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Cinco, seis o quizás siete veces. Esa es la cantidad de versiones que una mujer, en promedio, debe repetir la historia de cómo fue acosada, reducida psicológicamente o golpeada con saña para poder iniciar la búsqueda de justicia. El escenario se repite en las ciudades principales y, si se hace “zoom out” en el mapa y se pone el lente en municipios alejados, la situación empeora, pues allí hablar de justicia depende, en muchas ocasiones, del azar.
En octubre, la Corte Constitucional resolvió un caso en que la misma justicia, en el año 2000, condenó a una mujer víctima de violación e intimidaciones por asesinar a su agresor. La sentencia del alto tribunal planteó una vez más la pregunta que por años lleva haciéndose el Estado: “¿La justicia está preparada para proteger a las mujeres víctimas de violencia?”.
El Espectador habló con Mariana Ardila, una abogada con más de una década ejerciendo el derecho con enfoque de género en varias entidades como Fiscalía, Corte Constitucional, Ministerio de Justicia y, más recientemente, la Defensoría del Pueblo.
A propósito de la conmemoración del 25N, Ardila explica por qué este derecho, en el papel fundamental para garantizar y restablecer derechos de mujeres agredidas, llega tarde o, en su defecto, nunca llega. Entrevista.
Antes de hablar de los laberintos que las mujeres transitan para encontrar justicia, ¿cuál es el panorama de violencias y reclamos de las mujeres en Colombia hoy?
A pesar de que Iris Marín, la Defensora del Pueblo, tiene un decálogo para atacar la violencia contra las mujeres, aún registramos un alto número de agresiones basadas en género en todos los contextos. Están presentes en el conflicto armado, en el ámbito familiar, en la trata de personas y en el crimen organizado. También se da la violencia contra mujeres con pertenencia étnica o con orientación sexual diversa. En 2024, con corte a octubre, hemos atendido 7.641 casos por violencias basadas en género y por prejuicio, más de 100 casos de feminicidio y casi 300 tentativas de feminicidio.
¿Cómo explicar estas violencias más allá de las cifras y la estadística?
Hay razones históricas y estructurales para esto. Los estereotipos de género y las creencias de que las mujeres valemos menos, que nuestros cuerpos están a disposición de los hombres y que no debemos salirnos de ciertos roles asignados en la sociedad siguen muy arraigados en la sociedad, los funcionarios públicos y las entidades del Estado.
¿A qué se refiere cuando menciona que la violencia también ha estado arraigada a la función pública?
Un aspecto preocupante es la violencia institucional, que ocurre cuando una mujer busca ejercer sus derechos y encuentra nuevas violencias. La revictimizan, la culpan o minimizan los hechos. Esta normalización de las violencias impide que como Estado y como país superemos esta situación.
La justicia, a través de las altas cortes, ha reconocido la violencia institucional para las mujeres. ¿Qué decir frente a las otras entidades del Estado?
La violencia institucional es preocupante porque cuando una mujer busca ayuda del Estado, a menudo se le dice que vuelva mañana o no se guarda su confidencialidad. Aunque existen mecanismos para la articulación institucional en violencias de género, no hemos logrado que funcionen adecuadamente.
¿Cómo se soluciona ese problema estructural de violencia institucional?
Hay programas en algunas ciudades que han fortalecido el acompañamiento y representación judicial, pero no están extendidos. Queremos fortalecer la representación judicial y el acompañamiento psicosocial a las víctimas para que puedan salir del ciclo de violencia. También es necesario reducir el desgaste que sufren las mujeres al tener que declarar repetidamente ante diferentes autoridades.
En Colombia no tenemos una justicia especializada en género para estos casos, ¿cómo se puede mejorar la situación?
Necesitamos una ruta integral que incluya representación judicial, medidas de protección y programas de apoyo del Estado. Es fundamental que las mujeres tengan una ruta clara e integral para salir de situaciones de violencia, sin depender de múltiples procesos.
¿Qué daños implica esa violencia institucional en la búsqueda y confianza hacia la justicia?
La falta de articulación hace que las mujeres pierdan confianza en la institucionalidad. La Defensoría quiere recobrar esa confianza ofreciendo apoyo integral y coordinado. Hay proyectos de ley en el Congreso que abordan estos temas, y es importante trabajar juntos para reducir la violencia institucional.
En 2024, la Defensoría alertó que la agresión contra mujeres también está presente en colegios y ecosistemas laborales. ¿Qué sucede en estos escenarios?
Son espacios donde hay relaciones de poder marcadas, lo que facilita el abuso de poder. Aunque se han hecho avances con protocolos en las universidades, todavía falta mucho. La desconfianza en las instituciones lleva a recurrir a medios informales de denuncia, como las redes sociales, buscando justicia. Es importante que las instituciones educativas tengan protocolos adecuados y rutas claras para atender estas violencias.
Esta violencia institucional también ha sido visibilizada en el contexto de la guerra. ¿Cómo es la situación para esas personas?
Hay un alto nivel de impunidad en estos delitos. En el marco de la justicia transicional, tanto en Justicia y Paz como ahora con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se han revelado crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra mujeres y niñas. Las víctimas tienen mucha expectativa en la JEP, ya que otros sistemas de justicia no les han brindado confianza o resultados.
Esta semana se conmemoró el 25N, Día de Eliminación de Violencias contra las Mujeres. ¿Cuáles son los pendientes del Estado para hacerle realmente honor a esta fecha?
Es preocupante que en algunas zonas del país no existan programas adecuados de atención a la violencia de género, especialmente en áreas rurales y para mujeres indígenas o afrodescendientes. Hay muchas entidades con responsabilidades en este tema, y es crucial una articulación efectiva para prevenir y atender la violencia.
¿El camino es seguir promulgando leyes?
El feminicidio es un delito tipificado que ha permitido visibilizar la realidad de las violencias de género, pero todavía hay mucho subregistro y falta de tipificación adecuada. Las políticas públicas deben tener un enfoque integral de prevención, atención y justicia, y se deben asignar recursos y responsables claros para su implementación.
¿Qué conclusiones saca de esta radiografía?
Estamos rajados. La impunidad en casos de violencia de género es alta y la respuesta institucional no es suficiente. Es necesario trabajar de manera coordinada y con recursos adecuados para mejorar la situación y ofrecer una respuesta integral a las víctimas.
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