La nueva apuesta de Minjusticia para dignificar la vida en las cárceles

Camilo Umaña, viceministro de política criminal, recalca sobre la necesidad de cambiar de paradigma en los centros penitenciarios.

Foto: Ministerio de Justicia

“Con una condena varios años de prisión no solo se pierde la libertad”, asegura Alejandra. También se difuminan los sueños, la posibilidad de reinsertarse a la sociedad, y como sucedió en su caso, el vínculo que una madre debe tener toda la vida con su hijo. Condenada a 16 años de cárcel por violar las leyes, fue aislada en un centro penitenciario de Campoalegre (Huila). Cuando purgó su pena y quiso recuperar el nexo maternal, ya fue imposible; su hijo creció con una figura virtual de una madre que, mientras estaba presa, no pudo verlo o estar en fechas especiales.

Este martes 30 de abril, el Ministerio de Justicia lanzó una nueva apuesta para que la vida de quienes cumplen sus condenas en centros carcelarios no sea sinónimo de vivir en el “infierno de los vivos”, como se denunció en la presentación del proyecto. Se trata del Plan de Acceso a la Justicia con Enfoque en Derechos Humanos, una estrategia impulsada entre la cartera de Justicia, la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y los consultorios jurídicos de al menos tres universidades privadas para mejorar las condiciones de vida en las cárceles a través de educar a los presos para que conozcan sus derechos.

Durante el evento, la Cruz Roja reiteró que la realidad de las personas privadas de la libertad es un tema que por más de 30 años ha sido criticado y declarado como “insostenible”. Desde que son recluidos en centros transitorios, hasta que son trasladados a cárceles de máxima seguridad, los presos sufren de violencia, no gozan de mínimos vitales, son estigmatizados y en la mayoría de esas vulneraciones, no son conscientes de que tienen derecho a cumplir una pena en escenarios dignos.

“No sabemos qué es una tutela, ni cómo reclamar cuando cada dos días nos cortaban el agua sin aviso previo. Para las mujeres, los equipos de salud menstrual no llegaban y en mi caso, que no contaba con familia cuando me trasladaron a la cárcel de Bogotá, no podía ni costearme insumos como jabón o crema dental”, recuerda Alejandra.

Al respecto, la Corte Constitucional mantiene desde 1998 el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre los derechos de la población carcelaria. Esto es, en otras palabras, la máxima alerta de la Corte cuando se evidencia una “violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales”. Este Plan de Acceso a la Justicia, precisamente, pretende hacer pedagogía y solucionar algunas de las fracturas más urgentes en el sistema carcelario, como el hacinamiento, la inanición, las malas infraestructuras y el acceso a la justicia.

Cambiar el paradigma

Camilo Umaña, viceministro de política criminal del Ministerio, define este plan como una apuesta para cambiar el enfoque que se ha tenido desde hace décadas sobre cómo el Estado atiende a su población privada de la libertad. En lugar de adoptar una visión punitiva en la que “quien hizo daño y delinquió, merece tratos indignos y sufrimiento en las cárceles”, el funcionario explica que se busca utilizar una perspectiva de dignidad.

Por ejemplo, que quien esté privado de la libertad, independientemente del delito cometido, tenga mínimos básicos de vida, como agua, comida, espacios limpios y derecho a otro tipo de actividad distinto al de estar recluido en su celda. Adicionalmente, los presos han denunciado que se les niegan las visitas, no hay acceso a salud, entre otras dificultades que, dice Umaña, complican la resocialización.

A esto se suma que las personas privadas de la libertad no tienen claridad de cómo o a quién acudir cuando sus derechos son violentados dentro de las cárceles. Alejandra recuerda que, en su experiencia, de los pocos casos en que se denunciaba por escrito alguna situación de vulneración, estos papeles los encontraban al otro día en las canecas del penal.

Para poder hacerle frente a este panorama, el Ministerio inició con jornadas informativas en la que se les explica a las personas privadas de la libertad cuáles son sus derechos, cómo pueden reclamarlos y qué herramientas tienen, como las tutelas, el habeas corpus o derechos de petición, entre otras, con el objetivo de que puedan mejorar sus condiciones de vida.

“Una pequeña acción judicial a través del acceso a la justicia puede significar un cambio enorme para quienes están encerrados. La solución a esto no es construir más cárceles, sino que se cumpla el Estado de derecho que le otorga dignidad a todas las personas”, asegura Umaña.

¿Qué sigue ahora?

Tanto el Ministerio como las demás instituciones se comprometieron a atender integralmente a la población privada de la libertad de diferentes formas. La Defensoría hará presencia en las cárceles para procurar que los derechos sean respetados. Los consultorios jurídicos de las universidades Javeriana, Los Andes y Jorge Tadeo Lozano también harán acompañamiento psicosocial y jurídico a la población carcelaria para enseñarles sobre sus derechos.

El Ministerio, por su parte, se encargará de estudiar a fondo otros problemas que existen en el sistema carcelario para, a futuro, elaborar otra fase de este proyecto que permita traer justicia a esta población y reducir el estigma y la violencia.

“El sistema penitenciario es calamitoso. Reconocemos que este plan no va a solucionar todos los problemas, ni será el significado de un universo cambiado (…) Pero hay que tener un valor de humanismo, incluso en los centros penitenciarios, y esa es nuestra apuesta”, concluyó Umaña.

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