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Al periodista Guillermo Cano Isaza lo mataron cuando fungía como director de este diario por órdenes del Cartel de Medellín, luego de que liderara fuertes críticas desde las páginas de este periódico en contra del director de esa organización criminal: Pablo Escobar. Fue acribillado el 17 de diciembre de 1986, cuando salía de la sede de El Espectador, en el occidente de Bogotá. En rechazo a su asesinato, los medios no informaron durante todo el 19 de diciembre de aquel año.
Como Cano, han sido múltiples las víctimas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de Estado que fueron silenciados por la violencia en Colombia. Tras décadas de los hechos, son pocos los que han tenido avances significativos en el proceso judicial, y las investigaciones han sido insuficientes para los familiares de las víctimas.
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El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) explica que este tipo de delitos, como del que fue víctima Cano, se distinguen de otros por cuatro características principales, las cuales definen la naturaleza y el impacto de los crímenes de Estado en la sociedad.
En primer lugar, son actos que afectan a un gran número de personas, ya sea mediante múltiples crímenes o un solo acto dirigido a múltiples víctimas. En segundo lugar, son sistemáticos, llevados a cabo de acuerdo con un plan o política previamente concebida, lo que facilita su repetición de forma regular. En tercer lugar, son perpetrados por autoridades estatales o individuos respaldados, tolerados o cómplices de estas autoridades. Por último, están dirigidos contra la población civil y son motivados por diversas razones, como sociales, políticas, económicas, raciales, religiosas o culturales.
Para comprender estos crímenes, es necesario remitirse a normas internacionales. Es el Estatuto de Roma el reglamento que define y describe los crímenes de lesa humanidad y establece su gravedad. Al respecto, Enrique Prieto-Ríos, profesor de derecho internacional de la Universidad del Rosario, explica que “plantean unos crímenes que tienen una categoría especial y que son muy graves para la humanidad. Por eso, no importa si usted es árabe o latinoamericano. Son unos crímenes que tienen una gravedad tal que afectan un contexto global”.
Por lo tanto, las víctimas no solo afrontan la injusticia a nivel local, sino que le toca asumir los desafíos para la búsqueda de justicia tanto a nivel internacional, entre las que están también incluidas las demoras procesales y las razones políticas que obstaculizan los procesos judiciales.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la cual se encarga de investigar dentro del macrocaso 08 aquellos crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles en el conflicto armado, son alrededor de 72.492 víctimas: 15.710 atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado. De estos casos, 2.840 presuntos responsables se han sometido a la JEP.
Por los derechos a la verdad, justicia y reparación de estas miles de víctimas, cada 6 de marzo, el Movice conmemora el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado. Al respecto, Adriana Arboleda, defensora y directora de la Corporación Jurídica Libertad, explica que una fecha como esta permite exponer que en Colombia sigue habiendo la necesidad de que se reconozca más ampliamente la existencia de los crímenes de Estado y sobre todo que se persiga a los máximos responsables y a los actores intelectuales.
Según ella, porque la mayoría de las veces lo que queda de las investigaciones son los actores materiales, pero no logran esclarecer las circunstancias que dieron origen a los crímenes y sobre todo quienes se beneficiaron, ni tampoco quienes permitieron que esos delitos se cometieran.
Perdonar como un acto de justicia
El pasado 9 de febrero, día del periodista en Colombia, durante una ceremonia en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ofreció excusas por el magnicidio de Cano. A raíz de este acto de perdón, el Estado se comprometió a continuar con la investigación que permita esclarecer el asesinato de Guillermo Cano, a través de las funciones de la Fiscalía. Además, Colombia deberá realizar un documental sobre la violencia que sufrió El Espectador y sus periodistas, en el contexto en que se dio el magnicidio.
De otro lado, el Estado deberá iniciar un proceso de reparación económica a favor de la familia que, por decisión de ella misma, será destinada exclusivamente a la financiación del Premio Mundial de Periodismo “Guillermo Cano”, de la Unesco.
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Al respecto, los expertos subrayan que cuando el Estado pide perdón o es responsable de crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad recae en los funcionarios del Gobierno, no solamente en los individuos que hayan cometido los actos. Además, porque sin duda, es el Estado el que tiene como deber proteger los derechos a la vida, la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad de todas las personas. Así lo detalla la directora Arboleda. Para ella, es sumamente preocupante que aquellas fuerzas del Estado sean las que, irónicamente, se conviertan en victimarios.
“Me alegra mucho esa petición de perdón que van a hacer a la familia de El Espectador, me parece que expresar la responsabilidad del Estado en un magnicidio de un gran periodista que además luchó contra el narcotráfico, y que puso en evidencia como justamente esos poderes corruptos que propiciaron graves crímenes; no solamente por parte de delincuentes, sino de asociados con políticos, con incluso personas que vienen del ámbito institucional”, dice también la defensora Arboleda.
Por su parte, el abogado Enrique Prieto menciona que lo que “está diciendo el Estado al reconocer el crimen, es afirmar que incurrió en una serie de actividades que están descritas internacionalmente como crímenes de humanidad”. Por lo que Colombia, en este caso del periodista, asume el papel de transmitir una responsabilidad internacional del Estado a favor de las víctimas.
Frente a los crímenes de lesa humanidad, son varias las acciones que se adelantan para una efectiva reparación: satisfacción, indemnización económica, acciones de no repetición y, en ocasiones como la de Cano, pedir perdón. Estas acciones tienen como objetivo brindar justicia a las víctimas y prevenir la reincidencia de tales atrocidades en el futuro.
Tal y como lo explicaron los abogados, el reconocimiento de los crímenes de lesa humanidad por parte del Estado es crucial para la sociedad, pues representa un paso hacia un país que reconoce y enfrenta su pasado sin dejar atrás la reparación.
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