La impunidad de la desaparición forzada en Colombia es del 99,86 %, según informe
Un estudio publicado por la ONG Human Rights Everywhere encontró que casi la totalidad de los casos de desaparición forzada permanecen impunes y los familiares de las víctimas, aunque algunos conocen la verdad de lo sucedido, siguen sumidos en escenarios de pobreza, vulnerabilidad y estigma.
Tomás Tarazona Ramírez
No se trata únicamente de encontrar los cuerpos de más de 111.000 personas que la guerra absorbió, desapareció y en la mayoría de los casos, aún mantiene ocultos en los paisajes de Colombia. Tampoco consiste en saber cómo entre un comando de milicianos de las guerrillas, o agentes del Estado en connivencia con grupos paramilitares, se torturó y desvaneció a un ser querido. Aunque la mayoría de los familiares de la desaparición forzada han tenido que conformarse con eso, su pedido de justicia va más allá: exigen que las respuestas llegue a sus vidas tras 20 o 30 años de estar esperándola.
Un informe de la ONG Human Rights Everywhere encontró que el 99,86 % de los casos de desaparición forzada permanecen en la impunidad, ya sea por la ausencia de una condena hacia los responsables, una investigación sería que encuentre quiénes fueron los autores, en el papel y en la realidad del delito, e incluso, de medidas de reparación o indemnización que solventen la espiral de pobreza que las familias sufren tras la desaparición.
La organización, reconocida por ser la primera en utilizar la cartografía para visibilizar la desaparición forzada en Colombia, hace énfasis en que “casi nada ha cambiado” en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares. A través de bases de datos propias y el análisis otros registros estatales, la ONG encontró un balance que deja un sinsabor frente a la desaparición forzada: de al menos 111.640 personas que componen en universo de desaparecidos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, tan solo se han proferido 305 sentencias condenatorias contra los responsables, siendo una gran parte de ellos instituciones del Estado.
Uno de los últimos episodios se dio a mediados de 2024, cuando el Consejo de Estado ratificó la condena en contra de la Nación por haber sido partícipe de la desaparición forzada de un integrante de la Unión Patriótica en 2022 en colaboración con las Autodefensas Unidas de Colombia.
Pero en cuanto a condenas, una gran porción de las pocas que se han emitido han estado dirigidas a funcionarios públicos, especialmente de la Fuerza Pública, por su participación en algunos escenarios de desaparición. En junio de este año, por ejemplo, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme una sanción de 31 años de cárcel contra Iván Ramírez y Fernando Blanco, militares (r) que fueron autores y ejecutores de la desaparición forzada de una estudiante y militante del M-19 cuando el Ejército retomó el Palacio de Justicia, en 1985.
Pero en cuanto a actores criminales, son pocos los avances de la justicia. Ha faltado tiempo y aportes a la memoria para obtener una sentencia en contra de los responsables. Los integrantes de las antiguas Farc, tan solo hasta ahora, están siendo procesados y reconociendo la desaparición forzada y el secuestro en el macrocaso 03 ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Los grupos paramilitares, por su parte, cumplieron 20 años del acuerdo de justicia transicional que, de acuerdo con las víctimas, quedó pendiente de ofrecerles respuestas y reparación.
Así ha sucedido con el caso de Paulina Mahecha, una madre en Guaviare que durante los últimos 20 años de su vida ha intentado obtener un resquicio de justicia por la desaparición forzada de su hija, María Cristina, a manos del Bloque Centauros de las Autodefensas. Aunque conoció lo que sucedió con su hija, la mujer, cercana a los 80 años, dedicó sus pocos ahorros a buscar el cuerpo de su hija y asegura que la pobreza y la vulnerabilidad que vino con la desaparición aún continúan en su vida.
En la presentación del informe, Human Rights Everywhere también hace una señal de alarma por las cifras “oficiales” sobre la desaparición. De acuerdo con la ONG, “se están repitiendo las mismas fallas institucionales que se cometieron en el pasado”, tanto para conocer el universo de víctimas de desaparición, como por parte de las otras entidades, para aliviar el dolor de ese delito y ofrecer delito.
Los laberintos de la justicia
¿Qué es lo que falla? Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda, reconoció que el Estado tardaría cerca de 300 años para encontrar a todos los desaparecidos e incluso, reconocen con franqueza, que hay casos en donde quizá nunca se encuentren los restos, pues fueron desvanecidos en ríos, hornos crematorios o, como detalló la Comisión de la Verdad, enterrados en trochas o montañas que ya no existen.
“Se prioriza entregar cuerpos de forma digna (a cargo de la UBPD), lo que es muy importante, frente a la búsqueda de verdad y justicia (...) En Colombia, desaparecer forzadamente sigue saliendo demasiado barato judicialmente”, explica Francisco Gómez, coordinador de la ONG para Latinoamérica.
Pero según explicó Forero, en Colombia aún se vive un cuello de botella en cuanto a la desaparición forzada, no solo en términos de justicia, sino en cuanto a la estructura. El primer obstáculo ha sido la cantidad inmensurable de casos de desaparición: hay comandantes, tanto guerrillero, militares o de las autodefensas, en los que recaen centenares de casos de desaparición. Estas personas, las que sí han sido condenadas, usualmente reciben las penas de cárcel, pero por otros delitos como masacres, desplazamientos o asesinatos selectivos.
Otro de los cuellos de botella es la recopilación de pruebas que ha tenido la justicia para poder procesar judicialmente a los responsables y conseguirlo en el intento. Federico Andreu, experto en desaparición que fungió como asesor de la Comisión de la Verdad, asegura que hay casos en los que la recopilación de material es prácticamente imposible.
“Entre más viejo sea uno de estos delitos, más difícil va a ser obtener justicia. Pues los culpables envejecen o mueren, los testigos callan y los lugares de la desaparición se modifican. Recordemos que incluso hay confesiones de cuerpos arrojados en helicóptero o restos de personas que alimentaron a los caimanes”, explica Andreu.
Los fenómenos que explica el experto en desaparición, aunque de otras décadas, no han desaparecido. El Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que, en promedio, cada 36 horas de este año hay un nuevo registro de desaparición forzada. Lo que inevitablemente va a seguir congestionando el aparato estatal y con ello, desgastando la esperanza de las víctimas para obtener justicia.
El llamado tanto de Human Rights Everywhere como de los afectados es que se pise el acelerador por parte de todas las organizaciones del Estado para hallar justicia, alivio y reparación a las familias de las víctimas, que en algunos escenarios cumplen más de dos décadas de expectativas incumplidas. El objetivo, eso sí, es que no suceda lo que ya ha pasado con algunos padres que, en los últimos días de su vejez, murieron sin conocer los culpables, encontrar los restos de sus allegados y, peor aún, sabiendo que luego de su muerte, nadie más luchará por exigir justicia por ese delito que hasta el momento permanece impune y en silencio.
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No se trata únicamente de encontrar los cuerpos de más de 111.000 personas que la guerra absorbió, desapareció y en la mayoría de los casos, aún mantiene ocultos en los paisajes de Colombia. Tampoco consiste en saber cómo entre un comando de milicianos de las guerrillas, o agentes del Estado en connivencia con grupos paramilitares, se torturó y desvaneció a un ser querido. Aunque la mayoría de los familiares de la desaparición forzada han tenido que conformarse con eso, su pedido de justicia va más allá: exigen que las respuestas llegue a sus vidas tras 20 o 30 años de estar esperándola.
Un informe de la ONG Human Rights Everywhere encontró que el 99,86 % de los casos de desaparición forzada permanecen en la impunidad, ya sea por la ausencia de una condena hacia los responsables, una investigación sería que encuentre quiénes fueron los autores, en el papel y en la realidad del delito, e incluso, de medidas de reparación o indemnización que solventen la espiral de pobreza que las familias sufren tras la desaparición.
La organización, reconocida por ser la primera en utilizar la cartografía para visibilizar la desaparición forzada en Colombia, hace énfasis en que “casi nada ha cambiado” en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares. A través de bases de datos propias y el análisis otros registros estatales, la ONG encontró un balance que deja un sinsabor frente a la desaparición forzada: de al menos 111.640 personas que componen en universo de desaparecidos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, tan solo se han proferido 305 sentencias condenatorias contra los responsables, siendo una gran parte de ellos instituciones del Estado.
Uno de los últimos episodios se dio a mediados de 2024, cuando el Consejo de Estado ratificó la condena en contra de la Nación por haber sido partícipe de la desaparición forzada de un integrante de la Unión Patriótica en 2022 en colaboración con las Autodefensas Unidas de Colombia.
Pero en cuanto a condenas, una gran porción de las pocas que se han emitido han estado dirigidas a funcionarios públicos, especialmente de la Fuerza Pública, por su participación en algunos escenarios de desaparición. En junio de este año, por ejemplo, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme una sanción de 31 años de cárcel contra Iván Ramírez y Fernando Blanco, militares (r) que fueron autores y ejecutores de la desaparición forzada de una estudiante y militante del M-19 cuando el Ejército retomó el Palacio de Justicia, en 1985.
Pero en cuanto a actores criminales, son pocos los avances de la justicia. Ha faltado tiempo y aportes a la memoria para obtener una sentencia en contra de los responsables. Los integrantes de las antiguas Farc, tan solo hasta ahora, están siendo procesados y reconociendo la desaparición forzada y el secuestro en el macrocaso 03 ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Los grupos paramilitares, por su parte, cumplieron 20 años del acuerdo de justicia transicional que, de acuerdo con las víctimas, quedó pendiente de ofrecerles respuestas y reparación.
Así ha sucedido con el caso de Paulina Mahecha, una madre en Guaviare que durante los últimos 20 años de su vida ha intentado obtener un resquicio de justicia por la desaparición forzada de su hija, María Cristina, a manos del Bloque Centauros de las Autodefensas. Aunque conoció lo que sucedió con su hija, la mujer, cercana a los 80 años, dedicó sus pocos ahorros a buscar el cuerpo de su hija y asegura que la pobreza y la vulnerabilidad que vino con la desaparición aún continúan en su vida.
En la presentación del informe, Human Rights Everywhere también hace una señal de alarma por las cifras “oficiales” sobre la desaparición. De acuerdo con la ONG, “se están repitiendo las mismas fallas institucionales que se cometieron en el pasado”, tanto para conocer el universo de víctimas de desaparición, como por parte de las otras entidades, para aliviar el dolor de ese delito y ofrecer delito.
Los laberintos de la justicia
¿Qué es lo que falla? Luz Janeth Forero, directora de la Unidad de Búsqueda, reconoció que el Estado tardaría cerca de 300 años para encontrar a todos los desaparecidos e incluso, reconocen con franqueza, que hay casos en donde quizá nunca se encuentren los restos, pues fueron desvanecidos en ríos, hornos crematorios o, como detalló la Comisión de la Verdad, enterrados en trochas o montañas que ya no existen.
“Se prioriza entregar cuerpos de forma digna (a cargo de la UBPD), lo que es muy importante, frente a la búsqueda de verdad y justicia (...) En Colombia, desaparecer forzadamente sigue saliendo demasiado barato judicialmente”, explica Francisco Gómez, coordinador de la ONG para Latinoamérica.
Pero según explicó Forero, en Colombia aún se vive un cuello de botella en cuanto a la desaparición forzada, no solo en términos de justicia, sino en cuanto a la estructura. El primer obstáculo ha sido la cantidad inmensurable de casos de desaparición: hay comandantes, tanto guerrillero, militares o de las autodefensas, en los que recaen centenares de casos de desaparición. Estas personas, las que sí han sido condenadas, usualmente reciben las penas de cárcel, pero por otros delitos como masacres, desplazamientos o asesinatos selectivos.
Otro de los cuellos de botella es la recopilación de pruebas que ha tenido la justicia para poder procesar judicialmente a los responsables y conseguirlo en el intento. Federico Andreu, experto en desaparición que fungió como asesor de la Comisión de la Verdad, asegura que hay casos en los que la recopilación de material es prácticamente imposible.
“Entre más viejo sea uno de estos delitos, más difícil va a ser obtener justicia. Pues los culpables envejecen o mueren, los testigos callan y los lugares de la desaparición se modifican. Recordemos que incluso hay confesiones de cuerpos arrojados en helicóptero o restos de personas que alimentaron a los caimanes”, explica Andreu.
Los fenómenos que explica el experto en desaparición, aunque de otras décadas, no han desaparecido. El Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que, en promedio, cada 36 horas de este año hay un nuevo registro de desaparición forzada. Lo que inevitablemente va a seguir congestionando el aparato estatal y con ello, desgastando la esperanza de las víctimas para obtener justicia.
El llamado tanto de Human Rights Everywhere como de los afectados es que se pise el acelerador por parte de todas las organizaciones del Estado para hallar justicia, alivio y reparación a las familias de las víctimas, que en algunos escenarios cumplen más de dos décadas de expectativas incumplidas. El objetivo, eso sí, es que no suceda lo que ya ha pasado con algunos padres que, en los últimos días de su vejez, murieron sin conocer los culpables, encontrar los restos de sus allegados y, peor aún, sabiendo que luego de su muerte, nadie más luchará por exigir justicia por ese delito que hasta el momento permanece impune y en silencio.
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