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El trámite para implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CEV) en el Congreso está estancado. Tras un año de funciones legislativas, son más los puntos pendientes que los logros de este organismo con respecto a las recomendaciones que hizo la CEV en junio de 2022. Según concluyó un análisis realizado por la Universidad de Los Andes y Congreso Visible, la tarea de proponer, discutir y votar proyectos relacionados a las sugerencias de la CEV durante los últimos 12 meses en el Legislativo “no ha sido una prioridad”.
Cuando la Comisión, creada con el Acuerdo de Paz, publicó su informe a mediados de 2022, insistió en que era necesaria voluntad política tanto del Gobierno como del Congreso para que Colombia pudiera vislumbrar una “convivencia pacífica” y tener garantías para que el conflicto armado no se repitiera. Sin embargo, el estudio, realizado por los politólogos Laura Wills, Federico Dupont e Isabel García, concluye que este propósito no se ha cumplido.
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“El avance de algunas iniciativas ha sido muy tímido y la mayoría ha sido archivada. Esto revela baja voluntad política o interés por parte de los congresistas para centrar su atención en iniciativas que respondan a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”, concluye el estudio, apoyado por la Friedrich Ebert Stiftung (Fescol).
Tras casi cinco años de investigaciones y más de 14.000 testimonios del conflicto, la CEV publicó en 2022 el Informe final, un documento en el cual hizo 67 recomendaciones destinadas a mejorar la seguridad, la equidad, la construcción de paz y la participación política en el país. Cada una de las recomendaciones, divididas en nueve temas principales, instaban a diferentes instituciones a tomar algún protagonismo para dejar atrás los recuerdos del conflicto entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC.
Tareas sin hacer
El Congreso tiene un papel fundamental para la implementación del Acuerdo de Paz y convertir las recomendaciones de la CEV en leyes. Pero durante el último año, los esfuerzos de los congresistas han estado destinados a otras tareas. Según explican los investigadores de Los Andes, en la última legislatura 676 proyectos de ley fueron radicados en el Congreso. Sin embargo, tan solo 78 de estos proyectos tenían relación con la implementación de las recomendaciones de la Comisión. Es decir, que las actividades del Congreso solo han propuesto, discutido o votado poco más del 11 % de las recomendaciones totales.
Aunque la implementación de las recomendaciones no depende únicamente del Congreso, el estudio asegura que “muchas de ellas se dirigen de manera específica al Estado colombiano, lo que indica que, efectivamente, el ideal es que los cambios estructurales comiencen por las instituciones del Estado, entre ellos la rama Legislativa”. Y agrega: “Del total de los proyectos, solo 14 de estos mencionan (explícitamente) las recomendaciones de la CEV. (…) Esto refleja una ausencia notable de la mención del Informe”.
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Según explican los autores, esto podría explicarse por dos razones. La primera, que el Congreso se ha centrado en estudiar y votar las reformas sociales que Gustavo Petro prometió al ser elegido como presidente (reforma a la salud, laboral, paz total, reforma rural integral). La segunda causa es la complejidad de las recomendaciones que hace la CEV, lo que, en muchos casos, implicaría cambiar la estructura del Estado colombiano.
De hecho, eso salió a flote en el debate que terminó hundiendo el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que creaba un camino para implementar las recomendaciones de la Comisión. En los debates legislativos, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, argumentó que se debía hundir el artículo 8° porque “tiene un listado de recomendaciones que vuelve obligatorias y que genera un efecto, a mi juicio, de ruptura en la estructura y funcionalidad del Estado”.
Además, el estudio asegura que la CEV realizó muchas recomendaciones a un Congreso que no ha logrado superar la polarización política. “El Informe presenta una gran cantidad de información detallada y compleja que necesita ser analizada, comprendida e implementada por los legisladores. Este es un proceso que requiere tiempo, recursos y una voluntad política significativa”, se lee en el análisis de Los Andes.
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“Estas reformas, aunque esenciales para la visión del gobierno, han consumido también gran parte del espacio discursivo, la atención de la ciudadanía y de los debates de las sesiones ordinarias del Congreso, posiblemente eclipsando la importancia y la urgencia del Informe de la Comisión de la Verdad”, asegura el análisis.
Mucho a favor
Gustavo Petro prometió desde campaña cumplir el Acuerdo de Paz. Incluso, en junio de 2022, asistió a la presentación del Informe final y aseguró que “estas recomendaciones (de la CEV) se volverán efectivas en la historia de Colombia”. Justo cuando llegó a la casa de Gobierno, Petro contaba con apoyos legislativos que superaban el 70 % del Congreso.
Con esta mayoría, el Gobierno pudo tramitar y votar dos puntos claves de las recomendaciones: la aprobación de la política de seguridad conocida, que ha llamado paz total, y la creación del Ministerio de la Igualdad. El jefe de Estado contaba con aliados políticos dentro del Congreso, como Roy Barreras (presidente de Senado) y David Racero (presidente de la Cámara de Representantes) que podían agilizar e incluso ayudar al trámite y aprobación de las recomendaciones. Sin embargo, el estudio de Los Andes asegura que el presidente no logró aprovechar las ventajas que en su momento tuvo.
En la actualidad, los apoyos legislativos en la coalición de Gobierno se han reducido pasando del 76 % del Congreso al 52 %. Esta disminución ha tenido repercusiones políticas: en junio de 2023, el Senado hundió el proyecto de ley que regulaba el cannabis de uso adulto, una de las recomendaciones que la CEV insistió en implementar para erradicar el estigma y cambiar el foco de la política de drogas en Colombia.
¿Y ahora?
El trabajo de la CEV puede enfrentarse a dos escenarios en los tres años que aún le falta al actual Congreso para terminar su periodo. Puede que las tensiones y divisiones políticas dentro del Legislativo se solucionen en los próximos semestres. Con ello, las recomendaciones de la CEV podrían avanzar, e incluso aprobarse. Sin embargo, el estudio reconoce que probablemente no todas las sugerencias serán discutidas y votadas, pues “algunas serán más fáciles de implementar que otras”.
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“Algunas recomendaciones pueden cumplirse en un corto periodo de tiempo (por ejemplo, la aprobación de una ley específica); otras pueden tardar décadas (por ejemplo, proporcionar educación en derechos humanos)”, explica el estudio.
En otro escenario, el informe explica que ya podría ser tarde para la implementación de estas recomendaciones, ya que el Gobierno ya cumplió el primer año de mandato en el cual se miden y materializan sus primeras intenciones. En ese sentido, el artículo cita a Elin Skaar, experta en justicia transicional del centro de investigación Michelsen, quien considera que, “la importancia de las recomendaciones probablemente disminuirá con el tiempo a medida que otros asuntos suplanten la agenda política”.
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