Este 29 de mayo se cumplen cinco años desde que el movimiento Son Niñas, No Madres presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuatro casos de niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual, forzadas por sus Estados a continuar con los embarazos producto de esas violaciones. Como parte de la conmemoración, monumentos y lugares emblemáticos de Chile, México, Argentina, Perú, Guatemala, Colombia y Nicaragua se iluminan para llamar la atención sobre las garantías de derechos de las niñas latinoamericanas.
Este acto, el cual constituye un llamado urgente a los Estados para que protejan a las niñas sobrevivientes de violencia e impunidad, y les garanticen el acceso a servicios de salud y educación sexual integral, se verá desde lugares emblemáticos como el Palacio de la Moneda y la Plaza Italia en Chile; el Palacio de Tribunales y la Av. Corrientes en Argentina; la Plaza de Bolívar en Colombia; el Empire State Building y Chelsea Street en Nueva York; la Plaza de las Niñas en Guatemala; la Plaza de la Revolución en Nicaragua; el Parque del Amor y la Plaza San Martín en Perú proyectan el mensaje del movimiento.
Justicia para las niñas
Norma de Ecuador, Fátima de Guatemala, y Lucía y Susana de Nicaragua, tenían entre 10 y 13 años cuando fueron víctimas de violencia sexual. Las cuatro confirmaron sus embarazos producto de violación y a pesar de expresar su deseo de no ser madres, sus Estados les negaron el acceso a la interrupción del embarazo. Además de verse desprotegidas, enfrentaron estigma, amenazas y violencia obstétrica durante sus embarazos y partos.
Hasta que el 29 de mayo de 2019, el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Planned Parenthood Global (PPG), Mujeres Transformando el Mundo (MTM) de Guatemala, y Surkuna de Ecuador se unieron para ejecutar una estrategia de litigio internacional simultáneo y sin precedentes. Las organizaciones presentaron los casos de las cuatro niñas sobrevivientes de violencia sexual, forzadas a la maternidad, ante las Naciones Unidas, con el propósito de solicitar justicia y reparación y no repetición.
“Los testimonios de cada una de ellas indican que los Estados infringieron varios derechos fundamentales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos incluyen la vida digna, afectada por la violencia sexual y la maternidad forzada; tratos crueles debido a embarazos no deseados y violencia obstétrica; discriminación por restricciones legales al acceso a servicios de salud reproductiva y aborto; y la violación del derecho a buscar, acceder y recibir información sobre opciones para enfrentar el embarazo no deseado”, dijo Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos.
De acuerdo con información de Son Niñas, No Madres, cada uno de estos casos representa la situación estructural y el patrón regional de desprotección a la que están expuestas las niñas latinoamericanas. En este contexto, muchas de ellas se ven obligadas a ser madres debido a la violencia sexual ejercida en su contra, la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, las leyes restrictivas sobre el acceso a una interrupción voluntaria del embarazo y la falta de medidas estatales que protejan a las niñas de estas vulneraciones.
Los casos de estas cuatro menores no son únicos. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina y el Caribe es la segunda región del mundo con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años. En 2020, el 80% de las agresiones sexuales tuvieron como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años, y aproximadamente 5 de cada 100 niñas dentro de este grupo de edad tuvieron hijos.
Por estas razones, el movimiento Son Niñas, No Madres fue creado. Su fin es buscar justicia, reparación y medidas de no repetición, y así evitar que las niñas sean obligadas a ser madres, a través del litigio para que las niñas vivan libres de violencia, se tomen medidas para prevenir el abuso sexual, y se garantice el acceso a derechos y servicios de salud reproductiva que protejan su infancia y les permita alcanzar el proyecto de vida que desean.
De esta manera, las acciones presentadas ante Naciones Unidas se han convertido en una esperanza para todas las niñas y mujeres que no encuentran justicia en sus países. Tras cinco años de la interposición de la demanda, Norma, Fátima, Lucía, Susana y todas las niñas sobrevivientes de violencia sexual de la región esperan cuatro decisiones por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con este dictamen, las organizaciones esperan que pueda cambiar el paradigma jurídico con el que se aborda la violencia sexual y los embarazos y maternidades forzadas de las menores de edad.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador