Los aprendizajes y retos de la restitución de tierras

Cinco pesos pesados de la restitución de tierras fueron los invitados a un foro, organizado por El Espectador y la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid). La cita se dio este viernes, en la redacción del diario, en la que los expertos se refieren a los retos y aprendizajes de la restitución, a casi 12 años después de su creación.

Los invitados fueron: Gloria Stella López, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura; Gloria del Socorro Victoria Giraldo, magistrada del Tribunal Especializado de Restitución de Tierras de Cali; Diana María Rodríguez, jueza de restitución de tierras en el Carmen de Bolívar; Nury Martínez, coordinadora de Litigio en tierras y derechos territoriales de la Comisión Colombiana de Juristas y, finalmente, José David Ortega, representante de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Acsucor).

El foro estuvo dedicado a hablar sobre los avances y retos que se presentan en las entidades del Estado para restituir las tierras.

La magistrada López dio algunas cifras para ilustrar las discusiones frente a la restitución y, especialmente, con comunidades afro. Por ejemplo, los territorios con más solicitudes de grandes colectivos son comunidades afro que se ubican en Chocó, Quibdó, Popayán, Mocoa, Villavicencio y Antioquia. Mientras que, de parte de las comunidades indígenas, los territorios que más necesidades tienen frente a la tierra son Chocó, Popayán y Pasto con 19 solicitudes.

Durante la última década, precisó López, ha habido más de 9.000 sentencias que reconocen la propiedad de la tierra para las víctimas.

Estos fueron los argumentos, datos y reflexiones que los panelistas comentan frente a la restitución de tierras, que a día de hoy es considerada como una alternativa para acercar la justicia a quienes fueron despojados hace años e incluso décadas.

Gloria Giraldo, magistrada experta en restitución de Cali, opinó que aún existen muchos desafíos para alcanzar este objetivo en Colombia. Para ella, la falta de articulación entre el sistema judicial y administrativo es uno de los principales retos.

“Cuando se habla de restitución siempre se busca el ahogado río arriba: se llega al planteamiento sobre si es un tema judicial o administrativo. Las sentencias se demoran no por que los jueces no dictan una decisión, sino porque el predio no está identificado, porque aparecen segundos o terceros ocupantes no identificados”.

El Espectador analizó hace unos meses cómo los segundos ocupantes, es decir, personas o familias que poseen u ocupan un predio que está en proceso de restitución, podrían ser tenidos en cuenta por jueces, magistrados y entidades del Estado para descongestionar los reclamos.

Además, la magistrada hizo énfasis en que la restitución debe tener continuidad en el Estado. “Es una política de Estado, no de Gobierno”, explicó.

David Ortega, representante de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Acsucor), mencionó que aún hay varias tareas pendientes de parte del Estado en cuanto a restitución de tierras. El líder campesino explica que “Colombia no asume su responsabilidad y no cumple con lo que se le ordena (frente a la restitución). Deber haber integralidad al cumplirle a las víctimas, porque vemos a nivel nacional, y en Córdoba, que hay miles de hectáreas que están en el Fondo de Reparación de Víctimas que aún están sin entregar.

“Resalto el intento por avanzar más administrativamente. En el sur de Córdoba es posible articular más con la víctima que conoce el territorio y no dejándose imponer conceptos de seguridad sobre el territorio”, dijo.

La propiedad de la tierra por parte de campesinas y mujeres de comunidades étnicas ha sido tocado en el foro. Los panelistas aseguraron que hace décadas hablar de mujeres propietarias era algo inusual, ya que tanto los predios como las ganancias e incluso su administración eran manejados por los hombres en Colombia.

El Espectador conoció la iniciativa que tiene la Unidad de Restitución de Tierras para que haya un enfoque de género a la hora de asignar predios a las personas que la solicitan.

Tanto la Corte Constitucional como el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) han encontrado, por separado en decisiones judiciales e investigaciones este impacto diferenciado. Es decir, que si bien el despojo de tierras afectó a hombres y mujeres, fue esta última población quien más afectada resultó por condiciones de género.

Todos los panelistas concluyen en que tras 12 años de existencia, la restitución de tierras ha tenido avances en varios campos que oscilan desde lo judicial hasta la reivindicación de reclamos campesinos y de grupos étnicos.

Para Diana María Rodríguez, los avances han sido los de saldar una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado en Colombia que sufrieron graves violaciones de derechos humanos. “En el país somos líderes en el continente y a lo largo de este proyecto se busca implementar una justicia flexible, humana y sensible que pueda comprender las complejidades del conflicto”, asegura Rodríguez. Además, que la restitución de tierras se trate tanto en despachos judiciales como en los territorios ha sido uno de los éxitos que ha tenido esta figura en el país.

Gloria Giraldo, magistrada del Tribunal Especializado de Restitución de Tierras de Cali considera que preguntarse por la restitución de tierras ha sido un desafío. “Cuando uno plantea avances está haciendo referencias a unas expectativas, las cuales se crearon a partir de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional que puso de relieve la grave violación de derechos fundamentales, en especial contra etnias y campesinos que se vieron obligados a desplazarse”, indica.

Uno de los avances más importantes de la restitución, asegura la jueza, ha sido pasar de los despachos judiciales a llevar la justicia a los territorios. Desde el Carmen de Bolívar, por ejemplo, han acercado los mecanismos a las víctimas para que recuperen su confianza en el sistema judicial, entendiendo así sus necesidades y empatizando con sus vivencias.

La litigante Nury Martínez, de la Comisión Colombiana de Juristas, menciona la importancia de que la justicia logre encontrar a los autores, tanto intelectuales como materiales, del despojo y violencia en el campo colombiano.

Esta es una propuesta que ya ha sido tratada desde el Estado, sobre todo en la JEP, que en 2020 viene haciendo audiencias entre víctimas y condenados por despojo para conocer las verdaderas causas de este fenómeno. El año pasado, por ejemplo, hubo audiencias con los antiguos directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, quienes intermediaron para realizar despojo a campesinos en el Urabá antioqueño entre 1997 y 2008.

Gloria Stella López, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura explica que se han formado jueces enfocados a facilitar y entender mejor el fenómeno de restitución de tierras. La magistrada explica que es un avance que más funcionarios de la Rama Judicial sean capacitados en esta materia, que ha sido apoyada por Usaid.

Entre otros avances, explica López, está el protagonismo que ha tenido la Corte Constitucional al emitir conceptos “mucho más claros relacionados a la restitución para flexibilizar el derecho procesal”.

Además, expresa que la restitución de tierras en Colombia ha logrado ser colectiva para poblaciones étnicas en el Cauca, Mocoa, Quibdó y en unas zonas de Antioquia.

Durante dos horas se hablarán sobre los retos y logros que funcionarios de la rama judicial, campesinos y activistas de la sociedad civil han logrado monitorear desde que la restitución de tierras existe, en 2011.

Fidel Cano, director de El Espectador, abrió el espacio de diálogo comentando la importancia que la restitución de tierras tiene para aquellas personas que sufrieron el despojo en medio del conflicto.

Si desea seguir el evento puede ingresar con este hipervínculo: https://www.facebook.com/events/4358923084333728/

¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador

Cinco pesos pesados de la restitución de tierras fueron los invitados a un foro, organizado por El Espectador y la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid). La cita se dio este viernes, en la redacción del diario, en la que los expertos se refieren a los retos y aprendizajes de la restitución, a casi 12 años después de su creación.

Los invitados fueron: Gloria Stella López, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura; Gloria del Socorro Victoria Giraldo, magistrada del Tribunal Especializado de Restitución de Tierras de Cali; Diana María Rodríguez, jueza de restitución de tierras en el Carmen de Bolívar; Nury Martínez, coordinadora de Litigio en tierras y derechos territoriales de la Comisión Colombiana de Juristas y, finalmente, José David Ortega, representante de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Acsucor).

El foro estuvo dedicado a hablar sobre los avances y retos que se presentan en las entidades del Estado para restituir las tierras.

La magistrada López dio algunas cifras para ilustrar las discusiones frente a la restitución y, especialmente, con comunidades afro. Por ejemplo, los territorios con más solicitudes de grandes colectivos son comunidades afro que se ubican en Chocó, Quibdó, Popayán, Mocoa, Villavicencio y Antioquia. Mientras que, de parte de las comunidades indígenas, los territorios que más necesidades tienen frente a la tierra son Chocó, Popayán y Pasto con 19 solicitudes.

Durante la última década, precisó López, ha habido más de 9.000 sentencias que reconocen la propiedad de la tierra para las víctimas.

Estos fueron los argumentos, datos y reflexiones que los panelistas comentan frente a la restitución de tierras, que a día de hoy es considerada como una alternativa para acercar la justicia a quienes fueron despojados hace años e incluso décadas.

Gloria Giraldo, magistrada experta en restitución de Cali, opinó que aún existen muchos desafíos para alcanzar este objetivo en Colombia. Para ella, la falta de articulación entre el sistema judicial y administrativo es uno de los principales retos.

“Cuando se habla de restitución siempre se busca el ahogado río arriba: se llega al planteamiento sobre si es un tema judicial o administrativo. Las sentencias se demoran no por que los jueces no dictan una decisión, sino porque el predio no está identificado, porque aparecen segundos o terceros ocupantes no identificados”.

El Espectador analizó hace unos meses cómo los segundos ocupantes, es decir, personas o familias que poseen u ocupan un predio que está en proceso de restitución, podrían ser tenidos en cuenta por jueces, magistrados y entidades del Estado para descongestionar los reclamos.

Además, la magistrada hizo énfasis en que la restitución debe tener continuidad en el Estado. “Es una política de Estado, no de Gobierno”, explicó.

David Ortega, representante de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Acsucor), mencionó que aún hay varias tareas pendientes de parte del Estado en cuanto a restitución de tierras. El líder campesino explica que “Colombia no asume su responsabilidad y no cumple con lo que se le ordena (frente a la restitución). Deber haber integralidad al cumplirle a las víctimas, porque vemos a nivel nacional, y en Córdoba, que hay miles de hectáreas que están en el Fondo de Reparación de Víctimas que aún están sin entregar.

“Resalto el intento por avanzar más administrativamente. En el sur de Córdoba es posible articular más con la víctima que conoce el territorio y no dejándose imponer conceptos de seguridad sobre el territorio”, dijo.

La propiedad de la tierra por parte de campesinas y mujeres de comunidades étnicas ha sido tocado en el foro. Los panelistas aseguraron que hace décadas hablar de mujeres propietarias era algo inusual, ya que tanto los predios como las ganancias e incluso su administración eran manejados por los hombres en Colombia.

El Espectador conoció la iniciativa que tiene la Unidad de Restitución de Tierras para que haya un enfoque de género a la hora de asignar predios a las personas que la solicitan.

Tanto la Corte Constitucional como el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) han encontrado, por separado en decisiones judiciales e investigaciones este impacto diferenciado. Es decir, que si bien el despojo de tierras afectó a hombres y mujeres, fue esta última población quien más afectada resultó por condiciones de género.

Todos los panelistas concluyen en que tras 12 años de existencia, la restitución de tierras ha tenido avances en varios campos que oscilan desde lo judicial hasta la reivindicación de reclamos campesinos y de grupos étnicos.

Para Diana María Rodríguez, los avances han sido los de saldar una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado en Colombia que sufrieron graves violaciones de derechos humanos. “En el país somos líderes en el continente y a lo largo de este proyecto se busca implementar una justicia flexible, humana y sensible que pueda comprender las complejidades del conflicto”, asegura Rodríguez. Además, que la restitución de tierras se trate tanto en despachos judiciales como en los territorios ha sido uno de los éxitos que ha tenido esta figura en el país.

Gloria Giraldo, magistrada del Tribunal Especializado de Restitución de Tierras de Cali considera que preguntarse por la restitución de tierras ha sido un desafío. “Cuando uno plantea avances está haciendo referencias a unas expectativas, las cuales se crearon a partir de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional que puso de relieve la grave violación de derechos fundamentales, en especial contra etnias y campesinos que se vieron obligados a desplazarse”, indica.

Uno de los avances más importantes de la restitución, asegura la jueza, ha sido pasar de los despachos judiciales a llevar la justicia a los territorios. Desde el Carmen de Bolívar, por ejemplo, han acercado los mecanismos a las víctimas para que recuperen su confianza en el sistema judicial, entendiendo así sus necesidades y empatizando con sus vivencias.

La litigante Nury Martínez, de la Comisión Colombiana de Juristas, menciona la importancia de que la justicia logre encontrar a los autores, tanto intelectuales como materiales, del despojo y violencia en el campo colombiano.

Esta es una propuesta que ya ha sido tratada desde el Estado, sobre todo en la JEP, que en 2020 viene haciendo audiencias entre víctimas y condenados por despojo para conocer las verdaderas causas de este fenómeno. El año pasado, por ejemplo, hubo audiencias con los antiguos directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, quienes intermediaron para realizar despojo a campesinos en el Urabá antioqueño entre 1997 y 2008.

Gloria Stella López, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura explica que se han formado jueces enfocados a facilitar y entender mejor el fenómeno de restitución de tierras. La magistrada explica que es un avance que más funcionarios de la Rama Judicial sean capacitados en esta materia, que ha sido apoyada por Usaid.

Entre otros avances, explica López, está el protagonismo que ha tenido la Corte Constitucional al emitir conceptos “mucho más claros relacionados a la restitución para flexibilizar el derecho procesal”.

Además, expresa que la restitución de tierras en Colombia ha logrado ser colectiva para poblaciones étnicas en el Cauca, Mocoa, Quibdó y en unas zonas de Antioquia.

Durante dos horas se hablarán sobre los retos y logros que funcionarios de la rama judicial, campesinos y activistas de la sociedad civil han logrado monitorear desde que la restitución de tierras existe, en 2011.

Fidel Cano, director de El Espectador, abrió el espacio de diálogo comentando la importancia que la restitución de tierras tiene para aquellas personas que sufrieron el despojo en medio del conflicto.

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