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“Hay algunos conflictos que se nos vuelven guerra”. Estas palabras, pronunciadas por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante un evento de premiación a estudiantes de colegios de zonas rurales por idear estrategias para resolver problemas en sus instituciones, dan cuenta de cómo las tensiones, por pequeñas que parezcan, siempre pueden evolucionar y tener un mayor alcance. Para evitar ese escenario, la cartera, de la mano del Departamento Nacional de Planeación y el programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), encontraron una solución: los Métodos de Resolución de Conflictos (MRC).
Este concepto, de acuerdo con el ministerio, se define como las herramientas que facilitan el acceso a la justicia a los ciudadanos y que ofrecen diversas oportunidades para solucionar disputas por sí mismas o con la ayuda de un tercero sin la necesidad de acudir a los despachos judiciales. Estos mecanismos, a su vez, son impulsados por la Caja de Herramientas MRC, un instrumento pedagógico y de política pública que busca facilitar su implementación y fomentar el uso de los Métodos de Resolución de Conflictos en todos los municipios del país, principalmente los que estén focalizados con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Pero, ¿para qué sirven estas herramientas? Lo primero que hay que decir es que la Caja de Herramientas MRC es, además, un mecanismo que busca impulsar la construcción de paz y facilitar la convivencia entre la ciudadanía, por lo que serán los alcaldes y las administraciones locales quienes tengan a la mano la hoja de ruta para implementar estos métodos en atención a las necesidades de su población, con el apoyo del Ministerio de Justicia.
(Conozca: Los conciliadores en equidad: cómo resolver conflictos sin que lleguen a jueces)
Los principales métodos para solucionar conflictos sin la necesidad de acudir a funcionarios judiciales son: la conciliación en equidad, la conciliación en derecho, la mediación escolar, la mediación comunitaria y la mediación intercultural. Y aunque pueden tener componentes similares en su ejecución, cada una tiene un fin diferente.
En el caso de los conciliadores, por ejemplo, son personas imparciales y calificadas que apoyan la solución de conflictos entre dos o más partes. Por un lado, los conciliadores en equidad son ciudadanos del común que ejercen esta labor de forma voluntaria, es decir, su ejercicio no es remunerado por el Estado ni por los usuarios que accedan a sus servicios. Esta forma de conciliación busca que las partes involucradas lleguen a un acuerdo, generalmente, basado en las costumbres locales y comunitarias sobre resolución de conflictos.
La conciliación en derecho, por su parte, cuenta con un tercero que, sí o sí, debe ser un abogado y, además, debe acreditar formación en métodos alternativos de solución de conflictos avalada por el Ministerio de Justicia. La diferencia con los conciliadores en equidad radica en que este mecanismo lo ejercen autoridades habilitadas para conciliar, tales como notarios, comisarios de familia y personeros. Los arreglos, producto de la conciliación en este proceso, quedan consignados en un acta, que tendrá los mismos efectos que una sentencia judicial.
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Según cifras de la cartera de Justicia, hasta septiembre de 2023, hay registrados un total de 38.742 conciliadores en derecho, de los cuales 7.798 están adscritos a un centro de conciliación. Además, hay 30.000 estudiantes de consultorio jurídico y 223 judicantes en conciliación. Y, respecto a los conciliadores en equidad, el ministerio cuenta actualmente con 11.155 registrados, de los cuales hay 3.000 activos, es decir, ejerciendo funciones.
En entrevista con este diario, Andrés Peña, director de la división de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia, señaló qué puede y qué no ser conciliable bajo estas dos figuras: “Si estamos hablando de violencia de género o violencia intrafamiliar, no estamos hablando de temas conciliables. Deben tener una revisión distinta y deben tomar una ruta de atención específica. Dentro de nuestras 115 Casas de Justicia hay que identificar si un conflicto se puede llevar al nivel de conciliación”.
“Se puede conciliar temas de arriendos, como sucedió en la pandemia. La gente perdió sus trabajos y se atrasó con los cánones de arrendamiento con sus arrendadores. La conciliación puede arreglar esas figuras. Temas de tránsito: accidentes donde no haya lesión grave ni heridos, que sean choques simples. Temas de linderos que se dan en la ruralidad. Cuando dicen que ‘usted me corrió la cerca, usted está usurpando los frutos de mi árbol’, esos son temas coloquiales que al parecer son muy comunes pero que si se siguen escalando pueden generar violencias, agresiones físicas y mayor conflictividad en un territorio. Si ese proceso pequeño de lindero se arregla a través de una conciliación es perfectamente válido”, agregó Peña.
(Lea la entrevista: Resolver conflictos sin jueces, la apuesta para descongestionar la justicia)
Ya en la práctica, Judith Serna, conciliadora en equidad de Santander de Quilichao (Cauca), en la misma línea de Peña, aseguró, en diálogo con El Espectador en octubre pasado, que en su municipio hay conflictos muy sencillos que se puede resolver por la vía de la conciliación, algo que, además, ayuda a descongestionar los juzgados y la casa de justicia. En su experiencia, ha visto cómo los asuntos de tierras, alimentación y deudas son el “pan de cada día”, no solo en Santander de Quilichao, sino también en municipios aledaños, por lo que junto con sus compañeras conciliadoras decidió transportarse a las veredas más lejanas para conciliar, con el fin de “que a la gente no le quede muy complicado transportarse al casco urbano”.
Otro de los mecanismos que incorporan los MRC es la mediación. Esta se puede desagregar en tres partes: intercultural, comunitaria y escolar. La primera, como su nombre lo indica, busca impulsar una integración cultural y evitar que los conflictos en este plano escalen a la violencia. Además, promueve la convivencia entre diferentes culturas, abriendo la puerta al reconocimiento entre las mismas, al respeto por sus cosmovisiones y a la diversidad. La mediación comunitaria, por otra parte, busca cerrar el círculo para solucionar problemas al interior de una comunidad. Esto, a través de las Juntas de Acción Comunal, comités o asociaciones de base comunitaria.
Si bien ambos mecanismos se han implementado en diferentes territorios con éxito, es la mediación escolar el método en el que más se ha centrado el Ministerio de Justicia, pues, aseguran, desde edades tempranas se puede atacar de raíz los problemas que pueden acabar en violencia. Así lo mencionó el titular de la cartera, Nestor Osuna, en diálogo con este diario el pasado 5 de diciembre: “Mediante la mediación escolar estamos construyendo una sociedad en paz desde su origen: que los niños desde la escuela sean capaces de mediar en conflictos que han surgido entre sus compañeros y que se sientan orgullosos de eso nos indica que vamos en el buen camino de construcción de ciudadanía”.
(Entérese: Mediante la mediación escolar, jóvenes en colegios impulsan la construcción de paz)
Y aunque los mediadores escolares, por lo general, son estudiantes que en los colegios son identificados con aptitudes de liderazgo, también los docentes han entrado a ser parte del juego. Ese es el caso de Petra del Carmen Pérez, docente de ciencias sociales en el colegio José Antonio Galán, en San Pelayo (Córdoba). La profesora Pérez ha sido un faro en la solución de conflictos de diferentes tipos, según dicen los capacitadores y tutores de las jornadas de mediación escolar, apoyadas por el programa Justicia Inclusiva de Usaid. Y no es para menos. Ella ha estado, durante más de 20 años, defendiendo la educación, incluso en momentos cuando el conflicto armado asediaba su territorio.
Para ella, la estigmatización de diferentes poblaciones ha llevado a que los conflictos se agraven y asegura que desde el podio de la docencia se puede ayudar a cambiar esos discursos de violencia. “Poder salir a las calles sin miedo de ser atacados por pensar diferente. Esa es mi visión de país”, dijo. Al igual que en colegios de Montería, en las instituciones de San Pelayo también se reportan conflictos tipo 1 (agresiones, chismes, empujones) según información de la Secretaría de Educación del departamento. Estos problemas son los que mediadores como Pérez están llamados a solucionar. Sin embargo, fuera de las aulas de clase es donde hay problemas más latentes: amenazas, reclutamientos forzados por parte de grupos ilegales y microtráfico.
De esta forma, los métodos de resolución de conflictos se han instaurado en la vida cotidiana de líderes y lideresas sociales y juveniles, que buscan impulsar la construcción de paz y una sana convivencia dentro de sus comunidades, con el fin de acercar cada vez más la justicia a las personas y que los conflictos no lleguen a la cima.
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