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Ofrecer justicia en tiempos de “vacas flacas” no ha sido un obstáculo lo suficientemente grande para que los funcionarios de las Comisarías de Familia continúen haciendo su trabajo de atender la violencia intrafamiliar. A comienzos de octubre, el Ministerio de Justicia premió a 17 comisarías por haber sorteado los retos estructurales de presupuesto, personal e infraestructura que, de acuerdo con un informe de 2022 de la Procuraduría, está presente en el 80 % de estas entidades.
La situación, según reconoció Helen Ortiz, viceministra de Promoción a la Justicia, es crítica para las Comisarías, pues en los últimos 30 años han estado “huérfanas” de un Estado que las financie, acompañe y diseñe políticas públicas que les permitan realmente cumplir su función de salvar vidas y evitar violencias antes de que se conviertan en daños para toda la vida.
En ese evento asistieron funcionarios que no se han quedado cruzados de brazos para ofrecer la justicia. En algunos casos, han usado su propio sueldo para costear el funcionamiento de la Comisaría; en otros, diseñan rifas para recolectar recursos que podrían prevenir un feminicidio. Incluso, como en el caso de Buenaventura, buscan aliados, tanto públicos como privados, para embarcarse en el océano Pacífico y ofrecer justicia a islas a las que solo se puede llegar luego de 30 minutos en lancha.
“Las condiciones son adversas, sobre todo, en municipios considerados de quinta o sexta categoría (que tienen menos presupuesto). Pero nuestra vocación y el esfuerzo por salvar vidas es mayor a los problemas”, explica Andrea Añazco, comisaria de El Tambo (Cauca), que ha logrado ofrecer justicia gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Un trabajo que se convirtió en vocación
Antes de que el Ministerio reconociera sus fallas, los comisarios llevaban años dedicando sus vidas y recursos a ofrecer justicia. Uno de ellos es Anderson Piedrahíta, de la Comisaría de Caucasia (Antioquia), quien asegura que uno de los retos principales que detectaron es la distancia geográfica y la desconfianza con las instituciones. Para llegar de una vereda hasta el casco urbano se requiere, en promedio, $50.000 en tiquetes de bus y horas de desplazamiento.
Por ello, cambiaron la fórmula: “Habilitamos canales de WhatsApp para atender a las víctimas. Además, en lugar de que tengan que venir a buscar justicia, es la justicia la que va a los territorios a atenderlos y restablecer sus derechos”, cuenta el comisario. A mediados de año, el equipo empezó a visitar escuelas y familias para mostrar que sí se puede confiar en las instituciones. “Hemos tenido casos en los que incluso los agresores vuelven a la comisaría y entienden su error. Nos sentimos felices que con nuestro trabajo se salven vidas”, comenta Piedrahíta.
En el otro extremo del país, a las orillas del Pacífico, Marly Segura cuenta que en la Comisaría de Guapi (Valle del Cauca) diseñaron ollas comunitarias para poder prevenir la violencia. “No tenemos infraestructura porque la Alcaldía fue demolida. Aun así, inventamos ollas comunitarias para fortalecer la unión familiar a través del alimento. Allí también prevenimos, pues nos damos cuenta de cuáles son los niños que no han comido nada en todo el día o los abuelos que están solos”, cuenta Segura.
Ambos reconocen que aunque han sido estrategias que les han funcionado para acercar la justicia a las familias, el servicio aún presenta dificultades y no todo puede depender de los esfuerzos y resistencias de los comisarios.
Brechas pendientes
Los funcionarios consultados llegan a la misma conclusión: aunque es importante que se aplauda su trabajo, que trasciende horarios laborales, garantías mínimas y herramientas para poder restablecer derechos, se necesita que el Estado se apersone de este servicio que es considerado como “la puerta de entrada a la justicia para las familias”.
En agosto de 2023, se aprobó la Ley 2126, que ordena que todos los contratos públicos a nivel local deben destinar el 2 % de los pagos para financiar las Comisarías. Sin embargo, la medida ha sido insuficiente en el país. De 1.103 municipios que deberían tener esta medida, tan solo 576 han recibido ese espaldarazo financiero.
Incluso, Ángela María Buitrago, ministra de Justicia, reconoció que se está valorando crear una nueva política pública que realmente cambie la situación de escasos recursos y pocas garantías laborales para los comisarios de familia.
Los comisarios están listos para que el Estado les otorgue la importancia necesaria a su trabajo. Para Sixta Guzmán, comisaria de Bogotá, la situación es así de clara: “Hay que entender que nuestro trabajo no es sencillamente una función pública. Nosotros no solo resolvemos conflictos. También salvamos vidas y protegemos la dignidad humana”.
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