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Cuando Karina* comenzó su proceso de capacitación como conciliadora en Equidad, en el municipio de Caucasia, lo hizo porque recientemente había llegado desplazada con su familia por la violencia en Cáceres y le habían dicho que había una oferta laboral. “Yo me puse contenta. Hice las capacitaciones y todo y ya cuando las terminé, me enteré de que el trabajo era no remunerado”, contó. Su ánimo no bajó y continuó el proceso, pero para sostenerse en un municipio que no era el suyo, tuvo que rebuscarse un trabajo en la informalidad para sobrevivir.
Desde entonces han pasado nueve años que labora como conciliadora del municipio de Caucasia, mediando entre conflictos sociales desde la Casa de Justicia. Ha llegado a atender desde problemas de pareja, hasta líos de deudas millonarias por las que la han intimidado. “A veces hay gente que se pone brava porque dicen que este trabajo no sirve para nada y gritan, y toca llamar a la Policía. Ellos no entienden esta labor”. Su día a día, podría asemejarse al de un juez que atiende todo tipo de casos, en medio de un contexto de un conflicto armado que no da tregua.
Una de las grandes diferencias de los conciliadores con otros trabajos de la rama judicial es que, por tratarse de un oficio de carácter social, no reciben ningún tipo de pago o remuneración por su labor. Así quedó estipulado en la ley 2220, como un trabajo de “voluntariado” que, lejos de ser un trabajo, es más una vocación. Sin embargo, en regiones en conflicto como el Bajo Cauca antioqueño, donde las oportunidades laborales para las personas de la ruralidad son escasas, las necesidades apremian. Por eso, según Carmen Orozco, la coordinadora de la red de conciliadores de la región, “muchos conciliadores certificados abandonan esta labor, porque la vocación no quita el hambre”.
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Cuando empezó el programa en Caucasia, en 2008, se inscribieron más de 40 personas, de las que fueron certificadas 25. Después, en 2012, se sumaron otras 22 personas y en 2022, había más de 25. Ahora, en 2023, los conciliadores en este municipio no superan las 10 personas que, de manera intermitente, ocupan una de las oficinas en la Casa de Justicia para cumplir con el deber. Karina, por ejemplo, sabe que para sobrevivir como madre cabeza de hogar debe buscarse un lugar en la informalidad con el temor de llegar a ser perseguida por la Policía, la misma con la que ella trabaja codo a codo en la Casa de Justicia.
“Cuando salimos de Cáceres fue porque nos habían matado a siete familiares y no paraban las amenazas contra nosotros. Perdimos todo, tocó salir con lo que teníamos puesto y empezar de cero acá”, dijo con la voz bajita. A la Casa de Justicia llega a trabajar una o dos veces a la semana durante todo el día. Sin embargo, como ese día no puede trabajar para ganarse el diario, a veces debe llegar y devolverse caminando, porque los $3 mil del transporte escasean. “Me demoro una hora caminando por trayecto. A veces llego sin el desayuno y sin tomarme ni un tinto en el trabajo porque no hay plata. Al mediodía, cuando se puede, me devuelvo caminando a la casa a almorzar y vuelvo y salgo antes de las 2 p.m. para volver a terminar la jornada”.
En un día, Karina puede caminar cuatro horas en los dos trayectos de ida y regreso que debe hacer para cumplir con su trabajo como conciliadora. Dijo que cuando sale del turno, antes de las 5 p.m., sale a trabajar lo que queda del día para llevar a la casa, por lo menos, lo de la comida del día siguiente. Al regresar, sabe que los reproches en casa no se hacen esperar. “Mis hijos y mi esposo, que no trabaja, me dicen que yo qué hago metida en esto de los conciliadores si no me pagan nada, si no hay ni para comer, pero uno lo hace es por amor”, contesta.
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Su trabajo no es ilegal y está lejos de ser un peligro para la sociedad como vendedora informal. El riesgo es que, a otras personas que se dedican a lo mismo, la policía les ha quitado el producido del día. “Hay compañeros que los han detenido por varios días en la estación, solo porque su lugar de trabajo es la calle”, mencionó. Sin embargo, por ella y por el resto de conciliadores, que la autoridad para tomar decisiones e intervenir en conflictos la tienen ellos y no los grupos armados que, con frecuencia, son quienes hacen las veces de jueces en las zonas rurales del país donde no llega el Estado.
Sobre este tema, Jhoana Delgado, viceministra de Promoción de la Justicia, le dijo en marzo de este año a este diario que estaban trabajando en una red de incentivos. “Aunque estamos convencidos de que tiene que seguir siendo una actividad gratuita, porque cuando hay una retribución económica se generan dificultades para generar la autonomía e independencia, somos conscientes de que tenemos que trabajar en eso y construir unos incentivos”.
La funcionaria dijo que estaban trabajando en dos posibilidades: una relacionada con esos incentivos económicos, que no representarían un sueldo; y otra con posibilidades de créditos, “en acceso a soluciones de vivienda digna. En eso sí podemos trabajar y estamos articulando con otras carteras ministeriales”.
En la región del Bajo Cauca Antioqueño se enfrentan las Agc (Clan del Golfo) y otras estructuras paramilitares como Los Caparros, con grupos como el ELN y algunas disidencias de las Farc. Eso, sobre todo en las veredas o corregimientos, deja a la población en una situación de control por parte de los actores armados. “Aunque los grupos armados nos respetan como conciliadores, ellos le dicen a la misma gente que ellos verán, a dónde van (a solucionar sus conflictos), si al comandante paramilitar o donde nosotros”, dijo otra de las conciliadoras, que pidió reserva de su identidad.
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A pesar de que es imposible medir el impacto que ha tenido esta figura en las zonas de conflicto armado, la red de conciliadores del Bajo Cauca antioqueño es una de las más fortalecidas en el país. Trabajan de manera articulada con la secretaría de Gobierno y de Educación de Antioquia, y reciben apoyo y capacitación del programa Justicia Inclusiva de USAID. En un día, según cálculos sencillos que hacen los conciliadores, pueden llegar a atender entre 5 y 8 casos en Caucasia, y unos 15 en la región.
Su aporte es significativo, justamente, porque es gracias a las instancias de conciliación que evitan que muchos de esos conflictos se escalen a la rama judicial y se conviertan en demandas. El pasado 11 y 12 de mayo, el Ministerio de Justicia llegó hasta el Bajo Cauca para brindarle capacitación a todos sus conciliadores y para actualizarlos en procedimientos judiciales y manejo de audiencias. Sin embargo, hasta que el Gobierno Nacional no reconozca como un trabajo la labor de los conciliadores y lo reglamenten en la ley 2220, muchas de sus necesidades y peticiones seguirán insatisfechas. La reflexión de Karina lo hace evidente: “Si de pronto hubiera una remuneración pequeña, un apoyo del gobierno o del municipio, al menos para suplir los transportes, habría más amor para trabajar”.
*Nombres cambiados a petición de las fuentes
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