El Consejo Comunitario Unión Río Caunapí está conformado por la población afro más grande en la vereda La Palma de Tumaco (Nariño), y ocupa una extensión aproximada de 9.000 hectáreas. Esta tierra, atravesada por la brisa del río Caunapí y sus cultivos de palma de aceite, trae una historia de lucha y resistencia étnica que solo las 1.300 familias que conviven allí logran dimensionar. A pesar de haber conseguido la propiedad colectiva de su territorio, la comunidad enfrenta grandes desafíos para desarrollarlo económicamente. Aunque ve en la reforma agraria y rural una posible solución, su implementación ha sido lenta, dejando a la comunidad en una situación de vulnerabilidad.
Durante dos décadas, Jhonifer Cuero, el representante legal del consejo comunitario, ha sido quien ha abanderado la lucha para que los derechos territoriales sean más que una realidad escrita en la Ley 70. En 2014, esta fue la normativa que permitió que el baldío que ocupaban en La Palma obtuviera el derecho a la propiedad colectiva. Pero obtener esa propiedad no fue garantía de derechos. Desde entonces, han tenido que armarse de valentía para proteger su tierra y convertirla en un lugar productivo ante los estragos que ha dejado el conflicto.
“Construir prosperidad económica en este territorio ha sido el trabajo más complejo. No contamos con una infraestructura apta para transporte de alimentos, ni con un presupuesto económico que apoye a los agricultores y apicultores”, dice Cuero. La preocupación de Cuero no es para menos. Los dos últimos años han sido los más complejos para su comunidad ante el recrudecimiento del conflicto. Según el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, Tumaco hace parte de los cien municipios más violentos de Colombia, un hecho que ha dificultado la implementación del Acuerdo de Paz con las antiguas Farc.
Por ello, Cuero afirma que, aunque Tumaco hace parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que buscan reactivar la economía en territorios vulnerados por grupos armados, la realidad es otra. “A esto se le suma que la Reforma Agraria y Rural no se ha logrado implementar en Tumaco. El conflicto de tierras es muy fuerte, tenemos tituladas 8.877 hectáreas con 1.300 familias que viven en el territorio y solo hay alrededor de 17 kilómetros lineales de vía”, detalla Cuero.
Pero la vereda La Palma, por desdicha, ha sido el territorio más ultrajado en esta zona del sur del país. Por ejemplo, esos 17 kilómetros de vía a la que se refiere el líder comprende una de las grandes dificultades para el desarrollo económico de sus pobladores afro. No tener ningún proceso transformador desvanece las esperanzas para el territorio. Su optimismo estaba en la reforma agraria y rural. “Hemos apoyado de manera incondicional las reformas propuestas para mejorar el campo colombiano, pero ni siquiera hemos logrado obtener asignaciones de tierras a familias que las necesiten”, explica el líder.
La reforma de la que habla Cuero apenas entró en vigencia a mediados de 2023, cuando Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia y puso en marcha la reglamentación de una ley existente existe desde 1994. Treinta años después, se creó la normativa para acelerar las compras de tierra y coordinar, a Ministerios y otras entidades del Estado para que trabajen juntos con el objetivo de poner en el centro al campo colombiano.
El proceso busca garantizar derechos territoriales, además de cumplir con el primer punto del acuerdo de paz con las Farc de 2016: formalizar 7 millones de hectáreas y adquirir otros 3 millones para distribuir entre campesinos sin propiedad. Para ello, el Gobierno promete comprar tierras a grandes propietarios, redistribuir predios que fueron extintos a la mafia y aquellos devueltos por grupos armados.
Además, el pasado 11 de julio, el Ministerio de Agricultura firmó el decreto que reglamenta la Comisión Mixta Nacional para Asuntos Campesinos, con esta se prevé plantear un escenario de interacción entre el Estado y el campesinado colombiano que permita implementar la mencionada reforma en los territorios del país. Según la cartera del Ejecutivo, la comisión abrirá espacios para que el campesinado establezca unas rutas y mecanismos para la redistribución justa de la tierra y garantizar la producción de alimentos.
Esa firma, en conjunto con la Agenda Nacional Campesina, reunía a varios líderes de la sociedad civil, procesos en los que ha participado Cuero. Aunque este acuerdo priorizará el presupuesto de la ANT para facilitar el acceso a tierras y busca materializar la compra de un piso de 18.000 hectáreas para 2024, en Tumaco la dificultad es que los territorios habitados no cuentan con presupuesto para trabajar la naturaleza y salvaguardarla de posibles crisis sanitarias.
A lo anterior se suma que, los habitantes solamente tengan como opción los cultivos de hoja de coca. Según el CESED, hasta 2021 se habían destruido 160 laboratorios de producción de clorhidrato de coca. La destrucción se llevó consigo los cultivos de otros agricultores. Ese fue el caso de Fernando*, quien también hace parte del Consejo Comunitario Unión Río Caunapí, pero prefiere reservar su identidad. El campesino ha dedicado su vida a cultivar ñame y cacao. Al lado de su sustento se producía hoja de coca, pero en una de las erradicaciones, también se fueron sus esfuerzos de salir adelante, pues obtener cultivos de ñame o yuca en Tumaco puede tardarse hasta un año, por eso la producción requiere de cuidados extras para que el sembrado sea exitoso. El sustento económico de Fernando se quedó ahí.
“El dinero que se tenía invertido en el cultivo de cacao y ñame se perdió. Como agricultores lo que más se nos dificulta es vivir de la tierra y saber que también hay cultivos de uso ilícito. En esas erradicaciones, las autoridades no identifican cultivos buenos o malos, simplemente esparcen el químico y se acaba con todo”, comenta Fernando, quien ahora ve una luz de esperanza en la reforma agraria.
“Tumaco es un municipio pluriétnico. Es necesario adecuar esta reforma con un enfoque diferencial que deje como precedentes las luchas que hemos tenido como pueblos negros e indígenas”, asiente. Y es que para él no ha sido fácil sobrevivir en la ”perla del Pacífico”, acuestas lleva una lucha por el reconocimiento de sus territorios.
La incidencia de actores armados en Tumaco se ha materializado en amenazas y homicidios selectivos a sus pobladores. A inicios de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que dejaba en aviso el inminente riesgo de las poblaciones indígenas y afro. Para Fernando, estas actuaciones recaen directamente en los modos de vivir de sus territorios, su ancestralidad se ha visto afectada por la presencia de grupos armados, lo cual ha dificultado sus procesos de empoderamiento e inclusive su desarraigo con la naturaleza.
¿Qué ha pasado con el capítulo étnico del Acuerdo de Paz?
En 2023, en Ministerio de Agricultura, dispuso una inversión de $30.000 millones para impulsar proyectos de productores de cacao, plátano, coco, piangua, pesca y acuicultura camarón. Eso ocurrió luego de siete años de la firma del Acuerdo de Paz y se hizo con el fin de restituir los derechos territoriales y étnicos en el Pacífico Nariñense. Sin embargo, no fue hasta 2023 que llegó el Acuerdo de Paz a Tumaco, gracias al Auto 620 del 2017, el cual ordena la protección de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades negras y afrocolombianas, y de los pueblos indígenas de la costa pacífica nariñense.
El seguimiento a la implementación de ese auto estuvo detenido durante seis años, solo hasta 2023, nace el grupo de seguimiento de ese auto liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. Uno de los líderes de ese grupo es Jader Chillambo, quien pertenece a las poblaciones afro de Tumaco. “La Corte ordenó que este auto debía ir orientado a la reparación y el restablecimiento de derechos de los pueblos étnicos, es por eso que se hacen unas mesas institucionales con la Unidad de Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras y con ministerios del Gobierno, para que las poblaciones afectadas puedan acceder a procesos de restitución y reparación colectiva”, cuenta Chillambo.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro se han formalizado 910.893 hectáreas a pueblos indígenas y 5.712 a pueblos afrocolombianos, según la Agencia Nacional de Tierras. Sin embargo, Chillambo dice que desde la vicepresidencia se han evidenciado algunos cuellos de botella que han dificultado la entrega de predios en el Pacífico nariñense, una de esas barreras, es que la Unidad de Víctimas exige los censos actualizados para entrega de indemnizaciones. “Los consejos comunitarios y resguardos indígenas han sido desplazados en varias ocasiones a causa del conflicto, esto interfiere en esas actualizaciones de datos de la Unidad pide para los procesos de reparación colectiva”, añade Chillambo.
Subsanar esas barreras ha implicado generar rutas de atención para actualizar censos de hace más de ocho años, cuenta el delegado de la vicepresidencia, quien desde el grupo de seguimiento explica que también se establecen que las dinámicas de relacionamiento de las comunidades étnicas tengan un espacio en la agenda pública. Además de que el auto ha permitido tener una articulación entre la nación, el territorio y las organizaciones, para garantizar el respaldo institucional en los territorios; actualmente hay esperanza en su implementación. Esta sería una de las formas de justicia que los pueblos étnicos en Tumaco han estado esperando por décadas, una donde el territorio avance con campesinos y etnias en el centro.
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