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Hablar sobre Jambaló (Cauca) implica entender el conflicto armado que ha vivido Colombia. Este municipio está contenido en un resguardo indígena y, según la Personería local, las personas que habitan allí son en un 98% del pueblo nasa y un 2% misak. Durante años, su territorio ha sido afectado por la presencia de grupos armados que ponen en riesgo a la población civil. Ante este panorama y la poca presencia del Estado, la población ha tenido que formarse para tratar de mediar las desarmonías a las que se enfrentan a diario.
Ese es el caso de Ana Elcy Tombé, líder del pueblo nasa de 40 años. Cuando se trata de solucionar conflictos, gran parte de la población acude a buscar de su ayuda, pues desde hace más de 10 años que pertenece a la guardia indígena “kiwe thegnas” y se ha capacitado arduamente para que a su territorio llegue la paz y puedan vivir en plena armonía.
Su liderazgo lo ejerce junto a un grupo de cinco mujeres. Todos los días, desde las cuatro de la mañana, están despiertas a la espera de una llamada para poder movilizarse a las veredas de Jambaló y solucionar lo que la comunidad requiera.
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Hace dos años, Tombé y otras mujeres del resguardo, vienen formándose para ser mediadoras comunitarias y, a lo largo de este tiempo, creen que han generado un impacto positivo en la comunidad, pues a través de la formación que han recibido con apoyo del Programa Justicia Inclusiva de USAID, ellas han logrado ser el vínculo para disminuir las barreras de acceso a la justicia que actualmente enfrentan. Desde su labor de mediadoras han logrado tratar conflictos de violencia intrafamiliar, hurtos, abuso sexual y problemáticas relacionadas con delimitaciones de terrenos, lo que significa un gran avance para ellas, ya que según lo explica Tombé, “las personas no eran capaces de denunciar por el miedo a que se les juzgara”.
Según datos del Ministerio de Justicia, en el Sistema Local de Justicia de este municipio, los conflictos más predominantes son violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, hurtos, violencia sexual y líos en la delimitación de terrenos. En la mayoría de estos casos, las mediadoras pueden intervenir y su trabajo, como parte de los Mecanismos de Resolución de Conflictos, cada vez coge más fuerza.
La lucha de las mujeres mediadoras de Jambaló es ser reconocidas en sus entornos, pues son conscientes de que, en sus pueblos, aún hay trabajo por hacer para erradicar las violencias de género, que incluyen los comentarios machistas, la carga de tener que responder por todas las tareas de cuidado en sus hogares y los prejuicios con las que a veces son tratadas.
Albeiro Martínez, secretario de Gobierno del municipio, es consciente de que el trabajo de los mediadores refleja un compromiso con la justicia, ya que ayuda a depurar los conflictos que llegan a la personería y a la Alcaldía. Además, en entrevista, señaló: “las mujeres que ejercen como mediadoras han ganado espacios de liderazgos que en sus comunidades antes no tenían”.
Las mujeres indígenas del Cauca que buscan sustituir los cultivos ilícitos
Desde hace unos meses, Tombé y sus compañeras se han enfocado en promover la sustitución de los cultivos de uso ilícito que se han propagado en el territorio. Para ellas, esta es una preocupación latente, pues han traído consigo una desarmonía al resguardo.
“Son más de 2.000 familias en Jambaló que viven de los cultivos de marihuana o de coca, eso representa una desarmonía para nosotros como indígenas porque es dañar la tierra y atraer a grupos armados que son los que financian esos cultivos”, dice Tombé. Con gran preocupación añade que en el último año ha habido un alarmante aumento de los cultivos y, prácticamente en todas las veredas, hay marihuana o coca.
En 2021, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Cauca incrementó sus cultivos de coca en un 70% comparado con el año 2020. En más de 4.000 hectáreas había hoja de coca y, a pesar de que no existe una cifra exacta de la marihuana, a la fecha existen 800 personas registradas en el gremio de Cultivadores de Marihuana y Coca en Jambaló que ven como único sustento cultivar estas plantas. En el territorio, entre tanto, hacen presencia las disidencias de las FARC y la población actualmente se encuentra afectada por asesinatos sistemáticos contra líderes sociales, toques de queda y otras formas de control territorial, según le contaron a este diario fuentes humanitarias.
“Antes no sabíamos cómo hablar con los cultivadores, la relación con ellos era negativa, teníamos muchas discusiones porque creíamos que por culpa de ellos el conflicto armado había regresado al territorio”, explica Flor Calambaz, otra líder que se suma a la lucha de Tombé. Ellas, desde hace un tiempo, se movilizan por las veredas para mostrarles otras alternativas a los cultivadores.
Una de esas alternativas que han podido brindar junto con las autoridades indígenas es la erradicación manual de estas siembras. A cambio, les ofrecen otros cultivos —como el de lulo — para que los agricultores no se queden sin ingresos. “Cuando hacemos jornadas de erradicación nos movilizamos a las veredas con las autoridades indígenas, todos llevamos nuestro bastón de mando y lo primero que hacemos es entablar un diálogo para entender las necesidades que acogen a nuestros hermanos, luego les ofrecemos una alternativa y finalmente hacemos la erradicación manual. En este proceso podemos durar hasta una semana”, dice Tombé, mientras da a entender que la mediación ha llegado a Jambaló para quedarse, pues buscan concientizar a sus compañeros de las problemáticas que desencadena el cultivo ilícito de marihuana y coca.
Por su parte, Jhon Fernández, personero de Jambaló, explicó que “los cultivos de marihuana y coca se han propagado en un 70% en este semestre y a pesar de que hay un trabajo de coordinación con la jurisdicción indígena y evidenciamos que los mediadores comunitarios hacen una labor muy ardua, quienes compran estos cultivos en su mayoría son grupos armados, lo que significa un riesgo para aquellos mediadores que están en la labor de erradicar esto”.
Ese riesgo lo ha tenido que vivir Tombé, ya que, según cuenta, por su labor de mediadora actualmente tiene amenazas en su contra por parte del autodenominado Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC. Si bien su caso ya está en manos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), no le han dado medidas de protección.
Aunque es consciente del gran riesgo que corre, dice tajante: “seguiremos en la lucha para que en nuestro territorio desaparezcan los cultivos de uso ilícito, a través de la mediación y el diálogo, trabajaremos con los compañeros para ver a nuestro territorio libre y brindarles mejores opciones de vida a la comunidad”.
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