“La justicia afro no busca suplantar a la justicia ordinaria”: líder del Chocó

Ramiro Rodríguez lleva décadas siendo uno de los voceros, en materia jurídica, de las necesidades de comunidades negras, afro, raizales y palenqueras del departamento del Chocó. Nació en el municipio de Tanguí, a una hora desde el casco urbano de Quibdó por el río Atrato. Una de sus luchas o banderas más significativas ha sido, justamente, la de ver a su pueblo vivir en paz. En un departamento, sitiado históricamente por guerrillas y con actual presencia del ELN y del Clan del Golfo, su pretensión no es menor.

Sin embargo, una de las prioridades alcanzarlo es, dice, fortalecer el sistema de justicia ancestral afrocolombiano. A diferencia de las comunidades indígenas, en Colombia, la Constitución de 1991 no reconoció la justicia propia de los pueblos negros, a pesar de que llevan ejerciéndola por décadas (o siglos, como dicen ellos). A comienzos de junio, Ramiro tuvo un encuentro con magistrados y jueces del Consejo Seccional de la Judicatura, en medio de un evento organizado por el programa Justicia Inclusiva de Usaid. Allí expresó sus preocupaciones y avanzaron en la construcción de un protocolo de entendimiento.

¿Cómo les fue en el encuentro con autoridades ordinarias y autoridades afro?

Fue un espacio importante porque, tanto las autoridades de justicia ordinaria como las autoridades de la justicia afrocolombiana, raizal y palenquera, determinaron que era necesario juntar esfuerzos para avanzar en un modelo de justicia incluyente. Eso, en la medida en que partimos de que no podemos seguir trabajando con el gobierno y el Estado por fuera de nosotros, como pueblos afros.

Lea: JEP se reunió con autoridades étnicas de Chocó para avanzar en Caso 09

¿A qué conclusiones llegaron?

Quedaron tres cosas claras en ese encuentro. Primero: los jueces entendieron que hay una carencia de la rama judicial en nuestros territorios, porque no hay presencia de ellos y porque quienes aplican justicia son los consejos comunitarios y los resguardos indígenas, con todas las adversidades que se tiene por la presencia de actores armados, pero son una fuerza que con una independencia de los actores armados y sin reconocimiento constitucional del Estado, Estamos aplicando justicia desde la Ley 70 con sus reglamentos internos.

Segundo, se notó por parte de las autoridades de la justicia ordinaria que hubo una aceptación expresa de ese ejercicio y logramos que se defina una comisión de ambas partes para seguir trabajando en el protocolo de entendimiento y armonización con la justicia ordinaria. Eso lo haremos basados en los lineamientos que tenemos desde 2014 y la nueva realidad y coyuntura del país que tenemos en este momento.

Y tercero, que es necesario que los consejos comunitarios podamos revisar qué estamos haciendo con nuestros reglamentos internos, a partir de la misma definición que ha venido acepando la Corte Constitucional y algunos académicos y politólogos, en la medida que si bien no están reconocida la competencia de consejos comunitarios, sí se ha definido que tienen competencia en materia ambiental, política y agraria.

Usted habló de la coyuntura que vive el país, ¿cómo relacionaría usted la importancia de la justicia propia con el tema de paz total?

Sabemos que la justicia es un elemento fundamental para la construcción de paz de este país, entonces allí lo primero fue que se generó un clima de confianza para avanzar en ese diálogo. Desarrollamos una actividad, que lideró el doctor Libardo Ariza, de la Universidad de los Andes, en el que nos mostró un panorama más amplio de cómo operan las justicias especiales en Colombia, a partir de la Constitución del 91, que abrió un camino para que las comunidades, tanto indígenas como afro, tuvieran un mecanismo plural. Basado en una estrategia de litigio que tenemos desde 2014, habíamos tenido una experiencia con el consejo seccional de la judicatura del Chocó que sentó las bases para poder avanzar en este proceso.

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Luego tuvimos la oportunidad de tener una mirada más desde las autoridades étnicas, que eso estuvo en cabeza mía, de poder mostrar realmente cómo las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras vienen aplicando justicia antes de que se denominara la independencia de Colombia. A pesar de haber quedado sin piso constitucional, los consejos comunitarios aplicamos justicia propia. Incluso en medio de la guerra.

¿Cómo van a empezar a trabajar en el protocolo de entendimiento?

En el encuentro quedamos en que los consejos comunitarios deben crear, dentro de su reglamento interno, un capítulo de justicia propia para que tenga un alcance en el marco de lo que tiene que ver con el capítulo étnico del Acuerdo de Paz entre Gobierno y las Farc. Eso significa incluir a la guardia cimarrona como elemento propio de justicia.

Para lograr ese reconocimiento habría que modificar la Constitución...

Lo que nosotros buscamos con la estrategia de litigio que viene apoyando Usaid desde 2019, es la modificación del artículo 246 de la Constitución, donde se reconoce la Jurisdicción Especial Indígena, Lo que nosotros tenemos claro en los debates que se dieron en la Asamblea Nacional Constituyente es que no se hablaba de jurisdicción indígena sino jurisdicción étnica. Pero no teníamos un respaldo o una representación en la Asamblea que diera la firmeza en ese ejercicio, y por eso quedó así.

Creemos que a partir de la estrategia en la que vamos avanzando no requerimos una reforma constitucional, sino que la misma Corte Constitucional module su sentencia y agregue a la Jurisdicción Especial Indígena la justicia propia afrocolombiana. Así mismo fue que logramos la exclusión de negros, afrocolombianos y palenqueros de la obligatoriedad del servicio militar.

Vea: La exigencia de justicia de las personas LGBT que fue escuchada en Montelíbano

¿Y cuál cree que sea el aporte del protocolo de entendimiento para lograr ese fin?

Avanzar en el protocolo nos va a permitir saber los límites de competencia de cada justicia. No nos pueden confundir con las casas de justicia o con los comités locales de justicia, pero sí tiene que haber un reconocimiento en la medida que los procesos en los que empecemos, tengan un respaldo de la justicia ordinaria. Actualmente, nosotros sólo podemos aplicar justicia en materia ambiental, política y agraria, pero la realidad es que los consejos comunitarios llevan décadas aplicando justicia penal. Por eso la necesidad de los protocolos, para establecer la ruta de hasta dónde llega el alcalde en términos de competencia de la justicia propia, para no prevaricar asumiendo casos que no nos competen, ante la ausencia de justicia ordinaria en nuestros territorios. Nosotros en ningún momento buscamos suplantar a la justicia ordinaria, si no que, por el contrario, queremos aportar a la descongestión de los despachos judiciales.

Ustedes, como dice, históricamente han aplicado justicia propia en casos penales. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Recuerdo que una mayora, en medio de la reunión, nos decía que nos tocaba hasta recoger los muertos que dejaba la guerra. Cuando llegaba la justicia ordinaria ya no nos aceptaban ni los testimonios, cuando eso no es una obligación de los consejos comunitarios, pero ante la ausencia del Estado nos tocaba hacerlo. Todos los casos de riñas o pleitos de lesiones personales, antes de que trasciendan a la justicia ordinaria, ya hay un proceso de diálogo con autoridades étnicas para apaciguar esos problemas. Pero claro, cuando eso se desborda, toca darle trámite. Esa es la ruta que se está buscando.

En 2019 elaboramos una cartilla donde documentamos 22 casos de aplicación de casos concretos de justicia propia. En algunos de esos casos, obedecían a una competencia en algunas veces de la justicia ordinaria. Pero ante la ausencia, tocó resolver a la justicia propia afrocolombiana.

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador

Ramiro Rodríguez lleva décadas siendo uno de los voceros, en materia jurídica, de las necesidades de comunidades negras, afro, raizales y palenqueras del departamento del Chocó. Nació en el municipio de Tanguí, a una hora desde el casco urbano de Quibdó por el río Atrato. Una de sus luchas o banderas más significativas ha sido, justamente, la de ver a su pueblo vivir en paz. En un departamento, sitiado históricamente por guerrillas y con actual presencia del ELN y del Clan del Golfo, su pretensión no es menor.

Sin embargo, una de las prioridades alcanzarlo es, dice, fortalecer el sistema de justicia ancestral afrocolombiano. A diferencia de las comunidades indígenas, en Colombia, la Constitución de 1991 no reconoció la justicia propia de los pueblos negros, a pesar de que llevan ejerciéndola por décadas (o siglos, como dicen ellos). A comienzos de junio, Ramiro tuvo un encuentro con magistrados y jueces del Consejo Seccional de la Judicatura, en medio de un evento organizado por el programa Justicia Inclusiva de Usaid. Allí expresó sus preocupaciones y avanzaron en la construcción de un protocolo de entendimiento.

¿Cómo les fue en el encuentro con autoridades ordinarias y autoridades afro?

Fue un espacio importante porque, tanto las autoridades de justicia ordinaria como las autoridades de la justicia afrocolombiana, raizal y palenquera, determinaron que era necesario juntar esfuerzos para avanzar en un modelo de justicia incluyente. Eso, en la medida en que partimos de que no podemos seguir trabajando con el gobierno y el Estado por fuera de nosotros, como pueblos afros.

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¿A qué conclusiones llegaron?

Quedaron tres cosas claras en ese encuentro. Primero: los jueces entendieron que hay una carencia de la rama judicial en nuestros territorios, porque no hay presencia de ellos y porque quienes aplican justicia son los consejos comunitarios y los resguardos indígenas, con todas las adversidades que se tiene por la presencia de actores armados, pero son una fuerza que con una independencia de los actores armados y sin reconocimiento constitucional del Estado, Estamos aplicando justicia desde la Ley 70 con sus reglamentos internos.

Segundo, se notó por parte de las autoridades de la justicia ordinaria que hubo una aceptación expresa de ese ejercicio y logramos que se defina una comisión de ambas partes para seguir trabajando en el protocolo de entendimiento y armonización con la justicia ordinaria. Eso lo haremos basados en los lineamientos que tenemos desde 2014 y la nueva realidad y coyuntura del país que tenemos en este momento.

Y tercero, que es necesario que los consejos comunitarios podamos revisar qué estamos haciendo con nuestros reglamentos internos, a partir de la misma definición que ha venido acepando la Corte Constitucional y algunos académicos y politólogos, en la medida que si bien no están reconocida la competencia de consejos comunitarios, sí se ha definido que tienen competencia en materia ambiental, política y agraria.

Usted habló de la coyuntura que vive el país, ¿cómo relacionaría usted la importancia de la justicia propia con el tema de paz total?

Sabemos que la justicia es un elemento fundamental para la construcción de paz de este país, entonces allí lo primero fue que se generó un clima de confianza para avanzar en ese diálogo. Desarrollamos una actividad, que lideró el doctor Libardo Ariza, de la Universidad de los Andes, en el que nos mostró un panorama más amplio de cómo operan las justicias especiales en Colombia, a partir de la Constitución del 91, que abrió un camino para que las comunidades, tanto indígenas como afro, tuvieran un mecanismo plural. Basado en una estrategia de litigio que tenemos desde 2014, habíamos tenido una experiencia con el consejo seccional de la judicatura del Chocó que sentó las bases para poder avanzar en este proceso.

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Luego tuvimos la oportunidad de tener una mirada más desde las autoridades étnicas, que eso estuvo en cabeza mía, de poder mostrar realmente cómo las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras vienen aplicando justicia antes de que se denominara la independencia de Colombia. A pesar de haber quedado sin piso constitucional, los consejos comunitarios aplicamos justicia propia. Incluso en medio de la guerra.

¿Cómo van a empezar a trabajar en el protocolo de entendimiento?

En el encuentro quedamos en que los consejos comunitarios deben crear, dentro de su reglamento interno, un capítulo de justicia propia para que tenga un alcance en el marco de lo que tiene que ver con el capítulo étnico del Acuerdo de Paz entre Gobierno y las Farc. Eso significa incluir a la guardia cimarrona como elemento propio de justicia.

Para lograr ese reconocimiento habría que modificar la Constitución...

Lo que nosotros buscamos con la estrategia de litigio que viene apoyando Usaid desde 2019, es la modificación del artículo 246 de la Constitución, donde se reconoce la Jurisdicción Especial Indígena, Lo que nosotros tenemos claro en los debates que se dieron en la Asamblea Nacional Constituyente es que no se hablaba de jurisdicción indígena sino jurisdicción étnica. Pero no teníamos un respaldo o una representación en la Asamblea que diera la firmeza en ese ejercicio, y por eso quedó así.

Creemos que a partir de la estrategia en la que vamos avanzando no requerimos una reforma constitucional, sino que la misma Corte Constitucional module su sentencia y agregue a la Jurisdicción Especial Indígena la justicia propia afrocolombiana. Así mismo fue que logramos la exclusión de negros, afrocolombianos y palenqueros de la obligatoriedad del servicio militar.

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¿Y cuál cree que sea el aporte del protocolo de entendimiento para lograr ese fin?

Avanzar en el protocolo nos va a permitir saber los límites de competencia de cada justicia. No nos pueden confundir con las casas de justicia o con los comités locales de justicia, pero sí tiene que haber un reconocimiento en la medida que los procesos en los que empecemos, tengan un respaldo de la justicia ordinaria. Actualmente, nosotros sólo podemos aplicar justicia en materia ambiental, política y agraria, pero la realidad es que los consejos comunitarios llevan décadas aplicando justicia penal. Por eso la necesidad de los protocolos, para establecer la ruta de hasta dónde llega el alcalde en términos de competencia de la justicia propia, para no prevaricar asumiendo casos que no nos competen, ante la ausencia de justicia ordinaria en nuestros territorios. Nosotros en ningún momento buscamos suplantar a la justicia ordinaria, si no que, por el contrario, queremos aportar a la descongestión de los despachos judiciales.

Ustedes, como dice, históricamente han aplicado justicia propia en casos penales. ¿Cómo ha sido esa experiencia?

Recuerdo que una mayora, en medio de la reunión, nos decía que nos tocaba hasta recoger los muertos que dejaba la guerra. Cuando llegaba la justicia ordinaria ya no nos aceptaban ni los testimonios, cuando eso no es una obligación de los consejos comunitarios, pero ante la ausencia del Estado nos tocaba hacerlo. Todos los casos de riñas o pleitos de lesiones personales, antes de que trasciendan a la justicia ordinaria, ya hay un proceso de diálogo con autoridades étnicas para apaciguar esos problemas. Pero claro, cuando eso se desborda, toca darle trámite. Esa es la ruta que se está buscando.

En 2019 elaboramos una cartilla donde documentamos 22 casos de aplicación de casos concretos de justicia propia. En algunos de esos casos, obedecían a una competencia en algunas veces de la justicia ordinaria. Pero ante la ausencia, tocó resolver a la justicia propia afrocolombiana.

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