Las apuestas empresariales para acercar las instituciones a la ciudadanía
En Ituango, una de las mayores inversiones estuvo dirigida al fortalecimiento físico de las casas de justicia. Entretanto, en Cartagena, la conciliación se ha asentado durante más de 30 años en zonas vulnerables de la ciudad. Estos son algunos de los aportes.
Con el objetivo de contribuir a la armonía de diferentes comunidades y brindar aportes a la resolución de conflictos, algunas compañías han adelantado acciones para abrir un camino en el acceso a la justicia. Esto, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad EAFIT, que contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, en el cual se hace referencia a los retornos que pueden recibir los empresarios al invertir en el sector justicia: entre $8.100 y $9.600 por cada $1.000 invertidos.
En anteriores artículos hemos reseñado algunas de estas iniciativas que van desde bajar los índices de violencia de género de la que son víctimas las trabajadoras de una planta laboral, hasta iniciativas para reducir la violencia en algunos barrios. A estas acciones se suman los apoyos del empresariado para mejorar el acondicionamiento físico de las casas de justicia y las jornadas gratuitas de conciliación.
En contexto: Empresas: un nuevo jugador para fortalecer el acceso a la justicia
Según el estudio, uno de los componentes que más ha recibido aportes del sector empresarial es el fortalecimiento del acceso a las instituciones. Entre las empresas y entidades mencionadas están: las cámaras de comercio de Bogotá y Cartagena, la Universidad Cooperativa de Colombia, Fundauniban y el Grupo EPM. Esta última, por ejemplo, realizó diferentes aportes para facilitar este acceso en el marco del proyecto de la construcción de la Hidroeléctrica Ituango que duró más de 10 años.
De acuerdo con la dirección ambiental y de sostenibilidad de EPM, en respuesta a un cuestionario enviado por este diario, la compañía invirtió un total de $15.000 millones en el fortalecimiento de la capacidad institucional para “responder efectivamente a las demandas de servicios de la población en materia de prevención de la violencia, promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia”.
Los recursos invertidos, señalan, estuvieron enfocados en diferentes segmentos. Para las casas de justicia, por ejemplo, se destinó un total de $500 millones, buscando mejorar la infraestructura de los centros y dotarlos con equipos tecnológicos y vehículos con el fin de fortalecer la atención a la población en el área de influencia, principalmente en los municipios de Ituango, Toledo, Briceño, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Buriticá, Peque y Valdivia.
Tras la inversión, la compañía analizó los resultados y encontró que se atendieron 2.702 personas en la ruta de atención integral a víctimas del conflicto armado en los municipios de Ituango, Peque, Sabanalarga y Buriticá; se realizó el programa de rehabilitación de víctimas y se atendieron 44 personas de los municipios de Ituango, San Andrés de Cuerquia, Yarumal y Valdivia; y se presentó, además, acompañamiento psicosocial a 6.338 víctimas en más de 12 municipios.
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“Sin duda la inversión en el mejoramiento del acceso a la justicia desde el fortalecimiento institucional resulta efectiva, toda vez que brinda herramientas para la atención efectiva, oportuna, neutral y conforme al ordenamiento jurídico vigente por parte de las instituciones”, señaló la dirección. Y agregó: “con ello se garantiza que el Estado cumpla de manera directa con sus obligaciones de cara a las comunidades, pero también de cara al actor empresarial en su territorio”.
Tras los incidentes en 2018, que ocurrieron debido a obstrucciones en algunos túneles de desviación de la hidroeléctrica, que, incluso, puso en alerta roja a cuatro departamentos, se desarrolló un proyecto de análisis y fortalecimiento en promoción y protección de derechos humanos para los municipios del Norte y Bajo Cauca Antioqueño.
De hecho, esta subregión del departamento de Antioquia fue priorizada por el Acuerdo de Paz de 2016 bajo el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), motivo por el que el proyecto de promoción en derechos humanos de EPM llegó a 29 veredas de cuatro municipios del Bajo Cauca (Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí) y un municipio del Norte Antioqueño (Valdivia).
“En el marco del proyecto denominado Bajo Cauca Territorio de Vida, se desarrollaron diferentes iniciativas de acuerdo con las necesidades territoriales y en articulación con las administraciones municipales y las Casas de Justicia, promoviendo la generación de confianza de la institucionalidad con las comunidades rurales, a través del acercamiento y el acceso de servicios a los habitantes de veredas lejanas”, agregaron.
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Respecto a esta iniciativa, según datos de la compañía, se realizaron 18 jornadas descentralizadas de servicios institucionales en los seis municipios priorizados con atención a población rural y urbana de 5.400 personas aproximadamente. Las jornadas se desarrollaron en articulación con personerías municipales, coordinación de Casas de Justicia y Secretarías de Gobierno, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia, la Unidad para las Víctimas, Usaid, entre otros actores.
En Cartagena le apuestan a la conciliación
Desde 1992, la Cámara de Comercio de Cartagena, mediante su división de Arbitraje y Conciliación, ha realizado más de 40 jornadas gratuitas de conciliación en las zonas más vulnerables de la ciudad. Mediante abogados, asesores jurídicos y psicólogos, la entidad realiza una jornada cada año; no obstante, se suman a las que son organizadas por el Ministerio de Justicia en ese territorio.
Su objetivo, según Andrea Piña, presidenta ejecutiva (e) de la Cámara de Comercio de Cartagena, es contribuir al mejoramiento de la convivencia en la ciudad. En su concepto, uno de los principales puntos en ese ejercicio es impulsar los Métodos de Resolución de Conflictos (MRC) como, por ejemplo, la mediación comunitaria, la mediación escolar y programas de prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
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“En armonía con la estrategia Cámara Móvil de la Cámara de Comercio de Cartagena, todos los años el Centro de Arbitraje y Conciliación visita los diferentes municipios de la jurisdicción con conferencias dirigidas a colegios, líderes comunitarios e instituciones que trabajan por la prevención del conflicto”, señaló la directiva.
Estas jornadas, dice, tienen el propósito de trabajar por la promoción y prevención de los conflictos en la comunidad, por lo que los efectos positivos de estas “están implícitos tanto en su formulación como en su ejecución e impacto”. “Como lo hemos dicho, contribuyen a disminuir los índices de violencia y falta de diálogo, buscando siempre que los métodos de resolución de conflictos sean siempre la mejor alternativa para resolver diferencias entre los empresarios y comunidad en general”.
Sus apreciaciones se sustentan en los estudios que ha realizado la entidad, donde encontraron que, antes de iniciar las jornadas en determinadas zonas, tan solo el 6% de los hogares conocía la mediación comunitaria. Y, luego de implementarla, la cifra subió a 68%. “El retorno de la entidad es en el aumento de la confianza del empresariado y comunidad en los métodos de resolución de conflictos, logrando ser un referente en cultura de paz”, concluyó.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
Con el objetivo de contribuir a la armonía de diferentes comunidades y brindar aportes a la resolución de conflictos, algunas compañías han adelantado acciones para abrir un camino en el acceso a la justicia. Esto, de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad EAFIT, que contó con el apoyo del programa Justicia Inclusiva de Usaid, en el cual se hace referencia a los retornos que pueden recibir los empresarios al invertir en el sector justicia: entre $8.100 y $9.600 por cada $1.000 invertidos.
En anteriores artículos hemos reseñado algunas de estas iniciativas que van desde bajar los índices de violencia de género de la que son víctimas las trabajadoras de una planta laboral, hasta iniciativas para reducir la violencia en algunos barrios. A estas acciones se suman los apoyos del empresariado para mejorar el acondicionamiento físico de las casas de justicia y las jornadas gratuitas de conciliación.
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Según el estudio, uno de los componentes que más ha recibido aportes del sector empresarial es el fortalecimiento del acceso a las instituciones. Entre las empresas y entidades mencionadas están: las cámaras de comercio de Bogotá y Cartagena, la Universidad Cooperativa de Colombia, Fundauniban y el Grupo EPM. Esta última, por ejemplo, realizó diferentes aportes para facilitar este acceso en el marco del proyecto de la construcción de la Hidroeléctrica Ituango que duró más de 10 años.
De acuerdo con la dirección ambiental y de sostenibilidad de EPM, en respuesta a un cuestionario enviado por este diario, la compañía invirtió un total de $15.000 millones en el fortalecimiento de la capacidad institucional para “responder efectivamente a las demandas de servicios de la población en materia de prevención de la violencia, promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia”.
Los recursos invertidos, señalan, estuvieron enfocados en diferentes segmentos. Para las casas de justicia, por ejemplo, se destinó un total de $500 millones, buscando mejorar la infraestructura de los centros y dotarlos con equipos tecnológicos y vehículos con el fin de fortalecer la atención a la población en el área de influencia, principalmente en los municipios de Ituango, Toledo, Briceño, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Buriticá, Peque y Valdivia.
Tras la inversión, la compañía analizó los resultados y encontró que se atendieron 2.702 personas en la ruta de atención integral a víctimas del conflicto armado en los municipios de Ituango, Peque, Sabanalarga y Buriticá; se realizó el programa de rehabilitación de víctimas y se atendieron 44 personas de los municipios de Ituango, San Andrés de Cuerquia, Yarumal y Valdivia; y se presentó, además, acompañamiento psicosocial a 6.338 víctimas en más de 12 municipios.
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“Sin duda la inversión en el mejoramiento del acceso a la justicia desde el fortalecimiento institucional resulta efectiva, toda vez que brinda herramientas para la atención efectiva, oportuna, neutral y conforme al ordenamiento jurídico vigente por parte de las instituciones”, señaló la dirección. Y agregó: “con ello se garantiza que el Estado cumpla de manera directa con sus obligaciones de cara a las comunidades, pero también de cara al actor empresarial en su territorio”.
Tras los incidentes en 2018, que ocurrieron debido a obstrucciones en algunos túneles de desviación de la hidroeléctrica, que, incluso, puso en alerta roja a cuatro departamentos, se desarrolló un proyecto de análisis y fortalecimiento en promoción y protección de derechos humanos para los municipios del Norte y Bajo Cauca Antioqueño.
De hecho, esta subregión del departamento de Antioquia fue priorizada por el Acuerdo de Paz de 2016 bajo el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), motivo por el que el proyecto de promoción en derechos humanos de EPM llegó a 29 veredas de cuatro municipios del Bajo Cauca (Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí) y un municipio del Norte Antioqueño (Valdivia).
“En el marco del proyecto denominado Bajo Cauca Territorio de Vida, se desarrollaron diferentes iniciativas de acuerdo con las necesidades territoriales y en articulación con las administraciones municipales y las Casas de Justicia, promoviendo la generación de confianza de la institucionalidad con las comunidades rurales, a través del acercamiento y el acceso de servicios a los habitantes de veredas lejanas”, agregaron.
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Respecto a esta iniciativa, según datos de la compañía, se realizaron 18 jornadas descentralizadas de servicios institucionales en los seis municipios priorizados con atención a población rural y urbana de 5.400 personas aproximadamente. Las jornadas se desarrollaron en articulación con personerías municipales, coordinación de Casas de Justicia y Secretarías de Gobierno, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia, la Unidad para las Víctimas, Usaid, entre otros actores.
En Cartagena le apuestan a la conciliación
Desde 1992, la Cámara de Comercio de Cartagena, mediante su división de Arbitraje y Conciliación, ha realizado más de 40 jornadas gratuitas de conciliación en las zonas más vulnerables de la ciudad. Mediante abogados, asesores jurídicos y psicólogos, la entidad realiza una jornada cada año; no obstante, se suman a las que son organizadas por el Ministerio de Justicia en ese territorio.
Su objetivo, según Andrea Piña, presidenta ejecutiva (e) de la Cámara de Comercio de Cartagena, es contribuir al mejoramiento de la convivencia en la ciudad. En su concepto, uno de los principales puntos en ese ejercicio es impulsar los Métodos de Resolución de Conflictos (MRC) como, por ejemplo, la mediación comunitaria, la mediación escolar y programas de prevención del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes.
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“En armonía con la estrategia Cámara Móvil de la Cámara de Comercio de Cartagena, todos los años el Centro de Arbitraje y Conciliación visita los diferentes municipios de la jurisdicción con conferencias dirigidas a colegios, líderes comunitarios e instituciones que trabajan por la prevención del conflicto”, señaló la directiva.
Estas jornadas, dice, tienen el propósito de trabajar por la promoción y prevención de los conflictos en la comunidad, por lo que los efectos positivos de estas “están implícitos tanto en su formulación como en su ejecución e impacto”. “Como lo hemos dicho, contribuyen a disminuir los índices de violencia y falta de diálogo, buscando siempre que los métodos de resolución de conflictos sean siempre la mejor alternativa para resolver diferencias entre los empresarios y comunidad en general”.
Sus apreciaciones se sustentan en los estudios que ha realizado la entidad, donde encontraron que, antes de iniciar las jornadas en determinadas zonas, tan solo el 6% de los hogares conocía la mediación comunitaria. Y, luego de implementarla, la cifra subió a 68%. “El retorno de la entidad es en el aumento de la confianza del empresariado y comunidad en los métodos de resolución de conflictos, logrando ser un referente en cultura de paz”, concluyó.
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