Los García: la familia que le heredó a Colombia otra forma de acceder a justicia
Dos padres que nacieron a mediados del siglo pasado le enseñaron a sus cuatro hijos que los conflictos, por más álgidos que sean, pueden resolverse con diálogo y en paz. Siete décadas después, esa formación se transformó en una fundación que demuestra que la justicia también puede llegar a través de la ayuda de las organizaciones civiles.
La mejor herencia que Amelia Perdomo y Arcesio García pudieron darle a sus hijos fue la enseñanza de solucionar sus conflictos con diálogo y en paz. Luego de toda una vida en que le apostaron a la conciliación y a la justicia, hoy sus cuatro hijos son los sucesores de un legado de diálogo y mediación. Durante 50 años, esta pareja de esposos que vivió las injusticias en carne propia formó a sus hijos para que, ante cualquier conflicto en su vida, dejaran a un lado la violencia y optaran por un apretón de manos y la paz para ponerle punto final. Su formación caló en los hijos, que hoy están al mando de la Fundación APG, considerada como una de las organizaciones pioneras en acercar la justicia y la mediación a los colombianos.
Gracias al apoyo de la cooperación internacional, especialmente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), APG ha logrado también llegar a la vida de las personas que históricamente vieron piedras en el camino para acceder a justicia, como mujeres, comunidad LGBTIQ+, población en condición de discapacidad o también grupos étnicos. Es así que la Fundación APG ha colaborado en proyectos enfocados en la justicia y la paz en el país, centrándose en ofrecer diplomados y programas de formación en conciliación y resolución de conflictos, promoviendo el empoderamiento y la participación de la comunidad en procesos de justicia accesibles y eficaces.
Cimentando la historia
Amelia y Arcesio García vivieron en carne propia los efectos del desplazamiento forzado y la violencia en Colombia. El padre de Arcesio se vio obligado a dejar Betania (Antioquia) debido a la construcción de una hidroeléctrica, mientras que Amelia experimentó el impacto de la violencia en su comunidad. Sin embargo, desde temprana edad, ambos adoptaron el diálogo como una herramienta de sanación y transformaron su experiencia de vida en una motivación para cambiar las dinámicas de su entorno.
En 2019, Amelia y Arcesio, junto con su hija María Mercedes García, fundaron la Fundación APG, el primer centro de conciliación y mediación de conflictos establecido por la sociedad civil en Colombia. Su visión era ofrecer un espacio donde las personas pudieran resolver disputas a través de la empatía y el entendimiento, contribuyendo así a la construcción de una cultura de paz en un país marcado por años de conflicto armado.
Los Mecanismos de Resolución de Conflictos (MRC) son herramientas que, aunque relativamente nuevas en Colombia, han demostrado ser fundamentales para la resolución de disputas legales y sociales sin la necesidad de recurrir a los procesos judiciales tradicionales. Estos mecanismos, implementados en el país desde hace más de dos décadas, ofrecen un enfoque alternativo, más rápido y menos costoso, permitiendo que los conflictos se resuelvan en meses, mientras que en los tribunales los casos pueden tardar entre dos y cuatro años.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia y del Derecho, los MRC han sido responsables de resolver más de medio millón de conflictos en los últimos cinco años, lo que demuestra su efectividad en la descongestión del sistema judicial. La Fundación APG ha sido un pilar clave en la implementación de estos mecanismos, capacitando a líderes y autoridades locales para fomentar el acceso a la justicia de manera inclusiva y equitativa, especialmente en regiones afectadas por el conflicto armado y la violencia estructural.
La importancia de articular
Aunque la mediación y los Mecanismos de Resolución de Conflictos no son muy conocidos o utilizados, María Mercedes recuerda que ha sido a través de esas herramientas que se ha llegado a impactar la vida de los colombianos en varios territorios. En los pocos años que lleva la Fundación APG, ya ha logrado recibir espaldarazos financieros del Ministerio de Justicia y expandir su centro de operaciones. Al principio solo Bogotá era huésped de estos procesos de justicia, pero, según explica María Mercedes, la Fundación ya tiene centros de mediación en Barranquilla y Puerto Colombia (Atlántico).
Gracias al apoyo de USAID, APG ha extendido su impacto en comunidades vulnerables, como mujeres, personas LGBTIQ+, grupos étnicos y personas con discapacidad. La Fundación ha liderado programas de formación en conciliación y resolución de conflictos, promoviendo procesos accesibles de justicia inclusiva. En alianza con Justicia Inclusiva de USAID, capacitó a más de 80 líderes y funcionarios en justicia restaurativa en Santander de Quilichao (Cauca), Tumaco (Nariño) y Puerto Asís y Valle del Guamuez (Putumayo), logrando superar sus metas de participación y fortaleciendo el enfoque de reparación y convivencia en estas regiones.
“La justicia no proviene únicamente de la Rama Judicial o del Estado. Es muy importante ver la coordinación entre la sociedad civil para poder ofrecer justicia. El protagonismo debe tenerlo no solo el fortalecimiento de la justicia formal, sino también las comunidades y las entidades sin ánimo de lucro para empoderar los ciudadanos y transformar la cultura con el diálogo”, comenta María Mercedes. De esta manera, estos esfuerzos han fortalecido la capacidad de líderes y ciudadanos para mediar y resolver conflictos pacíficamente, contribuyendo a la transformación social.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
La mejor herencia que Amelia Perdomo y Arcesio García pudieron darle a sus hijos fue la enseñanza de solucionar sus conflictos con diálogo y en paz. Luego de toda una vida en que le apostaron a la conciliación y a la justicia, hoy sus cuatro hijos son los sucesores de un legado de diálogo y mediación. Durante 50 años, esta pareja de esposos que vivió las injusticias en carne propia formó a sus hijos para que, ante cualquier conflicto en su vida, dejaran a un lado la violencia y optaran por un apretón de manos y la paz para ponerle punto final. Su formación caló en los hijos, que hoy están al mando de la Fundación APG, considerada como una de las organizaciones pioneras en acercar la justicia y la mediación a los colombianos.
Gracias al apoyo de la cooperación internacional, especialmente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), APG ha logrado también llegar a la vida de las personas que históricamente vieron piedras en el camino para acceder a justicia, como mujeres, comunidad LGBTIQ+, población en condición de discapacidad o también grupos étnicos. Es así que la Fundación APG ha colaborado en proyectos enfocados en la justicia y la paz en el país, centrándose en ofrecer diplomados y programas de formación en conciliación y resolución de conflictos, promoviendo el empoderamiento y la participación de la comunidad en procesos de justicia accesibles y eficaces.
Cimentando la historia
Amelia y Arcesio García vivieron en carne propia los efectos del desplazamiento forzado y la violencia en Colombia. El padre de Arcesio se vio obligado a dejar Betania (Antioquia) debido a la construcción de una hidroeléctrica, mientras que Amelia experimentó el impacto de la violencia en su comunidad. Sin embargo, desde temprana edad, ambos adoptaron el diálogo como una herramienta de sanación y transformaron su experiencia de vida en una motivación para cambiar las dinámicas de su entorno.
En 2019, Amelia y Arcesio, junto con su hija María Mercedes García, fundaron la Fundación APG, el primer centro de conciliación y mediación de conflictos establecido por la sociedad civil en Colombia. Su visión era ofrecer un espacio donde las personas pudieran resolver disputas a través de la empatía y el entendimiento, contribuyendo así a la construcción de una cultura de paz en un país marcado por años de conflicto armado.
Los Mecanismos de Resolución de Conflictos (MRC) son herramientas que, aunque relativamente nuevas en Colombia, han demostrado ser fundamentales para la resolución de disputas legales y sociales sin la necesidad de recurrir a los procesos judiciales tradicionales. Estos mecanismos, implementados en el país desde hace más de dos décadas, ofrecen un enfoque alternativo, más rápido y menos costoso, permitiendo que los conflictos se resuelvan en meses, mientras que en los tribunales los casos pueden tardar entre dos y cuatro años.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Justicia y del Derecho, los MRC han sido responsables de resolver más de medio millón de conflictos en los últimos cinco años, lo que demuestra su efectividad en la descongestión del sistema judicial. La Fundación APG ha sido un pilar clave en la implementación de estos mecanismos, capacitando a líderes y autoridades locales para fomentar el acceso a la justicia de manera inclusiva y equitativa, especialmente en regiones afectadas por el conflicto armado y la violencia estructural.
La importancia de articular
Aunque la mediación y los Mecanismos de Resolución de Conflictos no son muy conocidos o utilizados, María Mercedes recuerda que ha sido a través de esas herramientas que se ha llegado a impactar la vida de los colombianos en varios territorios. En los pocos años que lleva la Fundación APG, ya ha logrado recibir espaldarazos financieros del Ministerio de Justicia y expandir su centro de operaciones. Al principio solo Bogotá era huésped de estos procesos de justicia, pero, según explica María Mercedes, la Fundación ya tiene centros de mediación en Barranquilla y Puerto Colombia (Atlántico).
Gracias al apoyo de USAID, APG ha extendido su impacto en comunidades vulnerables, como mujeres, personas LGBTIQ+, grupos étnicos y personas con discapacidad. La Fundación ha liderado programas de formación en conciliación y resolución de conflictos, promoviendo procesos accesibles de justicia inclusiva. En alianza con Justicia Inclusiva de USAID, capacitó a más de 80 líderes y funcionarios en justicia restaurativa en Santander de Quilichao (Cauca), Tumaco (Nariño) y Puerto Asís y Valle del Guamuez (Putumayo), logrando superar sus metas de participación y fortaleciendo el enfoque de reparación y convivencia en estas regiones.
“La justicia no proviene únicamente de la Rama Judicial o del Estado. Es muy importante ver la coordinación entre la sociedad civil para poder ofrecer justicia. El protagonismo debe tenerlo no solo el fortalecimiento de la justicia formal, sino también las comunidades y las entidades sin ánimo de lucro para empoderar los ciudadanos y transformar la cultura con el diálogo”, comenta María Mercedes. De esta manera, estos esfuerzos han fortalecido la capacidad de líderes y ciudadanos para mediar y resolver conflictos pacíficamente, contribuyendo a la transformación social.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador