdo suscrito por todas las organizaciones que participaron tiene varios ejes para que la tierra nunca más vuelva a ser disputada a través de la violencia en el norte de Cauca. Uno de los más importantes es que, si en el futuro hay nuevos conflictos territoriales, todos deben acudir a instancias de diálogo y mediación para solucionarlos y descartar la vía de las agresiones o las invasiones.
Además, queda sentada la base de que para resolver este tipo de disputas se debe tener un enfoque étnico que garantice los reclamos y necesidades de afros e indígenas. Las tierras entregadas, por ejemplo, se titularán colectivamente a resguardos y consejos comunitarios, pero en la traescena tiene en cuenta que la mayoría de los municipios de Cauca están compuestos por una mayoría de población afro, indígena y campesina que según quedó establecido en el acuerdo “han sido considerados vulnerables e históricamente víctimas del conflicto armado”.
Pero el pacto no solo entrega tierras para que las comunidades dispongan de ellas. Además de eso, el Estado llegará a través de la Agencia de Desarrollo Rural para invertir $15.000 millones en proyectos productivos, vías o equipos agrícolas. Según explicó la ANT, el acuerdo además de hacer las paces en el territorio, pretende cambiar el panorama de vulnerabilidad para 600 familias en esa región.
Luego del evento, Carabalí alzó su bastón de mando y sostuvo la bandera de la Guardia Cimarrona en alto, para decir al aire que, luego de tantas décadas sin tierra y en conflicto, es hasta ahora que las comunidades afro, indígenas y campesinas tienen la oportunidad de vivir en paz. “Esperamos muchos años este momento y estoy convencido de que con tierras y oportunidades para todos nosotros, podemos decir que el conflicto, por más espinoso que sea, sí pudo ser solucionado y nuestros derechos garantizados”, aseguró.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador