Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
No hay un solo municipio de los 30 que componen Córdoba, que en su interior no tenga los recuerdos del despojo y el desplazamiento. Desde las medianas haciendas de Montería, hasta las lejanas parcelas en San José de Uré, Puerto Libertador o Ayapel, los cordobeses han aprendido a integrar en el paisaje tierras que, si bien hace algunos años pertenecieron a familias campesinas y grupos étnicos, ahora están a la espera de la restitución, una medida se ha convertido en una luz de esperanza para las víctimas.
El Espectador habló con la Unidad de Restitución de Tierras de ese departamento para comprender cómo a través de algunas acciones, aunque pequeñas, se ha intentado resignificar 20 años de memorias de la guerra y que quienes tuvieron que desplazarse y sufrir el desarraigo puedan, como dijo su directora Ana Cristina Muñoz, “sentirse en el centro del proceso y ver que este pedido de justicia sí avanza”.
Vidas desplazadas, ilusiones restituidas
Córdoba es uno de los departamentos donde los asesinatos selectivos, las masacres y la guerra se encargaron de descomponer familias y vecindarios, una violencia que estuvo rodeada, además, por el desplazamiento. El clamor de justicia de las víctimas, por este dolor que lleva más de dos décadas, ha sido registrado por el Estado y por organizaciones de la sociedad civil. “No es fácil salir de la tierrita. No es que tuviéramos mucho, allá en Tierralta, pero lo que teníamos era nuestro. Cuando nos dicen que tenemos que desocupar, eso significó empezar de nuevo”, asegura Aida, una mujer desplazada en 2008 y que aún hoy sigue esperando alguna forma de reparación.
Investigaciones del Centro de Memoria Histórica han documentado que el desplazamiento, a diferencia de otras regiones, fue abundante en Córdoba debido a la riqueza de las tierras y la cantidad de campesinos que las poseían irregularmente. Al explotar la tierra, los “paras” crearon un modelo de negocio circular donde se apropiaban de predios por precios irrisorios, creaban empresas agroindustriales o ganaderas y, como sucedió en varias veredas de Santa Fé de Ralito (Tierralta), las utilizaban como centro de operaciones. Tanto así, que informes del Registro Único de Víctimas indican que, dos de cada 10 cordobeses fueron víctimas del conflicto, especialmente del desplazamiento.
La Unidad de Restitución de Tierras, desde que nació en 2012, ha intentado avanzar en devolver esos predios que fueron absorbidos por la guerra u ofrecer algún tipo de reparación a las víctimas. Ana Cristina Muñóz, directora de la URT para Córdoba y el Bajo Cauca Antioqueño, asegura que se ha tenido que cambiar el enfoque en cómo se atiende a las víctimas, pues reconocer que los campesinos y quienes fueron despojados han sido sometidos a lo que ella define “la peloteadera”: llegar a una entidad a reclamar por justicia y que los funcionarios de ese lugar se muestren indiferentes y redirijan a la víctima a ´la entidad que sí les puede ayudar en eso´.
“El campesino y la víctima son la prioridad en todo el proceso de justicia. Ellos han sentido un avance importante, porque tienen un acceso que les ha generado esperanza. No solo hemos escuchado su caso, además hemos estado pendientes de qué otra institución (Unidad de Víctimas, Agencia Nacional de Tierras) pueden escucharlos de una vez para agilizar su proceso”, aseguró Muñóz a este diario.
Según indicó la URT a este diario, en sus despachos de Córdoba se han contado al menos 5.176 solicitudes habilitadas de restitución de tierras. La restitución, hay que recordar, consiste de dos etapas: una administrativa a cargo de la URT y otra que ya depende de un juez que adjudique, o no, un predio a las víctimas.
De esa cifra, la Unidad de Restitución asegura que le ha dado luz verde a 4.101 de ellas; que en otras palabras significa que el 79 % de quienes han buscado justicia a través de la restitución la han encontrado, por lo menos en el trámite administrativo. En otras palabras, esto implica que al menos 1.185 familias que en el pasado sufrieron el fenómeno del despojo han podido retornar, en cierta forma, a sus hogares, añadido a 104 casos en los que se entregó dinero a los solicitantes para poder costear un nuevo predio.
¿Se traduce esta cifra en cerrar una brecha de justicia para las víctimas? Si bien el paso más complicado para quienes fueron afectados es reunir el papeleo y surtir la etapa administrativa, la decisión final de restituir está a cargo de la Rama Judicial. Según los datos conseguidos por este diario, únicamente se han proferido 394 sentencias de restitución, que en algunos casos han intentado transformar aquellas haciendas y laboratorios de guerra del pasado en ejemplos de justicia.
Resignificando el pasado
Mientras observa su parcela en Cedro Cocido, Liliana recuerda toda la montaña rusa de sentimientos que experimentó en los últimos 20 años en ese “terrenito”. De joven, vivió acostumbrada a ver a los hombres de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) por esos terrenos cerca a Montería. Y en el 2000, así como le ocurrió a más de 113 familias, tuvo que quedarse sin nada. En 2017, sin embargo, pudo volver a su tierra y organizar su proyecto de vida de la mano de otras víctimas, lo que le permite decir que “después de la guerra y el desplazamiento, sí se puede resignificar la historia”.
Cedro Cocido no ha sido el único ejemplo de cómo la restitución ha intentado reescribir una historia de dolor y desplazamiento en una de resiliencia y justicia. En los estantes de la Unidad de Restitución de Tierras de Córdoba, hay al menos 1.055 predios donde alguna vez la fuerza de las armas despojó a sus habitantes y hoy una sentencia hace a campesinos, grupos afros e indígenas, sus legítimos dueños nuevamente.
Hay otros ejemplos, como la Hacienda Las Tangas, ubicada en Valencia (Córdoba). Esa finca, que en su momento fue considerada como el “génesis del paramilitarismo y los tangueros”, hoy es uno de los casos de éxito de la restitución de tierras y, según dijo Aurelio Sabogal, director de la URT de la época, “significa un rompimiento entre un pasado triste y un volver a nacer”.
Para Muñoz, directora de la URT en Córdoba, estos avances no deben quedarse únicamente en actos simbólicos, sino que deben ir de la mano con trabajo del Estado y decisiones que acerquen la justicia a las víctimas. Desde la dirección, Muñoz ha propuesto que además de restituir predios previamente despojados, se resignifiquen algunos lugares donde es escribieron episodios de la guerra.
”Todo mal momento pasa. En todos estos de lucha hemos entendido que esto es un proceso que no se da a la ligera, pero aprender de liderazgos, restitución y ver nuestra historia de cómo pasamos de personas asesinadas y víctimas a un territorio lleno de gente berraca”, concluye Jorge Elias Ricardo, presidente de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor).
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
