El Estado acaba de dar un gran paso para ofrecer justicia a los niños que han sido víctimas de maltrato, abuso y explotación sexual en los últimos años. Desde mayo de 2022, a la Fiscalía le fue ordenada la creación de una unidad especializada en la investigación de los delitos que, a diario, se producen contra niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no fue hasta la semana pasada y tras más de dos años de demoras, que se concretó la creación de esta dependencia.
“La Unidad constituye una oportunidad institucional de fortalecimiento del modelo de investigación focalizado”, dice la resolución de la Fiscalía que le da vida a esta unidad.
La conformación de la Unidad para investigar delitos contra la niñez es considerada como un documento sólido que podría ofrecer respuestas que los niños no encontraron en el pasado tras ser violentados. Por ejemplo, según explica la resolución 0-0268 del ente investigador, se busca acelerar todas las etapas de justicia cuando haya un presunto caso de agresión. Es decir que la indagación, imputación y posterior juicio deben agilizarse para que los agresores sean procesados y los niños reciban verdad y reparación.
Precisamente, es en estas primeras etapas de justicia en que hay más demoras. Por ejemplo, los fiscales demoraban hasta tres años para decidir si una persona señalada de agredir sexualmente a una menor de edad, debía ser acusado o la investigación debía archivarse.
La resolución también obliga a que se conforme un grupo interdisciplinario conformado por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación, Policía de Infancia y defensores de familia para que puedan, con prontitud, reunir pruebas y procurar los derechos de los niños.
Pero conformar un grupo de varios expertos no es todo. Según reza la resolución de la Fiscalía, esta Unidad estará bajo las órdenes de otra seccional, la de violencia de género, que permitirá guiar el trabajo de la entidad para identificar con mayor claridad los casos y así investigarlos y procesarlos.
Otro de los puntos será la prevención de las violencias contra los menores. “Se buscará identificar y valorar la existencia de escenarios de riesgo con un enfoque diferencial que contemple la situación de los niños (...) a fin de minimizar la posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes sean o vuelvan a ser víctimas de estas formas de violencia”, explica el documento.
El impacto y las cifras
Esta creación es clave, según explican ONG que velan por los derechos de los niños, porque en la última década Colombia ha visto cómo los delitos contra los menores de edad se han perpetuado y quedan impunes. Por ejemplo, según datos del Instituto Colombiano de Medicina Legal, en los últimos cinco años se han registrado más de 80.000 casos de violencia sexual contra los menores. Estos números no solo hablan de acceso carnal violento, sino, por ejemplo, de otras violencias que son muy comunes, como el matrimonio infantil, la explotación sexual o la trata de niños.
De acuerdo con Aldeas Infantiles, una organización que lleva medio siglo trabajando a favor de los derechos de los niños en Colombia, la epidemia de agresiones contra los menores fue tal, que según sus investigaciones hubo cerca de 60 niños abusados sexualmente a diario durante 2023 en el país. Esto es, en promedio, un caso de violencia cada 30 minutos en un año.
A ese escenario se suma que la justicia tarda entre ocho y 10 años para que sus agresores fueran procesados y algún juez ordenara medidas de reparación por haber sido violentados.
Aunque la creación de la Unidad es considerada como un obstáculo menos para la justicia de los menores de edad, el camino para que se conformara estuvo lleno de tropezones. En mayo de 2022, el Congreso dio luz verde a la ley 2205: una legislación que reconocía que el Estado estaba fallando al investigar la violencia sexual contra los menores y, por ende, ordenó a la Fiscalía crear esa Unidad para saldar esa deuda.
Sin embargo, la Fiscalía no acató las órdenes que le dieron desde el Legislativo y permaneció estática durante un año argumentando, por ejemplo, que “es necesario contratar más personal, por lo que se debe modificar la estructura, planta y funciones de la entidad (...) y esto es un asunto de reserva legal, pues el personal actual está asignado a otros fenómenos criminales que afectan al país”.
El Consejo de Estado concluyó que esos argumentos no eran excusa para que la Fiscalía no creara la Unidad y en febrero de 2024 ordenó al ente investigador concretarlo. Ahora la expectativa está en su ejecución y un cambio significativo en el acceso a la justicia para los menores.
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