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El caso de Rubí,* una mujer de los Montes de María en Bolívar, ilustra el compromiso de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para apoyar a las víctimas de violencia de género en su búsqueda de justicia. Hace 11 años, ella fue brutalmente atacada por su pareja, quien le causó heridas graves en la cabeza, espalda, cuello y mano. A pesar de haber denunciado a su agresor en 2014 y contar con órdenes de captura en su contra, no se realizó ninguna detención sino hasta noviembre de 2023, gracias al apoyo del Colectivo de Abogadas Helenita González de Cartagena y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
El colectivo Helenita González, las defensoras de Rubí, reúne a abogadas comprometidas con la defensa de mujeres y niñas que sufren violencias de género en el Caribe, una región donde las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales son frecuentes y a menudo no denunciadas. En Cartagena y sus alrededores, estas mujeres suelen enfrentar el abuso, pero ahora, gracias al apoyo del colectivo de abogadas, cada vez es más accesible el sistema judicial para que sus denuncias avancen. La abogada Antonia Gómez, representante del caso, dice que, las condiciones socioeconómicas de Rubí y el estigma social que sufre aumentaron la gravedad de su situación. Sin embargo, el colectivo de abogadas lucha por llevar a juicio a su agresor, buscando que la justicia llegue, y que Rubí pueda iniciar un proceso de sanación tras años de dolor.
Al igual que Rubí, son miles de mujeres que diariamente sufren la violencia de género en Colombia. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud, un total de 66.621 casos de violencia basada en género (VBG) fueron reportados hasta la primera mitad de 2024. De estos casos, el 75,6 % se han presentado en mujeres, es decir, 50.374, una mayoría alarmante de los casos. Aunque las investigaciones siguen en el 97 % de impunidad, el caso de Rubí y el de miles de víctimas de violencia de género en el país avanza gracias al trabajo de las organizaciones que acompañan a las víctimas.
Al igual que Rubí, el dolor de muchas mujeres ha cambiado gracias al apoyo de USAID y el trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil para realizar un acompañamiento tanto jurídico como psicosocial en el trámite de sus casos. En el último año, por ejemplo, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, el número de casos de violencias basadas en género que avanzan en el proceso judicial o administrativo ha crecido. En 2023 se registraron 605 casos, mientras que en 2024 esta cifra fue de 528, alcanzando un total acumulado de 1,133 casos. Estos datos reflejan un compromiso continuo en el fortalecimiento de la respuesta judicial y administrativa donde las organizaciones sociales son claves.
Litigio con enfoque de género
Desde Antioquia, la Corporación Social Incluyamos, ha trabajado durante ocho años para empoderar a mujeres y comunidades vulnerables con un litigio estratégico con enfoque de género. Su misión se ha centrado en desarrollar proyectos de apoyo psicosocial y legal, especialmente en zonas afectadas por el conflicto, como el Bajo Cauca antioqueño, con un enfoque en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y otras formas de abuso. Esta organización de la sociedad civil, no solo brinda apoyo directo, sino que también trabaja en fortalecer el sistema de justicia, colaborando con funcionarios públicos para asegurar que las mujeres reciban un trato adecuado y puedan confiar en los sistemas de denuncia y protección.
A través del litigio estratégico, han logrado sentencias importantes en casos de abuso sexual y feminicidio, decisiones que además de brindar justicia a las víctimas, envían un mensaje a las comunidades y a los agresores: sí hay justicia y sí es posible una respuesta contundente. “Nuestro objetivo es transformar el dolor en acción, para que ninguna mujer se sienta sola enfrentando el sistema judicial”, dice Yaneth Liliana Mesa, representante legal de la corporación. Además, el trabajo va más allá de las leyes. “No basta con el acompañamiento jurídico. Muchas veces, el apoyo emocional es lo que permite que las mujeres vuelvan a confiar en que la justicia puede estar de su lado”, dice la lideresa.
Con el fin de prevenir las violencias, la Corporación Social Incluyamos también ha puesto un fuerte énfasis en el empoderamiento económico de las mujeres, particularmente en comunidades indígenas y afrodescendientes. A través de proyectos como “Mujeres Tejedoras de Vida”, han brindado capacitación y acceso a mercados, ayudando a que las mujeres puedan valorar y comercializar productos a precios justos. De acuerdo con la lideresa del colectivo, “esta independencia económica se convierte en una herramienta vital que ayuda a las mujeres a salir de ciclos de violencia y dependencia”.
De esta manera, en zonas con alta vulnerabilidad como el Bajo Cauca y Montes de María, las organizaciones de la sociedad civil han identificado que factores como la violencia económica y la falta de apoyo social obligan a muchas mujeres a permanecer en ciclos de abuso. Por esta razón, a través de su trabajo, buscan concientizar a la sociedad y a las instituciones sobre la gravedad y la complejidad de la violencia de género, promoviendo un enfoque que aborde desde la niñez y la adolescencia, la educación en igualdad de género y derechos humanos para prevenir las violencias basadas en género.
El apoyo de USAID a estos colectivos de mujeres ha permitido, además de una representación legal efectiva, un apoyo psicosocial que ayuda a las víctimas a reconstruir sus vidas y salir del ciclo de dependencia económica y emocional. Además, demuestra que el trabajo de las organizaciones sociales en Colombia es fundamental para transformar la cultura de impunidad y crear un sistema de justicia que realmente responda a las necesidades de las mujeres. Las organizaciones no solo representan un puente hacia la justicia, son también un símbolo de esperanza y de resistencia en la lucha por los derechos de las mujeres en Colombia.
*Nombre cambiado por la seguridad de la mujer.
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