La fiscal de la masacre de Chengue que encontró justicia tras 20 años de exilio
Más de dos décadas pasaron para que Mónica Gaitán tuviera respuesta sobre la violencia a la que fue sometida. Tuvo que exiliarse por intentar hacer justicia y, además, condenada a pagar una millonada. La Corte Constitucional acaba de poner punto final a ese efecto dominó de victimizaciones en contra de la exfuncionaria judicial.
Tomás Tarazona Ramírez
La Corte Constitucional acaba de poner punto final a una historia de violencia, revictimización y líos jurídicos con más de 20 años de recorrido. A través de un fallo que dio a conocer la Revista Cambio, el alto tribunal determinó que Mónica Gaitán Muñoz, una exfiscal que fue amenazada, exiliada y condenada, sí tiene derecho a ser reparada por el efecto dominó de agresiones que vivió por intentar hacer justicia a las víctimas de la guerra.
El caso se remonta a 2001, cuando paramilitares del Bloque Montes de María perpetraron una masacre en Chengue (Sucre) que dejó 28 personas muertas y un centenar de desplazados. Gaitán, que para ese entonces era fiscal especializada en derechos humanos, empezó a indagar sobre quiénes eran los responsables y qué cabecillas “paras” podrían ser vinculados a la masacre.
Pero al buscar las piezas para completar el rompecabezas de los culpables, la fiscal y su equipo de investigadores empezaron a ser hostigados por intentar hacer justicia. Por ejemplo, Yolanda Paternina, la segunda al mando de esa investigación y considerada como la mujer que descubrió la “parapolítica”, fue asesinada tan solo siete meses después; otros dos integrantes del CTI de la Fiscalía fueron desaparecidos forzosamente recién comenzaron a indagar.
Mónica Gaitán, por su parte, empezó a recibir “diversas formas de presión” dentro de la Fiscalía y “evidenció episodios de riesgo para su seguridad y la de su familia”, según detalla la Comisión Colombiana de Juristas.
Por esa razón, tuvo que empacar maletas, abandonar su despacho en la Fiscalía y tomar un vuelo junto con sus allegados a Estados Unidos para intentar salvar su vida.
La Corte Constitucional, en una decisión considerada como histórica por colectivos de abogados como FASOL y la CCJ, no solo reconoce que Mónica Gaitán tiene derecho a la reparación, además establece que como funcionaria de justicia, mujer y víctima, fue violentada en varias etapas y que aquellos integrantes del poder judicial, que también han sido exiliados e incluso asesinados, se les debe aplicar el mismo lente para obtener justicia.
El inicio de una violencia
Mónica Gaitán recuerda que antes de renunciar a la Fiscalía, tuvo un enfrentamiento con el fiscal general de ese entonces, el abogado Luis Camilo Osorio, por una orden de captura que estaba pendiente en contra de un funcionario de la Armada.
¿Qué tienen que ver los integrantes de la Fuerza Pública en el caso? Según constató una investigación de la Procuraduría a inicios de siglo, un suboficial de la Armada se reunió con Rodrigo Pelufo, uno de los pesos pesados del paramilitarismo en los Montes de María, horas antes de la masacre del Chengue. Rutas del Conflicto, un portal periodístico que investiga sobre los episodios de la guerra, detalló que, de acuerdo con el informe de la Procuraduría, Pelufo recibió “un fajo de billetes” a cambio de uniformados, armas y municiones por parte de este integrante de la Armada.
Poner sobre la mesa la hipótesis de qué agentes estatales se asociaron con las autodefensas y políticos para cometer la masacre fue, en pocas palabras, el inicio de la violencia de Mónica Gaitán. Incluso, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo elevó esta teoría hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al alegar que los uniformados colombianos no impidieron la masacre y tenían pleno conocimiento de que 80 paramilitares al mando de Pelufo se dirigían a Chengue a asesinar a sus pobladores.
Junto a su equipo, la fiscal empezó a conectar los hilos sobre qué integrantes del Ejército, Policía y Armada tuvieron responsabilidad en la masacre y otros hechos de violencia en la región, ya fuera por acción u omisión. Sin embargo, no pudo completar la investigación, pues Gaitán renunció un año después de la masacre de Chengue de la Fiscalía y viajó a Estados Unidos para comenzar una nueva vida lejos de las amenazas y las presiones.
Desde su exilio, Mónica Gaitán y su familia argumentaron que deben ser reconocidos como víctimas, pues fue precisamente a causa de su trabajo como fiscal e investigadora de la masacre que tuvo que abandonar su vida, hogar y “empezar desde cero en otro país”, según dice Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas.
Los laberintos de la ley
El verdadero problema jurídico para Mónica Gaitán llegó en 2013, cuando regresó a Colombia tras más de una década de exilio y consideró que la nación debía repararla por su violencia y las condiciones que tuvo que pasar en Estados Unidos para sobrevivir. Según ella, no pudo ejercer su carrera de abogada en EE. UU., pues las leyes y el oficio contrastan con la jurisprudencia de Colombia. Además, su esposo, que laboraba como juez, tuvo que dedicarse a labores de limpieza, construcción y trabajos mal remunerados para sostener el núcleo familiar.
Al retornar a Colombia, Gaitán instauró una demanda contra la Nación buscando “reparación por los perjuicios morales, materiales y afectaciones a su vida como consecuencia del exilio”. Su caso no era el único que la justicia colombiana debía resolver, pues según FASOL, una organización que vela por los derechos de los funcionarios judiciales violentados en Colombia, son al menos 1.500 los casos de fiscales, jueces o investigadores que han sido violentados por hacer su trabajo en la Rama Judicial.
El pedido de justicia, inicialmente, fue aceptado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2015 y reconoció que Mónica debía acceder, como cualquier otra víctima, a reparación por haber visto su proyecto de vida afectado, además de las secuelas psicológicas y emocionales que llegaron con el exilio. Pero siete años después, en 2022, el Consejo de Estado determinó que Gaitán y su grito de reparación era inviable, pues se habían vencido los plazos para acceder a ese derecho.
Según dijo el Consejo de Estado, una persona tiene dos años de plazo para demandar y acceder a la reparación. Sin embargo, Mónica hizo su trámite muchos años después, y en otras palabras, su tiempo para acceder a la justicia se había vencido.
La violencia contra Mónica Gaitán no se detuvo con una búsqueda de justicia que le fue negada. Además, el Consejo de Estado determinó en un fallo de segunda instancia que la mujer debía pagar $38 millones de pesos por haber recurrido de forma equívoca a los mecanismos para ser reparada. El argumento principal era que Gaitán pudo haber accedido a la reparación a través de la justicia norteamericana y, además, dentro de los períodos de tiempo establecidos.
“Tuvo que haber existido una perspectiva diferencial en el caso de Mónica al momento de valorar las pruebas. Ella y su familia no salieron del país bajo cualquier circunstancia, sino que lo hicieron a causa de la muy profunda y arraigada violencia a la que fue sometida. Condenarla termina siendo revictimizante porque aparte de funcionaria judicial, es víctima y mujer y esto tiene unos efectos que no fueron valorados al considerar su incapacidad de acudir a la justicia colombiana desde el exterior”, asegura Ana María Rodríguez, de la CCJ, organización que hizo acompañamiento a Gaitán desde su exilio.
El último capítulo de esa oleada de violencias se terminó de escribir hace unos días, cuando la Corte Constitucional aceptó una tutela de Mónica Gaitán en la que fue revictimizada por la justicia y le dio la razón a la exfiscal. La Sala Plena de este tribunal aseguró que el Consejo de Estado incurrió “en una interpretación irrazonable y contraevidente” en el caso de Mónica, pues se basó en tecnicismos para, además de no reconocerla como víctima de violencia, condenarla a pagar por una justicia que nunca encontró.
“El Consejo de Estado no les dio la oportunidad a los actores (Mónica y sus familiares) de explicar si habían enfrentado barreras de acceso a la administración de justicia o si se encontraban en imposibilidad material de ejercer la acción de reparación directa”, explica la decisión de la Corte Constitucional.
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La Corte Constitucional acaba de poner punto final a una historia de violencia, revictimización y líos jurídicos con más de 20 años de recorrido. A través de un fallo que dio a conocer la Revista Cambio, el alto tribunal determinó que Mónica Gaitán Muñoz, una exfiscal que fue amenazada, exiliada y condenada, sí tiene derecho a ser reparada por el efecto dominó de agresiones que vivió por intentar hacer justicia a las víctimas de la guerra.
El caso se remonta a 2001, cuando paramilitares del Bloque Montes de María perpetraron una masacre en Chengue (Sucre) que dejó 28 personas muertas y un centenar de desplazados. Gaitán, que para ese entonces era fiscal especializada en derechos humanos, empezó a indagar sobre quiénes eran los responsables y qué cabecillas “paras” podrían ser vinculados a la masacre.
Pero al buscar las piezas para completar el rompecabezas de los culpables, la fiscal y su equipo de investigadores empezaron a ser hostigados por intentar hacer justicia. Por ejemplo, Yolanda Paternina, la segunda al mando de esa investigación y considerada como la mujer que descubrió la “parapolítica”, fue asesinada tan solo siete meses después; otros dos integrantes del CTI de la Fiscalía fueron desaparecidos forzosamente recién comenzaron a indagar.
Mónica Gaitán, por su parte, empezó a recibir “diversas formas de presión” dentro de la Fiscalía y “evidenció episodios de riesgo para su seguridad y la de su familia”, según detalla la Comisión Colombiana de Juristas.
Por esa razón, tuvo que empacar maletas, abandonar su despacho en la Fiscalía y tomar un vuelo junto con sus allegados a Estados Unidos para intentar salvar su vida.
La Corte Constitucional, en una decisión considerada como histórica por colectivos de abogados como FASOL y la CCJ, no solo reconoce que Mónica Gaitán tiene derecho a la reparación, además establece que como funcionaria de justicia, mujer y víctima, fue violentada en varias etapas y que aquellos integrantes del poder judicial, que también han sido exiliados e incluso asesinados, se les debe aplicar el mismo lente para obtener justicia.
El inicio de una violencia
Mónica Gaitán recuerda que antes de renunciar a la Fiscalía, tuvo un enfrentamiento con el fiscal general de ese entonces, el abogado Luis Camilo Osorio, por una orden de captura que estaba pendiente en contra de un funcionario de la Armada.
¿Qué tienen que ver los integrantes de la Fuerza Pública en el caso? Según constató una investigación de la Procuraduría a inicios de siglo, un suboficial de la Armada se reunió con Rodrigo Pelufo, uno de los pesos pesados del paramilitarismo en los Montes de María, horas antes de la masacre del Chengue. Rutas del Conflicto, un portal periodístico que investiga sobre los episodios de la guerra, detalló que, de acuerdo con el informe de la Procuraduría, Pelufo recibió “un fajo de billetes” a cambio de uniformados, armas y municiones por parte de este integrante de la Armada.
Poner sobre la mesa la hipótesis de qué agentes estatales se asociaron con las autodefensas y políticos para cometer la masacre fue, en pocas palabras, el inicio de la violencia de Mónica Gaitán. Incluso, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo elevó esta teoría hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al alegar que los uniformados colombianos no impidieron la masacre y tenían pleno conocimiento de que 80 paramilitares al mando de Pelufo se dirigían a Chengue a asesinar a sus pobladores.
Junto a su equipo, la fiscal empezó a conectar los hilos sobre qué integrantes del Ejército, Policía y Armada tuvieron responsabilidad en la masacre y otros hechos de violencia en la región, ya fuera por acción u omisión. Sin embargo, no pudo completar la investigación, pues Gaitán renunció un año después de la masacre de Chengue de la Fiscalía y viajó a Estados Unidos para comenzar una nueva vida lejos de las amenazas y las presiones.
Desde su exilio, Mónica Gaitán y su familia argumentaron que deben ser reconocidos como víctimas, pues fue precisamente a causa de su trabajo como fiscal e investigadora de la masacre que tuvo que abandonar su vida, hogar y “empezar desde cero en otro país”, según dice Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas.
Los laberintos de la ley
El verdadero problema jurídico para Mónica Gaitán llegó en 2013, cuando regresó a Colombia tras más de una década de exilio y consideró que la nación debía repararla por su violencia y las condiciones que tuvo que pasar en Estados Unidos para sobrevivir. Según ella, no pudo ejercer su carrera de abogada en EE. UU., pues las leyes y el oficio contrastan con la jurisprudencia de Colombia. Además, su esposo, que laboraba como juez, tuvo que dedicarse a labores de limpieza, construcción y trabajos mal remunerados para sostener el núcleo familiar.
Al retornar a Colombia, Gaitán instauró una demanda contra la Nación buscando “reparación por los perjuicios morales, materiales y afectaciones a su vida como consecuencia del exilio”. Su caso no era el único que la justicia colombiana debía resolver, pues según FASOL, una organización que vela por los derechos de los funcionarios judiciales violentados en Colombia, son al menos 1.500 los casos de fiscales, jueces o investigadores que han sido violentados por hacer su trabajo en la Rama Judicial.
El pedido de justicia, inicialmente, fue aceptado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2015 y reconoció que Mónica debía acceder, como cualquier otra víctima, a reparación por haber visto su proyecto de vida afectado, además de las secuelas psicológicas y emocionales que llegaron con el exilio. Pero siete años después, en 2022, el Consejo de Estado determinó que Gaitán y su grito de reparación era inviable, pues se habían vencido los plazos para acceder a ese derecho.
Según dijo el Consejo de Estado, una persona tiene dos años de plazo para demandar y acceder a la reparación. Sin embargo, Mónica hizo su trámite muchos años después, y en otras palabras, su tiempo para acceder a la justicia se había vencido.
La violencia contra Mónica Gaitán no se detuvo con una búsqueda de justicia que le fue negada. Además, el Consejo de Estado determinó en un fallo de segunda instancia que la mujer debía pagar $38 millones de pesos por haber recurrido de forma equívoca a los mecanismos para ser reparada. El argumento principal era que Gaitán pudo haber accedido a la reparación a través de la justicia norteamericana y, además, dentro de los períodos de tiempo establecidos.
“Tuvo que haber existido una perspectiva diferencial en el caso de Mónica al momento de valorar las pruebas. Ella y su familia no salieron del país bajo cualquier circunstancia, sino que lo hicieron a causa de la muy profunda y arraigada violencia a la que fue sometida. Condenarla termina siendo revictimizante porque aparte de funcionaria judicial, es víctima y mujer y esto tiene unos efectos que no fueron valorados al considerar su incapacidad de acudir a la justicia colombiana desde el exterior”, asegura Ana María Rodríguez, de la CCJ, organización que hizo acompañamiento a Gaitán desde su exilio.
El último capítulo de esa oleada de violencias se terminó de escribir hace unos días, cuando la Corte Constitucional aceptó una tutela de Mónica Gaitán en la que fue revictimizada por la justicia y le dio la razón a la exfiscal. La Sala Plena de este tribunal aseguró que el Consejo de Estado incurrió “en una interpretación irrazonable y contraevidente” en el caso de Mónica, pues se basó en tecnicismos para, además de no reconocerla como víctima de violencia, condenarla a pagar por una justicia que nunca encontró.
“El Consejo de Estado no les dio la oportunidad a los actores (Mónica y sus familiares) de explicar si habían enfrentado barreras de acceso a la administración de justicia o si se encontraban en imposibilidad material de ejercer la acción de reparación directa”, explica la decisión de la Corte Constitucional.
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