Las realidades de las víctimas de explotación sexual en Medellín, según informe
Una investigación de la Fundación Empodérame realizada a 1.096 personas prostituidas identificó que la mayoría son mujeres en situación de pobreza. Además, encontró que la discriminación y la exclusión son factores que las empujan a esta forma de explotación.
Valentina Arango Correa
Un reciente informe reveló las condiciones extremas que enfrentan mujeres y niñas en contextos de prostitución en Medellín, destacando cómo múltiples factores de discriminación y exclusión las empujan hacia esta forma de explotación. El estudio documenta que el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza, la migración irregular, y otras formas de discriminación, como la orientación o identidad sexual, son detonantes clave que llevan a muchas mujeres y niñas a ser explotadas sexualmente. “Estas mujeres enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a servicios básicos, oportunidades de subsistencia y protección jurídica”, indica el informe.
El estudio, elaborado por la Fundación Empodérame, y contratado por la Alcaldía de Medellín a través de E.S.E. Metrosalud, evidencia que la mayoría de mujeres explotadas vive en condiciones precarias, sin vivienda segura y con escasas redes de apoyo. Muchas han sido víctimas de abuso sexual, maltrato infantil y violencia física antes de entrar en la prostitución, mientras que otras fueron engañadas con promesas de trabajo falso. El informe subraya la brutalidad que enfrentan, pues son víctimas de tortura, violaciones grupales, mutilaciones y abusos por parte de compradores de actos sexuales. “Alrededor del 50 % de los actos sexuales reportados se realizan sin protección, lo que las expone a graves consecuencias de salud”, añade el documento.
La población estudiada también incluyó a diversos grupos, incluidos mujeres entre 18 y 28 años, mujeres adultas de hasta 70 años, personas LGBTIQ+ y mujeres migrantes, quienes enfrentan mayores vulnerabilidades debido a su contexto socioeconómico y migratorio. Incluso, expuso que, las mujeres mayores de 70 años, aunque en menor medida, pueden encontrarse en estas situaciones, lo que subraya la necesidad de estrategias diferenciadas que garanticen su salud, bienestar y derechos humanos. Las acciones de intervención, que incluyeron entrevistas y grupos focales, se centraron en las comunas con mayor incidencia de explotación sexual: La Candelaria (comuna 10), El Poblado (comuna 14) y Laureles-Estadio (comuna 11), identificadas por el Gobierno local como zonas críticas que requieren atención prioritaria y programas intensivos de prevención.
Algunas participantes narraron episodios de sadismo extremo, incluidos casos en los que fueron quemadas, mutiladas o agredidas con objetos. Incluso, una mujer relató cómo perdió un ojo tras un ataque y no recibió rehabilitación. El sistema de explotación, cuenta la investigación, también se sostiene mediante mecanismos de control económico. Muchas mujeres deben pagar a proxenetas por protección, alquiler y comida, mientras lidian con deudas impuestas por prestamistas informales, conocidos como “gota-gota”. Estas dinámicas perpetúan su dependencia y disminuyen sus posibilidades de salir de la prostitución.
La caracterización también analiza las causas y factores de riesgo que contribuyen a la vulnerabilidad de ciertos grupos, principalmente mujeres jóvenes y adultas, incluidas personas de diversas identidades de género y etnias. Además, dice que las mujeres y personas prostituidas enfrentan estigma social, xenofobia y discriminación. Las mujeres migrantes, en particular, mencionaron que incluso aquellas con educación superior no pueden ejercer sus profesiones debido a la falta de documentación; también exponen cómo la explotación sexual afecta a sus hijos. “Los niños y niñas sufren inseguridad alimentaria, desescolarización y violencia, y en algunos casos, las madres pierden la custodia por la extrema vulnerabilidad de sus entornos”, resalta el estudio.
Además de la discriminación, está la pobreza monetaria y multidimensional, que afecta desproporcionadamente a las mujeres en Medellín, donde el 27 % de ellas viven en pobreza monetaria, según el informe de calidad de vida de 2022 de la Alcaldía de Medellín. Si bien en 2021 Medellín fue la ciudad principal con el menor porcentaje de pobreza monetaria en Colombia (27,6 %), también registró la mayor brecha de género en este indicador: mientras el 26,3 % de los hombres estaban en situación de pobreza, el porcentaje ascendió al 28,7 % en las mujeres. Siendo el contexto de la explotación sexual uno donde esta situación se agrava, ya que el 84,9 % de las personas en esta condición pertenecen a estrato 1, el 10,7 % a estrato 2 y solo el 3 % a los estratos 3 y 4, según los datos cartográficos del informe.
La prostitución masculina
Si bien el análisis se centró principalmente en mujeres en diferentes rangos de edad, también se entrevistó a un hombre y a personas LGBTIQ+ transfemeninas, lo que permitió incorporar perspectivas diversas sobre sus experiencias de vida y las dinámicas específicas de explotación sexual que enfrentan. Este acercamiento resaltó la necesidad de desarrollar estudios adicionales que incluyan a estas poblaciones, igualmente relevantes en la realidad de la explotación sexual en Medellín.
En particular, la prostitución en la ciudad presenta características específicas. Involucra, principalmente, a hombres que ofrecen servicios sexuales a otros hombres y, en algunos casos, a hombres homosexuales en procesos de transición de género, quienes comparten experiencias similares con mujeres en prostitución. Las edades predominantes en este grupo oscilan entre los 18 y los 30 años, con una significativa proporción de hombres provenientes de otras regiones de Colombia, atraídos por expectativas económicas que a menudo no se cumplen.
La situación de las personas transgénero entrevistadas reveló dificultades adicionales, como la falta de regularización migratoria y el limitado acceso a servicios de salud, lo que agrava su vulnerabilidad. Las motivaciones detrás de la prostitución masculina incluyen factores económicos, desarraigo familiar, falta de oportunidades laborales y, en algunos casos, coerción. Además, algunos hombres heterosexuales, pese a no identificarse con orientaciones homosexuales, se ven impulsados a participar en estas dinámicas por necesidad económica.
Las propuestas
Desde la Fundación Empodérame, el informe también presenta una campaña fundamentada en la Sentencia C-636/09 de la Corte Constitucional de Colombia y la Recomendación General No. 38 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los cuales avalan la necesidad de implementar medidas para prevenir y controlar la prostitución y su impacto. Se trata de “No Inviertas en Dolor”, una iniciativa que tendrá como objetivo desincentivar la compra de actos sexuales, fomentando un cambio cultural que reduzca la demanda, prevenga la trata de personas con fines de explotación sexual y proteja los derechos de quienes están en situación de prostitución.
De acuerdo con las normativas mencionadas, al desalentar la demanda, no solo se reduce el mercado de la explotación sexual, sino que se promueve un cambio estructural hacia la igualdad de género, la dignidad humana y la protección de los derechos de quienes se ven forzados a este contexto por la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades. Por ello, para lograr la campaña, el informe propone una estrategia integral, con la incorporación de contenidos sobre estas temáticas en el sistema educativo, además de desarrollar campañas públicas dirigidas especialmente a jóvenes y hombres, que destaquen los impactos negativos de la prostitución y la trata. Además, busca incluir medidas legales y penales, como sanciones pedagógicas que responsabilicen a los compradores de sexo y programas de apoyo para las personas en prostitución que deseen abandonar esta actividad.
De esta manera, estos hallazgos y propuestas concluyen con un llamado a las autoridades locales y nacionales para garantizar programas de salida efectivos, mejorar el acceso a la salud, eliminar barreras legales y brindar apoyo integral a las víctimas. También insta al Estado a proteger a las mujeres, su llamado es que urge la creación de políticas que aborden las raíces estructurales de la prostitución y protejan los derechos humanos de las mujeres y sus familias. La realidad documentada deja claro que la prostitución en Medellín no es una opción libre, sino una expresión de violencia sistemática y exclusión social que exige atención urgente.
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Un reciente informe reveló las condiciones extremas que enfrentan mujeres y niñas en contextos de prostitución en Medellín, destacando cómo múltiples factores de discriminación y exclusión las empujan hacia esta forma de explotación. El estudio documenta que el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la pobreza, la migración irregular, y otras formas de discriminación, como la orientación o identidad sexual, son detonantes clave que llevan a muchas mujeres y niñas a ser explotadas sexualmente. “Estas mujeres enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a servicios básicos, oportunidades de subsistencia y protección jurídica”, indica el informe.
El estudio, elaborado por la Fundación Empodérame, y contratado por la Alcaldía de Medellín a través de E.S.E. Metrosalud, evidencia que la mayoría de mujeres explotadas vive en condiciones precarias, sin vivienda segura y con escasas redes de apoyo. Muchas han sido víctimas de abuso sexual, maltrato infantil y violencia física antes de entrar en la prostitución, mientras que otras fueron engañadas con promesas de trabajo falso. El informe subraya la brutalidad que enfrentan, pues son víctimas de tortura, violaciones grupales, mutilaciones y abusos por parte de compradores de actos sexuales. “Alrededor del 50 % de los actos sexuales reportados se realizan sin protección, lo que las expone a graves consecuencias de salud”, añade el documento.
La población estudiada también incluyó a diversos grupos, incluidos mujeres entre 18 y 28 años, mujeres adultas de hasta 70 años, personas LGBTIQ+ y mujeres migrantes, quienes enfrentan mayores vulnerabilidades debido a su contexto socioeconómico y migratorio. Incluso, expuso que, las mujeres mayores de 70 años, aunque en menor medida, pueden encontrarse en estas situaciones, lo que subraya la necesidad de estrategias diferenciadas que garanticen su salud, bienestar y derechos humanos. Las acciones de intervención, que incluyeron entrevistas y grupos focales, se centraron en las comunas con mayor incidencia de explotación sexual: La Candelaria (comuna 10), El Poblado (comuna 14) y Laureles-Estadio (comuna 11), identificadas por el Gobierno local como zonas críticas que requieren atención prioritaria y programas intensivos de prevención.
Algunas participantes narraron episodios de sadismo extremo, incluidos casos en los que fueron quemadas, mutiladas o agredidas con objetos. Incluso, una mujer relató cómo perdió un ojo tras un ataque y no recibió rehabilitación. El sistema de explotación, cuenta la investigación, también se sostiene mediante mecanismos de control económico. Muchas mujeres deben pagar a proxenetas por protección, alquiler y comida, mientras lidian con deudas impuestas por prestamistas informales, conocidos como “gota-gota”. Estas dinámicas perpetúan su dependencia y disminuyen sus posibilidades de salir de la prostitución.
La caracterización también analiza las causas y factores de riesgo que contribuyen a la vulnerabilidad de ciertos grupos, principalmente mujeres jóvenes y adultas, incluidas personas de diversas identidades de género y etnias. Además, dice que las mujeres y personas prostituidas enfrentan estigma social, xenofobia y discriminación. Las mujeres migrantes, en particular, mencionaron que incluso aquellas con educación superior no pueden ejercer sus profesiones debido a la falta de documentación; también exponen cómo la explotación sexual afecta a sus hijos. “Los niños y niñas sufren inseguridad alimentaria, desescolarización y violencia, y en algunos casos, las madres pierden la custodia por la extrema vulnerabilidad de sus entornos”, resalta el estudio.
Además de la discriminación, está la pobreza monetaria y multidimensional, que afecta desproporcionadamente a las mujeres en Medellín, donde el 27 % de ellas viven en pobreza monetaria, según el informe de calidad de vida de 2022 de la Alcaldía de Medellín. Si bien en 2021 Medellín fue la ciudad principal con el menor porcentaje de pobreza monetaria en Colombia (27,6 %), también registró la mayor brecha de género en este indicador: mientras el 26,3 % de los hombres estaban en situación de pobreza, el porcentaje ascendió al 28,7 % en las mujeres. Siendo el contexto de la explotación sexual uno donde esta situación se agrava, ya que el 84,9 % de las personas en esta condición pertenecen a estrato 1, el 10,7 % a estrato 2 y solo el 3 % a los estratos 3 y 4, según los datos cartográficos del informe.
La prostitución masculina
Si bien el análisis se centró principalmente en mujeres en diferentes rangos de edad, también se entrevistó a un hombre y a personas LGBTIQ+ transfemeninas, lo que permitió incorporar perspectivas diversas sobre sus experiencias de vida y las dinámicas específicas de explotación sexual que enfrentan. Este acercamiento resaltó la necesidad de desarrollar estudios adicionales que incluyan a estas poblaciones, igualmente relevantes en la realidad de la explotación sexual en Medellín.
En particular, la prostitución en la ciudad presenta características específicas. Involucra, principalmente, a hombres que ofrecen servicios sexuales a otros hombres y, en algunos casos, a hombres homosexuales en procesos de transición de género, quienes comparten experiencias similares con mujeres en prostitución. Las edades predominantes en este grupo oscilan entre los 18 y los 30 años, con una significativa proporción de hombres provenientes de otras regiones de Colombia, atraídos por expectativas económicas que a menudo no se cumplen.
La situación de las personas transgénero entrevistadas reveló dificultades adicionales, como la falta de regularización migratoria y el limitado acceso a servicios de salud, lo que agrava su vulnerabilidad. Las motivaciones detrás de la prostitución masculina incluyen factores económicos, desarraigo familiar, falta de oportunidades laborales y, en algunos casos, coerción. Además, algunos hombres heterosexuales, pese a no identificarse con orientaciones homosexuales, se ven impulsados a participar en estas dinámicas por necesidad económica.
Las propuestas
Desde la Fundación Empodérame, el informe también presenta una campaña fundamentada en la Sentencia C-636/09 de la Corte Constitucional de Colombia y la Recomendación General No. 38 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los cuales avalan la necesidad de implementar medidas para prevenir y controlar la prostitución y su impacto. Se trata de “No Inviertas en Dolor”, una iniciativa que tendrá como objetivo desincentivar la compra de actos sexuales, fomentando un cambio cultural que reduzca la demanda, prevenga la trata de personas con fines de explotación sexual y proteja los derechos de quienes están en situación de prostitución.
De acuerdo con las normativas mencionadas, al desalentar la demanda, no solo se reduce el mercado de la explotación sexual, sino que se promueve un cambio estructural hacia la igualdad de género, la dignidad humana y la protección de los derechos de quienes se ven forzados a este contexto por la desigualdad, la violencia y la falta de oportunidades. Por ello, para lograr la campaña, el informe propone una estrategia integral, con la incorporación de contenidos sobre estas temáticas en el sistema educativo, además de desarrollar campañas públicas dirigidas especialmente a jóvenes y hombres, que destaquen los impactos negativos de la prostitución y la trata. Además, busca incluir medidas legales y penales, como sanciones pedagógicas que responsabilicen a los compradores de sexo y programas de apoyo para las personas en prostitución que deseen abandonar esta actividad.
De esta manera, estos hallazgos y propuestas concluyen con un llamado a las autoridades locales y nacionales para garantizar programas de salida efectivos, mejorar el acceso a la salud, eliminar barreras legales y brindar apoyo integral a las víctimas. También insta al Estado a proteger a las mujeres, su llamado es que urge la creación de políticas que aborden las raíces estructurales de la prostitución y protejan los derechos humanos de las mujeres y sus familias. La realidad documentada deja claro que la prostitución en Medellín no es una opción libre, sino una expresión de violencia sistemática y exclusión social que exige atención urgente.
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