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Diana Fajardo, expresidenta de la Corte Constitucional, quien lleva 30 años trabajando en el universo de las leyes, es una de las mujeres que han logrado ocupar altos cargos en la Rama Judicial. Como ella, son casi 20.000 más las que ejercen dentro del sistema de justicia, aunque el camino no ha sido fácil. Son décadas de esfuerzos en que organizaciones de la sociedad civil y movimientos feministas han alzado su voz por la equidad de género en todos los ámbitos, incluyendo el laboral, y que buscan superar las barreras que permanecen, como las brechas de desigualdad y la aplicación de justicia con enfoque de género.
Según datos de la Rama Judicial, para finales de 2023 había un total de 36.118 trabajadores adscritos a juzgados, despachos o tribunales. De ese total, el 54,55 % (19.703) son mujeres, una cifra que para muchos puede representar una victoria; sin embargo, aún falta un techo por romper, como mencionó la magistrada Fajardo. “Aunque las cifras muestran unos avances logrados, el llamado ‘techo de cristal’ sigue siendo una realidad (...) la sociedad no ha saldado la deuda histórica que tiene en relación con las mujeres, y de esto no se escapa el Poder Judicial”, aseguró la abogada en diálogo con El Espectador.
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Y es que la deuda que menciona la jurista se puede ver en los cargos de alto nivel en la justicia. De todos los magistrados y magistradas que ocupan las altas cortes, las mujeres no alcanzan a completar una tercera parte de estos puestos, pues, según los datos del sistema de justicia con corte a diciembre de 2023, solo 29 mujeres (el 31,18 %) tienen presencia en las magistraturas de las altas cortes, sumando las salas de descongestión, instrucción y primera instancia de la Corte Suprema. En contraste, son 64 hombres (equivalente al 68,82 %) que ejercen en esas plazas.
“Colombia entera gana cuando su sistema de justicia está a cargo de personas que en sus experiencias de vida, procesos de formación, concepciones del mundo y de la justicia encarnan la diversidad que nos enriquece como país, y entre esas personas hemos de estar las mujeres”, dice Fajardo respecto a esas cifras.
La preocupación es latente, pues no basta con que las mujeres sean parte del ecosistema de justicia solo en cargos de mediano o bajo rango. No obstante, para Diana María Rodríguez, jueza de restitución de tierras en Carmen de Bolívar (Bolívar), el hecho de ver más mujeres que hombres en el sistema de justicia es una situación atípica, que era imposible de ver hace 20 años. “Sabemos muy bien que las mujeres somos y hemos sido un sujeto históricamente discriminado y violentado. Al hacer nuestro trabajo exponemos nuestra vida y seguridad, y esa labor, que la hacemos a la par entre hombres y mujeres, tiene unos riesgos adicionales para nosotras”, explicó la jueza.
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Para intentar darles punto final a esas violencias y cerrar las brechas de género, la Rama Judicial creó la Comisión Nacional de Género en 2008, una delegación que constituyó un avance “por mujeres y para mujeres”, como explica Rodríguez. Su objetivo es que la justicia sea más cercana, tanto para quienes desempeñan labores judiciales como para las ciudadanas, al integrar perspectivas de género y protocolos contra el abuso y el acoso. Además, el impacto de la Comisión de instruir, capacitar y eliminar desigualdades entre hombres y mujeres ha tenido buenos réditos, hasta el punto de que varios jueces han aplicado el lente de perspectiva de género a la hora de emitir una decisión de fondo.
Fajardo se ha destacado en la Rama Judicial al ser parte de una terna histórica de mujeres en la Sala Plena de la Corte Constitucional. Su trabajo, en un sistema judicial donde ella considera que hay una “relación muy desigual”, ha sido reconocido en varias ocasiones. Recibió, por ejemplo, el título de “Mejor magistrada de alta corte” en 2022. Una de sus decisiones más destacadas, la Sentencia T-028, fue galardonada por su impacto social al afirmar que las opiniones de los periodistas no son susceptibles de rectificación en ejercicio de su profesión.
Así como Fajardo, la magistrada de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia Hilda González Neira fue condecorada a finales de 2023 por la Corporación Excelencia a la Justicia por haber abanderado la perspectiva de género en su trabajo y “liderar temáticas de este tipo con el propósito de avanzar en la garantía y protección de mujeres, especialmente aquellas que tienen factores diferenciales”, según reseña la agrupación que entregó el galardón.
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El doble mérito
En 2000 el Congreso aprobó la Ley 581, más conocida como Ley de Cuotas, que obliga al Estado a garantizar al menos el 30 % de los empleos públicos a mujeres; no obstante, expertas consultadas por este diario coinciden en que su experiencia en la Rama Judicial, más que por una ley, se debe a años de trabajo y estudio. Es decir, que su presencia en cortes y juzgados se dio gracias a ser elegidas dentro de un concurso de méritos en el que sus perfiles, así como sus carreras, fueron factores determinantes a la hora de su elección.
Isamary Marrugo Díaz, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, es uno de los cientos de ejemplos de este panorama, pues lleva tres décadas de estudios y un extenso trabajo destacado en juzgados para llegar hasta donde está. Primero estudió abogacía, luego trabajó como jueza promiscua y con el paso de los años fue ascendiendo en la pirámide judicial del departamento hasta ocupar el máximo cargo de la seccional del Consejo Superior de la Judicatura en Montería.
Nacida en Bolívar, un departamento con la herencia paramilitar, el ataque constante a las mujeres y el machismo constante, Marrugo considera que haber logrado esa trayectoria en la Rama Judicial es un doble mérito. “Se accede a un cargo no por ser mujer, sino porque reunimos los requisitos. Claro está que hay casos donde el problema jurídico requiere una aplicación de la ley con perspectiva de género, pero no debe haber roles de hombre o de mujer, pues nuestras funciones son legales y hay que cumplirlas”, anotó la abogada.
Las otras formas de justicia
Hablar del ecosistema judicial no solo implica mencionar a las mujeres que con toga ocupan despachos judiciales. Hay otros tipos de justicia que, sin necesidad de jueces, abogados o sentencias, ayudan a acercar las leyes a las personas. Ese es el caso del Colectivo de Abogadas Helenita González: un grupo de mujeres que se unió en 2009 para prestar apoyo psicosocial y jurídico en 200 casos de mujeres que han sido violentadas en el Caribe.
Ciria Marrugo, directora del colectivo, explicó a este diario que la oferta de administración de justicia en los gobiernos locales es mínima. “El colectivo se dirige a las mujeres que denuncian, y a aquellas que no denuncian, pero siguen siendo víctimas”, dijo. El papel de organizaciones como el colectivo Helenitas, lideradas por mujeres, asegura Marrugo, es un avance en la protección de los derechos, pero apenas es un grano de arena, pues “esto no es garantía del respeto de los derechos de las mujeres o que exista una sensibilidad al acceso a la justicia; no logra impactar en las prácticas discriminatorias”.
Por su parte, Patricia Corrales, conciliadora de equidad en Miranda (Cauca), opina que hay esfuerzos de justicia que pueden construirse desde la vocación. Su papel como mediadora en más de 30 conflictos entre particulares ha podido acercar la justicia a quienes tienen diferencias sin necesidad de llegar a los despachos judiciales. Por eso asegura que “la capacidad femenina nos permite conectar con las emociones, podemos empatizar con las personas y luego con las situaciones, y nos permite ser equitativas en los conflictos”. Para Corrales, que debe recorrer el municipio, y hacerlo sin ninguna remuneración económica, con la intención de mejorar la convivencia en su comunidad mediante la conciliación, el papel de la mujer es importante desde el eslabón más bajo de la pirámide judicial hasta la cúspide.
Por ello, hablar de una justicia con rostro de mujer no solo implica mencionar un camino lleno de baches, o el doble mérito de las togadas de ser juezas y magistradas mientras cumplen sus otras tareas diarias. Los límites y obstáculos se mantienen, a pesar de los esfuerzos por romper el techo de cristal, así como persisten las dificultades para la aplicación del enfoque de género en el sistema judicial y que las sentencias puedan cubrir a todas las ciudadanas, con quienes también existe una deuda histórica en sus necesidades de acceso a la justicia.
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