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Acceder a la justicia representa un desafío en la garantía de los derechos humanos para comunidades históricamente marginadas debido a su identidad étnica. Mientras que la justicia indígena goza de reconocimiento constitucional desde la Constitución de 1991 (en su artículo 246), permitiendo que sus propias autoridades ejerzan su propia autoridad en la administración de justicia, la comunidad afrocolombiana aún lucha por obtener un estatus similar. Esta diferencia en el reconocimiento legal, culturas y social, explican ellos mismos, no solo afecta la legitimidad de sus decisiones, sino que también determina los mecanismos a través de los cuales estas comunidades buscan reparar el daño causado por delitos y otras infracciones.
Estos diferentes sistemas de justicia propia que se pueden encontrar en las comunidades están vinculados a sus cosmovisiones y no están asociados a las prácticas de justicia ordinaria. Su finalidad es restablecer la armonía en sus territorios afectados por los conflictos y tensiones, a través de saberes y prácticas propias, en su mayoría, con fines restaurativos. Sin embargo, se diferencian en sus métodos y estructuras: la justicia indígena puede incluir sanciones que implican la privación de libertad en espacios controlados por la comunidad, como los centros de armonización en donde las personas pueden trabajar en diferentes actividades que permiten generar recursos para sus familias; mientras que la justicia afro, al no contar con un reconocimiento estatal, opta por recurrir a su justicia ancestral, enfocándose en la restauración del daño a través del diálogo y el trabajo comunitario.
Justicia para los pueblos indígenas
La justicia indígena ha llevado la delantera en sus esfuerzos por empoderar a sus líderes, para que así sus saberes ancestrales pervivan y se adapten a las necesidades de sus comunidades. El ejemplo de Yoly de la Ossa es uno que encaja perfecto. Inspirada en Manezca, la madre fundadora de la nación Zenú, que amamantó a muchos niños con un solo seno, De la Ossa es hoy la voz de las mujeres indígenas y la primera en protegerlas cuando ve que sus derechos están siendo irrespetados. Hoy, Yoly de la Ossa es la gobernadora del cabildo indígena Zenú Bello Horizonte de la Dorada en San José de Uré (Córdoba).
Desde 2013, junto a otras autoridades de su región, recibió varias capacitaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) para entender cuál era la mejor manera de coordinar sus saberes ancestrales sobre justicia indígena con las leyes y normas de la justicia ordinaria. Fue desde entonces que encontraron la necesidad de tener un tribunal propio. Este proceso ha permitido que las autoridades indígenas puedan articular mejor sus derechos y sus propios métodos de justicia.
Actualmente, en el sur de Córdoba, la comunidad y Yoly de Ossa trabajan en una cartilla que documenta cómo se aplica la justicia en su pueblo indígena, preservando una tradición oral que ha sido transmitida de voz a voz. La gobernadora explica que su sistema de justicia busca restaurar la armonía en la comunidad cuando se comete una desarmonía, y define este enfoque como una forma de “armonización”. Sin embargo, también explica que hay crímenes, como la desaparición forzada y la corrupción, que deben ser abordados por la justicia ordinaria, pero con su ojo siempre observador para que los fiscales, los investigadores y hasta los jueces comprenda sus formas propias de justicia, su oralidad y las formas en qué aplican.
A través de varias mesas interjurisdiccionales (donde se sientan varias entidades del Estado), por ejemplo, la justicia indígena y la justicia ordinaria, los actores del sistema de justicia se han sentado para ponerse de acuerdo en la forma más respetuosa y legal posible para aplicar las diferentes visiones de la justicia. “Pero todavía tenemos dificultades con los jueces porque muchos no se han sentado a articular la justicia con nosotros”, apunta Yoly de Ossa. Por ahora, la gobernadora enfatiza la necesidad de reconocimiento y respeto por parte del Estado, un paso crucial en su lucha por la autonomía, la protección de su cultura y la de sus ancestros y, en últimas, en la defensa de sus derechos como pueblos indígenas.
Justicia para las comunidades afro
En contraste con la indígena, la justicia afro no tiene ni reconocimiento social, cultural o Constitucional. Sin embargo, esa no ha sido la excusa para que la comunidad se quede de brazos cruzados. Un caso representativo de esta lucha es el de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca, donde los mayores y mayoras han ejercido históricamente un rol fundamental en la resolución de conflictos. Lo han hecho, principalmente, a través de sanciones y medidas que buscan reparar los daños y restablecer la armonía. A pesar de no tener un reconocimiento constitucional en Colombia, su forma de justicia ancestral ha sido un pilar en sus territorios, la mayoría aislados de grandes ciudades. Con el tiempo, la lucha por formalizar este sistema de justicia la han asumido líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), que representa a 43 territorios colectivos afrodescendientes.
Uno de los momentos más importantes en la historia por defender su modelo de justicia y su cultura, ocurrió en 2021, cuando la Corte Constitucional eximió a los miembros de las comunidades negras de prestar el servicio militar. Con esa histórica sentencia, el alto tribunal reconoció su vínculo ancestral con el territorio y su derecho a gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y costumbres. El fallo fue el resultado de años de trabajo legal y organizativo por parte de Aconc y sus aliados, como los abogados de la Universidad de Los Andes. Aunque este logro es significativo, la demanda por un reconocimiento formal de la Jurisdicción Especial Afro sigue siendo una de las prioridades para estas comunidades.
Según Alfredo Bonilla, coordinador de la unidad jurídica de Aconc, la justicia ancestral afro se asemeja al derecho consuetudinario. En palabras no tan jurídicas, este concepto no es otra cosa que un conjunto de normas que no están escritas, pero que, por tradición, se cumplen sin mayor problema. Para el experto, eso es justamente lo que sucede con comunidades como la afro que han mantenido la armonía dentro de sus comunidades sin libros de leyes pesados o engorrosos procedimientos judiciales. Por su eficacia, el Consejo Comunitario del Norte del Cauca sabe que los principales conflictos que enfrentan están relacionados con disputas territoriales y la presencia de grupos armados.
El Tribunal de Ética y Justicia de Aconc se ha establecido como la máxima instancia para resolver tensiones dentro de estos territorios. Por la complejidad de sus realidades, líderes como Yovana Castillo y Severo Valencia reconocen que la justicia ancestral debe articularse mejor con la justicia ordinaria, especialmente en casos más graves como el desplazamiento forzado o el reclutamiento de menores. Algo de esto ya sabe la justicia indígena, pues desde hace años quedó claro que tienen la obligación de mantener coordinación y comunicación con la justicia ordinaria, especialmente cuando se trata de delitos como homicidios, amenazas, corrupción o violencias basadas en género.
Con los aprendizajes claros que ha tenido la jurisdicción indígena, los esfuerzos de la comunidad afro tienen ya terreno labrado para evitar, no solo la impunidad, sino la indebida investigación de casos tan graves como la desaparición de sus gentes o el asesinato de sus líderes. En todo caso, quienes conocen las ventajas y la verdadera intención de la justicia afro, no dudan en afirmar que, en muchas ocasiones, es mucho más importante la restauración y armonización de una persona o comunidad, que una pena ordinaria que, en la mayoría de ocasiones, se limita a la privación de la libertad.
Los nuevos esfuerzos para fortalecer la justicia de estas comunidades
La Constitución Política de 1991 estableció que el Estado debe garantizar justicia para las comunidades indígenas, pero este mandato no se ha cumplido hasta ahora. Por ello, el Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia presentaron recientemente un proyecto de ley que busca coordinar la justicia ordinaria con la indígena, permitiendo que ambas trabajen juntas en los 115 pueblos indígenas del país. En concreto, la iniciativa busca eliminar los conflictos de competencias que han llevado a congelar procesos y, en el peor de los casos, a crear la impunidad, y también mejorar la confianza de estas comunidades en el sistema judicial, como las comunidades negras que han impulsado una concertación de los protocolos de entendimiento con la Judicatura en Nariño, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Córdoba.
La presentación de este proyecto de ley sigue labrando el camino para que la justicia ordinaria se acerque cada vez más a la indígena, y viceversa. El programa Justicia Inclusiva de USAID sigue apoyando estos esfuerzos y también los de las comunidades que lidera Yoly de la Ossa en el cabildo Bello Horizonte de la Dorada en San José de Uré (Córdoba). En el fondo, lo que se pone sobre la mesa es una oportunidad para hablar sobre la necesidad de abordar las desigualdades que enfrentan los grupos étnicos en Colombia y su necesidad de ser reconocidos por la justicia.
La falta de legislación específica para la jurisdicción afro ha sido una barrera significativa, pues sencillamente el Estado colombiano no protege su derecho a la diversidad étnica y cultural. Lo anterior ha llevado a estos grupos a luchar por su reconocimiento a través de acciones legales. Mientras se siguen ajustando las tuercas para que esa sea una realidad, los líderes y autoridades tradicionales de las comunidades, como los cabildos indígenas y los consejos comunitarios afrocolombianos, siguen y seguirán desempeñando un papel central en la administración de las diferentes formas de justicia en las comunidades, actuando como guardianes de la tradición cultural y la sabiduría ancestral.
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