“Lo étnico estaba totalmente rezagado”: director de la Unidad de Restitución

Giovani Yule se convirtió en agosto pasado en el primer indígena en dirigir la Unidad de Restitución de Tierras, entidad encargada de presentarles a los jueces los casos de predios despojados durante el conflicto para que vuelvan a ser titulados a las víctimas. Miles de los solicitantes pertenecen a pueblos étnicos como el de Yule, pero en sus procesos han enfrentado todo tipo de obstáculos. En entrevista con este diario, el director explica las estrategias que han implementado para eliminar trámites que solo dilataban el trámite de la restitución y que tenían en situaciones de desigualdad a los pueblos indígenas o afrodescendientes frente, por ejemplo, a los campesinos.

(En contexto: La “conversa”: dialogar para destrabar la restitución de tierras de pueblos étnicos)

Desde que llegó a la dirección de la Unidad, ¿qué ha podido hacer para agilizar los procesos?

Cuando llegamos, encontramos una institución que prácticamente estaba dilatando los tiempos. Había creado procedimientos que realmente eran obstáculos. Entonces hemos venido haciendo una armonización de la ruta, para agilizar los procesos y eliminar figuras que no hacían más que dilatar y estancar, e incluso negar el derecho fundamental de la restitución a las víctimas. Por ejemplo, había un grupo de análisis minero energético, que negaba solicitudes de restitución en regiones donde había macroproyectos de minería, lo cual es una contradicción porque la Unidad se crea, mediante la ley 1448, precisamente para restituirle los territorios a las víctimas que han sido despojados por el conflicto y la violencia.

¿Y qué otras acciones han tomado?

Hemos venido haciendo un ejercicio de conversa territorial. Nosotros nos debemos a las víctimas, en consecuencia, es el primer sector con el cual debemos tener una conversa fluida, fraterna y que nos permita construir conjuntamente las rutas para mirar cómo solucionamos el problema del despojo territorial en Colombia. Ahí están las estructuras organizativas del movimiento campesino, indígena, afro, de los jóvenes, de mujeres, de ambientalistas, en fin. Ahí está toda la estructura social y popular en los territorios. La idea es que se apropien de este proceso, porque la restitución es un deber de nosotros como Estado, y para ellos es un derecho, pero la idea es juntar la fortaleza institucional con la fuerza organizativa de las comunidades para avanzar conjuntamente.

(Lea también: Cuando una empresa invierte en justicia puede octuplicar inversión, dice estudio)

Lo segundo es una conversa muy fraterna con los jueces, con los magistrados, con las altas cortes, porque ellos son los que hacen la segunda y tercera parte de la restitución: la etapa judicial y de posfallo. La decisión la tomarán en su autonomía, pero la idea es que sea una decisión afianzada en la posibilidad que sea en derecho y en justicia social. Yo vengo del pueblo indígena nasa, vengo del territorio y confío en que si hacemos una conversa de los jueces en el territorio con las comunidades podemos tener decisiones más armonizantes y que puedan solucionar muchos de los problemas en los territorios.

Hace unos meses dijo que revisarían las solicitudes de restitución que habían sido negadas en la administración anterior ¿Cómo va ese proceso?

Uno de los primeros informes que nos dieron fue que habían llegado 140.000 solicitudes a la Unidad, de la cuales habían tramitado más de 100.000. Pero cuando fuimos a revisar, el 65% de estas solicitudes estaban negadas. Allí ya había una preocupación. Cuando hablamos con la Procuraduría, nos planteó la misma preocupación. Hablamos con la Defensoría y también nos planteó lo mismo. O sea que ya había habido un cuestionamiento de los entes de control frente a la URT sobre porqué la negación tan alta. Hemos comenzado a revisar. Imagínese, si eran 11 años de procesos, tal vez nosotros no alcancemos a revisar el universo de todas las solicitudes, pero desde que llegamos estamos revisando.

(Le puede interesar: El reto de involucrar al poder judicial en debate de las recomendaciones de la CEV)

¿Y qué han encontrado?

Ya hemos revisado más de 500 solicitudes y nos hemos dado cuenta de que en realidad la mayoría son solicitudes en los que sí procede la restitución. Hemos revocado estas decisiones y hemos iniciado nuevamente sus procesos. Se trata de más de 50.000 hectáreas de espacio sobre el que nuevamente hemos iniciado procesos y más de 400 procesos que hemos reiniciado. También logramos darle la vuelta al indicador: o sea, ya no tenemos un 65% de solicitudes negadas, sino que ahora es más del 65% que se está probando. Ha sido un logro muy importante en el que nos han ayudado las mismas comunidades. Que días hubo una protesta en Apartadó y nos dijeron cuáles son los procesos que están estáticos, que están congelados. Además, ya tenemos un plan de contingencia para mirar cómo rápidamente le damos cumplimiento a las sentencias.

Usted decía que siente una interpelación en el tema étnico, ¿cómo se puede impulsar el trámite de esas solicitudes en la URT?

Todo lo étnico estaba totalmente rezagado. Fue impresionante porque prácticamente solo se había avanzado en un 3% de todas las solicitudes de pueblos étnicos. Estaban estancados, rezagados. Ahorita estamos tratando de que el Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras no solamente beneficie la ruta individual, sino también que beneficie la ruta colectiva (por la que pueblos indígenas y afros suelen iniciar procesos de restitución). Teníamos que armonizar para que tanto indígenas, afros y campesinos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de acceder a estos programas, por ejemplo, el de los proyectos productivos.

(Lea también: El territorio afro que desafió cómo la UNP entiende las medidas de protección)

En el Plan de Desarrollo quedaron dos artículos que tocan directamente a la Unidad de Restitución. El primero reconoce a los segundos ocupantes, estas personas que por alguna razón están ocupando un predio que es judicialmente restituido, ¿cómo funciona?

Es algo que ya se venía haciendo desde la Unidad de Restitución: reconocerles un derecho a los segundos ocupantes, por supuesto de buena fe. Pero como eso no estaba normado en la Ley de Víctimas, lo planteamos en el Plan de Desarrollo, además porque era una orientación de la Corte, y ya salió el artículo. Eso quiere decir que ya queda establecido legalmente que los segundos ocupantes de buena fe puedan tener acceso a una compensación, que puede equivaler a una finca o a un proyecto que ellos quieran establecer para desarrollar sus proyectos de vida, garantizar derechos fundamentales y armonizar sus vidas económicas, sociales, culturales y, sobre todo, espirituales.

El otro artículo tiene que ver con la ocupación de baldíos, ¿de qué se trata?

Tiene que ver con que hay muchas personas que están en zonas baldías y nosotros los pueblos indígenas, campesinos, lo que hacemos es cuidar y proteger nuestro territorio. Eso lo venimos haciendo desde tiempos ancestrales porque es nuestra misión desde nuestra cosmovisión. Pues ahora lo que dice ese artículo es que, si estas personas ocupan esos lugares por razones culturales, que se reconozca ese proceso de cuidado y protección, y que también puedan ser beneficiarios de acciones sin daño, de tal manera que puedan también tener acceso a los derechos de la restitución territorial.

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Giovani Yule se convirtió en agosto pasado en el primer indígena en dirigir la Unidad de Restitución de Tierras, entidad encargada de presentarles a los jueces los casos de predios despojados durante el conflicto para que vuelvan a ser titulados a las víctimas. Miles de los solicitantes pertenecen a pueblos étnicos como el de Yule, pero en sus procesos han enfrentado todo tipo de obstáculos. En entrevista con este diario, el director explica las estrategias que han implementado para eliminar trámites que solo dilataban el trámite de la restitución y que tenían en situaciones de desigualdad a los pueblos indígenas o afrodescendientes frente, por ejemplo, a los campesinos.

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Desde que llegó a la dirección de la Unidad, ¿qué ha podido hacer para agilizar los procesos?

Cuando llegamos, encontramos una institución que prácticamente estaba dilatando los tiempos. Había creado procedimientos que realmente eran obstáculos. Entonces hemos venido haciendo una armonización de la ruta, para agilizar los procesos y eliminar figuras que no hacían más que dilatar y estancar, e incluso negar el derecho fundamental de la restitución a las víctimas. Por ejemplo, había un grupo de análisis minero energético, que negaba solicitudes de restitución en regiones donde había macroproyectos de minería, lo cual es una contradicción porque la Unidad se crea, mediante la ley 1448, precisamente para restituirle los territorios a las víctimas que han sido despojados por el conflicto y la violencia.

¿Y qué otras acciones han tomado?

Hemos venido haciendo un ejercicio de conversa territorial. Nosotros nos debemos a las víctimas, en consecuencia, es el primer sector con el cual debemos tener una conversa fluida, fraterna y que nos permita construir conjuntamente las rutas para mirar cómo solucionamos el problema del despojo territorial en Colombia. Ahí están las estructuras organizativas del movimiento campesino, indígena, afro, de los jóvenes, de mujeres, de ambientalistas, en fin. Ahí está toda la estructura social y popular en los territorios. La idea es que se apropien de este proceso, porque la restitución es un deber de nosotros como Estado, y para ellos es un derecho, pero la idea es juntar la fortaleza institucional con la fuerza organizativa de las comunidades para avanzar conjuntamente.

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Lo segundo es una conversa muy fraterna con los jueces, con los magistrados, con las altas cortes, porque ellos son los que hacen la segunda y tercera parte de la restitución: la etapa judicial y de posfallo. La decisión la tomarán en su autonomía, pero la idea es que sea una decisión afianzada en la posibilidad que sea en derecho y en justicia social. Yo vengo del pueblo indígena nasa, vengo del territorio y confío en que si hacemos una conversa de los jueces en el territorio con las comunidades podemos tener decisiones más armonizantes y que puedan solucionar muchos de los problemas en los territorios.

Hace unos meses dijo que revisarían las solicitudes de restitución que habían sido negadas en la administración anterior ¿Cómo va ese proceso?

Uno de los primeros informes que nos dieron fue que habían llegado 140.000 solicitudes a la Unidad, de la cuales habían tramitado más de 100.000. Pero cuando fuimos a revisar, el 65% de estas solicitudes estaban negadas. Allí ya había una preocupación. Cuando hablamos con la Procuraduría, nos planteó la misma preocupación. Hablamos con la Defensoría y también nos planteó lo mismo. O sea que ya había habido un cuestionamiento de los entes de control frente a la URT sobre porqué la negación tan alta. Hemos comenzado a revisar. Imagínese, si eran 11 años de procesos, tal vez nosotros no alcancemos a revisar el universo de todas las solicitudes, pero desde que llegamos estamos revisando.

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¿Y qué han encontrado?

Ya hemos revisado más de 500 solicitudes y nos hemos dado cuenta de que en realidad la mayoría son solicitudes en los que sí procede la restitución. Hemos revocado estas decisiones y hemos iniciado nuevamente sus procesos. Se trata de más de 50.000 hectáreas de espacio sobre el que nuevamente hemos iniciado procesos y más de 400 procesos que hemos reiniciado. También logramos darle la vuelta al indicador: o sea, ya no tenemos un 65% de solicitudes negadas, sino que ahora es más del 65% que se está probando. Ha sido un logro muy importante en el que nos han ayudado las mismas comunidades. Que días hubo una protesta en Apartadó y nos dijeron cuáles son los procesos que están estáticos, que están congelados. Además, ya tenemos un plan de contingencia para mirar cómo rápidamente le damos cumplimiento a las sentencias.

Usted decía que siente una interpelación en el tema étnico, ¿cómo se puede impulsar el trámite de esas solicitudes en la URT?

Todo lo étnico estaba totalmente rezagado. Fue impresionante porque prácticamente solo se había avanzado en un 3% de todas las solicitudes de pueblos étnicos. Estaban estancados, rezagados. Ahorita estamos tratando de que el Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras no solamente beneficie la ruta individual, sino también que beneficie la ruta colectiva (por la que pueblos indígenas y afros suelen iniciar procesos de restitución). Teníamos que armonizar para que tanto indígenas, afros y campesinos tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades de acceder a estos programas, por ejemplo, el de los proyectos productivos.

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En el Plan de Desarrollo quedaron dos artículos que tocan directamente a la Unidad de Restitución. El primero reconoce a los segundos ocupantes, estas personas que por alguna razón están ocupando un predio que es judicialmente restituido, ¿cómo funciona?

Es algo que ya se venía haciendo desde la Unidad de Restitución: reconocerles un derecho a los segundos ocupantes, por supuesto de buena fe. Pero como eso no estaba normado en la Ley de Víctimas, lo planteamos en el Plan de Desarrollo, además porque era una orientación de la Corte, y ya salió el artículo. Eso quiere decir que ya queda establecido legalmente que los segundos ocupantes de buena fe puedan tener acceso a una compensación, que puede equivaler a una finca o a un proyecto que ellos quieran establecer para desarrollar sus proyectos de vida, garantizar derechos fundamentales y armonizar sus vidas económicas, sociales, culturales y, sobre todo, espirituales.

El otro artículo tiene que ver con la ocupación de baldíos, ¿de qué se trata?

Tiene que ver con que hay muchas personas que están en zonas baldías y nosotros los pueblos indígenas, campesinos, lo que hacemos es cuidar y proteger nuestro territorio. Eso lo venimos haciendo desde tiempos ancestrales porque es nuestra misión desde nuestra cosmovisión. Pues ahora lo que dice ese artículo es que, si estas personas ocupan esos lugares por razones culturales, que se reconozca ese proceso de cuidado y protección, y que también puedan ser beneficiarios de acciones sin daño, de tal manera que puedan también tener acceso a los derechos de la restitución territorial.

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