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Una Jornada Móvil de Justicia llegó el pasado 17 de mayo al corregimiento de Santa Fe de las Claras, en Puerto Libertador (Córdoba), con el objetivo de recibir denuncias sobre violencias basadas en género y brindar atención y orientación a la comunidad. Se enfocaron en casos que no habían sido registrados y, por primera vez, en hablar sobre prevención para identificar estas formas de violencia que han sido relegadas a lo privado.
Organizaciones de la sociedad civil, como Abrigando Sueños y la Fundación Caribeñxs, también orientaron a la población sobre qué hacer cuando se presentan escenarios de discriminación por prejuicio en razón de la identidad y orientación sexual. Además, se llevó a cabo un diálogo de coordinación entre las instituciones (Defensoría, Comisaría de Familia y Personería Municipal) y las organizaciones civiles y profesores para establecer acciones estratégicas frente a esas violencias.
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Para Nuris Dubeys Ramos, psicóloga de la Fundación Abrigando Sueños, la jornada fue “muy productiva”, ya que, además de atender casos de la mano con la institucionalidad, se impartieron talleres para identificar posibles violencias basadas en género, las cuales fueron puestas en conocimiento de la Defensoría. “La jornada también se hizo con algunos profesores a quienes se les dieron herramientas de identificación de violencias basadas en género y se comprometieron a estar vigilantes sobre este problema en las aulas”, le dijo Ramos a este diario.
Abrigando Sueños no es únicamente una fundación que lleva atención psicosocial a las víctimas. Entre sus componentes está la representación jurídica, la cual se hizo visible en algunos casos en el corregimiento de Santa Fe de las Claras. Según explicó Nuris Ramos, durante la jornada se realizaron encuentros con los representantes legales de algunas víctimas, en donde se acordó solicitar ante la Fiscalía el estado procesal de los casos que ya fueron denunciados.
“La representación legal la hacemos directamente desde la fundación, con nuestras abogadas. No siempre contamos con cobertura para todos los casos, por lo que algunas veces nos apoya la Defensoría”, aseguró Yeimis Paternina, cofundadora de Abrigando Sueños. “Abogada 24/7″, ese es el término que Paternina le dio a la asesoría jurídica que desde la fundación le dan las víctimas, dejando ver que el acompañamiento es constante.
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De esta forma, explicó, se hace un seguimiento a los casos, además de la orientación psicosocial, para que estos no queden aislados. En Montería, capital de Córdoba y el municipio más grande de ese departamento, la fundación también se reúne con algunas víctimas para revisar el estado de sus procesos. “Debemos mirar un poco las barreras que percibimos nosotros como organización civil y también las que tiene la Defensoría, así podemos definir estrategias para que los casos avancen”, sostuvo.
En la región ha llamado la atención de defensores de derechos humanos la temprana edad que las mujeres son obligadas a casarse (12 años) y que, además, es sobre ellas que recaen violencias de tipo sexual, psicológica y económica. Esto se suma a oto factor: la religión. De acuerdo con Paternina, se ha logrado identificar que las mujeres son estigmatizadas por acudir a la denuncia, pues les dicen que para eso “Dios puede perdonar”. Esto, no solamente garantiza la impunidad de los agresores, sino, también, genera “temor a denunciar”.
“La parte religiosa se está convirtiendo en una barrera de acceso a la justicia para las mujeres porque las hacen sentir culpables. Cuando se rumora que hay denuncias, dicen que Dios no es gustoso de su actuar porque ‘las mujeres deben resolver los conflictos en casa’”, señaló Paternina. Otra barrera es la presencia de grupos armados, que ejercen un control territorial y se hacen notar en el sur de Córdoba, como, por ejemplo, el Clan del Golfo o AGC.
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Ahora bien, en la jornada realizada en Santa Fe de las Claras, uno de los resultados que desde las organizaciones civiles vieron como positivo, fue la identificación de casos de violencia intrafamiliar, que antes estaban lejos de conocerse. Desde la parte preventiva, explicó Paternina, lograron evidenciar un nuevo caso que también fue alertado a la Comisaría de Familia. Para ella, ese es el fuerte de las Jornadas Móviles de Justicia: más allá de la denuncia, es que existe una actividad de prevención. Argumenta que en jornadas anteriores las labores se centraban en la asesoría y orientación, más no en prevenir.
De esta manera, instituciones como la Comisaría de Familia y la Defensoría del Pueblo, en compañía de organizaciones de la sociedad civil, apoyados por el Programa Justicia Inclusiva de Usaid, tomaron declaraciones, realizaron talleres y pusieron sobre la mesa sus servicios de justicia para más de 120 personas de este y otros corregimientos aledaños.
“En esta ocasión logramos implementar una pedagogía preventiva en dos temas: las violencias basadas en género y la ruta de atención con las instituciones”, añadió la cofundadora de la fundación, quien calificó esta guía como uno de los más grandes avances en las jornadas en Puerto Libertador. No obstante, son varios los problemas que aún azotan al corregimiento, pues la normalización de la violencia aún está presente.
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