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Avanzar en el acceso a la justicia sigue siendo fundamental para construir la democracia en Colombia. Sin embargo, la justicia también se construye desde la comunidad, a través de la organización y el trabajo conjunto de colectivos y líderes y lideresas sociales que, con el apoyo de organismos de cooperación internacional como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), han apoyado estrategias del Estado colombiano para proteger los derechos humanos, promover la paz y construir un futuro donde la equidad y la inclusión sea una realidad. Esta separata recoge tres historias de lucha y resiliencia, donde el acceso a la justicia se transforma en el motor, un impulso tangible de cambio social.
Un aspecto significativo de esta labor es el trabajo con las mujeres, especialmente aquellas que han sido víctimas de violencias basadas en género. En su columna, Adriana Benjumea Rúa, de la Corporación Humanas, destaca la importancia del litigio estratégico como herramienta contra la impunidad y resalta el valor de estos procesos, en los que las mujeres pueden encontrar justicia y fuerza para exigirle a las instituciones que garanticen una vida libre de violencias. Al igual que Humanas, el acompañamiento del colectivo de Abogadas Helenita González, desde Bolívar, y la Corporación Social Incluyamos, en Antioquia, son ejemplo de cómo la representación legal, más el apoyo psicosocial, le brinda a las mujeres la oportunidad de recuperar su dignidad y romper los ciclos de violencias basadas en género.
Este enfoque también se complementa con esfuerzos que van desde la comunicación. Organizaciones como Sinergia Comunicaciones y la Fundación Tengo Ganas están desafiando el imaginario de violencia y construyendo nuevas narrativas de justicia y paz, los primeros en el Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba, y los segundos en el departamento del Cauca. A través de la comunicación para la justicia y el cambio social, estas organizaciones, lideradas principalmente por jóvenes, exploran cómo la comunicación es un puente poderoso que conecta a las personas con sus derechos y no solo eso: también les permite a las comunidades expresar sus demandas, propuestas y sus esfuerzos exitosos por transformar la realidad de sus territorios.
Finalmente, la historia de la familia de Amelia Perdomo y Arcesio García demuestra la forma en que la justicia es más que un sistema legal: es un compromiso ético y social. El resultado de sus esfuerzos los llevó a establecer en 2019, la Fundación APG, inspirada en la búsqueda de paz, diálogo y reconciliación en un contexto donde la violencia ha sido la norma impuesta. Con esta, son tres los relatos que revelan cómo una justicia inclusiva aborda los derechos fundamentales, a medida que también promueve la paz, la igualdad y el bienestar desde y para la comunidad. Un proceso donde la justicia es un proceso compartido que cobra vida en la lucha de quienes se organizan, enseñan y protegen a sus comunidades en busca de un futuro más justo.
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