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Una vez más reconocemos con profunda admiración y respeto la lucha por la verdad y la justicia que hemos liderado las mujeres y familias buscadoras en La Comuna 13 de Medellín. Los más recientes hallazgos de osamentas en La Escombrera son, además de un avance significativo, una reafirmación de lo que nuestros testimonios y exigencias visibilizaron por décadas: la perpetración de crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos victimizantes, y la negligencia y negacionismo institucional como práctica violenta y revictimizante.
Los avances de los que hoy somos testigos se deben al pulso y a la valentía de las madres, abuelas, esposas, hermanas, hermanos, hijas y familias buscadoras que por décadas hemos permanecido inamovibles en las consignas y exigencias. Fuimos las familias unidas en el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado quienes impulsamos desde el 30 de agosto de 2018 las medidas cautelares adoptadas en el año 2019 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, con el propósito de proteger La Escombrera, en un intento por salvaguardar los derechos de las víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13. Fuimos las mujeres, quienes entre la incertidumbre y la paciencia, presenciamos las labores de prospección que definieron el polígono de intervención; las mismas que, cinco años después de que fueran adoptadas las medidas, y 22 años después de exponer nuestras denuncias con la ocurrencia de los hechos, contemplamos en julio de 2024 el inicio de la excavación con fines forenses.
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Las estructuras óseas que se han encontrado en los últimos días, tras 146 días de trabajo y la remoción de 36.450 metros cúbicos de tierra, han sido el deseo de hallazgo y descubrimiento de familias enteras, durante décadas de impunidad. Dicho transcurrir del tiempo permite confirmar que aquello que algún día nos atrevimos a contar las madres, en medio del relato atroz y violento que arrasó con la presencia de nuestros propios hijos, hijas y familiares, era VERDAD.
“Nos dijeron que estábamos locas”, cuentan algunas; y entonces hoy, más que ayer, el país y el mundo constan de que aquella locura se sobrepuso a lo que administraciones, instituciones y funcionarios públicos se atrevieron a negar; entre expresiones y calificativos que pusieron en duda y en riesgo la salud física, mental y emocional de las personas buscadoras. Ahora, cuando afloran diversas emociones, algunas con nombre propio y otras que aún no encuentran palabra precisa, hay algo en claro: ya no hay duda, no hay negación que arrase con lo caminado, que borre lo vivido.
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La responsabilidad del Estado colombiano es incuestionable; desde los Gobiernos que apadrinaron las órdenes, que actuaron en connivencia con grupos paramilitares, más específicamente con el bloque Cacique Nutibara, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Berna, perpetrando sistemáticamente violaciones a los derechos humanos; hasta la indiferencia cómplice que ha apadrinado el silencio, la mentira y el olvido. Los crímenes perpetrados durante más de 35 operaciones militares entre el 2002 y 2003, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, no pueden ser borrados de la memoria, razón por la que insistimos, hoy más que siempre, en que se reconozca esta responsabilidad y que la justicia y la verdad sigan encontrando camino en la historia.
Por todo lo anterior, reconociendo el rol fundamental de las familias y especialmente de las mujeres buscadoras y defensoras de la vida y la memoria, reafirmamos nuestras demandas al Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia, instituciones a las cuales les hemos exigido el cierre definitivo de La Escombrera como centro de actividad económica de la empresa El Cóndor; consideramos que la continuidad de labores en este lugar simboliza la perpetuación del sufrimiento y de la desestimación del dolor, la incertidumbre y la espera a la que nos hemos visto sometidas las víctimas. Además, no puede omitirse la información que dicha empresa pueda tener sobre la comisión de los hechos victimizantes, menos ahora que son evidentes los hallazgos.
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La Escombrera ha sido titulada en distintos portales y medios como la fosa común urbana más grande del mundo. Nos pronunciamos ante la evidente urgencia porque La Escombrera sea reconocida como un lugar de memoria, en el que se clarifiquen las graves violaciones a los derechos humanos y la perpetración de crímenes de Estado; además de honrar y enaltecer la vida y la memoria de las 502 personas que fueron desaparecidas en la Comuna 13 de Medellín, de manera que, en contrapeso a la mercantilización de la memoria, a la comercialización de la cultura violenta y armada, sea un recordatorio de la importancia y exigencia de las garantías de no repetición.
Finalmente, en continuidad con la intervención, y teniendo presente el encuentro de este jueves 26 de diciembre entre las mujeres, las familias, las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos con representantes de instituciones como la JEP, la UBPD, Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo, esperamos que esta reunión de partes trascienda la línea protocolaria y mediática, y profundice en el compromiso y la deuda histórica que tiene el Estado en cabeza de la institucionalidad con la verdad, la justicia y la reparación, de manera especial y particular con las mujeres que fehacientemente hemos permanecido en la búsqueda de nuestros seres queridos/as y en solidaridad con quienes han encarnado su propia experiencia; siendo nosotras mismas la materialización auténtica de la consigna hecha metáfora: el sol que renace ante la impunidad.
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