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No son pocos los llamados de justicia que las poblaciones afros e indígenas han realizado durante décadas. La inclusión de un capítulo étnico en el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, ha sido una alternativa para que las víctimas puedan buscar un efectivo acceso a ese derecho. Al menos así lo evalúa Richard Moreno Rodríguez, quien fuese secretario de la Comisión Étnica de Paz, la cual logró la inclusión de ese apartado en el acuerdo firmado en La Habana. Actualmente es asesor de impulso del capítulo étnico desde la Vicepresidencia.
En entrevista con El Espectador, Moreno, quien también es cofundador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), señala que uno de los principales retos para el cumplimiento de este punto radica en superar la desconexión interinstitucional y destaca que las conversaciones para articular la justicia propia y la ordinaria deben llegar a buen puerto. Moreno también hace parte del directorio de 100 referentes étnicos que tiene la ONG ACDI/VOCA y Usaid en Colombia. Es decir, hace parte del centenar de indígenas, líderes afro y campesinos que más conocen y comunican sobre los problemas y logros que ha habido en sus comunidades.
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Después de casi ocho años de la firma del Acuerdo de Paz, que tuvo en cuenta la inclusión del capítulo étnico, ¿cuál es su balance frente al cumplimiento de ese apartado?
El capítulo étnico sigue siendo una apuesta política y de paz de los pueblos étnicos en nuestra Constitución. Aunque existen avances precarios, hay otros avances en la medida de que se han expedido normas que han hecho algunas adecuaciones institucionales. Este Gobierno ha dicho que tiene la voluntad de cumplir el Acuerdo Final de Paz, por lo tanto también el capítulo étnico, y le ha delegado a la vicepresidenta impulsar la coordinación e implementación del capítulo étnico. Ya existe, y está próxima a presentarse, una estrategia de implementación con coordinación interinstitucional, pero con recursos específicos para cada una de las entidades. Además, el plan de desarrollo también estableció recursos para la implementación del acuerdo.
Pero también tenemos que decir que se requiere acelerar esta implementación para superar el rezago institucional que debe superar la descoordinación interinstitucional. Hay que superar la falta de inversión que se ha hecho en los territorios, la falta de participación de las comunidades sobre todo en el territorio. Pero además hay una circunstancia y es que, según el Instituto Gross, el Acuerdo de Paz en su conjunto está realizado entre un 28 y un 30 %. Pero el capítulo étnico tiene un avance del 10 o 12 %. Ese porcentaje también está basado solamente en la adecuación institucional y en normas que se expidieron porque hoy lo que se ha implementado en los territorios no ha transformado la realidad desde la gente y por lo tanto la violencia ha aumentado, reciclado y transformado.
Ha aumentado la debilidad institucional, los cultivos de uso ilícito y un tema estructural que no permite que esto avance. Aspiramos que con lo que estamos proponiendo se pueda ajustar el plan macro de implementación y en ese ajuste que se haga se prioricen los proyectos necesarios que transformen estas realidades.
Usted ha mencionado en el pasado que el cumplimiento por parte del Estado sobre el capítulo étnico es una forma de acercar las comunidades étnicas a la paz. ¿Es también un mecanismo de acceso a la justicia para población afro e indígenas?
Los pueblos étnicos, y en este caso el pueblo negro afrocolombiano, está hablando de justicia en términos de darle a cada quien lo que le pertenece: justicia social en equidad y en igualdad. En Colombia se requiere un mayor nivel de apropiación por parte de la institucionalidad, por parte de los funcionarios del Estado. Es decir que las realidades que viven las comunidades en los territorios y las apuestas y propuestas que tienen en términos de proyectos de vida individuales o colectivos se puedan implementar. Eso permitiría solucionar tanto el conflicto social, que pasa por solucionar las necesidades básicas insatisfechas, como el conflicto armado, que significa transformar las violencias que deja.
Pero si hablamos en términos de sanción o de poder judicializar a quienes vulneran derechos de los pueblos étnicos, también hay que mencionar dos cosas: el pueblo negro afrocolombiano y los indígenas ejercen el derecho y la justicia propia de acuerdo a sus propias reglas culturales e históricas, pero también se reconoce que existe una justicia ordinaria que tiene un rol que cumplir y aquí se requiere que haya una coordinación con indígenas pero también con la justicia y el derecho propio del pueblo afrocolombiano.
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¿Cómo evalúa esa coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia propia afrocolombiana?
Ha habido avances, pero son muy incipientes. Hay buena voluntad por parte de la Judicatura y de las organizaciones, especialmente los Consejos Comunitarios del pueblo negro. También desde la academia se ha hecho un acercamiento y universidades como Los Andes y la Nacional han mediado aportando a esa conceptualización para poder acercar ambos parámetros de justicia.
Sigue siendo muy precario ese relacionamiento. Hace un tiempo se hizo en Chocó un protocolo de relacionamiento entre la justicia ordinaria y la justicia especial de la comunidad negra, pero lo que encontramos es que la gran mayoría de jueces y magistrados todavía siguen creyendo que el único derecho que hay que aplicar es el derecho objetivo: ese derecho que está consagrado en normas y se olvidan que los pueblos tienen una historia colectiva, una identidad étnica que les permite avanzar y ahondar en la superación de su problema en ejercicios menos coercitivos que el que se marca en la justicia ordinaria.
Entonces, ese derecho objetivo, aunque es importante a la justicia ordinaria, pues termina siendo muy precario y no ha permitido tampoco que se superen los niveles de vulneración de derechos de violación de de normas, porque en este país entre más se encarcela a la gente, más se especializan en las cárceles para ir a delinquir; entre más se aumentan las penas, tampoco se disminuyen las conductas delictivas o las personas que infringen la ley. Eso significa que hay que buscar otra manera, no solamente de educar a la sociedad, sino de aplicar sanciones diferentes.
¿Cómo hacer para que los funcionarios judiciales y la ciudadanía conozcan las leyes colectivas y justicia propia?
Yo creo que en términos de funcionarios judiciales, el Consejo Superior de la Judicatura debería retomar una iniciativa que existe desde hace más o menos 15 años. Esta consistía en poder coordinar y establecer que se capacitara a los operadores de justicia tanto de la justicia ordinaria como de la justicia étnica y comunitaria de los pueblos indígenas y pueblos negros. Esto se hacía a través de la escuela Rodrigo Lara Bonilla.
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¿Qué puede hacer la sociedad?
Es casi un imperativo que el sistema educativo del Gobierno Nacional avance en un proceso de sensibilización y de socialización de lo que significa la justicia ordinaria y justicia propia afrocolombiana. También enfocada a lo que significa perdón, justicia étnica y lo que implica para la superación de problemas de pacificación en los territorios. Pero también lo que implica que personas no étnicas que llegan a los territorios étnicos deben sumarse a respetar la normatividad ancestral que tienen los consejos comunitarios y tienen los cabildos indígenas dentro de sus territorios.
¿Qué significan algunos cambios como, por ejemplo, que el Día de la Raza ahora sea llamado el Día de la Diversidad Étnica y Cultural?
Es un avance en términos conceptuales y de reconocimiento muy importante. Significa que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Significa que tiene unos pueblos con pensamiento, construcción histórica y colectiva diferente que aún en medio de la diferencia tenemos que conocernos, reconocernos y respetarnos en igualdad.
Significa que estamos transitando como sociedad a un reconocimiento de que el precepto constitucional de que nacemos libres e iguales ante ley hay que cumplirlo y que no es un problema de razas en términos de que hay algunas superiores a otras: eso es un tema oprobioso. La ley hay que cumplirla y queda claro que somos pueblos diversos con cultura totalmente diferente y con apropiación diferente.
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Hay hechos relevantes como la absolución del servicio militar de un joven palenquero. ¿Qué significan estos pequeños avances?
Eso no es un pequeño avance, ese es un gran avance y no solamente para los palenqueros allá. Nosotros interpusimos una tutela y la Corte Constitucional en hechos de igualdad le ordenó al Estado colombiano que el pueblo negro afrocolombiano, al igual que los indígenas, no podía ser obligado a prestar el servicio militar obligatorio. Gracias a esa tutela, hoy el negro afro que vaya al servicio es por voluntad propia, porque quiere ir. Ya no es debido a que tengan que reclutar en la calle y llevarlo como ganado al matadero en las filas de las primeras líneas de enfrentamiento entre el Ejército con los grupos ilegales. Hoy en Colombia, el Estado no tiene la facultad de obligar al negro a estar en el Ejército, ese es un gran logro.
¿Qué mensaje queda de todos los logros y retos de este capítulo?
Como sociedad tenemos que conocernos, reconocernos y respetarnos en medio de la diferencia. La única manera para que se den las transformaciones en este país es que se acaben las polarizaciones, nos entendamos en medio de la diferencia, en igualdad de condiciones, pero también en equidad. Como sociedad tenemos que “descolonizar” el pensamiento, pero también aprender a empezar de nuevo y entender que el otro y la otra merece igual respeto, el que nosotros exigimos para nosotros y nosotras.
A la institucionalidad hay que decirle primero que los funcionarios públicos tienen que formarse y capacitarse mejor de acuerdo a la sociedad, que tenemos una sociedad diversa, una sociedad étnicamente definida y una sociedad que exige transformaciones.
Aquí se requiere generar las políticas públicas que permitan que nos entendamos precisamente medio de esa diferencia y que permitan el acceso al poder de otros sectores, al poder económico, al poder social, al poder político, al poder administrativo; esa es la realidad que necesitamos hoy.
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