Llegó la hora cero para abrir el caso de violencia sexual en la JEP

En junio podría cristalizarse uno de los pedidos más insistentes de las organizaciones de víctimas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): que abra un macrocaso para investigar la violencia sexual en el conflicto armado. Desde julio de 2022, la Sala de Reconocimiento anunció que iniciaría una investigación específica de este tipo de violencias, cometida contra mujeres y personas LGBTI, a causa de prejuicios de género: el caso número 11. Sin embargo, esa promesa no se ha materializado formalmente y, mientras las expectativas solo crecen entre la sociedad civil, también consideran que los magistrados se han tomado más del tiempo necesario.

“Lo que vemos es que hay voluntad de abrir el caso y hoy cuentan con el equipo suficiente para hacerlo”, le dijo a este diario Adriana Benjumea, directora de la corporación Humanas, que ha presentado varios de los informes sobre violencia sexual a la JEP. Se refiere a que, en abril pasado, la JEP amplió su planta y creó 423 cargos nuevos que, en buena medida, entrarán a apoyar a la Sala de Reconocimiento en los 11 macrocasos. “Pero como hemos dicho las organizaciones, la jurisdicción se ha tomado mucho tiempo y hay víctimas que hoy dudan que su caso pueda ser analizado”, añadió.

Esto sucede porque, solo hasta que el caso sea abierto oficialmente, las víctimas podrán acreditarse. Según supo este diario, en estos meses se han zanjado discusiones sobre cómo abordar la investigación a partir de los aprendizajes de otros casos y el Grupo de Análisis (GRAI) de la JEP sistematizó los cientos de informes que presentaron sobre el tema las víctimas e instituciones del Estado. También la Sala acordó que el caso lo asumirán, como correlatores, los magistrados Julieta Lemaitre, quien lidera el caso 01 sobre secuestros cometidos por las Farc, y Óscar Parra, uno de los líderes del caso 03, en el que se investigan ejecuciones extrajudiciales.

Los magistrados actualmente trabajan en la decisión con la que abrirían oficialmente el caso 11, que se dividirá en dos frentes: violencias cometidas por Farc y por la Fuerza Pública. Una vez la Sala de Reconocimiento dé su luz verde, además de iniciar la acreditación de las víctimas, comenzará la etapa de aportes de verdad, es decir, de escuchar a los antiguos guerrilleros y militares que puedan tener información sobre los hechos de violencia sexual. También habrá, finalmente, un canal oficial para que la JEP le explique a organizaciones como Humanas las metodologías que va a adoptar para desentrañar hechos que han permanecido silenciados en la guerra.

Las organizaciones ya le han planteado a la JEP una hoja de ruta. “Nosotras respaldamos plenamente la implementación del Acuerdo de Paz, pero el respaldo no es libre de críticas”, comentó la abogada Susana Peralta, coordinadora de la línea de Paz en Colombia Diversa que, junto a Humanas, Caribe Afirmativo, y otras organizaciones, han liderado la Alianza de Litigio de Género ante la JEP. En abril, por ejemplo, le entregaron a los magistrados un documento con 29 recomendaciones sobre cómo impulsar la investigación y la reparación de las violencias sexuales, reproductivas y basadas en género.

Entre ellas está que, una vez se abra el caso 11, se cree un plan de trabajo para suplir los retrasos. También hay recomendaciones que han recogido de la experiencia de litigar ante la JEP, como que se tiene que partir de que hay un subregistro sobre estas formas de violencia, y que se deberían tener el contexto de los hechos y los relatos de las víctimas como prueba. “Reconocer que no fueron hechos excepcionales ni aislados, que su comisión en el contexto de conflicto armado se conecta con la violencia estructural y la discriminación que afecta la vida cotidiana”, como escribieron en las recomendaciones.

Peralta dijo que han encontrado entre los magistrados un profundo desconocimiento de cómo opera la discriminación. Así quedó reseñado en un informe que la abogada elaboró junto a Humanas, Sisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres y Women’s Link, que integran la plataforma Cinco Claves, en el que le dieron recomendaciones a la JEP en enfoque de género, a partir de su experiencia. Allí cuestionaron que, en una audiencia, un magistrado le preguntó a los comparecientes: “¿Durante su permanencia en las FARC alguna vez discriminaron o excluyeron a las personas LGBT en el territorio?”. Desde luego, la respuesta siempre fue negativa.

Además de estos tropiezos en el litigio, las organizaciones han cuestionado las imputaciones que ha hecho hasta ahora la Sala de Reconocimiento. Katrim de la Hoz, subdirectora de Caribe Afirmativo, recordó cómo han pasado ya dos meses desde que la JEP imputó a 10 exmiembros de las Farc por hechos de violencia en el Valle y Cauca, en el caso 05, y aunque desde entonces anunció que abordaría la violencia de género en una decisión aparte, esta aún no se conoce. Y apenas en un caso, por el asesinato de un hombre gay presentado como un falso positivo en Casanare, se ha imputado el delito de persecución por razones de género.

De allí la urgencia de las organizaciones de que la Sala de Reconocimiento encuentre metodologías que no les impongan a las víctimas la obligación de probar la violencia que sufrieron. “Una prueba de contexto permite partir de que en el conflicto armado todos los actores cometieron hechos de violencia sexual, luego entrar a valorar la información disponible al respecto e interrogar a los comparecientes desde ahí, desde lo que pudieron conocer de esos hechos que ocurrieron”, explicó Benjumea. No están pidiendo algo descabellado, pues, de hecho, la JEP ya está haciendo investigaciones de esta manera.

Particularmente en el caso 07, donde se investiga el reclutamiento forzado de niños y niñas. Allí, bajo la coordinación de la magistrada Lily Rueda, se ha establecido una metodología en la cual, como escribió la Alianza de Litigio de Género, “no se cuestiona, pues los relatos de las víctimas son suficientes como prueba del hecho, y se busca es establecer la responsabilidad del compareciente”. Este tipo de experiencias, consideran Peralta y Benjumea, se deberían replicar en otros casos. Y, desde luego, en el 11, que esperan se abra formalmente antes de que se cumpla un año del anuncio.

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En junio podría cristalizarse uno de los pedidos más insistentes de las organizaciones de víctimas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): que abra un macrocaso para investigar la violencia sexual en el conflicto armado. Desde julio de 2022, la Sala de Reconocimiento anunció que iniciaría una investigación específica de este tipo de violencias, cometida contra mujeres y personas LGBTI, a causa de prejuicios de género: el caso número 11. Sin embargo, esa promesa no se ha materializado formalmente y, mientras las expectativas solo crecen entre la sociedad civil, también consideran que los magistrados se han tomado más del tiempo necesario.

“Lo que vemos es que hay voluntad de abrir el caso y hoy cuentan con el equipo suficiente para hacerlo”, le dijo a este diario Adriana Benjumea, directora de la corporación Humanas, que ha presentado varios de los informes sobre violencia sexual a la JEP. Se refiere a que, en abril pasado, la JEP amplió su planta y creó 423 cargos nuevos que, en buena medida, entrarán a apoyar a la Sala de Reconocimiento en los 11 macrocasos. “Pero como hemos dicho las organizaciones, la jurisdicción se ha tomado mucho tiempo y hay víctimas que hoy dudan que su caso pueda ser analizado”, añadió.

Esto sucede porque, solo hasta que el caso sea abierto oficialmente, las víctimas podrán acreditarse. Según supo este diario, en estos meses se han zanjado discusiones sobre cómo abordar la investigación a partir de los aprendizajes de otros casos y el Grupo de Análisis (GRAI) de la JEP sistematizó los cientos de informes que presentaron sobre el tema las víctimas e instituciones del Estado. También la Sala acordó que el caso lo asumirán, como correlatores, los magistrados Julieta Lemaitre, quien lidera el caso 01 sobre secuestros cometidos por las Farc, y Óscar Parra, uno de los líderes del caso 03, en el que se investigan ejecuciones extrajudiciales.

Los magistrados actualmente trabajan en la decisión con la que abrirían oficialmente el caso 11, que se dividirá en dos frentes: violencias cometidas por Farc y por la Fuerza Pública. Una vez la Sala de Reconocimiento dé su luz verde, además de iniciar la acreditación de las víctimas, comenzará la etapa de aportes de verdad, es decir, de escuchar a los antiguos guerrilleros y militares que puedan tener información sobre los hechos de violencia sexual. También habrá, finalmente, un canal oficial para que la JEP le explique a organizaciones como Humanas las metodologías que va a adoptar para desentrañar hechos que han permanecido silenciados en la guerra.

Las organizaciones ya le han planteado a la JEP una hoja de ruta. “Nosotras respaldamos plenamente la implementación del Acuerdo de Paz, pero el respaldo no es libre de críticas”, comentó la abogada Susana Peralta, coordinadora de la línea de Paz en Colombia Diversa que, junto a Humanas, Caribe Afirmativo, y otras organizaciones, han liderado la Alianza de Litigio de Género ante la JEP. En abril, por ejemplo, le entregaron a los magistrados un documento con 29 recomendaciones sobre cómo impulsar la investigación y la reparación de las violencias sexuales, reproductivas y basadas en género.

Entre ellas está que, una vez se abra el caso 11, se cree un plan de trabajo para suplir los retrasos. También hay recomendaciones que han recogido de la experiencia de litigar ante la JEP, como que se tiene que partir de que hay un subregistro sobre estas formas de violencia, y que se deberían tener el contexto de los hechos y los relatos de las víctimas como prueba. “Reconocer que no fueron hechos excepcionales ni aislados, que su comisión en el contexto de conflicto armado se conecta con la violencia estructural y la discriminación que afecta la vida cotidiana”, como escribieron en las recomendaciones.

Peralta dijo que han encontrado entre los magistrados un profundo desconocimiento de cómo opera la discriminación. Así quedó reseñado en un informe que la abogada elaboró junto a Humanas, Sisma Mujer, la Red Nacional de Mujeres y Women’s Link, que integran la plataforma Cinco Claves, en el que le dieron recomendaciones a la JEP en enfoque de género, a partir de su experiencia. Allí cuestionaron que, en una audiencia, un magistrado le preguntó a los comparecientes: “¿Durante su permanencia en las FARC alguna vez discriminaron o excluyeron a las personas LGBT en el territorio?”. Desde luego, la respuesta siempre fue negativa.

Además de estos tropiezos en el litigio, las organizaciones han cuestionado las imputaciones que ha hecho hasta ahora la Sala de Reconocimiento. Katrim de la Hoz, subdirectora de Caribe Afirmativo, recordó cómo han pasado ya dos meses desde que la JEP imputó a 10 exmiembros de las Farc por hechos de violencia en el Valle y Cauca, en el caso 05, y aunque desde entonces anunció que abordaría la violencia de género en una decisión aparte, esta aún no se conoce. Y apenas en un caso, por el asesinato de un hombre gay presentado como un falso positivo en Casanare, se ha imputado el delito de persecución por razones de género.

De allí la urgencia de las organizaciones de que la Sala de Reconocimiento encuentre metodologías que no les impongan a las víctimas la obligación de probar la violencia que sufrieron. “Una prueba de contexto permite partir de que en el conflicto armado todos los actores cometieron hechos de violencia sexual, luego entrar a valorar la información disponible al respecto e interrogar a los comparecientes desde ahí, desde lo que pudieron conocer de esos hechos que ocurrieron”, explicó Benjumea. No están pidiendo algo descabellado, pues, de hecho, la JEP ya está haciendo investigaciones de esta manera.

Particularmente en el caso 07, donde se investiga el reclutamiento forzado de niños y niñas. Allí, bajo la coordinación de la magistrada Lily Rueda, se ha establecido una metodología en la cual, como escribió la Alianza de Litigio de Género, “no se cuestiona, pues los relatos de las víctimas son suficientes como prueba del hecho, y se busca es establecer la responsabilidad del compareciente”. Este tipo de experiencias, consideran Peralta y Benjumea, se deberían replicar en otros casos. Y, desde luego, en el 11, que esperan se abra formalmente antes de que se cumpla un año del anuncio.

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