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Varias han sido las veces en que el Estado colombiano ha sido declarado responsable de crímenes contra periodistas, políticos, opositores o, incluso, poblaciones que fueron víctimas de masacres, como el caso de Mapiripán (Meta) o Santo Domingo (Arauca). Estos hechos, más conocidos como crímenes de Estado, además tener abiertos procesos judiciales en el país, algunos con sentencias desde el Consejo de Estado, también han llegado a instancias internacionales por cuenta de los fallos condenatorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el país.
Debido a esto, este 6 de marzo se conmemora el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado, una fecha que, desde 2008, reconoce a las miles de víctimas que el conflicto ha dejado en su camino, sobre todo aquellas que fueron objeto de homicidios, desplazamientos y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, exilios, entre otros delitos, por parte de estructuras ilegales en congruencia con agentes del Estado.
La fecha se conmemora gracias a la inalcanzable lucha del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice): un grupo de 200 organizaciones que agrupa a familiares de víctimas de homicidios, desapariciones forzadas y desplazamiento hace casi 20 años para exigir justicia a los responsables.
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¿Qué es un crimen de Estado?
Para encontrar una definición acertada sobre qué es un crimen de Estado, El Espectador consultó académicos y expertos en la materia, pues, según la Corte IDH, este término “ha sido eludido y objetado por referirse al derecho penal y soberanía de cada uno de los países (...) Pero no significa que el crimen de Estado no exista”.
Para Mauricio Jaramillo Jassir, politólogo y docente de la Universidad del Rosario, el término “crimen de Estado”, así como el “terrorismo de Estado”, son dos conceptos que, en el papel, no existen, pues no están tipificados. “Lo que sí existe es la responsabilidad que tiene un Estado, más por acción que por omisión, sobre cómo ha incurrido en un crimen”, agregó el profesor.
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Según fuentes consultadas por este diario, un crimen de Estado no tiene una definición internacional, pues cada país tiene sus propias leyes y códigos penales. Sin embargo, coinciden en que un crimen de Estado puede considerarse como “un delito directamente cometido por los agentes del Estado, o bien, bajo connivencia o venía de esos mismos agentes. También aplica el caso cuando el Estado (su ejército, policía, agencias de inteligencia) fueron cómplices o tolerantes mientras un tercero cometía el crimen”, explica el Movice.
Hay que aclarar que estos hechos son distintos jurídicamente a los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, que sí tienen un marco y una definición en el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Es decir, para declarar un crimen de Estado, coinciden los expertos, debe ser el Estado y sus agentes quienes ordenen, ejecuten, omitan o auxilien a que se cometa el hecho, como sucedió con el extinto DAS, que fue clausurado por haber sido partícipe de varios de estos crímenes.
“La primera vez que el Estado reconoció su responsabilidad en una masacre fue en Trujillo, Valle del Cauca. En esa ocasión bajo la presidencia de Samper. Esto fue un pedido de perdón porque el Estado no protegió a quienes estaban amenazados cuando tenía que hacerlo. Eso es una omisión y no lo exime de responsabilidad. Pero otro escenario es, por ejemplo, cuando es el Estado el que asesina, paga o estimula a que se produzcan estos crímenes”, aseguró Jaramillo.
Según los datos del Movice, hay más de 17.000 crímenes de Estado que se han producido desde 1996. “Buena parte de esos crímenes contra movimientos sociales y populares obedecieron a intereses políticos y económicos”. Aun así, la finalidad de hablar de estos crímenes es encontrar espacios de verdad y reparación, cerrándole la puerta a la impunidad.
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