Un pequeño despacho en el corazón administrativo de Bolívar tiene la tarea de ofrecer igualdad e inclusión a aquellos grupos de personas del departamento que llevan años pidiéndola. A mediados de 2023, la asamblea departamental le dio luz verde y vida a la Secretaría de la Igualdad: una oficina de 17 cargos que se propone cerrar brechas sociales y que mujeres, indígenas, afro y víctimas del conflicto puedan incluirse en la sociedad.
El Espectador viajó a Bolívar y conoció el proyecto que ha sido descrito por el gobernador, Yamil Arana, como “único en el país”, pues en ningún otro de los 31 departamentos restantes hay un despacho que tenga presupuesto, personal y plan de desarrollo enfocados política pública inclusiva.
Un territorio de contrastes
Son muchas las historias de exclusión que se ven dentro de las fronteras bolivarenses que intentan encontrar justicia. El departamento tiene a Montes de María, una de las subregiones más afectadas por la guerra y que ha dejado miles de víctimas de desplazamiento, desaparición forzada y homicidios. Además, han confluido durante décadas violencias y ausencias estatales que han creado un coctel en el que la desigualdad y la vulneración de los derechos fundamentales predomina.
Cartagena, por ejemplo, es considerada como la ciudad más importante del departamento, pero dentro de la ciudad amurallada hay denuncias de pobreza extrema, cientos de niños inducidos a la explotación sexual y, según datos de la Policía Nacional, una de las 10 ciudades donde más agresiones de género hay en el país.
La Secretaría de la Igualdad, según conoció este diario, pretende apostarle a solucionar esos pedidos de las comunidades.
“Tenemos la oportunidad de visibilizar a las poblaciones históricamente silenciadas y convertirnos en un canal directo entre la administración departamental y nacional. Pero también adquirimos la responsabilidad para ser gestores y que nuestro trabajo cobre un significado real e impacte a la comunidad”, asegura María Paula Tolosa, funcionaria de la Secretaría.
La abogada explicó a este diario que su trabajo debe estar dirigido a toda la población de Bolívar, sin embargo, se debe tener un enfoque diferencial con aquellos grupos sociales que han tenido violaciones a sus derechos durante años. Tal es el caso de las comunidades afro que hay en el departamento, como por ejemplo, San Basilio de Palenque. La comunidad, considerada como uno de los primeros bastiones de resistencia negra en Colombia, lleva al menos dos décadas exigiendo ser escuchados e incluídos en la toma de decisiones importantes a nivel departamental. Pero sus reclamos no se quedan ahí, pues violencias y masacres ocurridas en el pueblo rasgaron el tejido social y según ellos, no ha logrado ser reparado.
Otro ejemplo claro es el de la comunidad LGBTIQ+, que ha sido discriminada tanto por la sociedad como por las instituciones estatales durante años. La Defensoría del Pueblo aseguró a finales de 2023 que “la situación de personas de sexualidad diversa en el departamento es preocupante”, pues son hostigados, amenazados, asesinados y sus homicidios, en la mayoría de los casos, quedan impunes.
Caribe Afirmativo, una ONG que vela por los derechos de esta comunidad, asegura por su parte que, cerca de un centenar de personas LGBTIQ+ fueron violentadas durante el año pasado.
“La intolerancia y los estigmas asociados con la diversidad sexual han permeado instituciones como la Policía y han contribuido a la creación de un entorno hostil para las personas diversas, hasta el punto de socavar y anular sus derechos humanos”, acota la ONG.
Tolosa explicó que desde la Secretaría se busca incidir en las políticas públicas para que jóvenes, LBTIQ+, mujeres, niños y víctimas del conflicto puedan ser incluidos en los proyectos del departamento. “Se harán espacios de concertación y mesas para atender las necesidades de cada una de estas poblaciones. En cuanto a la inclusión le apostamos a la superación de la pobreza y lograr hacerle frente a rebasar la barrera de la desigualdad”, cuenta Tolosa.
Los retos de la inclusión
Pero la Secretaría de la Igualdad no tiene el camino tan fácil para conseguir sus objetivos, al menos en un corto plazo. Este diario habló con colectivos de mujeres, víctimas y organizaciones sociales del departamento sobre sus reclamos. La conclusión general de estas personas es que un proyecto que dura cuatro años no puede solucionar por completo problemas históricos y estructurales que existen.
La violencia contra las mujeres en razón de su género, por ejemplo, tiene sus orígenes en la sociedad y pensamientos machistas, según explica Corporación Humanas, una ONG que defiende los derechos de las mujeres. Esto no significa que no haya solución para prevenir o evitar a diario, miles de mujeres y niñas sean agredidas o violentadas sexualmente. Sin embargo, requiere un trabajo articulado que no solo recaer en la Gobernación de Bolívar y la Secretaría de la Igualdad.
Otro gran reto que organizaciones contaron a este diario son las limitaciones geográficas que hace muy complicado que la institucionalidad llegue a todos el territorio y que su presencia sea permanente. Por ejemplo, desde Cartagena, la capital del departamento, hasta Cantagallo, se deben recorrer al menos 500 kilómetros y gastar cerca de 10 días de recorrido. Además, el departamento actualmente vive una “crisis humanitaria y de seguridad” en el sur del territorio a causa de los actores armados.
Para la Defensoría del Pueblo, aún existen problemas actuales que deben solucionarse en paralelo a los pedidos históricos de justicia, como el desplazamiento forzado de al menos 1.000 personas y alertas tempranas en el 15 % del departamento.
Y aunque son varias las tareas que tiene la Secretaría en los próximos cuatro años y la lista cada vez es más extensa, Tolosa se muestra esperanzada en que conforme pasen los meses, las mujeres, personas LGBTIQ+, víctimas del conflicto y los jóvenes logren superar barreras que en el pasado eran prácticamente imposibles de vencer.
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